OPINIONES

Látigo para Cuba, bálsamo para el Magreb

Cuba tiene hoy en día 58 presos de conciencia. La Unión Europea no le brinda ningún tipo de cooperación y le aplicó incluso, en 2003, unas sanciones inspiradas en una posición común que la diplomacia española desea suavizar cuando, el año próximo, ejerza la presidencia europea. Esa posición estipula que la mejora de la relación con Europa está supeditada a los progresos de Cuba en materia de derechos humanos.

 

Túnez posee, según la ONG Human Rights Watch, cerca de 800 presos condenados, en su mayoría, por "acciones que responden a motivos políticos" consistentes en preparar viajes a Irak o descargarse vídeos yihadistas, pero no cometieron actos violentos. Túnez es, junto con Marruecos, el socio norteafricano más mimado por la UE. Fue el primero en firmar un acuerdo de asociación, en 1996, y ahora negocia el llamado estatuto avanzado que supone un salto cualitativo.

 

¿No se puede comprar a Cuba con Túnez porque los reos cubanos son pacíficos mientras que los tunecinos son proclives al terrorismo? Retrotraigamos entonces a 1996 cuando Túnez fue premiado por la UE con el primer acuerdo de asociación. Aquel año había algo más de 400 presos de conciencia en la isla y cerca de 2.000 en el país magrebí. Éstos últimos eran entonces, en su mayoría, militantes de Ennahda (Renacimiento), un movimiento islamista no violento equiparable al marroquí Partido de la Justicia y del Desarrollo, a los que había que añadir un puñado de izquierdistas.

 

¿Sigue sin ser válida la comparación entre Cuba y Túnez porque, pese a todo, aquellos barbudos encarcelados no eran demócratas? Cotejemos otros episodios recientes en ambos continentes como los golpes de Estado. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya , elegido democráticamente, fue derrocado el 28 de junio y tres días después España y Francia retiraban a sus embajadores arrastrando a toda la UE que, el 20 de julio, anunció la suspensión de su cooperación con el país centroamericano.

 

El 6 de agosto de 2008 un pronunciamiento militar derrocó en Mauritania al presidente Sidi Ould Cheikh Abdellahi , que acababa de regresar de una visita oficial a España. Había sido elegido por sufragio universal 17 meses antes al término de una transición democrática ejemplar. El Gobierno español condenó el golpe, pero el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se apresuró en declarar que España mantendría "el mejor nivel de relaciones" con Mauritania.

 

La Unión Africana sancionó a la Junta Militar mauritana, la Administración de George Bush hizo otro tanto y cuando Barack Obama asumió la presidencia apretó aún más las tuercas. EE UU no sólo suspendió la cooperación y la ayuda militar sino que prohibió la entrada en su territorio a los militares golpistas y a los que les apoyaban activamente. Quería preservar la única democracia norteafricana. Washington "sigue proporcionando un apoyo moral y político al presidente democráticamente elegido", reiteraba, en mayo, un comunicado de la embajada estadounidense en Nuakchot. Hasta la pequeña oposición islamista alabó entonces a EE UU.

 

La UE amenazó con castigar a la Junta, pero no llegó a hacerlo en parte porque Francia y España lo evitaron. Moratinos descartó en el Senado, en octubre de 2008, que España sancionase por su cuenta a los golpistas. Su embajada en Nuakchot fue incluso la que más fácilmente les concedió visados Schengen para viajar a Europa.

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COMPAÑERO JUAN NEGRÍN

José Ramón Villanueva Herrero
 
 
Cuando el pasado 24 de octubre tuvo lugar un homenaje para el reconocimiento y reingreso en el PSOE de Juan Negrín López y 35 militantes socialistas que, como él, fueron expulsados del partido en 1946, se reparaba, finalmente, una profunda injusticia para con aquel brillante científico, para con quien fue Presidente del Gobierno de la República y que simbolizó la dignidad y el espíritu de resistencia republicana contra el fascismo durante los años más duros de nuestra trágica Guerra civil.

 

Sobre la recuperación de la memoria del Presidente Negrín, aquel médico socialista que soñó con una España democrática y social, habían pesado un cúmulo de tendenciosas acusaciones y perversas calumnias. De hecho, contra la memoria histórica de Negrin convergieron, en extraña alianza, no sólo los apologistas de la dictadura franquista, sino también del sector del PSOE afín a Indalecio Prieto en un intento de ajustar cuentas y responsabilidades tras la amarga derrota de la legalidad republicana ante el fascismo en 1939. A ellos habría que añadir los que, en plena Guerra Fría, acusaron a Negrín de “procomunista”, (los “prietistas”, entre ellos) en un momento y en un contexto en el cual tal calificativo era sinónimo de anatema político. Todas estas circunstancias ennegrecieron, hasta fechas bien recientes, la figura y la memoria de Negrín, haciendo que una penumbra intencionada oscureciese su trayectoria política.

 

Desde las filas de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE hacía años que reivindicábamos la memoria de Negrín, y, en el 37º Congreso del PSOE (julio 2008) apoyamos una propuesta de resolución (que fue aprobada) en la que se pedía su rehabilitación política y el reingreso (a título póstumo) en el PSOE de Negrín y sus compañeros del sector “negrinista” entre ellos, Ramón González Peña (que fue presidente del PSOE y secretario general de UGT entre 1938-1944), Ramón Lamoneda (secretario general del PSOE durante la Guerra civil) y otros destacados militantes como Julio Álvarez del Vayo, Ángel Galarza, Julia Álvarez, Amaro del Rosal o el escritor Max Aub.

 

Sin embargo, ha sido la labor de historiadores como Ricardo Miralles o Ángel Viñas quienes, desde el rigor metodológico, han logrado dignificar la figura de Negrín, despojándola de acusaciones y mitos descalificadores carentes de toda veracidad histórica divulgados por sus enemigos políticos. Es por ello que, en estas fechas, resulta de especial interés la lectura del  libro de Ángel Viñas titulado El honor de la República. Entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin (Barcelona, Crítica, 2008) en el que se analiza la gestión del Gobierno Negrín (mayo 1937-marzo 1939) y se aclaran diversas controversias y mitos en torno al político socialista. Para ello, Viñas recurre a un estudio exhaustivo de las fuentes documentales, muchas de ellas inéditas, como es el caso de los archivos soviéticos. De este modo, logra desmontar diversos bulos divulgados por los historiadores franquistas y, también, por los seguidores del revisionismo histórico actual.

 

Varios son los falsos mitos que se derrumban a partir del excelente trabajo de Viñas. En primer lugar, la acusación de que Negrín fue un títere  de la URSS con miras a implantar en España una dictadura comunista, lo cual, en base a la documentación ofrecida por los archivos soviéticos, se demuestra que es una “mera calumnia”. Es cierto que Negrín estimaba a los comunistas por su disciplina, organización  y tenacidad en la lucha contra el fascismo, pero también lo es que no estaba dispuesto a verse dirigido por ellos. Viñas recalca como, en diversas ocasiones, Negrín y el PSOE se opusieron con éxito a los designios del todopoderoso Stalin en relación a cuestiones que afectaban a cuestiones políticas y militares. Por otra parte, la dependencia de la República de la URSS se hizo vital debido al abandono en que la dejaron las democracias (Francia y Gran Bretaña). Pese a ello, la política diplomática de Negrín buscó hasta el final el apoyo de las democracias occidentales (también de los EE.UU.), lo cual descuadra la interpretación que de él hicieron los propagandistas profranquistas y los que Viñas define como “guerreros de la Guerra Fría”. De este modo, se ofrece una descalificación contundente de las maliciosas afirmaciones de Vidal sobre la supuesta existencia de un pacto Negrín-Stalin, definiendo a este polémico historiador como “asiduo practicante” de lo que Reig Tapia calificaba como “historietografía”, propia de los seguidores del revisionismo histórico de corte conservador cuando no neofascista.

