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Izquierda Socialista de Valladolid en la defensa de los Servicios Públicos

OPINIONES

MEDIDAS PARA SALIR FORTALECIDOS DE LA CRISIS

La crisis fue causada por los grandes beneficios que se han llevado los intermediarios especuladores y el incremento de la deuda de los ciudadanos.
 
De esto es de lo que menos hablan los que se consideran expertos en economía. Tampoco se han planteado dar solución a estos problemas.
 
Para adquirir poder adquisitivo los asalariados e incluido los pensionistas, hay que tener en cuenta la subida de la inflación, hay que diferenciar también los artículos de primera necesidad y los artículos de lujo ya que unos son imprescindibles para todos y los otros no.
 
Los intermediarios especuladores en nombre de grandes operaciones de negocio se llevaron los grandes beneficios pagando precios miserables al productor y cobrando precios altos al consumidor final. De aquí salieron las grandes fortunas del siglo XX y lo que va de este. Los gobiernos de las naciones dejaron de gobernar y se dedicaron a ser simples administradores de la recaudación de los impuestos. La política liberal en que se han basado fue el no intervenir en economía, dejando el control absoluto a los especuladores en nombre de la libertad de mercado.
 
Viviendas que costaban 100.000 Euros hacerlas cada una, venderlas a 400.000 era normal. Las patatas las compraban a menos de 12 céntimos y las vendían a más de 90. Ejemplos de estos los conocemos todos. Así es como se enriquecen los especuladores a costa del productor y del consumidor, ni producen ni consumen, pero se enriquecen a costa del trabajo y de empobrecer a los demás.
 
Peor aún la política bancaria, ya que organizados por el Banco Europeo, no les permitía a los bancos competir entre ellos, imponiéndoles unos márgenes con unos intereses altísimos para el inversor y risorios para el ahorrador, muy por debajo de la inflación y devaluándosele el capital cada año perdiendo poder adquisitivo.
 
Si se les pusiera límite, por ejemplo de que entre el productor y el consumidor no hubiera más de un 25% de beneficio para los intermediarios, que sería más que suficiente, al productor le subirían los precios, lo cual tendría una producción mucho más rentable y al consumidor le bajarían, debido a esto mejoraría el poder adquisitivo aunque no le subieran los salarios y podría llevar una vida más digna económicamente sobre todo las clases medias y bajas.
 
También hay que promover la venta directa. Se le llama venta directa cuando el productor vende directamente al consumidor como se hace en los mercados y ferias o también si existe un solo intermediario como son la tienda o el vendedor ambulante. Esto produce progreso sostenible.
 
Si no se cambia la política de mercado acabando con la especulación, tampoco se podrá en el futuro competir con los países emergentes sobre todo con China y La India.
 
En la pasada crisis se ha solucionado el déficit del Estado vendiendo las empresas públicas saneadas, pero no se ha mejorado el sistema de mercado y hemos vuelto al déficit, pero de esta vez sin empresas que vender. Aunque al principio de la crisis no hubo déficit público, si hubo una gran deuda de parte de los ciudadanos que fue lo que ha provocado la crisis e hizo endeudar al Estado al salir en rescate.
 
Es mejor salir de la crisis lentamente pero firmes, con una base sólida que salir aireados otra vez y al poco tiempo tener una crisis mucho más profunda. Mientras la deuda de los ciudadanos no se reduzca al mínimo, no se puede dar por terminado la crisis. El crecimiento económico tiene que ser equilibrado y no solo de unos pocos o volverá a pasar como en esta crisis que después de muchos años de un falso crecimiento, de la noche a la mañana se vino todo abajo.
 
Otro caso que hay que regular es el sueldo de los gobernantes, estos tienen que dar ejemplo y no especular con grandes salarios. No se puede tolerar que gobernando en pequeñas administraciones, cobren más que el Presidente del Gobierno.
 
Por una parte el sueldo de los gobernantes debe de estar relacionado sus variaciones con el sueldo base, por otra parte debe de estar también relacionado con el número de ciudadanos que gobierne, el del Presidente del Gobierna ha de ser el más alto de todos lógicamente.

Autor: Hilario Blanco Gómez

Miembro de Izquierda Socialista

¿Jubilación a los 67 años?

La propuesta del Gobierno de alargamiento de la edad legal de jubilación hasta los 67 años ha generado inquietud y un amplio debate social y político. El sistema público de pensiones es uno de los grandes activos de nuestra sociedad, que los socialistas hemos defendido siempre. En los 90, ante el intento neoliberal de privatizar las pensiones, promovimos el Pacto de Toledo, compromiso de todos los grupos parlamentarios por el mantenimiento y consolidación del actual sistema de pensiones, garantizando su sostenibilidad futura y mejorando sus prestaciones sobre todo de las pensiones más bajas. Esto significa que cualquier reforma de fondo debe contar con el más amplio consenso político, y también de sindicatos y patronal, máxime si se plantean medidas de reducción de gasto o posibles recortes en las pensiones futuras para una parte de los trabajadores, medidas que no deben adoptarse si no son absolutamente necesarias para la sostenibilidad del sistema en su conjunto.

Hasta una semana antes de la propuesta del Gobierno, tanto el Ministerio de Trabajo como el Grupo Socialista hemos venido reiterando que el sistema de pensiones goza de muy buena salud, incluso en los momentos más duros de la crisis económica, con un superávit de 8.500 millones de euros en 2009 y una ampliación del Fondo de Reserva, una de las mejores situaciones entre los sistemas similares de la UE. Sosteníamos, además, que hay que introducir reformas a largo plazo, para más allá del 2029, como recoge el informe del Ministerio de Trabajo La Estrategia Nacional de Pensiones 2008-2010-2020, de octubre de 2008, que establecía que el sistema tendría superávit al menos hasta 2023 y mantendría su sostenibilidad con el Fondo de Reserva hasta 2029. Señalábamos que esas reformas no hay que vincularlas a la crisis actual y criticamos duramente al gobernador del Banco de España cuando insinuó lo contrario. Se "descartaba" entonces la ampliación de la edad legal de jubilación, siendo el objetivo que la edad real se aproxime a la legal de 65 años mediante estímulos a la continuidad en el trabajo tras esa edad, como se pactó con sindicatos y empresarios en el Acuerdo de Julio de 2006, y limitación de las prejubilaciones.

Nunca se consideró necesario alargar la edad legal de jubilación. Ningún documento del PSOE, ni tampoco el programa electoral, indicaba nada sobre ello. Ni los expertos que comparecieron ante la Comisión del Pacto de Toledo plantearon esta medida como inexorable, proponiendo más bien ampliar la edad real y acercarla a la legal. El propio gobernador, Fernández Ordóñez, expuso las diversas soluciones aplicadas en Europa, señalando que la ampliación de la edad legal de jubilación "sólo se ha adoptado en un número reducido de países. Es el caso de Alemania", que subió la edad legal de 65 a 67 años. Pero la de Alemania no es una situación equiparable, porque su edad real era 61 años, inferior a la española, de 63 años y 10 meses, de las más altas de Europa.

También considerábamos injusto el alargamiento legal por afectar de manera desigual en función de la actividad que se realice. Para políticos o periodistas, para muchas actividades intelectuales, trabajar hasta los 67 años puede no tener dificultad. Pero no pasa lo mismo con los trabajos manuales, o de menor cualificación, que son la inmensa mayoría: campo, construcción, industria, transporte, muchos servicios. Para los trabajadores de estos sectores y oficios alargar obligatoriamente dos años más la edad de jubilación es injusto.

Por ello sorprende lo inesperado de la propuesta gubernamental. Es indiscutible que hay un proceso de envejecimiento de la población, pero las proyecciones más negativas han fallado siempre al no considerar la capacidad de crecimiento y creación de empleo de nuestra economía, ni el incremento de la participación de la mujer en el trabajo, ni la llegada de inmigrantes.

