OPINIONES

AUTO DE FE ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

JOAN E. GARCÉS*

Un psiquiatra me señala este párrafo del auto del juez Varela de 3 de febrero de 2010: "No es razonable pensar que nos encontráramos ante una especie de conspiración de silencio [ante los crímenes del Movimiento Nacional] de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del Ministerio Fiscal" (página 51). Alude a que los actos de naturaleza genocida contra republicanos españoles nunca han sido investigados por los fiscales y jueces que juraron lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, entre ellos el señor Varela.

Asistimos a un auto con el sofisma de que la Ley 46/1977, que amnistía los delitos de "intencionalidad política", prohibiría investigar los de naturaleza genocida impunes, cuando la propia ley se subordina a sí misma a "las normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad". Entre estos se hallaban cuando se aprobó la ley el que sanciona el genocidio. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aplicado por el Tribunal Supremo a la ley de amnistía (sentencias de 18 de mayo y 7 de abril de 1979). Como ambos convenios no admiten la excepción de "intencionalidad política" en el genocidio, la ley 46/1977 lo excluye de su objeto.

En el auto de Varela arde asimismo la doctrina vigente del Tribunal Supremo (sentencias de 13-06-1994, de 24-02-1983, de 15-06-1983) y del Tribunal Constitucional en pleno (sentencias de 9-06-1986 y 3-12-1993), que interpretan la Ley 46/1977 integrándola con el decreto-ley 10/1976, de amnistía. Éste afirma: "(...) Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles".

¿Se amnistiaba el genocidio? No, respondía el fiscal general del Reino en su circular de 13-08-1976, la amnistía no incluía los delitos "que por su carácter atroz no pueden ni deben ser dados al olvido". No cabe "presumir la intencionalidad política" cuando "la excluya la naturaleza específica de la infracción", caso típico del genocidio. En la circular de 20-10-1977, sobre aplicación de la Ley 46/1977, la fiscalía reitera que el ámbito objetivo de dichos delitos debe seguir los criterios fijados en la anterior circular. La Sala Penal del Tribunal Supremo no ha pronunciado sentencia alguna con una interpretación distinta de la Ley 46/1977. Así que el auto de fe en curso trata de crear otra doctrina mientras apiña leña a la hoguera.

En este auto se proclaman sofismas como que la Ley 46/1977 no admitiría interpretaciones judiciales distintas a las del inquisidor. En propiedad, como dijoal votar esta ley el diputado aragonés Gómez de Las Roces, "estamos ante un texto legal lleno de imprecisiones jurídicas. Me basta remitirme al artículo primero de este no estudiado proyecto de ley. Sencillamente, entiendo que carece de los más elementales requisitos de toda tipificación penal, (...) estamos trasladando a los tribunales de Justicia una competencia que es de las Cámaras, o es del Gobierno, pero en modo alguno de los tribunales de Justicia, la de crear la norma".

En efecto, al no establecer esta ley un criterio para determinar los delitos de intencionalidad política -no los definía el Código Penal, el de Justicia Militar ni el de la Marina de Guerra- son los jueces de instrucción quienes, en primer lugar, deberán investigar y calificar la naturaleza del hecho denunciado. Así lo ordena la ley: "La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los jueces, tribunales y autoridades judiciales correspondientes", y "de acuerdo con las leyes procesales en vigor", lo que en el actual Estado de derecho obliga al juez instructor a aplicar los convenios internacionales (artículo 10.2 de la Constitución). Que es lo que ha hecho el juez Garzón en las resoluciones de 2008 por las que le acusan defensores del Movimiento Nacional.

El auto no sólo lleva a la hoguera la doctrina vigente del Tribunal Constitucional (sentencia de 3-12-1993), del Tribunal Supremo (sentencias de. 18-05-1979, 7-04-1979), sino también las memorias de los ministros que participaron en la preparación de la amnistía (Herrero de Miñón, 1999; Alfonso Osorio, 1980), a saber que la finalidad primera de la ley era amnistiar a quienes sufrían entonces cárcel, exilio y otras sanciones por resistir al Movimiento Nacional.

Recordaremos que en la sesión de las Cortes que aprobó la ley de amnistía, la única intervención aplaudida por una Cámara puesta en pie fue la del senador monárquico Satrústegui, tras lamentar que los militares leales a la legalidad republicana no fueran amnistiados con igual amplitud que los que se sublevaron contra el Gobierno constitucional. Al tiempo que el grupo más identificado con el Movimiento Nacional, el presidido por Fraga, no aprobó la amnistía "porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores" (diputado Carro), entre los que no incluía, claro está, a los alzados en armas contra la Constitución republicana.

En el auto arde asimismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuya doctrina es obligatoria para España y que declara conforme con el principio de legalidad penal aplicar la ley vigente en el momento del acto delictivo pero interpretada según los principios del actual Estado de derecho (sentencias Jorgic; Kolk y Kislyiy), que no son amnistiables los delitos de lesa humanidad (sentencia Ould Dah) y que la investigación y sanción actual de actos genocidas cometidos hace 70 años no es aplicación retroactiva de la ley penal.

Arde también la doctrina de la Corte Internacional de Justicia, que en el caso sobre la aplicación del convenio contra el genocidio, de 26-02-2007, determina la noción de grupo protegido según el método positivo, diferenciando el grupo en virtud de lo que los propios autores del crimen consideran características propias (párrafo 196). Y la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia (sentencia Jelisic; Krstic) y para Ruanda (sentencias Akayesu; Kayishema; Rutanga; Musema; Bagilishema), que admiten integrar en el delito de genocidio la acción de un Gobierno para exterminar físicamente a un grupo nacional opositor a su ideología o a su proyecto. El fuego consume también la doctrina del Supremo español que define el "grupo", en el marco del mismo convenio, como "un número relevante de personas relacionadas entre sí por características que las diferencia de los demás miembros de la población" (sentencia de 1-10-2007), y el voto particular del juez Joaquín Giménez, según el cual "grupo nacional incluye el exterminio de los grupos políticos de la misma nacionalidad" y "carece de sentido excluir del genocidio la política de exterminio ejecutada contra un subgrupo nacional por razones políticas cuando, por el contrario, la muerte o la práctica de cualquiera de las conductas que integran el crimen de lesa humanidad dirigidas por un grupo contra otro de la población civil, o parte de ella, son considerados tales crímenes".

Este auto de fe daña la convivencia en libertad y democracia. En vez de asentarla en la aplicación efectiva de leyes democráticas imperativas, la hoguera corporativista arroja a unos españoles contra otros en la inocultable, hiriente y discriminatoria impunidad de las mayores fosas comunes de Europa occidental, del secuestro de más de 30.000 niños de familias republicanas y su traslado por la fuerza al grupo del Movimiento Nacional, cuya identidad sigue cambiada; de la desaparición de más de 115.000 personas; de la ejecución de más de 300.000; del sometimiento intencional de decenas de miles a trabajos de esclavo; de la detención y tortura sistemática y generalizada; del desplazamiento de centenares de miles al exilio, negándoles la nacionalidad, con lo que decenas de miles de ellos fueron llevados a campos de exterminio nazis, etcétera.

Como se advierte en el extranjero, este auto de fe es un peligro para el orden público internacional, que se asienta sobre la derrota de los principios de la coalición nazi-fascista y el desarrollo de los reconocidos en el estatuto y la sentencia del tribunal que, en Nüremberg juzgó en 1946 a los principales responsables del régimen que ayudó a instalar en España el Movimiento Nacional. Bastará recordar que la Unión Europea considera incompatible con sus fundamentos ocultar el genocidio de los armenios en la Turquía de 1915-1918, y que en la Europa Central y del Este los tribunales aplican hoy la doctrina del TEDH a la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos antes y después de 1939.

Tiene motivos la opinión pública para movilizarse contra este ataque a principios de una sociedad democrática.

*Joan E. Garcés es sociólogo y jurista.

El País. 18/05/2010

Hay venganzas, luchas de poder que al final se lo llevan todo por delante

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 16/05/2010

 

Llegó a la Audiencia Nacional cuatro años después que Baltasar Garzón, en 1990, desde un juzgado de instrucción de Bilbao. José Ricardo de Prada (Madrid, 1957) estuvo en los plenos de 1998 de Argentina y Chile y en el caso Pinochet. Llevó la ponencia del caso Scilingo. Y entre 2005 y 2007 fue magistrado para los crímenes de guerra de la Corte de Bosnia Herzegovina. Ahora participa en un proyecto de la UE para asesorar a jueces y fiscales en Colombia como experto en Derecho Penal Internacional.