 

También desmonta Viñas la acusación de que Negrín prolongó innecesariamente la guerra, para lo cual hace un sereno análisis de la estrategia de resistencia negrinista. Tras definir a Negrín como el único dirigente del Frente Popular que “no se hundió en la adversidad”, y que como ministro de Defensa Nacional reorganizó el Ejército Popular, destaca Viñas la faceta de un Negrín empeñado en mantener la resistencia, pese a los reveses militares, como forma de salvar, a la larga, el mayor número posible de vidas republicanas. Intuía, como sí fue, que, tras la derrota, se desencadenaría una represión implacable contra los vencidos, forma mediante la cual, Franco pretendía “romper de una vez para siempre, la espina dorsal de la izquierda española” (p. 544). Pero, ante el empuje de las armas franquistas, de nada sirvieron los esfuerzos republicanos de resistir, como confiaba Negrín, hasta enlazar con un inminente conflicto europeo o inducir a Franco a negociar en condiciones que no fueran la capitulación total y absoluta.

 

La guerra estaba perdida y el golpe de Casado (5 marzo 1939) fue la puntilla definitiva a la política de resistencia antifascista de Negrín. Franco, que tenía al alcance de la mano la victoria militar, consideró “inaceptables” las condiciones de Negrín planteadas en la última reunión que celebraron las Cortes republicanas en territorio español (castillo de Figueras, 1 febrero 1939) para una posible mediación tendente a la paz: garantías para la independencia de España (y retirada fuerzas extranjeras), garantías de que el pueblo español pudiera decidir libremente su destino en un plebiscito y, sobre todo, garantías de que no se ejercería ningún tipo de represalias ni persecuciones sobre los republicanos.

 

De forma premonitoria, en un telegrama que envió Negrín al presidente norteamericano Roosevelt el 6 de enero de 1939, advertía a éste de las consecuencias de la derrota republicana:
“El resultado de la lucha en España decidirá lo que ha de ser Europa y marcará el rumbo del mundo por venir. La historia será inexorable con aquellos hombres de Estado que hayan cerrado sus ojos a la evidencia y con los que por indecisión hayan dejado poner en riesgo los principios de tolerancia, convivencia, libertad y sana moral que inspiran la Democracia […] Si pereciésemos, habríamos al menos cumplido como colectividad nacional nuestra misión histórica y como individuos con el mandato de nuestra conciencia”.

 

Lo que sucedió tras la derrota es de todos conocido: no se equivocó Negrín en su intuición sobre el futuro que esperaba a los vencidos. Las responsabilidades de la derrota se cargaron sobre las espaldas y la memoria del Presidente Negrín, quien se había negado a rendir las armas mientras quedase una parte del territorio español leal a la República.

 

Tras tantos años de olvidos, los mitos se derrumban y las controversias se aclaran. Hoy, al igual que señalaba Carmen Negrín, la nieta del político socialista canario, sentimos una profunda alegría porque  “no haya desaparecido la historia” de su abuelo. Y es que, tras un largo y difícil recorrido, al reingresar Negrín en el PSOE, se ha recuperado con la dignidad que siempre mereció, una parte de la memoria histórica socialista, aquella que, frente al embate del fascismo, defendió con honor Juan Negrín López.
 
(Diario de Teruel, 17 noviembre 2009)

El crucifijo viaja a Estrasburgo

MARC CARRILLO 17/11/2009

La exposición del crucifico en el aula de una escuela pública, ¿vulnera el derecho de los padres a asegurar la educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas?

 

Según la unánime sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de noviembre de 2009, la respuesta es afirmativa. Se trata del caso Lautsi contra Italia, por el que el Estado italiano ha sido condenado por daños morales a la señora Soile Lautsi, que había alegado que la exposición de la cruz en el aula del colegio público al que acudían sus hijos adolescentes en Abano Terme (Véneto), suponía una injerencia incompatible con la libertad de conciencia y de religión y el derecho de sus hijos a recibir una educación conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas (Protocolo nº 1 del Convenio de Derechos Humanos).

 

La cuestión es importante porque el Tribunal de Estrasburgo establece unos criterios relevantes en defensa de la necesaria separación entre lo público y lo religioso, que evite la confusión entre ambos, garantizando a la postre la libertad religiosa que significa tanto el derecho a participar de cualquier credo religioso como a rechazar esta opción. El alcance de la sentencia no se reduce a Italia: el resto de Estados miembros del Consejo de Europa sujetos al citado Convenio cuya garantía corresponde al tribunal, no podrán hacer caso omiso. Sobre todo, si de ser recurrida, la Gran Sala del Tribunal la ratifica.

 

Sus argumentos tienen mucho que ver con el respeto a la libertad de conciencia y libertad de cultos, ambas vinculadas al principio de laicidad, que se fundamenta en la separación entre lo civil y lo religioso.

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Para el tribunal no hay duda de que el símbolo del crucifijo tiene una significación religiosa predominante. Pero el Estado está obligado a mantener la neutralidad confesional en el marco de la educación. No se comprende, pues, cómo su exposición pueda servir para el pluralismo educativo que es esencial para la preservación de una sociedad democrática. En fin, con este viaje del crucifijo a Estrasburgo se asientan mejor las bases de una sociedad más libre de talibanes de toda especie y condición.

Marc Carrillo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra.

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Actores, cantantes y académicos impulsan un manifiesto para exigir una salida de izquierdas a la crisis

Cerca de 300 personas del mundo de la cultura, el arte y la universidad han firmado un manifiesto que, sin aludir expresamente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, reclama "medidas progresistas" para salir de la crisis, empezando por una fiscalidad que no dé "privilegios a los millonarios".

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Manifiesto del mundo de la cultura: "Otra política y otros valores para salir de la crisis"

Después de dos años de una crisis que ha creado millones de desempleados y ha provocado que el número de personas hambrientas y desnutridas en el mundo alcance un nuevo récord, están bien claras las causas de esta grave situación.

Dejar en plena libertad a los capitales financieros y dejar que los mercados sean los únicos reguladores de las relaciones económicas sólo lleva, como estamos comprobando, a la inestabilidad permanente, a la escasez de recursos financieros para crear empleo y riqueza y a las crisis recurrentes.

Se ha demostrado también que la falta de vigilancia e incluso la complicidad de las autoridades con los poderosos que controlan el dinero y las finanzas, esto es, la falta de una auténtica democracia, sólo produce desorden, y que concederles continuamente privilegios, lejos de favorecer a las economías, las lleva al desastre.

Dejar que los bancos se dediquen con absoluta libertad a incrementar artificialmente la deuda con tal de ganar más dinero es lo que ha provocado esta última crisis.

Pero también es una evidencia que las políticas neoliberales basadas en reducir los salarios y la presencia del Estado, el gasto social y los impuestos progresivos para favorecer a las rentas del capital, han provocado una desigualdad creciente. Y que la inmensa acumulación de beneficios de unos pocos, en lugar de producir el efecto "derrame" que pregonan los liberales, ha alimentado la especulación inmobiliaria y financiera que ha convertido a la economía mundial en un auténtico e irracional casino.

Y es evidente que esos desencadenantes de la crisis no tienen que ver solamente con los mecanismos económicos, sino con la política controlada cada vez más por los mercados, por el poder al servicio de los privilegiados y por el predominio de la avaricia y el afán de lucro como el único impulso ético que quieren imponer al resto del mundo los grandes propietarios y los financieros multimillonarios.

Por eso la crisis económica que vivimos es sobre todo una crisis política y cultural y ecosistémica.

Las prácticas financieras neoliberales que la han provocado se justificaron con el predominio de unos valores culturales marcados por la soledad, el individualismo egoísta, la degradación mercantil de los conceptos de felicidad y de éxito, el consumo irresponsable, la pérdida del sentido humano de la compasión y el descrédito de las ilusiones y las responsabilidades colectivas.