¿Cuál es la razón para cambiar tan drásticamente en una semana? Parece razonable concluir, como ha señalado el secretario general de UGT, que se ha impuesto la "visión de corto plazo para contentar a los mercados financieros", emitiendo mensajes de recortes, a "una visión a largo plazo para la supervivencia de las pensiones públicas en nuestro país".

UGT y CC OO manifestaron su rechazo a la propuesta gubernamental por suponer un recorte innecesario a las futuras pensiones, a la vez que recordaron que en España el gasto social sigue 6 puntos del PIB por debajo de la media europea y que no deberían descartarse aportaciones presupuestarias en el futuro. A su vez, la patronal apoya la propuesta, pues a los empresarios les afecta poco. Y si hay recorte de gasto, siempre se justificará mejor una disminución de cotizaciones. En cuanto al PP, espera que los socialistas nos enfrentemos con nuestro electorado.

¿Tiene sentido una confrontación con los sindicatos con una medida no indispensable, cuando recientemente han pactado la reforma del Pacto de Toledo de 2003 y el Acuerdo de Julio de 2006? Zapatero y varios ministros insisten en que es una propuesta sujeta a debate y consenso. Si razonable es el consenso con las fuerzas parlamentarias, necesario para el proyecto socialista es alcanzar un acuerdo con el movimiento sindical para que el sistema de pensiones sea en el futuro más sostenible y equitativo.

 

 

 

Manuel de la Rocha Rubí (es diputado socialista y miembro de Izquierda Socialista -PSOE)

elpais.com

MEMORIA Y DEMOCRACIA, LA PUGNA POR EL PASADO

Durante años se entendió  que la transición española a la democracia era  ejemplar por haber sido capaz de echar al olvido los agravios del pasado. A partir de un determinado momento - que yo creo podemos situar a mitad de los años noventa - esta percepción comenzó a cambiar. Hacer una breve genealogía de este proceso puede ayudarnos a comprender los problemas que suscita en España el tema  de la memoria y la disputa en torno a la percepción del pasado que se da en nuestro país. No existe ningún país en el que se de una  visión compartida e indiscutible acerca del pasado pero  hay interpretaciones claramente hegemónicas. No es el caso de España. En España compiten al menos tres grandes discursos acerca de nuestro pasado, discursos que operan a la hora de enjuiciar la necesidad de proceder a recuperar trozos de la  memoria perdida  acerca de ese mismo pasado.

I - ECHAR AL OLVIDO

II.- LA QUERELLA ENTRE LOS NACIONALISMOS (DOS MEMORIAS EN PUGNA)

III.- LA  LLEGADA DE UNA  NUEVA GENERACION.

IV  TRES  LECTURAS DE LA HISTORIA.

*ANTONIO GARCIA  SANTESMASES

Catedrático de Filosofía Política de la UNED

y miembro de Izquierda Socialista-PSOE

. Artículo Publicado en Revista EXODO. Número 101

I - ECHAR AL OLVIDO

Podríamos decir que la primera etapa cubre desde la muerte de Franco hasta el final del gobierno del PSOE en marzo de 1.996. Son casi veinte los años que incluyo en este período y por ello ya adelanto que  habría que realizar un esfuerzo por diferenciar distintos  momentos pero me parece que subyace en todo el período un hilo conductor. Todo comienza, a mi juicio,  con el triunfo de la reforma política y la imposibilidad de llevar a cabo una ruptura democrática. Recordemos que los planteamientos de la oposición democrática hablaban de realizar un gobierno provisional que planteara un referéndum sobre la forma de Estado y abriera la posibilidad de un proceso constituyente. Al fracasar la ruptura  el cauce que se siguió implicó elaborar la Constitución del 78 a partir de unas elecciones que no estaban convocadas como elecciones constituyentes.

 

Esas Cortes que no eran constituyentes tomaron algunas medidas para evitar perturbaciones a  la hora de la  elaboración del texto constitucional; todo el proceso  se realizó controlando al máximo el debate y evitando cualquier autonomía   de los propios diputados. Se optó por la elección de una ponencia constitucional que elaborara el texto en un régimen de silencio y de ocultamiento a la opinión pública hasta llegar a un acuerdo. Concluidos los trabajos de la ponencia se procedió a un debate en la comisión del congreso de los diputados y en el senado; un debate en el que las intervenciones estaban  controladas por los portavoces de los grupos parlamentarios.

 

La importancia dada al monopolio de la voz y a la disciplina de voto estaba fundada en  la necesidad que tenían las élites políticas de controlar el proceso, de evitar lo ocurrido en la segunda república donde era muy difícil mantener  acuerdos dada la personalidad indómita de los diputados de las cortes republicanas (recordemos todos los avatares vividos en torno a la cuestión religiosa que provocaría la dimisión de Alcalá Zamora como presidente del gobierno y el acceso a la presidencia del consejo de ministros de la gran revelación de la Republica, del político más capaz de aquellos años, de  Manuel Azaña)

 

Este proceso de control de las deliberaciones para propiciar los acuerdos venía unido a la necesidad de crear un clima político propicio para el entendimiento, un clima donde era esencial no echarse en cara las interpretaciones del pasado, no exigir cuentas por lo ocurrido, no aprovechar el proceso para poner en su sitio a verdugos y víctimas. De alguna manera se asumió que la historia de España había sido suficientemente trágica como para no repetir un combate fratricida. Este esfuerzo por no repetir los errores del pasado iba unido a la necesidad de recordar para mejor olvidar; no era el momento de pedir cuentas, de debatir  sobre  quienes tenían razón y quienes estaban equivocados, o dicho de otra manera quienes  tenían  credenciales democráticas y quiénes venían de la dictadura. Los constituyentes  subordinaron muchas cosas para alcanzar el consenso  porque conocían la historia  de España y creían que  la desmemoria era la mejor manera de evitar la repetición de los  peores momentos  de esa misma historia.

 

Es comprensible que los que actuaron de aquella manera se lleven las manos a la cabeza cuando se les reprocha que permitieran que  la aprobación de la amnistía   y la  amnesia sobre el pasado fueran unidas. Ellos eran muy conscientes de lo que querían, de lo que querían los otros y de lo que al final resultó. Y estaban orgullosos del consenso alcanzado. El miedo a un golpe militar (que se produjo aunque fracasara el 23 f del 81), la desestabilización provocada por el terrorismo de ETA y la división interna de la derecha política española provocaron que este designio de recordar para olvidar mejor, de echar al olvido los agravios padecidos, de no remover el pasado, fuera el criterio fundamental de los gobiernos de Felipe González.

 

Es esa la razón por la que considero que ese espíritu de la transición dura  hasta el final de aquellos catorce años de gobierno. Bien es cierto que el esfuerzo por no remover los demonios familiares iba unido a la ilusión de encontrar en Europa la gran solución a todos nuestros  problemas pretéritos y futuros. Es esta la razón por la cual fue  el joven Ortega el filósofo de referencia durante aquellos años. Se trataba  de vertebrar la nación, de realizar el papel que había sido incapaz  de llevar a cabo la débil burguesía progresista; se trataba  de consolidar la democracia, subordinar el poder militar al poder civil y conseguir la integración en Europa. Rememorando al joven Ortega los problemas de España, de su identidad siempre compleja y fracturada, acabarían siendo resueltos-disueltos en un ámbito supranacional, en la entonces denominada Comunidad económica europea.