 

El viernes salió a despedir a Baltasar Garzón a las escalerillas de la Audiencia y mañana, asegura, será el lunes más cuesta arriba de su carrera profesional. Votó a favor de la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo, la causa por la que su colega ha sido acusado de prevaricación. Acepta esta entrevista porque está preocupado "como juez y como ciudadano" por lo que resume como "la profunda capacidad de causar injusticia que tiene la justicia".

 

……………

 

P. ¿Qué pierde la Audiencia Nacional sin Baltasar Garzón?

 

R. Sin duda a un buen juez, y los que estamos allí, a un magnífico compañero. Baltasar Garzón es una buena persona. La justicia española, en general, probablemente pierda mucho más. Se puede discrepar con él, pero también se le deben reconocer todos sus méritos, que son muchísimos. Ha protagonizado episodios únicos en la historia, no solo de la jurisdicción española, sino del mundo, en los que otros jueces y fiscales hemos tenido la suerte de acompañarle. Tuve la fortuna profesional de participar en el Tribunal que juzgó el caso Scilingo, referido a la dictadura Argentina, y de redactar la sentencia. Sin la instrucción llevada por este juez no hubiera sido posible. Espero sinceramente que el Tribunal Supremo termine sabiendo calibrar la situación y volver las cosas a su sitio.

 

………………….

P. El principal argumento esgrimido contra la decisión de Garzón de abrir una causa contra el franquismo ha sido la Ley de Amnistía. ¿Cuál es su opinión sobre el alcance de esta ley?

 

R. Desde luego, mi opinión a este respecto es que la Ley de Amnistía tuvo su valor y su importancia en su momento. He tenido ocasión de analizar recientemente algunos casos y su aplicación o no aplicación entonces a ciertas situaciones causa cierta perplejidad en el momento actual. Su aplicabilidad en este momento a ciertas situaciones requiere un análisis muy cuidadoso. De todos modos, de ninguna manera se le puede dar el valor que algunos pretenden, de ley de punto final que blindaría e impediría cualquier investigación sobre los crímenes del pasado. Eso sería cuando menos inconstitucional. Mi opinión es que de ninguna manera es aplicable a determinados delitos. Me refiero especialmente al delito de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, que van mucho más allá de los meros delitos políticos que eran los previstos en la Ley de Amnistía. Pronunciarse jurisdiccionalmente en ese sentido creo que es perfectamente defendible y, de verdad, no creo que tenga nada que ver con prevaricar.

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Jueces bajo sospecha

MILAGROS PÉREZ OLIVA 16/05/2010

 

Las páginas de la sección de España aparecen repletas de crónicas sobre asuntos políticos que se dirimen en sede judicial y de informaciones judiciales de claro componente político. En esas informaciones aparece a veces como elemento destacado la adscripción ideológica de jueces y magistrados. Hasta hace poco, este tipo de etiqueta solía aparecer en las noticias relacionadas con los órganos de gobierno de la Administración de justicia, que no dejan de ser instancias políticas sometidas, como todas las demás, al escrutinio público. Ahora, sin embargo, el etiquetaje ideológico no se aplica ya únicamente a las asociaciones, sino a los propios jueces, y no sólo en relación a su actividad corporativa, sino en noticias relacionadas con su función jurisdiccional, es decir, las decisiones que toman al impartir justicia. Este etiquetaje incomoda sobremanera a muchos jueces y algunos de ellos se han dirigido a la Defensora para expresar su malestar por ello.

 

La problemática es compleja y, lamentablemente, de rabiosa actualidad. Comenzaré por responder a una pregunta muy concreta que me dirige José Antonio Beobide Aizpuru, de Bilbao: "En relación con las etiquetas progresista/conservador que se aplican a los jueces del Tribunal Constitucional o a los vocales del Consejo General del Poder Judicial en su diario, ¿cuáles son los criterios que les sirven para calificarlos de una u otra manera?".

 

Traslado la cuestión a dos de los periodistas más veteranos de EL PAÍS, José Yoldi y Julio Martínez Lázaro, especializados en información de tribunales. "La Constitución prohíbe que los jueces militen en partidos políticos, pero obviamente entre ellos existen diferentes maneras de entender la justicia. Una parte de los jueces se ha agrupado en asociaciones profesionales que se comportan casi como partidos políticos. Su influencia ha llegado a ser tal que, a pesar de que la mitad de los jueces en ejercicio no están afiliados a ninguna asociación, tres de ellas copan casi la totalidad de los puestos, no sólo del órgano de gobierno del Poder Judicial, sino de los órganos jurisdiccionales que dependen del mismo. El hecho de estar afiliado a alguna de esas asociaciones es en estos momentos determinante para la carrera profesional de cualquier juez", afirman.

…………….

El que los jueces puedan estar bajo sospecha de parcialidad es demoledor no sólo para la justicia, sino para el sistema democrático. No hemos llegado a esta situación por culpa de los medios, pero los periodistas tenemos nuestra propia responsabilidad: la de atenernos estrictamente a los hechos, centrarnos en lo que es, más que en lo que puede ser, y evitar cualquier anticipación especulativa.

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Izquierda Socialista y De la Rocha demandan "equidad en el sacrificio"

El País. ANABEL DÍEZ - Madrid - 14/05/2010

Ante la trascendencia de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, la dirección del PSOE pide a su partido cohesión y prudencia. De momento, sólo los diputados de Izquierda Socialista y el parlamentario Manuel de la Rocha, vinculado a UGT, piden "un debate para buscar medidas que consigan la equidad en los sacrificios".

Ante la trascendencia de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, la dirección del PSOE pide a su partido cohesión y prudencia. De momento, sólo los diputados de Izquierda Socialista y el parlamentario Manuel de la Rocha, vinculado a UGT, piden "un debate para buscar medidas que consigan la equidad en los sacrificios". No obstante, la preocupación y "la consternación" eran ayer evidentes entre parlamentarios y cuadros políticos regionales y provinciales consultados por este periódico. Pero la dirección socialista está muy segura de que todos los militantes defenderán las medidas.

Ahora bien, el PSOE quiere atajar la posibilidad de que el mensaje se disperse y ocasione confusión. Así, la dirección ha pedido a su partido que "no entre en detalles" sobre las medidas, entre otras cosas porque aún están en elaboración. La instrucción queda clara en el escrito que recibieron ayer los parlamentarios y los cargos orgánicos e institucionales del PSOE. "Os pedimos que no entréis en detalles sobre las medidas relacionadas con la bajada del sueldo de los funcionarios y sobre el establecimiento de un nuevo impuesto a las rentas altas". El escrito continúa: "En cuanto a los detalles de estas medidas, hay que remitirse al Consejo de Ministros del próximo 21 de mayo".

A la dirección del PSOE le importa mucho que no se hable de una posible subida de impuestos, a la que dio cierto pábulo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en respuesta al diputado de ICV, Joan Herrera, que le pidió cargar el esfuerzo en las rentas altas. Con diferentes palabras se han aproximado a lo dicho por el presidente la vicepresidenta económica, Elena Salgado; el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y el ministro de Fomento, José Blanco, lo que se ha interpretado como "contradicciones".

Pero los pocos que saben a qué se refiere el presidente aseguran que no hay tales contradicciones, sino "contención", porque no quieren desvelar el contenido de próximas medidas. Los citados las conocen. Sólo llaman la atención sobre el hecho de que ninguno ha defendido la subida del IRPF en los tramos más altos, sino que sugieren propuestas para "los que más tienen". En el recorrido que los ministros y los dirigentes socialistas -José Antonio Alonso, Eduardo Madina, Leire Pajín, Elena Valenciano, Antonio Hernando y Gaspar Zarrías- hicieron por numerosos medios de comunicación para justificar las medidas del recorte, ninguno se refirió a la subida del impuesto de la renta. "Hay otras posibilidades", trató de zanjar Blanco.

Además, en la reunión de los barones territoriales de la tarde del miércoles en la sede federal del PSOE en Madrid, el propio Zapatero apuntó a "los que más tienen" como los sectores a los que se pedirá un esfuerzo. Era una respuesta a las intervenciones de los secretarios generales que demandaban precisamente gestos de equidad.