Los debates surgidos en torno a esta crisis demuestran que en las democracias occidentales se ha establecido un enfrentamiento peligroso entre los poderes económicos y la ilusión política. Los partidarios del mercado como único regulador de la Historia piensan que el Estado debe limitarse a dejar que los individuos actúen sin trabas, olvidando que entre ellos hay una gran desigualdad de capacidades, de medios y de oportunidades. Por eso le niegan capacidad pública para ordenar la economía en espacios transparentes, y para promover los equilibrios fiscales y la solidaridad social. Y por eso desacreditan el ejercicio de la política.

Pero la política no debe confundirse con la corrupción, el sectarismo y la humillación cómplice ante los poderes económicos. La política representa en la tradición democrática el protagonismo de los ciudadanos a la hora de organizar su convivencia y su futuro. Palabras como diálogo, compromiso, conciencia, entrega, legalidad, bien y público, están mucho más cerca de la verdadera política que otras palabras por desgracia comunes en nuestra vida cotidiana: corrupción, paraíso fiscal, dinero negro, beneficio, soborno, opacidad y escándalo.

Como esta crisis es política y cultural, debemos salir de esta crisis reivindicando la importancia de la política, la educación y la cultura. No podemos confundir la sensatez y la verdad científica con diagnósticos interesados en perpetuar el modelo neoliberal y sus recetas financieras.

Ahora resulta prioritario buscar una respuesta progresista a la crisis.

Para evitar nuevas crisis en el futuro hay que luchar en primer lugar contra todas las manifestaciones de la desigualdad. Y para ello es necesario garantizar el trabajo decente que proporcione a mujeres y hombres salarios dignos y suficientes, y el respeto a sus derechos laborales como fundamento de un crecimiento económico sostenible.

Así mismo, es imprescindible que se lleven a cabo reformas fiscales que garanticen la equidad, la solidaridad fiscal, sin paraísos ni privilegios para millonarios, y la mayor contribución de los que más tienen, para que el Estado pueda aumentar sus prestaciones sociales y ejercer como un potente impulsor de la actividad económica.

Frente a los daños ecológicos de la ambición especulativa, una respuesta progresista supone revisar los marcos jurídicos para que sea posible una mayor protección de nuestro ecosistema y establecer suficientes incentivos para promocionar la  producción y el consumo sostenibles.

Frente a un modelo productivo basado en la especulación financiera e inmobiliaria y en la consideración de que nuestros recursos son ilimitados, una respuesta progresista supone invertir más en educación, investigación y cualificación laboral.

Frente al desprestigio de la política, una respuesta progresista supone devolverle la autoridad a los espacios públicos y a los representantes de los ciudadanos para que regulen en nombre del interés común las estrategias del mercado.

Frente a la misoginia y la discriminación de género, una respuesta progresista supone consolidar las políticas de igualdad, defender el derecho a la reproducción y medidas específicas para evitar que las mujeres se vean relegadas al paro o a la economía sumergida y a soportar muchas más horas de trabajo no retribuido que los hombres, sufriendo así en mucha mayor medida que éstos los efectos de la crisis.

Frente al racismo y a la xenofobia, una respuesta progresista supone defender los derechos de los trabajadores extranjeros y asegurar el respeto jurídico a la dignidad las personas.

Frente a la soledad social, la pobreza y el egoísmo, una respuesta progresista supone apostar por los valores culturales de la solidaridad, que no son ideales utópicos trasnochados, sino la mejor muestra de la dignidad cívica de los sentimientos humanos.

 RELACIÓN FIRMANTES

ACUERDO EN OPEL

Parece ser que hemos llegado a un acuerdo que garantiza la “viabilidad” y existencia de la planta de OPEL ESPAÑA de Figueruelas.

 

Parece ser que se garantizan las cadenas de producción; todos los componentes que se necesiten para los modelos producidos en la planta serán fabricados en la misma.

 

Parece ser que MAGNA se compromete a encargar a las empresas auxiliares de OPEL ESPAÑA los componentes necesarios para la fabricación de otros modelos en las diferentes plantas europeas de la firma.

 

Y parece ser que el Gobierno de España ayudará a MAGNA inyectándole algún millar de millones de euros y a su vez el Gobierno de Aragón lo hará con varios centenares.

 

Hasta ahí correcto; hemos defendido la estabilidad económica e industrial de Aragón y el grueso del empleo existente, además de garantizar, “al parecer”, la existencia, productividad y viabilidad de la planta de OPEL ESPAÑA para los próximos diez años.

 

Pero no nos podemos olvidar del que sin duda es el mayor precio que tenemos que pagar por ello; los 900 despidos que se tienen que producir.

 

Novecientos trabajadores (se dice pronto); podrían ser la plantilla de nueve grandes empresas de Aragón; son novecientas familias que entraran en una situación de precariedad e incertidumbre. Ahora eso sí, parece ser que MAGNA también se ha comprometido a realizar dicho “ajuste” de la forma más “socialmente adecuada”.

Ya veremos como se cuadra el círculo: como se despide a 900 trabajadores de la forma más “socialmente posible” y también tendremos que ver como se cuadra el hecho de mantener la productividad a la vez que reducidos la plantilla en 900 trabajadores.

 

Lo que si queda claro, es que si hoy hemos mantenido la existencia de la planta de OPEL ESPAÑA  en Figueruelas por “al menos 10 años”, con ello también hemos fijado la posible fecha del desmantelamiento de dicha planta.

 

Por eso no cabe que los gobiernos español y autónomo, una vez conseguido el primer objetivo se emborrachen del “existo”, se duerman en los laureles y se desactiven.

 

 Al contrario, tienen diez años por delante para multiplicar los miles de millones de euros que van a pagar a MAGNA por su “magno” plan e invertirlos en crear, en el entorno de Figueruelas y Aragón un nuevo tejido industrial, diversificado, moderno, estable y con proyección de futuro, con el único e importante  objetivo de cambiar el modelo de la economía aragonesa y que el día en que la OPEL nos diga adiós (día que sin duda llegará), no nos resulte tan traumático y desastroso como si lo hiciera ahora.

 

Tenemos diez años por delante, no nos durmamos en los laureles, creemos un nuevo entramado industrial para la zona de Figueruelas y el resto de Aragón; tenemos diez años por delante para cambiar nuestro modelo económico e industrial.

 

 

 

Jesús Molíns Guitarte

DE LOS SOBRES A LAS CINTAS DE VIDEO

De nuevo el PP de Castilla y León ha vivido una semana de lo mas agitada en la que mas de uno no ha ganado para sobresaltos. El sumario del caso Gürtel ha deparado nuevas revelaciones y por partida doble.

 

 

De un lado, se han reforzado las sospechas policiales en torno al ex Consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, actual presidente de las Cortes.

 

 

De otro, el director general de Deportes de la Junta,Miguel Ignacio González, ha sido delatado como coprotagonista de un supuesto video grabado por “Don Vito” Correa en el que aparecería repartiéndose los billetes de una comisión ilegal con el entonces alcalde de Boadilla del Monte. Arturo González Panero, alias “El Albondiguilla”.

 

 

La revelación de que la palabra Toti (apelativo de Fernández Santiago) figura con sus cuatro letras en alguno de los documentos intervenidos a la trama desató el pasado lunes el nerviosismo en el “minarete” regional del PP. Prueba de ello fue la improvisación que rodeó la rueda de prensa autoexculpatoria, inicialmente convocada en la sede de las Cortes y cambiada luego en el último momento a la sede del partido. Ello sucedía 24 horas antes de un pleno del Parlamento en el que figuraba además una pregunta del socialista Fernando Benito sobre los contratos adjudicados por la Junta a empresas de la trama Correa.

 

 

Ese nerviosismo quizás explique la maniobra de distracción intentada por Juan Vicente Herrera, quién aprovechó el ultimo turno de su “minidebate” presupuestario con Ana Redondo, para denunciar los privilegios salariales de los altos cargos de las Cortes en relación con los sueldos de los altos cargos de la Junta. Con ello Herrera trataba de desviar el foco de la atención, no solo del caso Gurtel, sino también de los mediocres y chapuceros Presupuestos elaborados tarde y mal por la Consejería de Hacienda. (No contenta con presentarlos el último día a las diez y media de la noche, para mayor inri Pilar del Olmo ha tenido que cambiar a posteriori uno de los tomos alegando un “error informático”).