 

Y el hecho es que si nos situamos a la altura de  1986 la desaparición de las dictaduras en Portugal, en Grecia y en España se había producido sólo una década antes y  por fin lográbamos una   vinculación al proyecto europeo en un momento donde todo eran parabienes si comparábamos la situación con  la trágica historia de los españoles en los años treinta. La transición había sido ejemplar, y aquella España que tanto impresionaba a Gerald  Brenan de anarquistas y carlistas dispuestos a vencer o morir; aquella España trágica,  estaba definitivamente enterrada en el pasado. La modernización económica provocaría el prodigio de vivir sin identidad, sin raíces y sin querellas con el pasado. Sólo los hombres y los pueblos que saben olvidar- se repetía una y otra vez-  son capaces de alcanzar sino la felicidad, al menos la estabilidad política.

II.- LA QUERELLA ENTRE LOS NACIONALISMOS (DOS MEMORIAS EN PUGNA)

El final de los gobiernos del PSOE se produjo en un contexto  de ruido y furia con procesos judiciales abiertos, acusaciones de corrupción y una fuerte deslegitimación de la política. No se criticaba tanto las políticas realizadas (fueran éstas la política económica que había provocado fuertes tensiones con los sindicatos; o la política exterior que había ocasionado fuertes conflictos con los movimientos pacifistas con motivo de la permanencia de España en la OTAN) cuanto   la perdida de legitimidad de la política misma.

 

El PSOE tardaría  años en  recuperarse de aquel final tan aciago de los gobiernos de Felipe González.  Entre tanto el Partido Popular se encontraba con la paradoja de que no podía desarrollar su programa porque no tenía mayoría absoluta, porque tenía un pacto parlamentario con los grupos nacionalistas. El pacto se mantuvo toda la legislatura de 1.996 al año 2.000 pero, más allá de los acuerdos parlamentarios, algunos sucesos muy relevantes revelaban que no era posible seguir con la política de creer que la modernización económica provocaría  la resolución de todos los problemas sociales y que la integración europea  resolvería  todos los problemas nacionales.

 

Todo cambiaba porque en la propia Europa se reconocían Estados como Croacia, porque Yugoslavia se desmembraba, porque Chequia y Eslovaquia se separaban y porque los nacionalismos periféricos empezaron a pensar que había que producir una segunda transición. El acuerdo entre el PNV, CIU y el BNG en torno a la llamada Declaración de Barcelona dibujaba un horizonte claramente confederal donde la aspiración máxima de los nacionalistas  volvía a aparecer: toda identidad cultural implicaba una identidad nacional que a su vez exigía- para poder realizarse en plenitud- tener un Estado propio.

                     

Ese planteamiento confederal remitía a una lectura de la historia  donde lo decisivo era enfatizar   el conflicto entre el centro y la periferia y subrayar que esa era la fisura fundamental en la historia de España. Ante ese proceso de reafirmación de los nacionalismos periféricos  el nacionalismo conservador español reaccionó elaborando una lectura alternativa  de la historia de España.  Las naciones sin Estado, a juicio de los conservadores,  no eran naciones sino regiones y la historia de España mostraba la existencia de una nación antigua y venerable (algunos hablaban de 3.000 años; otros más modestos sólo de 500) que no estaba puesta en cuestión.

                        

Uno podía visitar el museo de historia de Cataluña y contrastar  la interpretación que allí se daba de la historia de España con  las exposiciones sobre Canovas, Sagasta, Maura  que iban realizando los gobiernos del Partido Popular. El tema de la memoria había vuelto a adquirir una enorme dimensión en nuestras vidas hasta el punto de que eran muchos los que  comenzaban a alarmarse y clamaban por dejar de hablar de esencias nacionales y comenzar a tratar los  auténticos problemas  de los españoles. Era una pretensión loable pero vana porque era mucho lo que no se había debatido en la ejemplar transición española y eran muchos los ejemplos foráneos que mostraban que las heridas no cicatrizan bien si no somos capaces de mirar con claridad al pasado.

                          

Durante años la izquierda prefirió rehuir el combate; la transición estaba bien como estaba, la necesidad de echar al olvido las querellas del pasado había sido un acierto y no era bueno volver y volver sobre los agravios sufridos; los hijos y nietos de las víctimas de la represión franquista debían saber que todavía no tocaba, que todavía no era el momento, que la democracia era demasiado frágil y era preferible no tocar los cimientos si queríamos consolidar la constitución del 78.

                     

Ese fue, y todavía sigue siendo, el discurso que se repite en los aniversarios constitucionales pero cada vez es cierto que con una voz más desfalleciente porque las querellas del pasado han vuelto al presente y ya no cabe esquivar el problema.

III.- LA LLEGADA DE UNA NUEVA GENERACION.

La querella entre los nacionalismos, entre el nacionalismo español conservador y los nacionalismos periféricos, fue subiendo de tono en la segunda legislatura de José María Aznar. Subió de tono  porque Aznar, tras alcanzar la mayoría absoluta, pensó que era el momento de desarrollar su propio programa político. Un programa en el que era esencial la renacionalización de España. Aznar pensó que esa tarea sólo la podían desarrollar las fuerzas liberal-conservadoras porque dada la distancia electoral con el partido socialista (hablamos del año 2.000) habría gobiernos del Partido Popular por mucho tiempo en España. Fue animado a esa labor por muchos intelectuales que vieron en el líder popular a un político capaz de enfrentarse a los nacionalismos, sin complejos,  sin estar preso de las políticas,  a su juicio, complacientes de los gobiernos socialistas. Se fue así construyendo una extraña mezcla en el mundo de la derecha política e intelectual entre liberales que abominaban de todo nacionalismo y bebían en la doctrina de Vargas Llosa y neocatólicos que consideraban que la única identidad nacional consistente se fundaba en  recuperar las raíces cristianas de Europa y la catolicidad esencial de España. Unos leían a I. Berlin, otros se inspiraban en Ratzinger y no faltaban los que consideraban que era imprescindible volver a actualizar las ideas de Menéndez y Pelayo.

                              

Cuando llega la generación de Zapatero a la dirección del PSOE se encuentra con ese clima: tanto los nacionalismos sin Estado como el nacionalismo de Estado han ido afianzando sus posiciones; no están a la espera, tienen un plan de futuro.

                              

Y se encuentra igualmente con la sorpresa de  que lo que funcionó en los años ochenta ya no funciona. Ya no cabe seguir pensando en que la modernización económica resolverá todos los problemas sociales, como si la sociedad fuera un mercado, ni cabe seguir soñando con que nuestros problemas de identidad se resolverán disolviéndonos en Europa. Hay  que apostar por un proyecto de futuro porque son muchos los colectivos que están a la espera de una nueva definición de la identidad nacional. 

                             

Están a la espera los que consideran que ahora sí toca reivindicar a las víctimas de la dictadura. Es la generación de los nietos que quiere conocer el paradero de sus  abuelos y quiere que se haga justicia. Esta primera demanda choca con la lógica de la transición que trataba de echar al olvido, de no remover las querellas del pasado, de recordar para enterrar todos aquellos terribles sucesos.

                         

Están a la espera los que contemplan preocupados unos, esperanzados todos, pero en cualquier caso todos expectantes, cómo va a evolucionar la identidad de un país que ha llegado a tener más de cuatro millones de inmigrantes y no sabe como gestionar la pluralidad cultural y religiosa. No ha acabado de resolver los problemas de la laicidad, no ha sido capaz  de renegociar los acuerdos con el Vaticano para afianzar la laicidad del Estado y se encuentra con la necesidad de integrar a unos trabajadores que tienen sus valores, sus recuerdos, sus expectativas, y quieren preservar un sentimiento de identidad propio.

                        

Y, por último,  están a la espera los que tienen una visión distinta de la nación española, los que piensan que es imprescindible avanzar en el camino del Estado federal. Un avance que implica resolver de una vez por todas el problema del terrorismo; dar el reconocimiento que merecen las víctimas de ETA, pero que exige a la vez comprender que una España plural no tiene futuro fomentando un choque irreductible entre los nacionalismos.