Esto es lo que reclama la corriente Izquierda Socialista en voz de sus dos parlamentarios, Juan Antonio Barrio de Penagos y José Antonio Pérez Tapias. "Vamos a pedir un debate en el partido y en el grupo parlamentario para arbitrar medidas de equidad en los sacrificios", señala Barrio de Penagos.

En línea con la opinión de los sindicatos, el diputado socialista por Madrid Manuel de la Rocha considera que estas medidas suponen "una derrota de la democracia frente a los poderes económicos y de la izquierda razonable de Europa frente a la manada de lobos de los mercados, que, además, carga el peso sobre sectores que tienen poco". Para compensar, propone medidas "sobre la banca y las rentas altas".

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LO QUE NO SE DICE DE LA CRISIS

VICENÇ NAVARRO*

 

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.

 

Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.

 

Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.

 

Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.

 

Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.

 

Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.

 

Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).

 

En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.

 

El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.

 

*Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

LAS LECCIONES DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA

Juan Torres
04 de mayo de 2010 
 
 
El gobernador del Banco de España ha vuelto a intervenir en la vida pública, haciendo gala de que es una de las grandes figuras de la política española y no un simple técnico como dicen de sí mismos él y sus colegas. Y lo ha hecho también una vez más defendiendo las posiciones de la patronal y de los grandes bancos y grupos financieros a los que sirve. Mostrando igualmente que ni él ni la institución que gobierna son tan independientes como dice su estatuto.
 
Ahora afirma que hay que "extraer lecciones de Grecia". Una recomendación muy sensata que todos deberíamos seguir si no fuera porque las lecciones que extrae son del mismo tipo que las que extrae de cualquier circunstancia que sea, llueva o haga sol.
El gobernador no dice que haya que sacar lecciones de la política de los gobiernos conservadores que llevaron a Grecia a la ruina. Una política que es la misma que su institución defiende.
 
El gobernador no recomienda que saquemos lecciones de la especulacióin que se ha cebado sobre la economía griega en los últimos meses de mano de fondos especulativos que no buscan sanearla ni darle más estabilidad sino ganar miles de millones aunque sea a costa de que todo salte por los aires.
 
El gobernador no tiene que aprender ni nos recomienda a los demás que aprendamos a controlar a los bancos para que no vuelvan a provocar la crisis que ha obligado a que los gobiernos de medio mundo, entre ellos el griego, tengan que endeudarse hasta las cejas enriqueciendo así a la banca privada que provocó la crisis.
 
El gobernador no recomienda que saquemos lecciones del mal funcionamiento de la zona euro, de la falta de coordinación política o de la ausencia de instituciones y mecanismos que permitan hacer frente a los desequilibrios que, como en el caso griego, se puedan producir.
 
El gobernador no saca conclusiones de la falta de control de los bancos que estafaron al pueblo griego, o de la complicidad del Banco Central Europeo con los banqueros que se enriquecieron ocultando las cifras del déficit griego.
 
El gobernador tampoco extrae lecciones de la ceguera de los supervisores que como él no apreciaron lo que se venía encima a pesar de ser tan listos, de autoproclamarse depositarios de la verdad y de tener a su disposición los medios más privilegiados para seguir la coyuntura económica.
 
El gobernador no saca lecciones de la burbuja inmobiliaria y financiera que los bancos centrales como el suyo dejaron expandirse. El gobernador no nos dice que extraigamos lecciones de la deriva regresiva de las políticas fiscales de los últimos años.
 
El gobernador no extrae lecciones del incremento de la desigualdad de los últimos tiempos, ni le preocupa que el ahorro se haya estado dirigiendo hacia la especulación. El gobernador no extrae lecciones de lo que están haciendo los bancos con el dinero público que en lugar de utilizar para financiar la economía lo usan simplemente para mejorar sus resultados y repartir dividendos multimillonarios a sus accionistas.
 
El gobernador no extrae lecciones de lo que ocurre cuando los mercados se debilitan pr la precariedad en el empleo y los bajos salarios. El gobernador no saca conclusiones del hecho de que los bancos multipliquen artificialmente la deuda gracias al sistema de reservas fraccionarias que produce inestabilidad permanente y las crisis financieras recurrentes.
 
El gobernador no tiene nada que aprender del hecho evidente de que la plena libertad de movimientos de capital está generando la etapa de mayor y más dañina inestabilidad financiera de la historia. El gobernador no extrae lecciones de la falta de opacidad en la que actúan los bancos y los grandes financieros y su propia institución oculta la situación real de los bancos españoles engañando a la ciudadanía.
 
El gobernador no extrae lecciones de los problemas que plantea la cada vez mayor concentración del poder financiero y de la banca y se dispone a entregar en bandeja a los banqueros españoles parte del mercado que hasta ahora controlaban las cajas de ahorro. El gobernador mira a otro lado y no es capaz de extraer lección alguna de lo que ha supuesto no disponer de banca pública y dejar la financiación imprescindible de la vida económica en manos de los bancos privados.
 
No. De nada de esto extrae lección alguna el gobernador.
 
Las lecciones que según él hay que extraer del caso de Grecia es que en España se deben rebajar los derechos sociales reduciendo el gasto público público, y los derechos y los salarios de los trabajadores reformando las leyes que regulan el mercado de trabajo.
 
Esa es la única lección que según el gobernador del Banco de España, como según la patronal y los banqueros, debemos aprender los españoles. Una lección falsa con la que consuman un vergonzoso engaño a los ciudadanos porque ocultan a la ciudadanía que lo que ha pasado o pase con las cuentas del Estado o en el mercado de trabajo no es causa sino efecto de lo ocurrido en el sector financiero y en el mercado de bienes y que por tanto es en estos espacios en donde se debe actuar.
 
Concretamente, reduciendo los derechos, los privilegios y el poder de los financieros, de los banqueros y de la gran patronal y no de los trabajadores de a pie. Conseguirán lo que se porponen si la ciudadanía no se moviliza y se enfrenta a ellos con decisión. Pero yo no pierdo la esperanza de que así sea y de que, en Grecia, aquí y en todos los sitios, se ponga algún día de relieve el latrocinio que están llevando a cabo los banqueros y la complicidad vergonzosa de estos funcionarios que en lugar de servir al Estado y a los ciudadanos trabajan a su servicio.

Alguien tiene que acabar en la cárcel y no es difícil saber quién está detrás de los ataques a la deuda española

Dos amigos que iban por la selva se toparon repentinamente con un león ; dispuesto el félido a saltar para devorarlos, uno de ellos comenzó a correr apresuradamente. “No corras” –le dijo su amigo desamparado-, “de nada te va a servir huir porque nunca podremos ser más veloces que esta fiera”. El primero, sin detenerse, gritaba en su huída : -“No corro para ser más veloz que el león, sino para hacerlo más deprisa que tú”.

El pasado lunes, tres de mayo, expliqué en la Ejecutiva de mi partido, que dado que ese día el mercado más especulativo del mundo, Londres, estaba cerrado, sería el martes cuando comenzarían los feroces ataques contra la Deuda Soberana de España. Tengo a bien conocer a media docena de operadores de la city y no dudé en advertir, teniendo tan segura fuente, delante de dos ministras del Reino de España, que al día siguiente algunos iban a aprovecharse y abrir posiciones cortas.

Posición corta
¿Qué es una posición corta? ..............

elplural.com

Carta de Milagros del Corral a sus compañeros de la Bibioteca Nacional

La directora, que presentará su dimisión al aplicarse la degradación de la institución, ha enviado este cariñoso documento de agradecimiento a sus trabajadores

Querido colegas:

Como sin duda sabéis, las medidas arriba citadas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes 30 de abril (http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/) La BNE se encuentra entre las 32 Direcciones Generales que deberán ser suprimidas en aras de economizar fondos públicos. De acuerdo con la exposición de motivos del citado documento, que contiene apreciaciones que nadie en su sano juicio puede compartir, los organismos autónomos afectados mantienen su Estatuto si bien devaluado ya que su director tendrá un nivel de Subdirector General.

Horas antes de la adopción de este Acuerdo, la subsecretaria tuvo la deferencia de venir a comunicármelo personalmente y la ministra, de camino a Israel, también me llamó. Convinimos que al regreso de la ministra, mantendríamos una reunión a tres para analizar la nueva situación al regreso de la Ministra. Dicha reunión ha tenido lugar hoy a las 12,30 en el Ministerio, lo que ya supistéis a través de Intranet.

