La UE y el euro han demostrado su utilidad durante la crisis: basta imaginar para comprobarlo lo que hubiera ocurrido sin las decisiones adoptadas en los temas y momentos más difíciles, que han puesto las bases de un gobierno económico europeo.
¿Dónde estarían Grecia, Irlanda o Portugal sin la solidaridad europea?, ¿cómo se habrían financiado y, de haberlo conseguido en los mercados, a qué precio brutal?, ¿hasta qué punto se habrían empobrecido sus habitantes?, ¿cuánto sufrimiento les hubiera costado retornar a sus monedas nacionales?, ¿habrían protagonizado un nuevo corralito?, ¿habría estallado en mil pedazos la eurozona, haciéndonos entrar en una turbulencia sin fin? Un sueño para los que especulan con la crisis: para frotarse las manos.
Para que esa pesadilla no se hiciera realidad, España impulsó tal gobierno durante su presidencia de la UE en 2010, en el marco de un trío con Bélgica y Hungría que acaba de finalizar. La apuesta fue acertada: los rescates aplicados, los cientos de miles de millones de euros movilizados o las nuevas normas y autoridades de supervisión financiera puestas en marcha lo atestiguan.
Ni la UE ni el euro están en crisis. Que los espejismos no nos confundan: a pocos años de su nacimiento, el euro se cambia prácticamente a un dólar y medio, es una incuestionable moneda de reserva e intercambio y sigue en pie y ampliando su número de socios. ¡Si eso es estar en crisis, qué será no estarlo!
El proyecto europeo, contra lo que está de moda afirmar -una suerte de europeísmo pesimista que nos invade-, continúa avanzando, con contradicciones e insuficiencias, como cualquier proceso político, económico y social.
Habrá que completar ese gobierno económico de la UE con la armonización fiscal y la desaparición de los paraísos fiscales, la creación de un Tesoro Europeo, el establecimiento de una Europa social con reglas a la altura de las del mercado único y la adopción de un presupuesto mayor que el actual financiado con recursos propios directos como un impuesto sobre las transacciones financieras. Más unión política implica más unión económica para garantizar y desarrollar el Estado de bienestar e intervenir en la globalización, a fin de evitar las situaciones vividas desde 2008.
El gobierno económico de la UE debe ser un instrumento para aplicar políticas adecuadas a cada ciclo económico, de acuerdo con la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En una primera fase, esas políticas han servido para ordenar la casa común que es la eurozona. Ahora ha llegado el momento de que promuevan prioritariamente el crecimiento sostenible y la creación de empleo, la inversión productiva y el aumento de la competitividad. Haber aplicado aquellas permite ahora implementar estas. Es hora de invitar a Keynes a la sala de mandos.
La política económica de la UE no tiene por qué exigir más sacrificios: los peores momentos han pasado y lo que hoy necesitamos son recursos adicionales para crear empleo creciendo más y mejor. Eso pasa por el citado impuesto sobre las transacciones financieras, por una tasa bancaria y por la emisión de eurobonos. La deuda pública debería ser una vía excepcional llamada a ser sustituida por la imposición progresiva para conseguir ingresos públicos, gestionada en términos europeos. Y no podemos seguir siendo víctimas de los especuladores: para combatirles necesitamos ya una agencia europea de calificación de riesgos que deje a las privadas al nivel de credibilidad que merecen, poco o ninguno.
La crisis la creó un neoliberalismo irresponsable. En muchos casos, a los progresistas les ha correspondido gestionarla. Lo han hecho a través de una UE que tampoco la provocó, sino que la ha combatido, creando instrumentos en tiempo real, pero que no puede terminar identificando su gobierno económico con una única política de ajuste permanente y, menos aún, con el debilitamiento del Estado de bienestar. Eso diferencia a derecha e izquierda, que comparten el marco constitucional europeo, pero pueden aplicar políticas distintas en el mismo.