IV TRES LECTURAS DE LA HISTORIA.

La transición ejemplar es historia porque los procesos de gestión del pasado se han dado en Sudáfrica, y en Chile, en Uruguay y en Argentina. No se puede pensar que la democracia española pueda pervivir sin saber realmente todo lo que ocurrió en los años de la dictadura  cuando han pasado más de setenta años de aquellos hechos.

                    

Pero hacer las paces con el pasado no es suficiente. Es imprescindible un proyecto de futuro. Un proyecto que sólo se puede basar en el acercamiento entre posiciones hoy dispares porque si hay algo que ha quedado claro es que en España no hay una memoria compartida. Hay al menos tres memorias en pugna que luchan por hacerse con  la hegemonía del mundo cultural y emocional. Existe la memoria alimentada por los nacionalismos periféricos que tratan de reducir la historia de  España al conflicto entre España y Cataluña, o entre España y Euskalerria; existe la España eterna que trata de revivir sus pasadas glorias y mostrar que ni la Contrarreforma fue tan mala, ni la Inquisición fue tan negativa ni la Restauración fue un régimen oligárquico.

                           

Pero existe también otra historia, otra memoria, otra identidad. Es la identidad de la España republicana, laica, federal, de la España que fue abandonada por las democracias europeas por temor a Hitler, de la España que perdió una guerra que era anticipo de la segunda guerra mundial. Es la España que volvió a ser abandona a su suerte, a su desgraciada y terrible suerte dictatorial, al imponerse los dictados de la guerra fría y no permitir que la España derrotada se incorporara a las democracias que habían triunfado sobre el nazismo.

                           

En aquella derrota del 39 y en aquella segunda derrota del 46-48 están las raíces últimas de esta imposibilidad de tener una comunidad de memoria compartida.

                         

Estoy convencido de que si hubiera fructificado el pacto entre Prieto y Gil Robles en los años cuarenta todos los valores del antifascismo (que estaban inspirando los procesos de reconstrucción de la democracia en Francia y en Italia) hubieran cuajado en nuestro país. Todavía estaba cercana la experiencia republicana y era posible una continuidad de memoria, de relato, de proyecto de nación.

                            

Al impedir esa opción los intereses estratégicos norteamericanos con el aval decisivo del Vaticano se fue consolidando el régimen dictatorial hasta la muerte del propio dictador. Al  realizar la transición llegando a un acuerdo  los reformistas de dentro del régimen franquista y los políticos de la oposición fue imposible articular  un relato del pasado compartido por todos. Cuando se habla  irresponsablemente del patriotismo constitucional habermasiano se olvida que éste se basa en una defensa de los valores democráticos frente a los valores que habían inspirado los principios del nazismo, se basa en no olvidar bajo ningún concepto Auschwitz.

                                   

En nuestro país    se sigue pensando que a lo sumo corresponde elaborar un discurso de equidistancia entre los dos bandos de la guerra civil, donde quepa repartir responsabilidades entre unos y otros, dado que atrocidades hubo en los dos lados.

                                     

Esta equidistancia no ayuda a comprender lo que realmente ocurrió e impide que  muchas personas de las jóvenes generaciones, personas  que abominan moralmente de lo ocurrido en los campos nazis (que se sienten concernidos e interpelados por películas como El Pianista o la Lista de Schindler) puedan siquiera  imaginar que un Presidente del gobierno de su país haya  estado preso en uno de aquellos campos durante más de cinco años. He hecho en muchas ocasiones la experiencia en cursos universitarios y son muy pocos los que conocen el dato, muy pocos los que saben quien era Francisco Largo Caballero y los padecimientos que sufrió.

                                       

Y es aquí donde está la dificultad. No hay país que pueda elaborar su proyecto de futuro sin recordar el pasado. Es evidente que estas reelaboraciones son selectivas, que las políticas de la memoria son cosa bien distinta que la memoria individual del testigo, que  los grandes relatos son distintos a los pequeños  detalles, aparentemente insignificantes, que recuerdan las víctimas o que éstas transmitieron a sus deudos.

                                    

Todo relato implica recordar y olvidar, seleccionar y jerarquizar, valorar y excluir. Durante muchos años se ha impuesto el discurso de que la forma de evitar el debate se funda  en afirmar que el proceso de transición fue ejemplar porque supo olvidar, porque supo distinguir entre lo esencial y lo accesorio, porque sabía,  por ejemplo, que lo prioritario era elegir entre dictadura y democracia y no plantear si era preferible la monarquía o la republica.

                                   

Fueron muchos los que consideraron que  ese era el único camino posible; fueron también muchos los que pensaron que había que hacer de la necesidad fáctica virtud ética y que por tanto las renuncias no eran tantas y estábamos ante el mejor de los regimenes políticos posibles. Hoy ese modelo ya no sirve para construir el futuro. Hoy es imprescindible reconstruir la razón democrática de la España republicana, laica e ilustrada y es imprescindible porque si no lo hacemos los vientos liberal-conservadores por un lado y las derivas etnicistas por otro llegarán a convencernos de que Manuel Azaña realmente nunca existió, que sólo es posible elegir entre los herederos de Canovas del Castillo o de Sabino Arana. Los que cada vez nos sentimos más azañistas no podemos ni debemos consentir esa dicotomía que consideramos nefasta. Tenemos pues que reavivar nuestra propia memoria para reafirmar una identidad de futuro.

                                

Insisto mucho en esta recuperación del pensamiento azañista porque pienso que corremos el peligro en la izquierda de perdernos en una multitud de memorias específicas sobre los sucesos ocurridos sin tener en cuenta el diseño global. Bien están todos los libros acerca de cada uno de los acontecimientos sean éstos octubre del 34, la primavera del 36, los conflictos de mayo del 37 o el final trágico de la guerra en marzo del 39. Es importante  conocer en profundidad  los motivos de aquellas querellas desgarradoras  entre socialistas, comunistas y anarquistas;  debemos recordar las desavenencias entre los principales líderes y  estudiar las memorias donde se recogen los distintos testimonios. Todo ello nos ayudará a evitar una imagen idílica de aquellos trágicos años.

                         

Pero realizada esa labor, y sin esperar a que algún día  concluya porque por su misma naturaleza  nunca concluirá , hay que saber reconstruir  el hilo principal y recordar  cuáles eran los principios esenciales  del proyecto republicano ; sólo así podremos volver a pensar la cuestión catalana, y la cuestión religiosa, la forma de Estado y la política internacional, con el suficiente sosiego y la suficiente distancia para rememorar la España que pudo ser, esa España tan distinta a la de la restauración canovista y tan distinta también  a la forma de entender la nación de un Sabino Arana.

                      

Es esa España  republicana que supo recoger  lo mejor de la revolución francesa pero comprendió también  que la hora del jacobinismo había pasado, que la causa de los liberales españoles y de los nacionalistas catalanes era la misma porque era la causa de la libertad, porque no volvería a haber reyes Borbones, como decía Azaña,  que acabaran con la libertad de Cataluña ni con la libertad de los españoles. Esa España también existió y merece ser recordada y revivida si queremos que una España laica, plural, incluyente y federal tenga futuro. Es en esos valores del republicanismo donde podemos, y a mi juicio debemos,   fundar una memoria realmente democrática.

Hablemos de economía

El liberalismo político y económico nos vendió una falsa libertad que fue necesaria reparar. La reducción a la mínima expresión del Estado liberal y censitario, asumiendo éste labores exclusivamente policiales para garantizar el orden interno y la seguridad frente a las amenazas externas, tuvo que ser revisada por las injusticias originadas en su seno.