Como quiera que, en lo personal, nada me ata a este puesto ni siquiera a este país (muchos sabéis que mi marido vive a 8.000 km en Colombia y que yo estoy jubilada tanto en las Naciones Unidas como en la Administración española) carezco de todo interés personal en esta cuestión. Por ello, durante el fin de semana, analicé cuidadosamente todas las implicaciones que esta desafortunada decisión podría tener para la BNE ya que no se trata de un relevo de dirección que sería perfectamente normal y discrecional para el Gobierno, sino de una devaluación cierta de la capacidad de su Dirección de determinar estrategias, incoar gastos, diseñar partenariados, determinar la política de exposiciones y acción cultural, etc. que cortará las alas de la BNE y opacará su labor: En otras palabras, el Estatuto se mantiene de facto pero la Biblioteca tendría que pedir autorización al Ministerio para cualquier nueva actuación.

Hoy la ministra me ha ofrecido continuar al frente de la BNE como directora en base a un contrato laboral de alta dirección. Considerando que la cultura poco importa, las bibliotecas menos, que el supuesto ahorro no existe de hecho, y que la decisión, adoptada deprisa y corriendo y sin ni siquiera alertar a la presidenta de nuestro Patronato, debió basarse en la consideración de que suprimir la BNE tendría escasa repercusión y menor coste político que el cualquier otra alternativa, estimo enormemente injusto que este hecho se produzca tras casi 20 años de autonomía de decisión y en vísperas del Tricentenario de la BNE, así como una falta de consideración del notable progreso e imagen institucional que, gracias a todos vosotros, ha protagonizado la Biblioteca en todos los campos y tanto en el ámbito nacional como internacional. En mi opinión, la BNE no merecía semejante tratamiento denigratorio y por ello he declinado el ofrecimiento de la ministra agradeciéndole muy sinceramente la confianza prestada durante los dos años y medio que he permanecido al frente de esta institución. También he abogado en favor de la revocación de tan peregrina decisión que supone un menosprecio para este equipo que todos formáis. En estos mismos términos me he expresado ante los medios de comunicación a la salida de la reunión.

Las medidas serán publicadas en el BOE el próximo viernes, 7 de mayo.

Aunque espero tener la oportunidad de hacerlo personalmente antes de mi partida, quiero deciros cuán orgullosa estoy de todos vosotros y de cuantas tareas hemos desarrollado juntos a lo largo de estos últimos tiempos: los progresos en proceso, la catalogación de fondos antiguos, la digitalización e innovación digital, los nuevos servicios a los lectores e investigadores, las exposiciones y actos culturales, el posicionamiento internacional, la captación de recursos extrapresupuestarios, la administración por objetivos, las tareas jurídicas, la imagen institucional, y un largo etc. Ha sido una extraordinaria aventura desarrollada en un corto espacio de tiempo que para mí ha resultado apasionante. Sois un equipo estupendo tanto profesional como humanamente, protagonista de tantos parabienes como he venido recibiendo de todos cuanto os conocen. De todo corazón, GRACIAS!!! Pronto empezará una nueva era para vosotros y para la BNE. Aunque la crisis hará la vida más difícil, tengo fe ciega en vosotros y en el enorme potencial de la BNE para salir adelante y celebrar airosamente el Tricentenario. Yo no andaré muy lejos de todas formas, ya que, a título personal, me hice fundadora de la Fundación de Amigos de la BNE que ahora empieza su andadura.

Con mi respeto, aprecio y amistad personal, os deseo a todos mucha suerte y larga vida a nuestra querida BNE.

Milagros del Corral

¿Dónde está escondida la extrema derecha? En Génova, 13”

¿Debería ilegalizarse Falange? El 66% de las casi 15.000 personas que participaron en la encuesta de La Noria de este sábado respondió que ‘sí’, coincidiendo con la opinión de los analistas de la bancada progresista. El debate político evidenció anoche una línea divisoria clara entre los dos bandos. “En democracia no caben todos, no caben aquellos que no condenan la violencia y los crímenes franquistas”, sentenció Enric Sopena. Para María Antonia Iglesias, “es un ejercicio de cinismo que estos señores se cuelen por las rendijas de la democracia para burlarse de ella”. En cambio, del otro lado, se defendió que Falange continúe siendo legal porque también lo son partidos como el comunista y los nacionalistas, que pertenecen a la “extrema izquierda”.

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elplural.com

La responsabilidad penal del menor

 

Cuando tratamos el tema del derecho penal de menores debemos ser conscientes de que diferenciarlo de la responsabilidad penal de adultos es la base para otorgar a ambas el sentido que debe atribuírseles.

 

Así, es la exposición de motivos de toda ley la que determina los aspectos fundamentales de su articulado, de tal modo que su contenido resulta de obligada lectura para conocer el espíritu de la ley. En este sentido, por lo que respecta a la ley de responsabilidad penal del menor (ley orgánica 5/2000), la declaración de la primacía del interés superior del menor es tan expresa que todo su contenido gira en torno a esta máxima.

 

Además, bajo la convicción de que las infracciones cometidas por menores son  generalmente irrelevantes y de que el número de asuntos que conocen los juzgados de menores (1) no encuentra su equivalencia con los asuntos conocidos por los juzgados de instrucción y penal, el contenido de la ley se fundamenta en la reeducación del menor, enumerándose en el texto de la ley (Art.7) unas medidas preventivo-especiales orientadas hacia la efectiva reinserción y reeducación.

 

 No obstante, dejar bajo la voluntad del menor el rechazo a medidas de deshabituación para el abandono de la dependencia de bebidas alcohólicas o consumo de drogas puede ser el aspecto más controvertido para la consecución de su interés. (Art.7.1 d y e). Si se constata en la comisión de un delito o falta la grave alteración de la conciencia de la realidad por el consumo de estas sustancias, es evidente que el tratamiento de deshabituación debe ser de obligado cumplimiento, pues el carácter especial del derecho penal de menores así lo debe exigir.

 

Por consiguiente, aunque nos encontremos ante un sector del ordenamiento jurídico formalmente penal, desde un punto de vista material se trata de un sector sancionador y educativo que se rige por el principio de intervención mínima al posibilitar la conciliación y el resarcimiento a la víctima o perjudicado cuando las circunstancias así lo permiten. Es el sujeto penal el que, por su capacidad cognoscitiva y su inacabado desarrollo de la personalidad, el que nos sitúa en esta especialidad del derecho penal. No obstante, esta responsabilidad del menor va cumplimentada por la de aquellos que ejercen la patria potestad, guarda o tutela, o al menos por aquellos que debieron ejercerla, y es que el comportamiento de los padres respecto de los actos cometidos por sus hijos entra a ser valorado judicialmente, (“culpa in vigilando”) siendo moderada su responsabilidad civil cuando estos no han favorecido el comportamiento de sus hijos con dolo o negligencia grave. (Art.61).

 

Aún así, debemos ser conscientes que los últimos llamamientos de reforma de esta ley vienen, a mi juicio, motivados por los condenables acontecimientos aislados que los medios de comunicación difunden, sobre todo la televisión, que contribuye a generar juicios paralelos poco recomendables.

 

Realmente, el nacimiento de esta ley reflejó una falta de rigor considerable. Recordemos que la ley de responsabilidad penal de menor nació en el año dos mil, siendo publicada en el BOE de 13 de enero del citado año y con una “vacatio legis” de un año, lo que supone que hasta el año siguiente no entraría en

vigor. Pues bien, durante este año de vacatio la ley fue modificada en dos ocasiones mediante sendas leyes orgánicas (7 / 2000 y 9/2000) y, posteriormente ha sido reformada en dos ocasiones más, lo que indica por lo tanto la exigencia de un debate parlamentario más profundo sobre el tema para no proceder a continuas reformas o que, al menos, las mismas no respondan a la alarma social desatada por las últimas noticias que publiquen los medios, pues esta alarma debe fundamentarse en la permanente reiteración de casos abominables cometidos por menores y no en la condenable consecución de hechos aislados.

 

 

Considero que toda reforma que mejore la ley es positiva, pero la venganza y la justicia son principios y valores antagónicos, lo que determina que nadie puede ser juez de su propia causa.Así, toda reforma de la ley debe ser consecuencia de un debate reflexivo y sereno sobre los aspectos necesarios de modificación para mejorar la ley. Sin pecar de un excesivo idealismo y rechazando posturas represivas, debemos optar por un resultado equidistante de extremos enfrentados, y es que la labor de educar mediante valores democráticos y de crear ciudadanos virtuosos también se encuentra en este sector del derecho.