 

 

Herrera tuvo además el descaro de imputar dicha “discriminación salarial” a la portavoz socialista, que es la última que disfruta de ese privilegio, cuando resulta que el desfase entre los sueldos de las Cortes y la Junta se remonta precisamente a la etapa en la que él mismo era el portavoz parlamentario del grupo popular. El resultado es que Redondo ha recogido el guante y propondrá una equiparación salarial a la baja, de forma que los quince procuradores que cobran mas que el presidente de la Junta verán rebajados sus sueldos. (Por cierto que Herrera tampoco habló de rebajar sino de “homogeneizar”, con lo cual en su propuesta teóricamente cabría una equiparación por arriba).

 

 

nortecastilla.es

La traición de la socialdemocracia

Los partidos reformistas, convertidos en aparatos de gestión del poder, se han olvidado de la defensa de la igualdad contra el sistema de privilegios. Al incorporarse al 'establishment' han perdido su razón de ser

PAOLO FLORES D'ARCAIS 25/10/2009

Creo haber escrito mi primer artículo sobre "la crisis de la socialdemocracia" hace aproximadamente un cuarto de siglo, y eran ya muchos quienes me habían precedido. Sirva ello para explicar que el tema no es nuevo y que puede decirse que las socialdemocracias, en cierto sentido, siempre han estado en crisis (excepto las escandinavas, que nunca llegaron a crear escuela). La raíz de tal crisis reside en efecto en la desviación (un abismo a menudo) entre el dicho y el hecho que las aqueja. La socialdemocracia nació como una alternativa al comunismo en la defensa de la igualdad contra el sistema de privilegios. La alternativa al comunismo se ha conservado (con toda justicia) pero la batalla por la igualdad (es decir, la lucha contra los privilegios) se ha visto reducida a flatus vocis, incluso en su fórmula minimalista de la "igualdad de oportunidades de arranque", que llegó a ser teorizada por numerosos liberales como corolario de la meritocracia individual.

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Al traicionar sistemáticamente su única razón de ser, la socialdemocracia ha estado en crisis incluso cuando ha ganado elecciones y ha gobernado. ¿Cuánto se han reducido las desigualdades sociales bajo los gobiernos de Blair? En nada, si acaso todo lo contrario. ¿Y con Schroeder? ¿De qué puede servir una izquierda que lleva a cabo una política de derechas, si no a preparar el retorno del original?

 

No resulta difícil, por lo tanto, delinear un proyecto reformista, basta tener como estrella polar el incremento conjunto de libertad y justicia (libertades civiles y justicia social). Es imposible realizarlo, sin embargo, con los actuales instrumentos, los partidos-máquina. Porque pertenecen estructuralmente al "partido del privilegio". No pueden ser la solución porque son parte integrante del problema.

Paolo Flores d'Arcais es filósofo y editor de la revista Micromega. Traducción de Carlos Gumpert.

 

elpais.com/articulo de opinion

¿ZAPATERO DIMISIÓN?

¡ZAPATERO DIMISIÓN!, ese es el grito que numerosas personas lazaban cuando el Presidente del Gobierno llegó para asistir al desfile del día de la Fiesta Nacional.

 

¡ZAPATERO DIMISIÓN! gritaban, cuando el Presidente recibía a sus Majestades los Reyes de España.

 

¡ZAPATERO DIMISIÓN! Continuaron gritando mientras sonaban los acordes del himno nacional y así siguieron gritando durante todo el desfile.

 

¿Quiénes eran?, pues las personas que se encontraban frente a la tribuna de autoridades y sus proximidades. Cabe destacar que esta zona, por medidas de seguridad y protección de los Reyes y las Autoridades, son ocupadas por personas invitadas (personal de alto rango de las Fuerzas Armadas y sus familiares).

 

Esos gritos provienen de la España más  ultra conservadora, ultra católica, reaccionaria e inmovilista, en definitiva, de la España más rancia.

 

¿Por qué gritaban Zapatero dimisión? Simplemente, por que esa España no acepta no estar en el poder como siempre han estado; no aceptan lo que el Presidente representa, la España democrática y constitucional;   no aceptan, que el Presidente del Gobierno, en sus cinco años de gestión este cumpliendo con sus promesas del 2004; promover la segunda transición española, segunda transición que profundizaría en la extensión de los derechos civiles de la ciudadanía; ahondaría en el Estado Autonómico avanzando hacia el federalismo y retomaría los valores republicanos de libertad, igualdad y justicia social como propios de la democracia Española.

 

Eso es precisamente lo que no perdonan, lo que no quieren permitir, que el Presidente del Gobierno, este cumpliendo con su programa, con su proyecto político para España. En estos cinco años de gobierno se han promulgado leyes como la Ley de Igualdad, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Matrimonios Homosexuales, las leyes que rigen numerosos Estatutos de Autonomía, La ley de Memoria Histórica, el Estatuto del Trabajador Autónomo, se ha reformado la educación, se ha aprobado la Ley de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles  (que entre otras cosas legaliza la asociaciones profesionales en el Cuerpo), se ha potenciado la sanidad, la investigación, la innovación el desarrollo, etc.

 

Cuenta con proyectos de Ley como el de Libertad Sexual (del aborto), Ley de Libertad Religiosa (que sin duda profundizará en la laicidad del Estado), la Ley de Economía Sostenible (que reformará, regulará, reorganizará el mercado laboral y el tejido industrial español), va a potenciar e incrementar la apuesta y la inversión por las energías renovables, etc.

 

Y lo que es más importante, está dirigiendo una situación de grave crisis económica, interviniendo estatalmente para reactivar la economía y supliendo mediante la iniciativa pública la falta de inversión e iniciativa privada; todo ello sin rebajar los derechos laborales de los trabajadores, sin flexibilizar o abaratar el despido, sin mermar los derechos sindicales ni de negociación colectiva, aumentando las prestaciones para la protección social y ayudas a las personas que han perdido su empleo y se encuentran en situación de precariedad. Quizás sea esto lo mas les jo. . .

 

Simplemente, por todo ello, todos los ciudadanos  que nos sentimos progresistas tenemos que dar nuestro total apoyo al Presidente del Gobierno, lo que no significa un cheque en blanco o un mal entendido corporativismo.

 

Todos lo progresistas, todos los grupos de izquierda, tenemos que aunar esfuerzos para consensuar políticas y presentar enmiendas (incluido el PSOE) a esos proyectos legislativos que no consideremos propios o suficientes, para hacer de ellos unas políticas totalmente comunes y progresistas.

 

Aún gobernando en minoría, el Presidente Zapatero ha demostrado ser un presidente decidido y valiente. Gobernando con el consenso, el acuerdo, la colaboración y el esfuerzo, aceptando y teniendo en cuenta la crítica constructiva de todos los grupos de izquierda y ciudadanos progresistas, conseguiremos que España vuelva a vivir una de las etapas mas prosperas, duradera y progresista.

 

¡CONTINUE SR. PRESIDETNE!      ¡ANIMO SR. ZAPATERO!

 

Jesús Molíns

A LOS GUARDIANES DE LA FE Y LA MORAL:

Ayer, día en que organizaciones provida y proGürtel protestaban contra el aborto, el diario “Público” publicaba que la demanda de píldoras del día después se ha duplicado en su primera semana de venta libre.

 

 

La sociedad real va por un lado y los guardianes de la fe y la moral por otro.

 

 

Los jóvenes follan y hay embarazos no deseados. Hay quienes optan por la vía siempre dura del aborto.

 

 

Señores de la Iglesia y del PP: eviten que sus feligresas y sus hijas lo hagan. Pero desistan de imponer sus doctrinas a los demás.