 

El avance hacia el sufragio universal y el nacimiento del derecho laboral son algunos de los ejemplos más claros. La libertad individual y de contratación surgida con los primeros códigos civiles europeos resultaron ser unos falsos principios que necesariamente solicitaban ser sustituidos por un conjunto de normas imperativas que tuvieran la finalidad de proteger al trabajador frente a los abusos en las relaciones de trabajo. Así, aparecen las primeras normas laborales tendentes a proscribir el trabajo infantil, las jornadas de trabajo maratonianas o los salarios paupérrimos y de miseria, entre otras reivindicaciones. Fue precisamente el movimiento obrero la vanguardia de este avance legislativo y social, de tal modo que la intervención del Estado se hizo tan necesaria como imprescindible para corregir las imperfecciones del propio sistema.

 

Sin embargo, aunque ésta sea una breve referencia de la evolución del Estado liberal al Estado democrático y social, la analogía con la situación actual es inevitable, y no porque hayamos retrocedido en derechos sociales, sino porque esta intervención del Estado se hace latente en la situación económica actual en tanto en cuanto las teorías económicas conservadoras y los principios de la escuela de Chicago, dominantes en las dos décadas anteriores, están siendo censurados por la situación económica actual.

 

Así, frente a la mínima intervención del Estado en la actividad económica defendida por ambas corrientes de pensamiento, no deja de resultar paradójico que , aquellos que en privado maldicen al Estado como agente económico , acudan al mismo solicitando su intervención cuando la situación de sus cuentas advierten de quiebra empresarial o bancaria, de tal modo que, si en años anteriores los extensos beneficios eran privatizados, ahora las pérdidas son socializadas, como si la sociedad fuera responsable de las operaciones de riesgo que han llevado a muchos bancos y cajas a esa situación.

 

Carlos Marx ya nos ofreció un análisis y estudio crítico del capitalismo, del mismo modo que Keynes aportó una solución brillante frente al pensamiento económico clásico, pero deberíamos recordar aquello que se hace imprescindible en una economía de mercado, y es que las políticas bancarias y empresariales irresponsables proyectan efectos negativos en la sociedad si no hay un sistema de fiscalización y control que lo eviten, del mismo modo que deberíamos recordar que la imagen de una empresa no solo está en la calidad de los productos o servicios que ofrecen a la sociedad, sino también en el trato que confieren a los consumidores y a sus propios trabajadores. Quizá el lector tenga en mente el caso de Air Comet o la reciente sanción pecuniaria que el Banco de España ha impuesto al ex presidente de Caja Castilla La Mancha por su gestión de la entidad, pero los cambios en nuestro modelo económico deben hacerse latentes, y no solo para evitar volver a la situación anterior a la crisis o a las mismas prácticas que la originaron, sino para evitar que una realidad como la actual se vuelva a repetir.

 

Como sabemos, toda crisis implica un cambio, y como tal, creo necesaria la introducción de modificaciones en el modelo productivo del país. La decadencia de la construcción y de los sectores vinculados a la misma ha generado un elevado número de desempleados en nuestra sociedad, de tal modo que se hace necesaria la modificación del modelo económico español con la finalidad de crear nuevos factores de producción capaces de originar  puestos de trabajo.Así, el Estado, en consonancia con los agentes sociales, debe liderar y encabezar necesariamente ese proyecto.

 

También es imprescindible apostar por la educación, la investigación y la ciencia como vías para alcanzar un mayor desarrollo, así como por un modelo fiscal y tributario más progresivo, pero no creo que el abaratamiento del despido sea la medida estrella que nos saque de la situación actual.

 

Por consiguiente, todas estas reivindicaciones no son exteriorizadas únicamente para concretar una opinión, sino también para recordar que nuestro Partido se va a exponer a varios procesos electorales en los años siguientes y que, en consecuencia, debemos ser conscientes de la importancia del momento para valorar aquello que está en juego. No se trata solo de que haya una salida de la crisis desde y por la izquierda, sino que el gobierno debe liderar ese proyecto a través de medidas que tengan los efectos deseados, y no solo para la necesaria mejoría económica, sino también para que los populares sigan siendo lo que son hoy: la oposición.

 

J.Luis Garrido García

Abogado y miembro de Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid.

La soledad de Vic

El informe de la Abogacía del Estado sobre el empadronamiento de extranjeros es tan claro y acertado que su contenido recoge expresamente el texto de la ley. Por consiguiente, estando los poderes públicos y los ciudadanos sometidos a la Constitución y al resto de normas del ordenamiento jurídico (Art.9.1CE), el empadronamiento de personas nacidas fuera del territorio español no debería ser un hecho problemático, salvo que los políticos implicados pretendan hacer de la inmigración un problema.

 

Sobra decir que los extranjeros, con independencia de su situación administrativa, también tienen la obligación de cumplir las normas del ordenamiento jurídico español y, aunque no participen en su elaboración, debemos afirmar que negar al extranjero la citada inscripción municipal no solo supone el incumplimiento de la normativa de régimen local, sino que también es un acto de discriminación efectuada por una autoridad o funcionario público (Art.23, 2 a) ley 4/2000 de extranjería).

 

Sin embargo, bajo el lema de “no cabemos todos”, aún existen opiniones que abogan por endurecer la ley de extranjería, y todo a pesar del sorprendente cambio de opinión de Mariano Rajoy que, en menos de una semana y para evitar la imagen extremista que ofrecen algunos de sus compañeros de partido, ha pasado del endurecer la ley al conceder el acceso a la asistencia sanitaria y a la educación pública sin necesidad de empadronamiento.

 

 Así, ante este discurso confuso y cambio de máscara del líder de la oposición, podemos afirmar que la actual ley que tanto critican y cuya modificación pretenden no solo fue aprobada en el año dos mil , sino que el denominado contrato de integración del que vuelven a hablar es tan innecesario como inoportuno, y no solo porque solicita introducir modificaciones legislativas que ya están presentes en nuestro ordenamiento jurídico (prohibición de la ablación Art.149 Código penal, expulsión de extranjeros delincuentes Art. 89 C.P. y 57.2 ley extranjería o necesidad de aportar certificado de antecedentes penales para obtener la nacionalidad), sino también por lo absurdo de algunas de sus intenciones, como exigir al extranjero el cumplimiento de las normas básicas y urbanas de higiene ( quizás los españoles no ensuciamos las calles) o el obligado conocimiento del castellano, olvidándose así de la obviedad de esta circunstancia cuando el propio instinto de supervivencia y superación hacen de este aprendizaje una urgente necesidad para el extranjero.

 

Realmente, considero que este contrato que nos ofrece Rajoy bien merece un cambio de denominación, y es que, simulando a su homólogo ideológico Berlusconi, no solo contiene exigencias y obligaciones para los extranjeros, sino que ni siquiera ofrece nuevos derechos que hagan efectiva la integración de extranjeros ni mejora los ya existentes.

 

En consecuencia, es necesario recordar que son más las cosas que nos unen a los extranjeros que las que nos diferencian, y no solo me estoy refiriendo a una igual dignidad humana como base de los derechos humanos, sino al objetivo de progresar social y económicamente o estar cerca de nuestras familias.

 

 Así, asimilar delincuencia con inmigración es tan erróneo como peligroso, pues se olvida que la condición de delincuente no se adquiere por el origen étnico o geográfico sino que, lamentablemente, va unido históricamente al comportamiento humano antisocial adquirido por los diferentes fallos en las instituciones socializadoras ( familia, educación, trabajo…), lo que quiere decir que es equivocado considerar que haya personas que estén más predispuestas a delinquir que otras por su raza u origen, del mismo modo que es injustificado negar el acceso al padrón municipal bajo el argumento de la saturación de los servicios públicos o afirmar que el extranjero viene a España a “ quitarnos el trabajo a los autóctonos”, omitiendo qué puestos son los que ocupan los extranjeros o que, gracias a su ánimo de progresar ,cuidan de nuestros mayores y ancianos o favorecen la emancipación de muchas mujeres españolas de clase media y alta en tanto en cuanto desempeñan labores domésticas ( en condiciones, muchas veces, de precariedad laboral) mientras la mujer española desarrolla una actividad profesional fuera del hogar familiar.