 

José Luis Garrido García, Abogado.

Miembro de Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid

Pervivencia del franquismo judicial

SALVADOR MILÀ 13/04/2010

Parece que en España algo quedó a medio hacer, o se hizo mal, en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, en relación al sistema judicial, a éste tercer poder clave para determinar la calidad y buena salud democrática del Estado social y democrático de derecho.

 

En estos últimos meses se están poniendo de manifiesto, de forma descarnada, muchos malentendidos -o sobrentendidos- en relación a la legalidad -formal- y legitimidad -social y política- del entramado judicial de excepción -primero- y "especial" -después- puesto en pie por la Junta Militar rebelde durante la guerra civil de 1936-39 y los sucesivos gobiernos del dictador Francisco Franco a golpe de bandos, decretos leyes, leyes de legislador único y expedientes de depuración, sin otra legitimación que la fuerza de las armas ni otra aspiración que la aniquilación y la venganza del "enemigo interior".

 

La sociedad española asiste con incredulidad a una serie de pronunciamientos judiciales -y fiscales- entorno a cómo aplicar la Ley de Memoria Histórica, ante las lógicas peticiones de revisión de sentencias condenatorias de personas a las que el Gobierno solemnemente ha reconocido que fueron injustamente encarceladas o ejecutadas por tribunales ilegítimos; o entorno a las resoluciones del Tribunal Supremo que dan pábulo a las denuncias falangistas contra el magistrado Garzón, acusándole de prevaricar por el simple hecho de abrir diligencias, a instancia de partes legítimas, para averiguar el paradero de los desaparecidos a causa de la represión en el bando franquista. Con la paradoja de que se trata de acallar la acción judicial al amparo de una -cuando menos- sesgada interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 como "ley de punto final" que ampare el olvido de las víctimas, evite la localización de sus cuerpos y la reparación de su honor y memoria familiar, a la par que esquiva el juicio de responsabilidad moral de sus asesinos e inductores.

 

Ya antes de la Ley de Memoria Histórica se habían dictado resoluciones del Tribunal Supremo, específicamente de su Sala de Justicia Militar en que, como si estuvieran fuera del tiempo y del espacio, con la asepsia de la sábana que tapa el cuerpo del delito, se invocaron argumentos formalistas relativos a la -al parecer- inexistencia de "nuevos hechos relevantes" que pudieran hacer necesaria la reconsideración de lo "juzgado" en su día por tribunales indignos de llamarse de justicia, para denegar la revisión de juicios sumarísimos que condenaron de forma injusta, alevosa y sin respetar los mínimos principios de un proceso penal digno de tal nombre, a personas tan significativas como Joan Peiró, líder sindical ejemplar, ministro de Industria de la República, que se opuso de forma pública y valiente a los desmanes de los incontrolados en los primeros días de la guerra civil en Cataluña (inexcusable la lectura de su recopilación de artículos Perill a la reraguarda!) y que salvó a cientos de personas.

 

Ante este panorama en la dehesa judicial, el fiscal superior del Estado, asistido de su junta de fiscales, ha optado por denegar la petición de la Generalitat de Catalunya -amparada por la Fiscal Jefe de esta comunidad- de promover la correspondiente revisión del juicio que condenó a muerte al President mártir Lluís Companys, con el singular artilugio de atribuir a la fiscalía del Estado una inexistente facultad de declarar nula la sentencia, cosa que la ley no hace directamente ni mucho menos le atribuye al fiscal.

 

Es más que probable que el fiscal del Estado haya tratado así de evitar un nuevo escándalo público judicial, en previsión de un pronunciamiento de la Sala Militar del Tribunal Supremo, que, ignorando la expresa e individualizada declaración de ilegitimidad y de falta de todo atisbo de justicia material en la sentencia que le condenó, que se contiene en el reconocimiento del gobierno.

 

Sin pasar por alto, ya puestos, el que todavía el Tribunal Supremo no haya hecho un reconocimiento solemne de la dignidad y honorabilidad de los cientos de jueces y magistrados que fueron apartados de sus carreras, degradados o ejecutados por no dar amparo con su toga a la rebelión, o por negarse a juzgar y condenar por rebeldes a las autoridades legítimas.

Salvador Milà es diputado de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña.

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Antidemócratas

Tengo miedo por el juez Pedreira. Porque los corruptos de Gürtel pueden ser una panda de zafios, prepotentes, endiosados y chulos con jetas de picadores de toros (dicho sea sin ningún respeto para los picadores de toros, profesión que aborrezco), pero el alma del Partido Popular que les cobija y echa balones fuera es tortuosa, astuta y ladina, escrito sea en el sentido más peyorativo de los términos, que diría la inmarcesible señora Díez. El silencio del señor Rajoy no es el de los corderos. Es el de los lobos que sólo asoman la patita por debajo de la puerta después de habérsela untado bien en harina.

No soy dada a las teorías conspiratorias, pero no me cabe la menor vacilación: hay una trama contra la Justicia, para desmontar uno a uno los casos que fastidian a la derecha y, de paso, hacerse por completo con el control de una institución a la que nunca dejaron de pertenecer algunos de los más férreos defensores del antiguo régimen (antes de 1975) y de sus actuales representantes en la tierra. La campaña no empezó con las denuncias de los falangistas y compañía contra Garzón. Se inició antes, recuerden. El monstruo antidemocrático asomó la cabeza cuando, al poco de hacerse público el caso Gürtel, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se vio obligado a dimitir por las presiones de un PP que le acusaba de confabulación con Baltasar Garzón por haber ido a cazar con él.

Menuda viga en el ojo, la de esta gente. Pero sepamos que andan buscando pajas en el entramado de la Justicia, y que lo hacen para apoderarse del todo con el mando. Un ansia de mando de la que nunca se desprendieron, el mando para someter, el mando para utilizar la democracia, no para servirla.

Lo dijo muy clarito don Santiago Carrillo en su entrevista a este periódico. Que si siguen así no merecen ni ser oposición.

MARUJA TORRES 08/04/2010

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VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA DE GÉNERO

(No más mujeres muertas.Su silencio es el motor de nuestras reivindicaciones.)

 

 

 

El derecho está compuesto por un conjunto de normas jurídicas destinadas a regular todo comportamiento humano dotado de trascendencia social.En este sentido, los diferentes tipos de violencia ejercidos en una relación conyugal o análoga de afectividad han dejado de ser un problema interno o privado para convertirse en un comportamiento delictivo que determina, según las respuestas para hacerle frente, el grado de civilización y conciencia de igualdad en el que se encuentra un Estado y los ciudadanos que lo habitan.

 

No es necesario recordar al lector que el derecho a la vida, a la integridad física y moral y a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes (Art.15 CE) es el elemento fundamental para sacar del ámbito privado estos comportamientos delictivos, además de ser la razón básica por la que la ley que regula esta materia tenga la consideración de orgánica. (Desarrollo de Derechos Fundamentales).

Así, para avanzar en la materia que nos ocupa, si la violencia de género es la manifestación más brutal de la histórica desigualdad de poder entre hombres y mujeres, debemos destacar que tan solo se extiende su concepto a aquellas formas de violencia es las que los sujetos que la protagonizan son un hombre ( sujeto activo del delito) y una mujer ( sujeto pasivo del delito) que tienen o han tenido una relación conyugal o análoga de afectividad aún sin convivencia, descartándose así aquellas relaciones formadas por parejas homosexuales o las de carácter esporádico. Para los demás casos de violencia en el seno de la familia hablaremos, por lo tanto, de violencia domestica.

 

No obstante, son muchas las afirmaciones equivocadas que se han expresado sobre la violencia de género y el papel de la mujer en la misma, y es que hay opiniones interesadas que pretenden convertir en regla general lo que es una excepción, constituyendo así un mito que, como tal, carece de toda realidad temporal y espacial.

Sin olvidar que toda persona goza del derecho a la presunción de inocencia cuya desvirtuación solo es posible mediante pruebas pertinentes, no podemos olvidar que la denuncia falsa es un delito tipificado en el código penal (Art.456.1C.P.) y que, en aquellos casos en los que el testimonio de la victima es la única prueba de cargo, los requisitos (1) que se exigen para su toma en consideración son tan claros que toda duda se resuelve a favor del reo (“in dubio pro reo”).