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http://lacomunidad.elpais.com/jemolgui/2009/10/18/aborto

De impunidad y lealtades

El principio de jurisdicción universal es una aportación de juristas españoles en el desarrollo del debate que suscita Bartolomé de las Casas por los crímenes, hoy llamados de lesa humanidad, cometidos por algunos españoles en América. Diego de Covarrubias es el primero en sostener en su Practicarum quaestionum (Salamanca, 1556) que el autor de algunos delitos muy graves puede ser perseguido en el Estado donde los comete y también en el que se refugia, quien debe detenerlo y extraditarlo o juzgarlo él mismo. En la célebre controversia de Valladolid (1550-1551), Covarrubias apoyó a De las Casas frente a Ginés de Sepúlveda, quien sostenía que los indios no tenían derechos y se les podía someter a los más crueles tratos impunemente. Carlos V, y antes Fernando el Católico, respaldaron a De las Casas.

 

La deshumanización de la víctima es respecto del delito contra la humanidad lo que la ausencia de tribunales respecto de la impunidad, una premisa. Crímenes sistemáticos y generalizados fueron cometidos entre 1933 y 1945 por un Estado cuyos jueces juraron lealtad al führer Hitler y al partido único, mientras cerraban a las víctimas las puertas de los tribunales. En España, tropas insurrectas apoyadas por el führer y el duce Mussolini ocuparon el 1 de abril de 1939 el Tribunal Supremo, expulsaron a la magistratura profesional subordinada a la Constitución y la reemplazaron por jueces que prestaran juramento incondicional al caudillo y a los principios del partido único.

 

En la actual Alemania, todos los poderes (Ejecutivo, Parlamento, tribunales) han terminado por condenar el "delito legalizado" (gesetzliches Unrecht) del anterior régimen; las leyes de 25 de agosto de 1998 y del 23 de julio de 2002 aprobaron "eliminar" las sentencias injustas dictadas a partir del 30 de junio de 1933 por jueces que, al pronunciarlas, participaban en "crímenes del Gobierno" (Regierungskriminalität) y "la impunidad objetiva entonces reinante".

 

En España, en 1985, una nueva ley del Poder Judicial estableció que los jueces son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos solamente a la Constitución y al imperio de la ley". Antes, el 30 de abril de 1977, se incorporó al sistema legal el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, cuyo artículo 15 (2) admite la aplicación retroactiva de la ley penal a los delitos contra los "principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional". Sin embargo, la realidad es que hasta hoy ningún fiscal ni sala de justicia ha investigado los delitos de esa naturaleza cometidos desde el 1 de abril de 1939. Y cuando el 16 de octubre de 2008 un juez de instrucción inició una primera investigación, la Fiscalía del Estado pidió detenerla de inmediato, y la Audiencia Nacional se lo ordenó por una vía que niega la independencia del juez (la documentación de este proceso se actualiza regularmente en www.elclarin.cl, sección España).

 

En mayo de 2009 es el Tribunal Supremo quien somete a proceso al juez, a petición de personas de profesa lealtad a los principios del caudillo que piden removerlo de sus funciones. En paralelo, el Congreso de los Diputados aprobaba una reforma legal dirigida a trabar, a su vez, la investigación de delitos internacionales cometidos fuera de España.

 

Estas acciones son regresivas y recorren un sendero de denegación de justicia. En Alemania, los nietos de las víctimas del führerprinzip (sumisión al jefe) y de quienes juraron lealtad a éste se han reencontrado, no sin dificultades, en un solo Estado en el que se aplican las normas penales internacionales. En España el desencuentro persiste, rigen las mismas normas pero no se aplican. Sin embargo, a diferencia de lo que les ocurrió a sus abuelos, los españoles hoy tienen abiertas las puertas de tribunales fuera de España dispuestos a oír su petición de justicia.

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elpais.com  06/10/2009

Joan E. Garcés es sociólogo y abogado. En 1999 recibió en el Parlamento sueco el Rightlivelihood Foundation Award (Nobel alternativo).

La opinión de Iñaki Gabilondo. Noticias 4, 21.00. Lunes 29 septiembre 2009

"La subida de impuestos ideada por el Gobierno tiene que superar dos tests. Uno, de credibilidad. El otro, de eficacia. El primero es dificilísimo de superar. La subida se ha presentado desde el rincón más a la izquierda del pensamiento socialista. La subida la pagarán los más ricos para que se pueda seguir sosteniendo a las capas sociales más desfavorecidas, se nos dice. Pero eso no está nada claro.

El peso de la carga recaerá menos en los más ricos que en las capas medias de la sociedad.  Es decir, el obus se dispara desde la izquierda pero la diana  está en el centro. Y hasta quienes están más convencidos de que la solidaridad es imprescindible siempre, y más en tiempos de crisis, tuercen el gesto. Porque nos parece muy natural  pagar más que los que ganan menos que nosotros, pero no es natural  pagar más que los que ganan más que nosotros. Incluso mucho o muchísimo más que nosotros. Y tal cosa ocurre a menudo, gracias a las telarañas financieras que pueden montarse quienes más tienen.

El segundo test es el de la eficacia. La transfusión de sangre sostendrá el débil pulso del enfermo pero nada podrá hacer para sanarle. Su enfermedad seguirá adelante sin que le opongamos resistencia, una vez que hemos decidido que sólo acabara con la crisis un remedio que ha de venir del extranjero, y no sabemos cuando.

Pero lo de la oposición es peor. Porque el Gobierno al menos sabe que está en apuros, y suda la gota gorda subiendo una cuesta muy empinada mientras que el PP, ante el avance de la gangrena Gürtel, que puede mandarle al otro barrio, ha tomado las siguientes decisiones, por orden de aparición. Primero, sacarse una foto de familia en señal de protesta por la aparición del mal. Segundo, denunciar a los doctores que lo detectaron y diagnosticaron. Y tercero, organizar celebraciones jubilosas en Valencia y Dos Hermanas. A este alarde de cinismo llama Rajoy sentido común."

blog.cuatro.com

Cuentas oscuras

La subida de impuestos, mal explicada por el Gobierno, condiciona las políticas contra la crisis

 

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 quedó ayer reducida a una sumaria enumeración de modificaciones tributarias que, en conjunto, suponen un brusco cambio de rumbo fiscal después de casi tres lustros de continuas rebajas de impuestos. Al término del Consejo de Ministros que aprobó el borrador de Presupuestos, la vicepresidenta Salgado explicó cómo será la subida de impuestos: el tipo general del IVA aumentará dos puntos (a partir de julio de 2010) y la imposición sobre las rentas del ahorro se elevará desde el 18% al 19% para los primeros 6.000 euros de ganancias y el resto tributará al 21%; el impuesto de sociedades bajará cinco para las pequeñas y medianas empresas. El impacto calculado de las subidas es un aumento de los ingresos del Estado de 10.000 millones de euros.

 

Pero lo que no explicó con claridad la vicepresidenta es por qué se suben los impuestos, para qué se suben y, sobre todo, cuál será el impacto de ese viraje fiscal en la actividad económica española. No es un argumento aceptable relacionar la subida del IVA y de la tributación del capital con un mayor compromiso de gasto social, porque los costes de la crisis -más gasto de cobertura de desempleo- pueden financiarse a través de los mecanismos de deuda. El aumento esperado de recaudación tampoco es suficiente para tapar la enorme brecha del déficit, que este año llegará probablemente al 10% del PIB. Por lo tanto, los contribuyentes tendrán que pagar más sin conocer con exactitud los motivos. Si el Gobierno teme dificultades de endeudamiento a corto o medio plazo debería decirlo; pero ayer, desgraciadamente, no lo hizo.

 

Es evidente que el Ejecutivo no considera necesario defender sus decisiones, por más arbitrarias que parezcan. En un periodo de profunda recesión resulta discutible subir impuestos. No parece la mejor manera de estimular la economía. Pero puede aceptarse si media un cálculo detallado de cuál es su impacto sobre la actividad económica y resulta que las ventajas son superiores a los inconvenientes. Pero también en este caso la respuesta es el silencio. Mientras estas explicaciones no se rindan, los ciudadanos tienen derecho a considerar la subida de impuestos como arbitraria e irreflexiva.