La izquierda ha de apoyar una UE que responda a su propia definición: una democracia supranacional basada en la economía social de mercado, al servicio de las grandes mayorías sociales que demandan más derechos, empleo y servicios públicos y de interés general de calidad, es decir, mejor y mayor nivel de vida.
Esa tendría que ser la apuesta del europeísmo progresista: una UE que culmine su unión política, posea un fuerte gobierno económico y social, desarrolle al máximo su norma constitucional -introduciendo la figura del referéndum europeo, eligiendo eurodiputados en candidaturas transnacionales, siendo paritaria en todas sus instituciones no intergubernamentales-, mejore sustancialmente su presencia internacional -con la legalidad internacional por delante, incluida la responsabilidad de proteger- y sea más democrática y eficaz, más ciudadana.
La UE ni se resquebraja, ni se fragmenta, ni está en declive. Pero debe seguir profundizando su integración hasta llegar a ser una unión política, económica y social federal. España, que cumple 25 años en la UE, no ha cesado de empujar en ese sentido. Y debe seguir haciéndolo desde su sitio, que no es la periferia, sino el corazón de la construcción europea.
Cuesta creer que un hombre como Casimiro Curbelo, capaz de montar un altercado tan bochornoso como el que protagonizó en Madrid en la madrugada del jueves, haya sido durante 30 años una autoridad en La Gomera, sea miembro destacado del Partido Socialista y, además, ocupe un escaño en el Senado. Curbelo, según la versión oficial plasmada en el atestado policial, tomaba copas en una sauna con su hijo Adays, de 26 años, y un amigo de ambos cuando los tres montaron tal alboroto que fueron expulsados del local. Uno de los camareros asegura que, indignados, alguno gritó "yo me meo en las putas" y "yo no pago putas", expresiones que disipan cualquier duda sobre la naturaleza del lugar en el que estaban. Curbelo niega que fuera un club de alterne, pero tampoco ha especificado en qué local madrileño se inició este indigno suceso que prosiguió en comisaría, donde los tres expulsados acudieron para denunciar el trato recibido. Llegaron allí, según el atestado, en "evidente estado de embriaguez, dificultad en el habla, boca pastosa, ojos vidriosos, pupilas dilatadas y halitosis etílica".
Embotados por el alcohol, parece que tuvieron dificultades en seguir las instrucciones policiales para redactar la denuncia, lo que propició una nueva batalla dialéctica en la que no faltaron las agresiones a los mismos policías, que fueron tachados de hijos de puta, fachas del PP, maricones, pringaos, terroristas y otras lindezas que movieron a los agentes a detenerles sin contemplaciones. Y ello a pesar de que Curbelo, envalentonado, hizo valer su condición de senador para amenazar a los guardias con represalias por el trato que le estaban dispensando.
Afortunadamente, el Partido Socialista ha reaccionado a tamaño despropósito declarándose avergonzado, pidiendo su dimisión y advirtiendo de que, de no presentarla, el PSOE le expulsará y le dejará fuera de las próximas listas electorales. Se acabaría así la carrera política de un socialista que o bien se trastornó de repente o nunca debió ocupar los cargos que alcanzó. La Gomera apenas tiene 23.000 habitantes, pero no será difícil hallar entre ellos a alguien con mayor dignidad para sustituirle.
Durante los últimos años de la década de los noventa y primeros años del presente siglo ha sido tendencia en los Partidos Socialistas sumarse al tren de la Tercera Vía abanderado por el Laborismo Británico como si en la aproximación a los contenidos del liberalismo económico se hallara lo que en términos aristotélicos se conoce como virtud, esto es, la prudencia como expresión del racionalismo político.