 

De todas maneras, recordémoslo: no hay mejor política de inmigración que aquella que pretende el desarrollo y el progreso de los pueblos más desfavorecidos, pero mientras la extrema pobreza, los desastres naturales o los conflictos bélicos sean causa de los movimientos migratorios, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad como países receptores, y esa responsabilidad radica no solo en el reconocimiento de la plena dignidad humana a los inmigrantes, sino en evitar cualquier acto de lesión de los derechos más fundamentales de las personas.

 

 

 

 

J. Luis Garrido García

Abogado y miembro de Izquierda Socialista-PSOE Valladolid

Avances médicos con intereses ocultos

Con frecuencia llegan a las redacciones estudios y datos aparentemente rigurosos y fiables que, sin embargo, pueden inducir a engaño a los lectores o esconder intereses publicitarios o comerciales. Descubrirlos y evitarlos es un deber del periodismo riguroso. Quienes, siendo médicos o pacientes, han de lidiar con el dolor crónico, debieron sentir un gran alivio al leer que "en el último Congreso Europeo del Dolor, celebrado en Lisboa, se presentó tapentadol (...), el primer analgésico que aparece en 25 años de una nueva generación que marcará un antes y un después", y que "los expertos aseguraron en Lisboa que se inicia una nueva era en el manejo difícil del dolor agudo y crónico". Lo afirmaba Mayka Sánchez, colaboradora de EL PAÍS para temas de salud, en el reportaje "El dolor como quinto signo vital", publicado el 22 de diciembre en Sociedad. En el mismo se describía una situación lamentable: "A pesar de que nueve millones de españoles sufren dolor crónico, sólo el 10% de los facultativos de atención primaria emplean escalas de medición para su mejor abordaje terapéutico, un problema que provoca que hasta en la mitad de los casos, ese dolor pueda llegar a ser un síntoma mal tratado". La conclusión era clara: la mayoría de los médicos no actúan correctamente y la mayoría de los pacientes están mal tratados. Para paliar esa situación había surgido la Plataforma sin Dolor, una iniciativa cuyo objetivo era "sensibilizar" a los médicos y a la sociedad de que "con los avances de la medicina, el dolor puede y debe controlarse".

 

Varios médicos llamaron a la Defensora para quejarse de que se diera tan mala imagen de su trabajo sin citar el origen de la estadística. Pero uno de ellos, Enrique Gavilán, de Plasencia, observó algo más: "He estado buscando en la principal base de datos de estudios científicos, la librería PubMed de Estados Unidos, he analizado los estudios que se han publicado sobre este nuevo medicamento y, créame, los resultados muestran que no es muy superior al placebo y en todo caso es muy similar en cuanto a eficacia respecto de otros de los que hay mucha más experiencia clínica y cuyo precio, sospecho, será muy inferior". En su escrito a la Defensora pide que investigue si se trata de un caso de publicidad encubierta y conflicto de intereses.

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elpais.com/articulo

La cuestión cooperativista en Extremadura

Años de tradición golpean el caminar de esta tierra parda y verde, llana y montañosa que conocemos como Extremadura. Condicionados por cientos de años de una política económica ausente, por la tradición de generaciones de jornaleros al servicio de las élites dominantes, por décadas de miseria que van mucho más allá de Buñuel y su Tierra sin Pan, han hecho de la agricultura la forma de vida, de gran número de nuestros paisanos. Sin embargo parece que seguimos condenados a ocupar el último puesto en las comunidades españolas y por ende en Europa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos retrae? Hablar hoy en este artículo de todos nuestros frenos se antoja complicado y demasiado extenso como para ofrecer fiel reflejo de ello. No obstante hay un punto en el cual parece fundamental detenerse, la cuestión cooperativista.
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Haití o La Tierra Montañosa

Cuando Toussant-Louventure, esclavo negro del Saint Dominque francés, lideró la revuelta contra la ocupación francesa, un futuro esperanzador iluminaba toda la isla de La Española.

Alcanzada la independencia en 1804, Haití se convirtió en el primer país independiente de América Latina y del Caribe, pero además, los jacobinos haitianos, como se les llamaba a los revolucionarios negros de la isla caribeña, pasaron a protagonizar una de las página más brillantes de la historia de la Humanidad cuando su población negra, hambrienta de libertad, se batió en armas contra el sistema esclavista.Fue el primer caso de abolición de la esclavitud por los propios esclavos, y asentaron así un precedente para el fin del comercio de seres humanos en todo el mundo.

 

Sin embargo, el futuro de Haití no sería tan prometedor como sus libertadores soñaban. Ocupada por Estados Unidos en 1915, el país caribeño ha sido objeto de una inestabilidad política motivada por 29 años de dictadura (1957-1986.Duvalier padre e hijo) y diversos golpes de Estado que han culminado con la ocupación del país por soldados de Naciones Unidas (2004), que aún hoy continúa.

 

Sin embargo, los avatares políticos no son las únicas desgracias de Haití. Su posición geográfica la convierte en un objetivo perfecto para la violencia de los huracanes y las tormentas tropicales, y su grado de desarrollo es realmente alarmante.

Haití es el país más pobre de América Latina y del Caribe, y ocupa el puesto 149 de los 183 estados en índice de desarrollo, lo que quiere decir que el 80 % de su población vive en la más absoluta pobreza, que el 60% está desempleada, que solo el 45 % de su población está alfabetizada y que su esperanza de vida es de 51 años. Aún así, los haitianos pueden  estar tranquilos.Aún hay 34 Estados con peores condiciones que su país.

 

Con este currículum, el pasado 12 de enero un terremoto de 7,3 grados en la escala Richter se cebó con los más humildes del planeta, y Puerto Príncipe se convirtió en una ciudad en ruinas con cientos de miles de fallecidos en sus calles y entre los escombros. Ante tal hecatombe, la solidaridad internacional no se ha hecho esperar, tanto por parte de los diferentes estados como de los ciudadanos e incluso, en medio de tanta destrucción, algo insólito ha ocurrido en las maltrechas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La mayor de las Antillas ha permitido que aviones norteamericanos usen el espacio aéreo de Cuba para acortar los tiempos de vuelo entre la Florida y Haití.

 

Por otro lado, como no podía ser de otra forma, nuestro gobierno ha actuado conforme a las exigencias éticas que sustentan el proyecto socialista, pero deberíamos recordar a todos los Primeros Ministros, Presidentes y Jefes de Estado de los diferentes países que la ayuda al desarrollo y la implicación que están mostrando para salvar este país caribeño de una catástrofe humanitaria debe efectuarse de forma permanente ,y no solo cuando una desgracia despierta las sensibilidades a través de las pantallas de televisión.

El mismo llamamiento debemos hacer a las Naciones Unidas en su lucha contra la pobreza en todo el planeta, exigiéndola la recuperación de un liderazgo perdido y el espíritu con el que nació.

 

No obstante, volviendo a la ayuda humanitaria que pretende enviar a Haití el presidente Obama, no deja de ser sorprendente que se pretenda el despliegue de 10.000 soldados norteamericanos en la isla. Aunque el tiempo nos mostrará las intenciones de tal movilización militar, todo parece indicar que si Haití ya estaba bajo un semiprotectorado norteamericano, ahora este se afianzará de forma indefinida. Veremos si el presidente René Préval procede a liderar la reconstrucción del país, advirtiéndose además que el movimiento migratorio de los haitianos no se hará esperar, bien hacia la vecina República Dominicana, bien hacia Cuba.