Así, el Consejo General del Poder Judicial (2) ha sido tan claro en el tema de las denuncias falsas que toda negación de sus palabras no tiene otra finalidad que la de provocar un clima reaccionario contra los derechos de la mujer y la igualdad entre géneros.

Sin embargo, este artículo, que pretendía ser más didáctico que reivindicativo, deja aquí de ser una ilustración del derecho regulador de la materia que nos ocupa para convertirse en una manifestación contundente de rechazo hacia este comportamiento más propio del hombre que se halla en el estado más primitivo de la evolución humana que de aquél que se encuentra en los primeros años del siglo XXI.

Quizá sea necesario recordar que la dignidad del ser humano en general y la de la mujer en particular es el valor fundamental de nuestro orden democrático y social y que sin él carecemos de toda libertad e igualdad necesarias.La educación puede ser un antídoto, la denuncia es la consecuencia.Si te humilla, no lo dudes: denúncialo.

 

J.Luis Garrido García

Miembro de Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid

(1)Persistencia en la denuncia y ausencia de contradicciones, verosimilitud de la denuncia y ausencia de ánimo subjetivo de venganza.

 

(2)poder judicial

Ideólogos y pragmáticos

En una reciente encuesta del prestigioso instituto Allensbach de Alemania se pedía a los encuestados que se pronunciaran sobre la siguiente pregunta: "A la hora de resolver problemas urgentes, ¿qué es más importante para usted, que los políticos sean fieles a sus principios, o que de la forma más rápida posible busquen soluciones prácticas?" En el año 1992, a esa misma pregunta el 50% se pronunció a favor de la lealtad a los principios, mientras que sólo un 33% lo hacía por la solución pragmática. En 1998 se percibió ya un radical cambio de postura, que hizo que se invirtieran las tornas -56% por el pragmatismo y 27% por los principios-, hasta llegar al 2009, en el que el 62% se adscribe a las soluciones prácticas, por un mero 23% favorable a los principios.

 

Es difícil imaginar un ejemplo más plástico de eso que los politólogos han venido teorizando como la "desideologización". Y explica, entre otras cosas, el aumento de la volatilidad del voto o, como vimos recientemente, el escaso eco de los electorados ante las responsabilidades "ideológicas" de la reciente crisis económica.

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Salta a la vista, sin embargo, que las decisiones políticas no siempre se mueven por consideraciones subsumibles entre estos dos polos. El tacticismo electoralista y la necesidad de atender a los intereses de sectores sociales específicos distorsionan decisivamente la capacidad para operar siguiendo estrictos criterios de eficiencia o de legitimidad ideológica. Los principios y valores siempre se han de ajustar a la dictadura de una realidad específica. Del mismo modo, las decisiones supuestamente "técnicas", nunca son absolutamente neutrales ni dejan de tener efectos ideológicos. Por eso no queremos que nos gobiernen los economistas u otro grupo de técnicos, sino los políticos. Queremos que se ponderen los efectos sociales más generales que tienen las distintas decisiones.

 

En este balance entre pragmatismo e ideología es donde se la juega la izquierda. Sus señas de identidad están en los principios, pero aquello que se reclama es pura eficiencia. .............

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Vicios privados, pecados públicos

En los albores del liberalismo económico solía decirse que la "mano invisible" convertía los vicios privados en beneficios públicos. Aunque el médico holandés Mandeville, que puso en circulación la especie, quizá pensaba en cuestiones más carnales, la metáfora sirvió a la ideología del laissez faire para aplicarla al funcionamiento de los mercados. La búsqueda del lucro individual se convertiría por arte de magia en bien colectivo.

 

Hoy, tras dos años de crisis, el panorama a la vista es justo el contrario; el caos económico provocado por los desmanes e irracionalidades de los mercados movidos por el lucro privado ha sido endosado en su casi totalidad a los Estados, que tuvieron que salir al rescate para evitar males mayores. Los vicios privados se han convertido en males públicos. Las mismas agencias de calificación que dieron la triple A a todo tipo de bonos basura y derivados financieros insolventes, ahora afinan la lupa para calificar la deuda pública de los Estados, originada justamente para evitar la debacle. Y aún más, los mismos que rechazaban cualquier intervención pública en el libre juego de los mercados, ahora mantienen que el fallo no es de los mercados, sino de los poderes públicos que no cumplieron con su labor de supervisión y vigilancia.

 

Salimos de la crisis justo al revés de cómo era lógico esperar. No predomina un clima que exija acotar, ordenar y limitar el libre juego de los mercados, sino unos Estados endeudados hasta las cejas que soportan las exigencias de los mercados y que, por haber acudido a salvar lo peor, ahora tendrán que autolimitarse y disciplinarse durante años sin que ningún cambio de paradigma esté a la vista.

 

La crisis pues, lejos de impulsar un giro a la izquierda de la política mundial, a día de hoy, parece más bien lo contrario. Si en la teología medieval el Concilio de Letrán sentó que fuera de la Iglesia no hay salvación, en la nueva metafísica, el consenso de Washington, ha dictado como dogma que fuera de los mercados, tampoco.

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Nos referiremos a dos tan sólo: el primero tiene que ver con la extrema "financiarización" del capitalismo actual. Hoy, las finanzas mandan sobre la economía real. El volumen de los activos financieros es varias veces superior al PIB mundial, y la actividad económica se pliega a la lógica financiera tanto cuando el viento corre a favor (burbujas), como cuando corre en contra (recesiones). Hablar de mercados es decir mercado financiero.

 

Unos mercados cuya potencia se ha multiplicado por la velocidad de circulación que le permiten las nuevas tecnologías y que, en la práctica, están mucho más desregulados que cualquier otra actividad económica. En ellos se crea o se destruye la liquidez y, sobre todo, se especula. Una especulación que, con perdón, en nada contribuye a la célebre asignación de recursos. ¿Alguien puede explicar qué aportan los hedge funds operando a futuro en los mercados de divisas, salvo incrementar los problemas para enriquecer a los especuladores?

 

El segundo asunto estructural tiene que ver con la globalización. La globalización es obra de las tecnologías y de la economía. Las instituciones, sin embargo, han ido en sentido contrario. Hay más Estados que nunca y los organismos internacionales pintan cada vez menos.

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elpais.com/articulo

Justo Zambrana es economista. Ha publicado El ciudadano conforme (Taurus) y La política en el laberinto (Tusquets).

 

En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor

15 de MARZO

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

"HAZ VALER TUS DERECHOS"

 

 

EL SECRETARIO PROVINCIAL DE SANIDAD Y CONSUMO DEL PSOE DE VALLADOLID DENUNCIA EL DESMANTELAMIENTO DE LAS INSPECCIONES DE CONSUMO Y LA ESCASA DEDICACIÓN DE RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DE VALLADOLID  

 

 

En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor 

 

 

El Secretario Provincial de Sanidad y Consumo del PSOE de Valladolid desea realizar una llamada de atención, en el Día de los Derechos del Consumidor, ante la escasa dedicación real y efectiva de la Junta de Castilla y León en la defensa de los derechos de los consumidores. Esta jornada debe servir para denunciar el desmantelamiento de las inspecciones de consumo de la Junta de Castilla y León por el Gobierno Regional de PP y el abandono de los intereses de los ciudadanos. La Junta de Castilla y León tiene la obligación Legal y Moral de defender a todos los ciudadanos ante el abuso de las multinacionales del consumo y la publicidad (en muchos casos) engañosa.

 

 

 

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El PSOE de Valladolid luchara por potenciar las asociaciones en defensa de los consumidores, aportando los recursos necesarios (donde gobierne) para que puedan llevar a cabo su labor con rigor e independencia en beneficio de todos los ciudadanos, como consumidores activos en su vida cotidiana. En relación con la administraciones en Valladolid, el PSOE exigirá al Gobierno Regional, Provincial y Municipal (de acuerdo a sus competencias) a que cumpla con la legislación vigente y se comprometa a potenciar las inspecciones de consumo aportando los medios técnicos y humanos necesarios para atender a los consumidores de vallisoletanos como se merecen, agilizando los expedientes que se acumulan en los despachos administrativos y evitando que caduquen sin dar respuesta a las denuncias planteadas, como ocurre actualmente en muchos casos (transporte, servicios, vivienda, telefonía, etc.).