No obstante, la distancia temporal que nos separa de aquellos años nos permite ocupar un espacio temporal privilegiado que nos facilita manifestar sin más demora que ese tren de la Tercera Vía no solo ha descarrilado, sino que además ha ubicado al Socialismo en la ladera de una montaña electoral que necesariamente debe remontar para volver a conquistar la cúspide que un día tomó, y es que la realidad socio-económica actual no solo exige la presencia de un Partido Socialista con capacidad decisoria en los asuntos legislativos y ejecutivos, sino que la pérdida de confianza manifestada en estas últimas elecciones municipales y autonómicas han sido fiel reflejo de que el conservadurismo de los populares requiere del contrapeso necesario de un Partido Socialista que salga fortalecido de los siguientes procesos electorales, más aún en las elecciones generales, donde Mariano Rajoy se presenta ante la sociedad como un político conservador en las costumbres y neoliberal en lo económico cuyo liderazgo es discutido por propios y ajenos a su partido.
Así, no solo cabe esperar un retorno a la izquierda por parte del PSOE para volver a recuperar la confianza de la calle, sino también evitar redundar en políticas que no solo no han producido los efectos deseados, sino que han generado un malestar social que es preciso atenuar, y es que si bien es cierto que la crisis económica no ha concedido al marxismo lo que los textos bíblicos conceden a Jesucristo, esto es, la resurrección, es preciso destacar la importancia de la intervención del Estado en políticas presupuestarias de inversión productiva, educativa y social para paliar los efectos de la crisis, sin olvidarnos de la iniciativa privada como expresión de una economía mixta de mercado.
Sabemos que los programas políticos deben de ser contemporáneos con la sociedad sobre la que se proyectan, pero es imprescindible destacar y recordar el carácter perpetuo de los valores propios del Socialismo, léase Igualdad, Libertad, Solidaridad y Fraternidad, principios estos irrenunciables que responden a la Justicia Social que debe inspirar toda acción de gobierno de un Partido que actúa bajo la nomenclatura de Socialista, a pesar de que esta es también una actitud ética ante la vida y las relaciones con los demás.
Ante esta realidad, cabe subrayar que si la desintegración de la URSS propició el descrédito de las utopías, lo cierto es que esta crisis económica ha desenmascarado aquello que los economistas clásicos no supieron predeterminar, y es que si la economía es una ciencia fundamentada en el racionalismo donde actúan agentes económicos motivados por un interés egoísta, estos han ejercido comportamientos irracionales que no supieron valorar los riesgos de sus operaciones o, aún conociendo ese riesgo, lo asumieron con toda ausencia de responsabilidad social ,con las consiguientes consecuencias que todos conocemos. Además, es hoy cuando ya sabemos que, en este mundo donde los Estados nacionales emergentes tras la Paz de Westfalia han dado paso a la cesión de parte de su soberanía en favor de instituciones supranacionales concurrentes en un mundo globalizado, las respuestas a la crisis no solo deben de ser conjuntas y coordinadas, sino que todo comportamiento irresponsable en materia económica o financiera tiene efectos expansivos sobre el resto de la población, y de ahí que no deban de ser premiados con un más que salvavidas económico aquellos bancos y entidades financieras que no gestionaron eficientemente sus propios recursos, más aún conociendo que los del Estado son limitados y que , conforme al principio de coste de oportunidad, no podrán ser destinados a la satisfacción de otras necesidades más urgentes, como potenciar una economía que produce por debajo de sus posibilidades o atender a aquellos que ven mermada su capacidad económica por el desempleo o la falta de prestaciones públicas.
En este sentido, sabemos que las noticias actuales son alarmantes, más aún cuando las omnipresentes agencias de calificación están al acecho cual buitres sobre su presa, o cuando reconocemos el discurso xenófobo de algunos políticos que alientan el miedo con la ignorancia hacia el “diferente”, a pesar de que son más los puntos en común que nos unen a la población inmigrante que los que nos diferencian ,y no nos referimos solo a una misma condición humana, sino también a los mismos sueños y anhelos de progreso y de futuro.