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Sostenibilidad: ¡esa palabra, ese compromiso!

Comparecencia del Presidente Zapatero en el Congreso de los Diputados. De nuevo, debate sobre economía, al hilo de la crisis. Tema relevante en él es la presentación, con más detalle que en otras ocasiones, de la Ley de economía sostenible que prepara el Gobierno. Tendrá tres patas, las tres sobre las que debe apoyarse un desarrollo en verdad sostenible:

 

-sostenibilidad económica, atendiendo a lo que debe ser una economía competitiva y a la vez solidaria;

 

-sostenibilidad medioambiental, relativa a los recursos naturales que hay que utilizar con criterios de conservación que permitan que en el futuro dispongan también de ellos las generaciones que nos sigan;

 

-y sostenibilidad social, la que ha de encarnar un sistema social capaz de albergar y expandir relaciones justas entre personas y colectivos, empezando por la formación a la que los individuos puedan tener acceso desde la igualdad de oportunidades. La política está llamada a conjugar todo ello, radicando ahí una de las claves de lo que una política democrática está llamada a realizar en el día de hoy.

 PÉREZ TAPIAS

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Pandemia y otras plagas

EMILIO LLEDÓ 13/09/2009

elpais.com

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Me permitiré aludir a algunas plagas sociales que se hacen crónicas en nuestra sociedad, y ante las que los ciudadanos están impotentes y, en el peor de los casos, inconscientes. Estas plagas contradicen los ideales de cualquier sociedad saludable, deteriorando los cerebros y los comportamientos.

 

Tal vez la más importante sea la corrupción política, fruto de una corrupción de la mente, de la conciencia, de la sensibilidad, y del compadreo para defender los intereses, casi siempre oligárquicos, de ciertas degeneraciones en la partitocracia. Eso supone no sólo la impunidad de la desvergüenza sino, lo que es más grave, el deterioro y podredumbre del propio cerebro, de la propia personalidad.

 

La familiaridad con la mentira de muchos políticos acaba haciéndoles inservibles no sólo como defensores y administradores de lo público sino que daña, también, su salud personal, inhabilitándoles para realizarse en ese tipo humano del hombre bueno, del hombre decente -spoudaios, decían los griegos- que se inventó en los comienzos de la filosofía política. Hay un texto famoso, en esos primeros momentos de la teoría social, que muestra de qué modo el manoseo de la mentira, el oportunismo y la maldad, sobre todo en el administrador de lo público, termina por degenerar su pensamiento, por destruir su "humanidad", por aniquilar su persona.

 

Más peligrosa que la gripe es la infección que algunos partidos inoculan demagógicamente a sus inocentes partidarios. Claro que muchos de estos partidarios no son tan inocentes, sino que están ellos mismos corrompidos económica o, en el peor de los casos, mentalmente y aplauden, en el aplauso de sus supuestos líderes, sus propias fechorías.

 

Otra plaga funesta parece ser la de aquellos defensores y administradores de lo público que sacan provecho privado, o benefician, contra los "intereses generales" como paradójicamente decía aquel ministro, a sus clanes oligárquicos, a sus amiguetes o amigantes. Es triste que otros partidos no hagan retumbar semejantes desmanes. ¿Hay intereses comunes en lo peor de la partitocracia?

 

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Una lanza en defensa de la Función Pública y del personal a su servicio

Es patético que cada vez que se habla de las y los empleados públicos en España se haga para despreciar su labor e, incluso a veces, sus propias personas. No sé de ningún país de la Unión Europea que cuestione y critique tanto a la gente que trabaja para el Estado, para la ciudadanía.



Aprovechemos ahora que no hay globos sonda sobrevolando el constreñido espacio económico español.

Empezaré por disculpar hablar de temas que igual habría que aplazar para discutir otros más importantes, y no me refiero a la “supuesta” crisis que nos llevan vendiendo casi un año y de la que se libran, como siempre, las grandes empresas, además con una incomprensible ayuda estatal, y las grandes fortunas. Los temas importantes, con mayúscula, serían la pobreza, el hambre, la paz, más bien su ausencia, los derechos sociales,…

Y de lo que yo quiero hablar es de ese colectivo, tan denostado, las más de las veces injustamente, que conforma el personal al servicio de las Administraciones Públicas españolas. Los mal llamados, genérica y despectivamente, “funcionarios”.

Vamos a ver, señoras y señores, cualquier Estado social y democrático de derecho necesita una Administración Pública que mantenga el buen funcionamiento de las instituciones, independientemente del color del Gobierno de turno.

Es patético que cada vez que se habla de las y los empleados públicos en España se haga para despreciar su labor e, incluso a veces, sus propias personas. No sé de ningún país de la Unión Europea que cuestione y critique tanto a la gente que trabaja para el Estado, para la ciudadanía.

Aclaremos ciertas cuestiones que parece que la gente olvida, desconoce o quiere desconocer.

El número de empleadas y empleados públicos en España está por debajo de la media de los países de nuestro entorno (con los que nos gusta compararnos cuando interesa).

El trabajo en las Administraciones Públicas (AAPP) españolas (Estado, comunidades autónomas y entidades locales) está abierto a cualquiera. Tan sólo hace falta preparar unas oposiciones y superar las pruebas selectivas. Así que si tan bien se vive, tan poco se “curra” y tanto dinero se gana (¿?), ahí está para quien quiera probar.

Tenemos la costumbre, no voy a decir si fea o no, de criticarlo todo y de derribar todo aquello que consideremos que es bueno (primero lo subimos en un pedestal para luego bajarlo a pedradas, lo que parece la única, íntima y final intención de esa subida). Quiero decir con esto que si consideramos que el personal al servicio de las AAPP está privilegiado, algo que planteo que no es tan así como lo pintan (los voceros, tertulianos y correveidiles), pidamos igualar al resto de trabajadoras y trabajadores con aquéllos y no atacarles para que lo pierdan. O sea, que en lugar de estar luchando para que todo el mundo esté mejor, jodemos a los que supuestamente están bien.

El personal funcionario no es tan sólo el que trabaja, para muchos va a la oficina, de ocho a tres, cosa que por sí no está mal y que, por lo visto, a todo el mundo le gustaría. Un derecho de las y los trabajadores es tener un horario y un salario digno. Y aquél puede ser de 8 a 15 o de 16 a 23 o de 23 a 7, y la paga, pues ustedes mismos. Piensen que hasta hace apenas dos años, cuando se aprobó el acuerdo para que todos los empleados públicos fueran mileuristas, había gran parte del personal que no llegaba a eso, y aún los hay.

Todo el mundo quiere un buen profesorado que eduque a nuestras hijas, un buen servicio médico que cuide nuestra salud, unos buenos cuerpos de seguridad del Estado que nos protejan, una buena administración de Justicia que haga efectiva la legalidad vigente. Exigimos al Estado que mantenga en buen número esas plantillas para evitar falta de plazas escolares, listas de espera, delincuencia o atascos judiciales. Bien, pues todo ese personal es empleado público.

Retribuciones

El salario en la Administración General del Estado está regulado por los Presupuestos Generales del Estado, que aprueban en el Parlamento aquellas personas que, democráticamente, hemos elegido para que nos gobiernen. Así que los sueldos suben, o no, lo que allí se decida. Hasta mayo de este año, según datos del Consejo de Relaciones Laborales, los convenios firmados hasta esa fecha en España reflejaban una subida media de los salarios del 2,68%, (¡enhorabuena!, y para esas personas también la inflación es negativa). Pero para los “funcionarios” se alzan voces y gritos que reclaman no se les suba ni un céntimo.

Hasta la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, perdón compañeras por el masculino), las y los funcionarios no contaban con una normativa reguladora de sus funciones, deberes y derechos (recordemos que el Estatuto de los Trabajadores, que lo perdonen las trabajadoras, data de 1980).