 

En este sentido, debemos afirmar que a los países subdesarrollados no solo hay que socorrerlos cuando una desgracia los destruye aún más, sino que la solidaridad internacional debe prevalecer frente los propios intereses políticos nacionales, siendo así una exigencia desplegar medidas efectivas de desarrollo social, cultural y económico para poner fin de forma definitiva al hambre y miseria en el mundo. Sé que suena a utopía, pero no hay mejor política migratoria que la de ayuda al desarrollo de nuestros pueblos hermanos, porque dependiendo como sean nuestras relaciones con los países pobres, podremos medir nuestro grado de civilización o barbarie, de solidaridad o de indiferencia.

 

Mientras, el recién estrenado obispo de San Sebastián , en su afán de seguir haciendo amigos y convocar fieles que acudan a las parroquias, afirma que existen males mayores que los que esos pobres de Haití están sufriendo estos días. Que Dios le pille confesado.

 

J.Luis Garrido García

Abogado y miembro de Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid

 

  • Haití es el nombre que dieron los libertadores al Saint Dominque francés. Significa Tierra montañosa en lengua aborigen.
  • España cedió a Francia la parte oeste de La Española en 1697 mediante el tratado de Ryswick.

El valido Güemes y los loritos sin cerebro

Juan José Güemes es uno de los favoritos de doña Espe –dicen de él que es su nuevo valido-, yerno de ese Gran Cacique castellonense que responde al apellido legendario de Fabra, presunto delincuente y desde hace años presidente de la Diputación de Castellón, institución ésta ocupada por cinco generaciones de la dinastía Fabra. Entre tantos presidentes, alguno de ellos ejerció el cargo durante la dictadura franquista, fue también secretario provincial del Movimiento [el partido único, montado por el dictador] y alcalde de la ciudad de Castellón, elegido siempre, claro está, por el dedo del insigne Caudillo o el de sus secuaces.

 

El suegro del osado Güemes autorizó hace no demasiado tiempo la edición de un libro -financiado por la Diputación-, en el cual el Generalísimo es alabado con profusión. Como este bocazas, consejero de Sanidad y portavoz del PP madrileño, nunca ha abierto la boca para recriminar a su suegro su devoción franquista ni tampoco la forma caciquil con la que actúa y menos aún sus sospechosas actividades conectadas con supuestas corruptelas y corrupciones, sorprende que haya arremetido contra Juan Luis Cebrián por haber sido director de Informativos de la dictadura y ahora dar “lecciones de libertad de información”.

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elplural.com/opinion/

Más ley, menos humo

Cuatro años de una ley ampliamente incumplida es tiempo suficiente como para abrir un debate sobre sus carencias y su necesaria reforma. Así lo ven la titular del Ministerio de Sanidad, el Congreso de los Diputados y la mayoría de los españoles: hasta el 70% de la ciudadanía está a favor de la prohibición total del consumo de tabaco en todos los lugares públicos cerrados, endureciendo la norma.

 

La ley antitabaco que entró en vigor el 1 de enero de 2006 permite fumar en los bares pequeños (de menos de 100 metros cuadrados). Algunos Gobiernos del PP, como los de la Comunidad Valenciana y Madrid, no han perseguido nunca las infracciones y liberaron a los establecimientos más grandes de la obligación de separar con barreras físicas las zonas de fumadores de las de no fumadores. El resultado, favorecido por las lagunas de la ley, es que no hay una norma clara que los ciudadanos puedan esgrimir para exigir su cumplimiento y que en el 90% de los bares y restaurantes o se puede fumar o no hay áreas reservadas al humo.

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Fuente: elpais.com/articulo

La “cripta de la vergüenza” seguirá abierta en el Alcázar

CARLOS ISERTE

Cada 26 de julio el Alcázar de Toledo se convierte en la meca de la derecha más rancia del país: fascistas, falangistas, extremistas y la “vieja guardia” del franquismo peregrinan hasta el Alcázar de Toledo para rendir culto al jefe de la trama golpista del “23-F”, el ex general Jaime Milans del Bosch, enterrado en la cripta de lo que dentro de unos meses será el Museo del Ejército, al que los familiares de los llamados “defensores” de este emblemático edificio tienen el derecho a visitar cuando quieran y les plazca. Aquí, en Toledo, la historia más “casposa” y el modernismo más vanguardista se dan la mano, con la Iglesia bendiciendo todo lo que haga falta.

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elplural

Copenhague ha dejado las cosas muy claras

Carlos Martínez - Presidente de ATTAC España

La Conferencia de la ONU frente al cambio climático sí ha dejado las cosas muy claras. Me explico, si alguien tenía dudas sobre como están las cosas en el mundo, espero se le hayan aclarado. Obama llegó sin ofrecer nada sustancial, pero eso sí con el afán de controlar el hiperdesarrollo chino. Los países emergentes, los BRIC, han visto una vez más consolidado su poder. No admiten que se les pida que renuncien a un desarrollo que otros ya tenemos y a una riqueza de la que las poblaciones de las viejas potencias centrales disfrutan, aunque mal repartida. Saben además que ellos contaminan, pero hace 100 años menos que los USA, Inglaterra o Alemania, entre otros semejantes.

 

La República Popular China ha sido inteligente y ha sabido jugar con dos barajas, es decir con los países empobrecidos planteando un órdago a la UE y los USA más Canadá y Australia, y al mismo tiempo defendiendo sus propuestas nacionalistas de seguir creciendo, pero exigiendo nuevas tecnologías de Occidente para contaminar menos. Al final se ha sentado a la mesa casi sola, con Sudáfrica e India, para hacer un paripé dejando fuera de juego a la Unión Europea, de la que por cierto los USA, EL AMIGO Obama, tampoco se ha acordado.

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Fuente: ATTAC

El conflicto de clases a nivel internacional

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

 

La interpretación más generalizada en los forums económicos, financieros y políticos internacionales de lo que ha estado ocurriendo en los últimos treinta años en el mundo ha sido la aparición, a partir de los años ochenta, de la globalización económica, habiéndose establecido un nuevo orden económico internacional en el que se supone que los estados han estado perdiendo poder, siendo substituidos por entidades económicas, llamadas multinacionales, que son las que dominan la actividad económica internacional. Esta supuesta globalización ha sido aplaudida por fórums liberales como el New York Times, el Washington Post, The Economist, The Financial Times, entre otros, que han considerado a la globalización económica como responsable de un gran crecimiento económico, causando un bienestar sin precedentes de las poblaciones, tanto de los países desarrollados como de los subdesarrollados, con una gran reducción de la pobreza mundial. A esta visión celebratoria de la globalización se añade la voz de autores que se autodefinen como marxistas, como Antonio Negri y Michael Hardt, que celebran la desaparición del estado nación, condición –según ellos- de que transcienda el énfasis en el estado, a fin de llegar a una internalización del proyecto de transformación(1).

Frente a esta actitud complaciente y carente de crítica hacia la supuesta globalización, nos encontramos amplios sectores de los mal llamados movimientos antiglobalización, que, a pesar de que lamentan la globalización, coinciden con las voces pro-globalización en su interpretación de lo que ha estado ocurriendo. También creen que los estados han ido desapareciendo, sustituidos por las entidades económicas que llaman multinacionales, que se han convertido en los gestores del sistema capitalista mundial. A diferencia de las voces celebratorias de la globalización, estas voces, concluyen que tal globalización, en lugar de mejorar el bienestar de las poblaciones, lo ha dañando profundamente.

