¿Jubilación a los 67 años?
La propuesta del Gobierno de alargamiento de la edad legal de jubilación hasta los 67 años ha generado inquietud y un amplio debate social y político. El sistema público de pensiones es uno de los grandes activos de nuestra sociedad, que los socialistas hemos defendido siempre. En los 90, ante el intento neoliberal de privatizar las pensiones, promovimos el Pacto de Toledo, compromiso de todos los grupos parlamentarios por el mantenimiento y consolidación del actual sistema de pensiones, garantizando su sostenibilidad futura y mejorando sus prestaciones sobre todo de las pensiones más bajas. Esto significa que cualquier reforma de fondo debe contar con el más amplio consenso político, y también de sindicatos y patronal, máxime si se plantean medidas de reducción de gasto o posibles recortes en las pensiones futuras para una parte de los trabajadores, medidas que no deben adoptarse si no son absolutamente necesarias para la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Hasta una semana antes de la propuesta del Gobierno, tanto el Ministerio de Trabajo como el Grupo Socialista hemos venido reiterando que el sistema de pensiones goza de muy buena salud, incluso en los momentos más duros de la crisis económica, con un superávit de 8.500 millones de euros en 2009 y una ampliación del Fondo de Reserva, una de las mejores situaciones entre los sistemas similares de la UE. Sosteníamos, además, que hay que introducir reformas a largo plazo, para más allá del 2029, como recoge el informe del Ministerio de Trabajo La Estrategia Nacional de Pensiones 2008-2010-2020, de octubre de 2008, que establecía que el sistema tendría superávit al menos hasta 2023 y mantendría su sostenibilidad con el Fondo de Reserva hasta 2029. Señalábamos que esas reformas no hay que vincularlas a la crisis actual y criticamos duramente al gobernador del Banco de España cuando insinuó lo contrario. Se "descartaba" entonces la ampliación de la edad legal de jubilación, siendo el objetivo que la edad real se aproxime a la legal de 65 años mediante estímulos a la continuidad en el trabajo tras esa edad, como se pactó con sindicatos y empresarios en el Acuerdo de Julio de 2006, y limitación de las prejubilaciones. Nunca se consideró necesario alargar la edad legal de jubilación. Ningún documento del PSOE, ni tampoco el programa electoral, indicaba nada sobre ello. Ni los expertos que comparecieron ante la Comisión del Pacto de Toledo plantearon esta medida como inexorable, proponiendo más bien ampliar la edad real y acercarla a la legal. El propio gobernador, Fernández Ordóñez, expuso las diversas soluciones aplicadas en Europa, señalando que la ampliación de la edad legal de jubilación "sólo se ha adoptado en un número reducido de países. Es el caso de Alemania", que subió la edad legal de 65 a 67 años. Pero la de Alemania no es una situación equiparable, porque su edad real era 61 años, inferior a la española, de 63 años y 10 meses, de las más altas de Europa. También considerábamos injusto el alargamiento legal por afectar de manera desigual en función de la actividad que se realice. Para políticos o periodistas, para muchas actividades intelectuales, trabajar hasta los 67 años puede no tener dificultad. Pero no pasa lo mismo con los trabajos manuales, o de menor cualificación, que son la inmensa mayoría: campo, construcción, industria, transporte, muchos servicios. Para los trabajadores de estos sectores y oficios alargar obligatoriamente dos años más la edad de jubilación es injusto. Por ello sorprende lo inesperado de la propuesta gubernamental. Es indiscutible que hay un proceso de envejecimiento de la población, pero las proyecciones más negativas han fallado siempre al no considerar la capacidad de crecimiento y creación de empleo de nuestra economía, ni el incremento de la participación de la mujer en el trabajo, ni la llegada de inmigrantes. ¿Cuál es la razón para cambiar tan drásticamente en una semana? Parece razonable concluir, como ha señalado el secretario general de UGT, que se ha impuesto la "visión de corto plazo para contentar a los mercados financieros", emitiendo mensajes de recortes, a "una visión a largo plazo para la supervivencia de las pensiones públicas en nuestro país". UGT y CC OO manifestaron su rechazo a la propuesta gubernamental por suponer un recorte innecesario a las futuras pensiones, a la vez que recordaron que en España el gasto social sigue 6 puntos del PIB por debajo de la media europea y que no deberían descartarse aportaciones presupuestarias en el futuro. A su vez, la patronal apoya la propuesta, pues a los empresarios les afecta poco. Y si hay recorte de gasto, siempre se justificará mejor una disminución de cotizaciones. En cuanto al PP, espera que los socialistas nos enfrentemos con nuestro electorado. ¿Tiene sentido una confrontación con los sindicatos con una medida no indispensable, cuando recientemente han pactado la reforma del Pacto de Toledo de 2003 y el Acuerdo de Julio de 2006? Zapatero y varios ministros insisten en que es una propuesta sujeta a debate y consenso. Si razonable es el consenso con las fuerzas parlamentarias, necesario para el proyecto socialista es alcanzar un acuerdo con el movimiento sindical para que el sistema de pensiones sea en el futuro más sostenible y equitativo.
Manuel de la Rocha Rubí (es diputado socialista y miembro de Izquierda Socialista -PSOE)
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