Hasta el año 2002, las pagas del personal al servicio de las AAPP estaban compuestas de tan sólo el salario base más los trienios, sin computar el complemento específico ni el de destino. Por lo que entre las dos pagas (junio y diciembre) sumaba una mensualidad. Y no es hasta la aprobación del EBEP, que entró en vigor en mayo de 2007, cuando se reconoce el derecho de funcionarias y funcionarios a que las pagas extraordinarias incluyan las retribuciones básicas y la totalidad de las complementarias (artículo 22.4).

Según un estudio presentado recientemente por Gestha (sindicato corporativo de técnicos del Ministerio de Hacienda), “en España existen 16,7 millones de asalariados que perciben un sueldo bruto anual inferior a 13.400 euros, mientras que la retribución media nacional se sitúa en 18.087 euros brutos al año”. Entre los que, por supuesto, están contabilizadas las personas que trabajan para las diferentes AAPP. El estudio también dice que en este país “cerca de 1,6 millones de empresarios y profesionales obtienen unos ingresos mensuales inferiores a 1.100 euros brutos, lo que representa cerca de las tres cuartas partes del total de los trabajadores por cuenta propia”.

La diferencia está, y todo el mundo lo sabe, desde la Administración al común de la ciudadanía, en que esos empresarios y profesionales no declaran todo lo que ganan (y la Inspección de la AEAT no dispone de medios, ni humanos ni materiales, para controlar ese fraude). Por lo que, además, las y los empleados públicos, en muchas ocasiones, no tienen derecho a ciertas ayudas públicas porque sus “miserables” sueldos superan el límite de las “x” veces el salario mínimo interprofesional. Mientras algunos de esos empresarios si pueden pedirlo porque su rendimiento neto (sea calculado en estimación directa o por módulos) no llegan a ese límite.

Temporalidad

Si aumenta el número de empleados públicos, aproximadamente un 20% desde 2004, se crítica porque, sobre todo en épocas de crisis, el de los empleados privados tan sólo ha aumentado un 8%. Pues deberíamos alegrarnos porque, conjuntamente con las empresas, también las Administraciones crean empleo, que además es “fijo” como les gusta resaltar a quienes lo critican. Algo que, cuando interesa, se les reclama para ayudar a superar la crisis (que es, si no, el planE que pretende impulsar a las corporaciones locales, entre otros entes, a salir del bache).

El empleo temporal en la AGE está por encima del 8%, límite que no se debería superar según lo pactado en los Acuerdos Administración-Sindicatos de noviembre de 2002. Según las últimas informaciones, la temporalidad en el sector público está por encima incluso de la que registra el sector privado. Por lo que se desmonta un poquito esa “seguridad” de la que goza el empleado público.

Despilfarros

Las entidades públicas, desde el Estado a los municipios pasando por diferentes empresas públicas, hacen grandes dispendios en eventos varios (desfiles, grandes premios de deportes del motor, regatas, golf, etc), pero el interés político (por el color del ente que lo gasta), o comercial (vende imagen aunque reporte pérdidas), les permite justificar lo injustificable.

Según datos comunicados por las propias empresas del IBEX 35 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el salario medio de sus 562 altos ejecutivos es de 915.000,- € anuales. No es un error, casi un millón de euros a los responsables de esta supuesta crisis que luego presentan expedientes de regulación de empleo y piden, a través de sus “colegas” de la CEOE, limitar los salarios, flexibilizar la contratación y reducir el número de funcionarios porque supone una gran carga para el Estado. Y es éste el que tiene que acudir en ayuda de aquéllas cuando la crisis las hacen temblar (será a las bases porque por arriba ni siquiera necesitan la “manga larga”).

Con 915.000,- euros se podría pagar el sueldo anual de más de 68,28 trabajadores de esos que tienen, según los datos señalados más arriba, un salario bruto anual inferior a 13.400,- euros. Así que, sin comentarios.

Impuestos

El personal al servicio de las Administraciones Públicas paga “religiosamente” la correspondiente cuota del IRPF, declara todos los ingresos en nómina y cotiza el porcentaje legal de Seguridad Social. No cobran en “B”, (o sea, no hacen chapuzas en las que luego digan al ciudadano/a “si no quiere factura no le cobro el IVA”; ahora seguro que alguna persona que esté leyendo esto dice aquello de “pero muchos funcionarios trabajan en otras cosas y no lo declaran”. Que puede ser cierto pero requeriría de un estudio para ver si no es el escaso sueldo lo que les motiva a hacerlo y, si lo hacen, pues que la Inspección mejore sus herramientas para que se vean obligados a declararlo).

Todo el mundo sabe, o conoce a alguien que, siendo trabajador por cuenta ajena, no declara todo lo que gana (y encima se jacta de ello porque “engaña” a Hacienda, cuando en realidad está engañando a toda la ciudadanía); paga un 20% de IRPF, independientemente de sus ingresos, y que, por lo general, se lo devuelven en la declaración de la renta.

Ah, y recordemos que en tiempos de “crisis” como los que vivimos la gran banca mundial, los 15 más grandes, ya han recuperado el valor en Bolsa que tenían antes de la debacle de Lehmann Bros. Y en España los bancos han ganado 8.551 millones de euros hasta junio 2009. Eso sí, es un 12,1% menos de lo que ganaron en el primer semestre de 2008. ¿Dónde está la crisis?

*Iñaki Chaves es sociólogo, redactor de prensa, funcionario de la AGE desde 1984 y afiliado a CCOO.

NUEVATRIBUNA.ES - 4.9.2009

Subir los impuestos

Una cosa esta clara, todo estado debe de financiarse por los impuestos que pagan sus ciudadanos; pero claro, la carga impositiva no puede ser la misma para todos ellos.

Para que una política fiscal sea justa, ésta debe de ser totalmente progresiva, es decir, el que mas tiene, más debe contribuir.

Una subida generalizada es totalmente injusta si no respeta el principio de progresividad; igual que una subida de impuestos indirectos o IVA no es nada progresista ni justo.

Subir los impuesto especiales o el IVA, supone que todos paguemos igual ganemos lo que ganemos. Por poner un ejemplo: el Sr. Díaz Ferranz o el Sr. Botín pagarían el mismo impuesto al comprar un litro de gasolina, una barra de pan o un paquete de tabaco que el Sr. que lleva más de una año inscrito en las listas del INEM y no percibe ninguna retribución; y ¿ganan lo mismo todos ellos?, claramente ni de lejos. Por eso se debe exigir y respetar la máxima de la progresividad fiscal (que pague más quien más tiene).

En un periodo de crisis como el actual., el Gobierno Socialista debería de restablecer el impuesto del Patrimonio, estudiar la creación de un impuesto adicional sobre grandes fortunas, fijar por ley los topes máximos de los sueldos de altos cargos, ejecutivos miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal no sólo es evidente, sino flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.

También haría bien el Gobierno en reconocer errores y anular ciertas decisiones fiscales, que como se ha demostrado, estaban fuera de lugar, pues eran socialmente injustas, favorecían a los más ricos y prácticamente no han incidido nada en las rentas mas humildes, además de diezmar en miles de millones la hacienda pública.

Primeramente se debería de anular la eliminación del impuesto de patrimonio; seguidamente habría también que anular la rebaja lineal de 400 euros, no es progresiva y deja fuera a aquellos ciudadanos que no cuentan con ingresos suficientes; igualmente se debería reformar todas aquellas ayudas que se otorgan de forma lineal, por ejemplo la de 2500 euros por maternidad no puede cobrar la misma cantidad una mujer en paro y sin ingresos que otra con sueldos superiores.

Y una vez reconocidos y subsanados estos errores fiscales, acometer una reforma, de cuerdo con el artículo 31 de la Constitución Española, que hace referencia a que los ciudadanos debemos contribuir al gasto público conforme a nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo, basado en los principios de igualdad y progresividad.