 

 

VALLADOLID, 15 DE MARZO

Fdo.: Tomás Martínez 

La importancia de los colores

Actualmente, en política se habla de términos que a la mayoría de los ciudadanos nos vienen grandes, como pueden ser: ultraderecha, derecha moderada, conservadurismo, centro-derecha, liberalismo, izquierda, radicalismo,  social-democracia, neo-liberalismo, socialismo, comunismo,…Aunque el más oído es apolítico, para ser precisos, lo más escuchado es: “a mí la política, ni me va ni me viene, y mucho menos los políticos”. Yo creo que los ideales políticos importan y mucho como también importan los colores.

 

Los colores están en nuestras vidas y llevan implícitos significados y matizaciones que afectan a nuestros sentimientos. Y es con la utilización de los colores cuando el marketing intenta hacer ingerencias en nuestros cerebros en forma de publicidad sublimizar.

 

Analicemos el ROJO, que siempre ha caracterizado al PSOE y a su carné y que ahora se torna en azules y marrones, quedando relegado a pequeños espacios casi inapreciables.

 

•  Rojo es el color del fuego, de la sangre, asociado a  la representación de peligro, guerra, energía, fortaleza, determinación, pero sobretodo PASIÓN, DESEO Y AMOR.
• Rojo es un color tan intenso a nivel emocional, que mejora el metabolismo humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea.
• Rojo es por su gran visibilidad el color utilizado para avisos importantes, prohibiciones y ante todo PRECAUCIÓN.

Pasemos al AZUL, entre sus connotaciones destacamos:

• Azul es el color de la verdad, de la SERENIDAD, de la armonía, de la FIDELIDAD, de la sinceridad, de la responsabilidad.
• Azul es un color que disipa temores y tranquiliza la mente.
• Azul en exceso dicen que lleva a la depresión, aflicción y pesadumbre.

Del MARRÓN, evoca estabilidad y representa cualidades masculinas. También la caída de la hoja y se asocia con las cosechas.

Del BLANCO, se asocia a la luz, a la bondad, a la inocencia. Se considera el color de la perfección. Frescura, limpieza y PUREZA.

Parémonos a pensar y veamos, si el rojo se cambia por azul y marrón, entonces los socialistas hemos perdido las señas de identidad de la pasión y del amor, o se puede pensar, que en estos momentos no interesa el color de la sangre y ponemos el azul para mostrar tranquilidad y bajar los ánimos de lucha obrera. Por cierto la O de obrero se encuentra en las siglas del PSOE, parece que los trabajadores no se sienten identificados con ella y muchos piensan que la O ha caído con la caída de las hojas que simboliza el color marrón.

A nivel personal mi color favorito es el azul, pero ideológicamente me encanta el rojo y así me gustaría seguir viendo al PSOE, ROJO, aunque lleve el color blanco de la luz y la pureza, Y además que fuese acompañado del texto que una vez escribió Pablo Iglesias y que lleva inscrito nuestro carné:

Sois socialistas no solo para amar en silencio vuestras ideas,

Ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima,

Sino para llevarlas a todas partes.

Amelia Lapeña

Miembro de Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid

Socialdemocracia, fin de ciclo

Ignacio Ramonet. Le Monde Diplomatique.
 
Las ideas también mueren. El cementerio de los partidos políticos rebosa de tumbas en donde yacen los restos de organizaciones que otrora desataron pasiones, movieron a multitudes y hoy son pasto del olvido. ¿Quién se acuerda en Europa, por ejemplo, del Radicalismo? Una de las fuerzas políticas (de centro-izquierda) más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, que los vientos de la historia se llevaron... ¿Qué fue del Anarquismo? ¿O del Comunismo estaliniano? ¿Qué se hicieron aquellos formidables movimientos populares capaces de movilizar a millones de campesinos y obreros? ¿Qué fueron sino devaneos? (1)
 
Por sus propios abandonos, abjuraciones y renuncias, a la socialdemocracia europea le toca hoy verse arrastrada hacia el sepulcro... Su ciclo de vida parece acabarse. Y lo más incomprensible es que semejante perspectiva se produce en el momento en que el capitalismo ultraliberal atraviesa uno de sus peores momentos.
 
¿Por qué la socialdemocracia se muere, cuando el ultraliberalismo se halla en plena crisis? Sin duda porque, frente a tantas urgencias sociales, no ha sabido generar entusiasmo popular. Navega a tientas, sin brújula y sin teoría; da la impresión de estar averiada, con un aparato dirigente enclenque, sin organización ni ideario, sin doctrina ni orientación... Y sobre todo sin identidad: era una organización que debía hacer la revolución, y ha renegado de ese empeño; era un partido obrero, y hoy lo es de las clases medias urbanas acomodadas.
 
Las recientes elecciones han demostrado que la socialdemocracia europea ya no sabe dirigirse a los millones de electores víctimas de las brutalidades del mundo postindustrial engendrado por la globalización. Esas multitudes de obreros desechables, de neo-pobres de los suburbios, de mileuristas , de excluidos, de jubilados en plena edad activa, de jóvenes precarizados , de familias de clase media amenazadas por la miseria. Capas populares damnificadas por el shock neoliberal... Y para las cuales, la socialdemocracia no parece disponer de discurso ni de remedios.
 
Los resultados de las elecciones europeas de junio de 2009 demostraron su descalabro actual. La mayoría de los partidos de esa familia en el poder retrocedieron. Y los partidos en la oposición también recularon, particularmente en Francia y en Finlandia.
 
No supieron convencer de su capacidad para responder a los desafíos económicos y sociales planteados por el desastre del capitalismo financiero. Si faltaba un indicio para demostrar que los socialistas europeos son incapaces de proponer una política diferente de la que domina en el seno de la Unión Europea, esa prueba la dieron Gordon Brown y José Luis Rodríguez Zapatero cuando apoyaron la bochornosa elección a la Presidencia de la Comisión Europea del ultraliberal José Manuel Duraõ Barroso, el cuarto hombre de la Cumbre de las Azores...
 
En 2002, los socialdemócratas gobernaban en quince países de la Unión Europea. Hoy, a pesar de que la crisis financiera ha demostrado el impasse moral, social y ecológico del ultraliberalismo, ya sólo gobiernan en cinco Estados (España, Grecia, Hungría, Portugal y Reino Unido). No han sabido sacar provecho del descalabro neoliberal. Y los Gobiernos de tres de esos países -España, Grecia y Portugal, atacados por los mercados financieros y afectados por la "crisis de la deuda"- se hundirán en un descrédito e impopularidad aún mayores cuando empiecen a aplicar, con mano de hierro, los programas de austeridad y las políticas antipopulares exigidas por la lógica de la Unión Europea y sus principales cancerberos.
 
Repudiar sus propios fundamentos se ha vuelto habitual. Hace tiempo que la socialdemocracia europea decidió alentar las privatizaciones, estimular la reducción de los presupuestos del Estado a costa de los ciudadanos, tolerar las desigualdades, promover la prolongación de la edad de jubilación, practicar el desmantelamiento del sector público, a la vez que espoleaba las concentraciones y las fusiones de mega-empresas y que mimaba a los bancos. Lleva años aceptando, sin gran remordimiento, convertirse al social-liberalismo. Ha dejado de considerar como prioritarios algunos de los objetivos que formaban parte de su ADN ideológico. Por ejemplo: el pleno empleo, la defensa de las ventajas sociales adquiridas, el desarrollo de los servicios públicos o la erradicación de la miseria.
 
A finales del siglo XIX y hasta los años 1930, cada vez que el capitalismo dio un salto transformador, los socialdemócratas, casi siempre apoyados por las izquierdas y los sindicatos, aportaron respuestas originales y progresistas: sufragio universal, enseñanza gratuita para todos, derecho a un empleo, seguridad social, nacionalizaciones, Estado social, Estado de Bienestar... Esa imaginación política parece hoy agotada.
 
La socialdemocracia europea carece de nueva utopía social. En la mente de muchos de sus electores, hasta en los más modestos, el consumismo triunfa, así como el deseo de enriquecerse, de divertirse, de zambullirse en las abundancias, de ser feliz sin mala conciencia... Frente a ese hedonismo dominante, machacado en permanencia por la publicidad y los medios masivos de manipulación, los dirigentes socialdemócratas ya no se atreven a ir a contracorriente. Llegan incluso a convencerse de que no son los capitalistas los que se enriquecen con el esfuerzo de los proletarios, sino los pobres quienes se aprovechan de los impuestos pagados por los ricos... Piensan, como lo afirma el filósofo italiano Raffaele Simone, que "el socialismo sólo es posible cuando la desgracia sobrepasa en exceso a la dicha, cuando el sufrimiento rebasa con mucho el placer, y cuando el caos triunfa sobre las estructuras" (2).
 