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La articulación de los mal llamados países pobres en este orden internacional, les condena a basar sus economías en las exportaciones (sistema que favorece las clases dominantes del Norte y del Sur) en lugar del consumo doméstico, para lo cual se requerirían unas reformas redistributivas de las rentas en aquellos países opuestas por la alianza de clases dominantes que rigen el mundo. De ahí la urgencia de que se establezcan alianzas de las clases dominantes del Norte y del Sur, el gran reto de las izquierdas hoy en el mundo.

documento completo en : attac

La corrupción de la democracia

La glorificación del individuo, la satisfacción consumista como eje central de la existencia humana y el incontrolable crecimiento de las demandas dirigidas a los gobernantes priman en la sociedad actual

 

La corrupción es hoy una pandemia que todo lo invade, que todo lo pervierte. La vida política, la realidad económica, las prácticas sociales, las acciones del gobierno, los modos y fines de la sociedad civil, la esfera del ocio, el mundo del trabajo, los múltiples procesos culturales en los que intervienen y la inmensa mayoría de los que afectan a los seres humanos en su conjunto son, cada vez más, objeto de estragamiento en sus fines, de adulteración en sus modos, de perversión total de su naturaleza y objetivos. Es esta cuestión, por la que, hace tiempo, me siento muy concernido, y a la que he dedicado, conjuntamente con el crimen, 34 artículos en este mismo periódico.

 

Pero ahora, más allá de esa atención a la gestión adulterada del ejercicio de la democracia, en que se ha centrado mi análisis, quiero abordar la problemática de su corrupción radical, es decir, de la corrupción de su naturaleza misma, que ha transformado su triunfo en una lamentable estafa. Que ha sido consecuencia de la intervención de las condiciones dominantes, estructurales e ideológicas de la sociedad actual, en su práctica operativa. Los pensadores de la izquierda radical han abordado esta cuestión con profundidad y eficacia. Jacques Rancière en El odio de la democracia; Alain Badiou en ¿Se puede pensar la política?; Zizek en El Parallax; Kristin Ross en Mayo del 68 y sus vidas ulteriores; Daniel Bensaid en Marx, modo de empleo; y Wendy Brown en El vestido nuevo de la política mundial, más allá de la descalificación del presente ejercicio de la democracia, han entrado en el análisis del porqué de su deriva. Es decir, de cómo el triunfo absoluto de la democracia, su dominación omnímoda ha equivalido a su perversión irrecuperable; de cómo hemos pasado, en palabras de Rancière, de la democracia parcial y triunfante a la democracia total pero vendida y criminal.

 

Rancière apela al legado de la Grecia antigua, que reservaba la denominación de demócratas a quienes postulaban la ruina de la ciudad, al confiar su gobierno a la muchedumbre, en lugar de confiarlo a quienes lo merecían por su nacimiento o sus competencias. Para Rancière este planteamiento clásico tiene como objetivo principal la conciliación de dos fines, que sus formuladores consideran, no sólo compatibles sino esencialmente complementarios: el gobierno de los mejores y el de aquellos que defienden el orden social impuesto por los propietarios.

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Qué cruz

4 de diciembre de 2009

¡Qué cruz!

 

 

¡Qué cruz la que le ha caído a la democracia española!

 

Es una pesada cruz la que soporta el Estado español teniendo que aguantar un confesionalismo intolerante que acepta la democracia sólo en la medida en que le favorece según la ley del embudo. Aparte agendas del Gobierno, es un calvario de sucesivas andanadas confesionalistas el que tiene que padecer una sociedad española que quiere vivir en democracia. No ayuda mucho -todo lo contrario- una derecha política que se encarga de remachar los clavos de la intransigencia eclesiástica: al neoconservadurismo del PP no le sirve el liberalismo ni de fachada.

 

Es férrea ley del embudo la que aplica una mentalidad nacional-católica como la del cardenal Rouco cuando califica de "antidemocrática" la iniciativa parlamentaria pactada entre PSOE y ERC instando al Gobierno a que en su momento proceda a la retirada de símbolos religiosos -y los crucifijos lo son- de las escuelas, al amparo de la futura reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aplicando lo que nuestra Constitución en verdad reclama y lo que el Tribunal de Estrasburgo sobre Derechos Humanos ha dictaminado recientemente.

 

Es poner el embudo a su favor el decir que con tal iniciativa se pretende una "imposición" contraria no sólo a la fe -entendida al modo del cardenal-, sino también contraria, al parecer, a la tradición cultural -de la España católica-. Con lo fácil que es reparar en que la imposición es lo contrario: mantener símbolos de una religión en espacios sociales como son los de la escuela pública, que debe ser lugar de convivencia entre los diferentes presidido por el principio de laicidad.

 

Y no sólo se trata del uso abusivo del embudo marcando la pauta, sino que también resulta -y quizá lo entienda mejor el cardenal Rouco y quienes comparten su punto de vista- que se verifica el viejo dicho de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Quienes miran la realidad española con ojos nacional-católicos llevan clavada tal viga que no ven los privilegios que tratan de mantener, a la vez que con aguda mirada detectan cualquier presunta mota en los ojos de los demás, agrandándola indebidamente como, por ejemplo, al calificar de "laicismo agresivo" cualquier reivindicación de laicidad democrática.

 

¡Qué difícil es -al parecer- que un obispo entre en el reino de la democracia! Casi está uno por recordar que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja.

 

En fin, como ya dije en algún otro momento y seguro que habrá que decirlo de nuevo más adelante: ¡qué pena que ciertos pastores de la Iglesia católica se preocupen tanto de los crucifijos y tan poco de los crucificados! No se les juzgará por los crucifijos que mantengan, sino por los crucificados a cuyo lado se pongan. ¿No decía algo de esto el capítulo 25 del evangelio de Mateo?

 

José Antonio Pérez Tapias (Profesor de la Universidad de Granada, en la que se doctoró, tras estudiar filosofía y teología. Diputado del PSOE por Granada en la VIII y en la IX Legislaturas de las Cortes Generales y Miembro de la corriente de opinión Izquierda Socialista-PSOE)

Los valores de la ética civil laica

No se como lo llevará el resto de la población; pero, a mí personalmente, me tiene asqueada este tufo de gazmoñería hipócrita que impera en el discurso de la derecha rancia, que no sólo se manifiesta en sus arengas populacheras, sino que se hace presente en cada intervención del PP en el Parlamento. Utilizan unas afirmaciones santurronas, a veces hasta cursis, al tiempo que insultantes para todo el que no comparte sus irrefutables católicas afirmaciones, alejándose del papel que se espera de ellos en una tribuna pública y olvidando el principal motivo para el que se les ha elegido.

 

Todos estos católicos recalcitrantes y dogmáticos, hablan de valores, principios y moral cómo si los que no compartimos su ideario, careciésemos de ellos. Sin pudor alguno, se los arrogan en exclusividad, dando a entender que los que no compartimos su doctrina somos seres amorales, libertinos, indecentes, carentes de valores y principios. Pues no señores no, nada más lejos de esta interesada imagen que pretenden adjudicarnos.

 

Los “no creyentes”, como les gusta denominarnos, empezamos por no aceptar esa denominación de “no creyentes”. Es cierto que no creemos en las religiones que pretenden dominar a la sociedad adormeciendo a sus miembros con sus dogmas de fe; no creemos en sus poderosas organizaciones que han pasado a ser grandes empresas multinacionales (terrenales no celestiales), que les aportan millonarios beneficios, meras corporaciones de gran poder económico al que se aferran sus jerarcas sin importarles el dolor y la miseria que padece un gran sector de la población mundial; una gran organización a la que no se la oye una sola mención al horror de que, diariamente, mueran 17.000 niños (nacidos) a causa del hambre. Sólo claman por los no nacidos. No importa que 11 millones de los nacidos mueran antes de cumplir los cinco años, no importa que 121 millones no tengan acceso a la escuela (datos de FAO).
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Pilar Trejo Martín es socióloga y miembro Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid

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