Un sistema fiscal progresista debe basarse en la primacía de los impuestos directos que gravan según los niveles de renta de cada ciudadano.

 

 

Jesús Molíns

La apoteosis de la desigualdad

La igualdad ante la ley es -nada menos- la roca sobre la que descansa el entero edificio del Estado constitucional de Derecho. Ahí reside la identificación de la democracia con la Constitución: igualdad ante la ley y ante la aplicación judicial de la ley. Supone la superación de la Justicia estamental, en la que los nobles y los poderosos no podían ser juzgados por plebeyos, sino sólo por sus pares. En el Derecho democrático absolutamente todos estamos sujetos a la ley, y ésta es igual para todos.

 

La delirante teoría de la conspiración lucubrada por el Partido Popular, pretendiendo que la sujeción a la ley de sus dirigentes o representantes investigados por indicios de corrupción equivaldría a una "inquisitorial persecución", no hablemos ya de su disparatada pretensión de "elevar" esta patraña al Parlamento Europeo en plena presidencia española de la UE, plantea una inadmisible ofensa a la igualdad ante la ley y apunta, queriendo herirla, a la columna vertebral del Estado constitucional.

 

Al margen de otras consideraciones, arroja una conclusión clara, al alcance de cualquiera: su fabricación, cimentada en la mentira y en su reiteración mendaz, quiere encubrir la corrupción e invitar a la ciudadanía a desconfiar de los que la persiguen, no de quienes la practican. El PP miente y lo sabe. Ni las fuerzas de seguridad del Estado -Policía, Guardia Civil-, ni fiscales ni jueces "persiguen" al PP. Persiguen a los corruptos, porque es su obligación, como lo es investigar a cualesquiera presuntos responsables de cualesquiera indicios razonables de criminalidad, cualquiera que sea la naturaleza del hecho punible, Y lo que es más importante, cualquiera que sea el sujeto de la investigación: sea el PIL, sea el PSOE, sea el PP.

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JUAN F. LÓPEZ AGUILAR 28/08/2009

 

El PP y los derechos humanos

He leído atónita en la prensa que el PP se está cuestionando denunciar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que consideran "la persecución" de que dicen ser objeto por parte del Gobierno. Ante tal extravío, y careciendode mecanismos lógicos y racionales para entender tal disparate, se me ocurrió acudir a la Semántica para poder poner en orden las ideas que me inspira el intento de asociación de los conceptos "derecha española" y "derechos humanos", que considero, hoy por hoy, del todo incompatibles.

 

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Porque los del PP llevan años mostrando y demostrando que, si en algo son especialistas, es en pasarse el respeto a los derechos humanos por el forro del traje (quizás por eso se "compren" tantos y tan caros); de hecho, llevan años vulnerándolos, tanto en su cometido como partido de la oposición, como en sus actuaciones de cara al Gobierno y a la ciudadanía. Es de imaginar que los del PP ni se hayan aún leído la Declaración de los Derechos Humanos....porque hablan y actúan al margen de ellos.

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Coral Bravo es Doctora en Filología y miembro de Europa Laica

Derechos humanos frente a la corrupción

España está a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en cuanto a efectividad gubernamental y lucha contra la corrupción. Así resulta de un informe sobre Indicadores de Buen Gobierno elaborado recientemente por el Banco Mundial. Sólo nos hacen malos (y no pésimos) Chipre, Grecia y la querida Italia cuyo nivelazo es inigualable. Los demás países ofrecen mejores resultados. Particularmente en la lucha contra la corrupción, se afirma que España no ha hecho progresos desde 2003.

 

Días antes, la Fundación Alternativas, publicaba su interesante Informe sobre la Democracia en España. En él se afirma que la calidad de ésta ha bajado respecto el año anterior, pasando de un 6,2 a un 6. Se expresa literalmente que "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores".

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Por muy democrático que sea un país si los ciudadanos tienen una percepción que la ley no trata por igual a todos o existe impunidad para diversos jerarcas económicos o de otro tipo o que muy diversos políticos tienen negocios o relaciones peligrosas con auténticos corruptos, deben encenderse luces rojas. La aceptación resignada de todo ello acontece en nuestra cercana Italia. Pero pensemos también en nosotros.

 

Es fundamental valorar nuestras democracias. Éstas se cualifican por el equilibrio de poderes y contrapoderes y la sujeción de todos por igual a la Ley. Pero también por el grado de desarrollo de los derechos humanos. Aquí debe destacarse que junto a los clásicos y fundamentales derechos y libertades, han surgido otros que algunos llaman de tercera generación y que inciden en materias que los textos constitucionales antes no trataban y de los que apenas se hablaba. Son los derechos sobre el tratamiento de datos personales vinculados a nuevas tecnologías y avances científicos, el derecho al medio ambiente y a disponer de agua, los derechos de enfermos y pacientes... Todos tienen reflejo en las últimas normas jurídicas.

 

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No toda responsabilidad es del Gobierno o los Gobiernos autonómicos y locales que tienen mucho que decir (o callar, según se mire). En numerosas zonas costeras, el olor no es sólo de salitre. También instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o los medios de comunicación mucho deberían reflexionar. Y qué decir de los dirigentes que arrinconan códigos éticos y no son nada contundentes a la hora de limpiar su propia porquería y en cambio están siempre dispuestos para ver la viga en el ojo ajeno. Sobra cinismo e incoherencia. Falta valentía, sentido de Estado y responsabilidad. Y reflexión........

 

Jesús López-Medel Báscones es abogado del Estado y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la Asamblea de la OSCE.

 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Derechos/humanos/frente/corrupcion/elpepuopi/20090823elpepiopi_5/Tes

 

Impuestos y corrupción

María Dolores de Cospedal tenía nueve años el día en que murió Franco. Una suerte para ella, pero la número dos del principal partido de la oposición debería compensar, con mejores informes, la lógica escasez de vivencias sobre el régimen anterior a la Constitución. Comparar el comportamiento de la policía y los servicios secretos del dictador con el Estado policiaco en que, según ella, vivimos bajo Zapatero no merece más respuesta que una carcajada.

 

Y sin embargo, parte de la clase política ha dedicado las vacaciones a destriparse, a cuenta de tales comentarios y de otros posteriores de Rajoy, presentando al Gobierno como un inquisidor. Todo esto cuando se acumulan los imputados en investigaciones por presuntos delitos (a los que llamaremos genéricamente corrupción), que han provocado la renuncia del tesorero nacional del PP, grandes salpicaduras entre personas destacadas de este partido en Madrid y un caso Camps pendiente de recurso ante el Supremo.

 

Es una pena confundir el culo con las témporas. Porque el incidente veraniego oculta una seria cuestión pendiente: quién debe garantizar la limpieza en la financiación de la política. Desde hace años se incrementa la sensación de descontrol, y esto supone una descompensación grave respecto a uno de los monopolios que se arroga el poder democrático, que es la recaudación de tributos y su inspección y sanción.

 

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El poder democrático tiene que hacer algo más que crisparse. O bien delimita cuidadosamente las circunstancias en las que cualquier sospechoso pueda ser detenido, esposado, investigado o espiado -que sería muy conveniente-; o quizá alguien intente crear una excepción para los políticos. Altos cargos y parlamentarios ya disponen de un trato preferente a la hora de ser juzgados (el "aforamiento"). Descubrir y probar las sospechas de corrupción precisa de criterios firmes y de aparatos de investigación como los que se ocupan de los demás sospechosos.

 

Lo que no se puede endosar es la táctica del ventilador y de la mierda para todos. Se ve claramente en el cómputo de los casos de corrupción: tú tienes treinta, yo sólo una decena; a ti te han condenado a equis fulanos, a mí sólo a dos pelagatos; tú me espías, yo te digo que eso no me lo dices en los tribunales... Menos mal que el público de este espectáculo, los contribuyentes, anda todavía distraído por las playas.

JOAQUÍN PRIETO 23/08/2009

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Impuestos/corrupcion/elpepusocdmg/20090823elpdmgrep_7/Tes