Por eso quizá, y en contraste, está renaciendo hoy con tanta pujanza y tanta creatividad, un nuevo socialismo del siglo XXI en algunos países de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Venezuela). Mientras en Europa, a la socialdemocracia le llega su fin de ciclo.

Notas:
(1) Jorge Manrique, "Coplas a la muerte de su padre" (1477).
(2) Raffaele Simone, "Les socialistes proposent toujours le sacrifice", en Philosophie Magazine , n° 36, febrero de 2010, París.
 
Fuente: http://www.monde-diplomatique.es/isum/Main

 

Negocio a cuenta del futuro de las pensiones

No siempre es trigo limpio apelar al futuro para justificar sacrificios inminentes. Una cosa es esforzarse hoy para mejorar el porvenir de la gente y otra muy distinta decidir ahora por quienes deberán hacerlo mañana ejerciendo sus derechos. Así, por ejemplo, los Objetivos del Milenio trazados por Naciones Unidas para reducir la pobreza en el mundo, o el Protocolo de Kioto para frenar el cambio climático, requerían de aportaciones al desarrollo y de inversiones en reducción de gases contaminantes, respectivamente, que deberían haberse venido realizando desde hace más de un decenio para evitarle males mayores a las generaciones futuras. Pues bien, las principales potencias han respondido ante ambos retos con un corte de mangas.

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Sin embargo, se urge a restringir el sistema público de pensiones inmediatamente so pretexto de asegurárselas a quienes se jubilen dentro de 30 o 40 años. Se arguye que la evolución demográfica previsible incrementará porcentualmente los pasivos mucho más que los activos y se concluye que será financieramente insostenible el sistema porque pasará de absorber el 8,4% del PIB al 15,1%, por lo que es inexcusable acordar ya el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años e iniciarlo paulatinamente desde 2013.

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Tan alarmante esquema podría objetarse recordando de entrada que la demografía, siendo importante tenerla en cuenta, no es la variable principal en el análisis económico desde hace casi dos siglos, cuando se equivocó aquel pastor anglicano de Albury, Malthus, que sin atisbo alguno de piedad anatematizaba la beneficencia para con los pobres porque les mantenía vivos y no habría manera de evitar que el crecimiento de la población superase demasiado al de la producción de los medios de subsistencia, caminando todos inexorablemente hacia la hecatombe mundial. La Revolución Industrial, que ya se estaba desarrollando ante sus narices mientras él sólo tenía ojos para elaborar su Ley de la Población, vino a proporcionar nuevos medios de producción que necesitaron de más mano obra y como aún no daban abasto con la que se detraía del campo para engrosar el proletariado industrial, indujo crecimientos poblacionales sin precedentes.

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Tampoco estaría de más reiterar que las jubilaciones las pagan quienes trabajan, cotizando en función de lo que cobran; o sea que la clave de bóveda para el mantenimiento futuro del sistema radica en que aumente la población ocupada y que los empleos sean de mayor calidad y mejor remunerados. Obviamente, hay que empezar por acabar con el paro, incrementar el nivel de ocupación (especialmente entre mujeres y jóvenes) y, simultáneamente, mejorar la productividad con crecimientos más vigorosos por hora trabajada en una economía que produzca bienes y servicios con más valor añadido.

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¿Cadena Perpetua?

¿Cadena Perpetua?

Partiendo de concepciones diferentes del ser humano, las teorías contractualistas de Hobbes o Rousseau exponen el paso del estado de naturaleza (o estado primitivo de la humanidad) a la sociedad civil, surgiendo así, mediante un pacto colectivo o contrato social, el Estado, ente dotado de poder coercitivo al que se le atribuye, con carácter exclusivo y excluyente, la potestad sancionadora, cuya finalidad es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado conforme a derecho.

 

De tal forma y por exclusión, queda proscrita la denominada justicia o venganza privada de la victima y perjudicados.

 

Así, si efectuamos un análisis de la evolución histórica del derecho penal, observaremos que, por regla general, los criterios humanistas se han impuesto en la aplicación de las penas y condenas.

 

En este sentido, Cesare Becaría es el precursor de un derecho penal más humanitario, y nos ofrece en su obra “de los delitos y las penas” un alegato extraordinario contra la pena de muerte, la tortura y, en general, contra toda desproporcionalidad entre los delitos cometidos y las penas aplicadas.

 

En la misma línea, no podemos dejar de mencionar a las españolas Concepción Arenal y  Victoria Kent, cuyo objetivo de condenar el delito y humanizar al delincuente sitúa a ambas en un lugar destacado de la defensa de los derechos humanos, pues no podemos ocultar que, aunque presos, gozan de todos aquellos derechos propios de su dignidad humana, excepto aquel que una sentencia firme dictada por un juez en un proceso justo le ha negado: el derecho a la libertad. Los demás quedan, por consiguiente, intactos.

 

Sin embargo, con ocasión de algunos casos puntuales que conocemos por los medios de comunicación, determinados sectores de la sociedad han abierto el debate sobre la cadena perpetua y el derecho penal de menores, olvidándose interesadamente de los aspectos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, bien por el ánimo de justicia de los afectados, bien por el oportunismo electoral al que el Partido Popular se apunta a golpe de noticia, como sucedió con el empadronamiento de extranjeros.

 

No obstante, deberíamos saber que el derecho penal tiene una triple finalidad. La primera es la de sancionar al delincuente por cometer un acto tipificado en la ley como delito o falta. La segunda es la de disuadir a la ciudadanía de la comisión de delitos y, por último, garantizar la reinserción social del condenado. (“La sociedad está obligada a recuperar al delincuente como persona activa, y las cárceles están constituidas para eso”).Pues bien, basta con una lectura del artículo 25.2 de la Constitución para verificar que el objetivo de nuestro ordenamiento jurídico es el de recuperar al delincuente para su vida en sociedad.

 

En un mismo sentido, podríamos afirmar que confinar a una persona durante toda su vida en una prisión es un atentado contra su dignidad humana protegida constitucionalmente (Art.10) y contra la prohibición de tratos inhumanos y degradantes. (Art.15).Por consiguiente, vemos que nuestra norma fundamental sería el principal obstáculo con el que se encontrarían los defensores de la perpetuidad de las sanciones privativas de libertad.

 

Además, debemos recordar que en nuestro propio ordenamiento existe la posibilidad del cumplimiento integro de las penas y de permanecer en prisión un plazo máximo de 30 años, sin olvidarnos de la “doctrina Parot” de nuestro Tribunal Supremo.

 

En esta misma línea, podríamos considerar como innecesario el endurecimiento de las penas a los menores o reducir la edad penal de 14 a 12 años, y es que se cae en el error de convertir en regla general lo que es una excepción.El número de delitos terribles cometidos por menores pueden ser conocidos por los medios de comunicación, de tal modo que la alarma social que han despertado no se acercan a la realidad jurídica ni al verdadero funcionamiento de los Juzgados de Menores, del mismo modo que España no tiene un problema en su política criminal con los niños de 12 ó 13 años, por lo que resulta innecesaria la modificación de la ley del menor en este sentido por afirmarlo así las propias estadísticas.

 

Creo además que no es necesario recordar que la ley de responsabilidad penal del menor (ley orgánica 5 /2000)  tiene como finalidad la de aplicar unas medidas preventivo-especiales, de tal modo que el aspecto educativo debe primar sobre el carácter represivo de la medida. Pero a pesar de tener esta ley una naturaleza educativa, no podemos dejar de destacar que, en los casos más graves, cabe la posibilidad de que el menor continúe el internamiento en un centro penitenciario cuando ha alcanzado la mayoría de edad. (Art.14 de la ley).

 

Así, considero que este debate debe ser realizado por juristas especializados en la materia sin necesidad de que las pasiones nos lleven a un lugar equivocado. Quizá los órganos jurisdiccionales deberían actuar con mayor celeridad en la resolución de conflictos, de tal modo que se haría más efectivo el derecho a una tutela judicial efectiva, pero la responsabilidad y una mayor cultura jurídica deben presidir la divulgación de estas noticias por su gran poder mediático.

 

J.Luis Garrido García

Abogado y miembro de Izquierda Socialista-PSOE Valladolid