Así, siendo imperativo impedir un resurgir de la intolerancia, cabe recordar que si la Humanidad quiere tener un futuro prometedor tan solo debe aferrarse a aquellos valores universales anteriormente destacados y que, por ende, atienden a lo mejor del ser humano. Basta una lectura del primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para saber que: “Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, debe comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
En este sentido, ante los caminos embarrados por los que hoy atravesamos, solo cabe la esperanza y el sentir propio de aquellos Hombres y Mujeres que supieron vencer a las grandes dificultades que acechaban a la Humanidad con una respuesta justa a los problemas que se les avecinaban. Es entonces cuando es menester recordar la voz solitaria de Pablo Iglesias en el Congreso de Diputados hablando por los millones de desheredados, o cuando apreciamos la valentía de Nelson Mandela en la Sudáfrica del Apartheid, la racionalidad y sentido de la Humanidad de los padres de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como Stephan Hessel, o el eterno discurso de Luther King en la marcha sobre Washington de 1963, y es preciso recodarlo para que no caiga en el olvido. Confiemos por lo tanto en la Humanidad y en ese progreso al que se sumaban políticos y filósofos como Kant,pero añadamos a este sueño que dependiendo de cómo respondamos a esta crisis económica asentaremos ,en una relación causa –efecto ,las bases del mundo en el que queremos vivir, esto es, un mundo mejor.
José Luis Garrido.
“Patria es la Humanidad” (José Martí).
ANTONIO GARCÍA SANTESMASES 02/10/1987
proyecto que se discute estos días dentro del partido socialista pretende abandonar los últimos restos de aquella conciencia utópica que concebía el programa socialista como un modelo inédito de sociedad frente al comunismo burocrático y al capitalismo de las multinacionales. Si volvemos la vista atrás podemos recordar los documentos del partido socialista en la segunda mitad de los años setenta. El partido socialista se definía como un partido marxista, de clase, cuya aspiración se cifraba en lograr un modelo inédito de sociedad tan alejado de la socialdemocracia, mera correctora de las desigualdades del sistema capitalista, como de lo que se denominaba la socialburocracia, que había erigido un sistema social antitético con los principios democráticos.Este proyecto de los años setenta recibía el nombre de socialismo autogestionario y entre sus ingredientes se encontraban el control obrero, la república federal de las nacionalidades y la neutralidad activa para nuestro país. Los textos en los que el PSOE abominaba de las multinacionales, las bases americanas, la política de las grandes alianzas militares y la división internacional entre países explotadores y explotados, eran frecuentes en el período 1974-1977.
El 15 de junio de 1977 transforma todos estos conceptos y objetivos. El PSOE se encuentra, inesperadamente, con 118 diputados y se constituye como alternativa de poder. La derrota electoral de marzo de 1979 exige la primera gran reconversión ideológica. El PSOE abandona su carácter de partido marxista para aparecer como un partido cuya misión histórica no es la de transformar la sociedad capitalista, sino la de suplir a la burguesía española en su tarea de consolidar un Estado democrático. El PSOE, se dirá entonces, tiene por tarea realizar la revolución burguesa.
Sin el 23 de febrero este partido regenerador, democrático y modernizador que comenzaba a ser el PSOE, no hubiera alcanzado los 200 diputados. Sin el 23-F y sin la promesa de abandonar la Alianza Atlántica, la autodestrucción de UCD y la crisis del partido comunista no hubieran encontrado un beneficiario tan claro.
La permanencia en la OTAN constituye, a mi juicio, la segunda reconversión ideológica del partido socialista. La neutralidad activa, la crítica a los dos imperialismos y la lucha contra la hegemonía de las dos. superpotencias son abandonadas y pasamos a formar parte del club de los países ricos y fuertes, tras la ratificación de nuestra permanencia en un bloque militar. Pocas páginas tan tristes como ésta en la historia centenaria del PSOE.
El debate que ahora se inicia puede posibilitar una tercera reconversión ideológica o puede posponer el ajuste de cuentas con los principios para más adelante. La necesidad de la reconversión ideológica aparece si pensamos que el diseño de un modelo económico no ha sido discutido nunca, en profundidad, en un congreso del partido socialista. El año 1979 quedará siempre asociado al debate acerca de la definición marxista del partido y 1984 en torno a la permanencia o salida de la OTAN. ¿Será 1988 el momento de discutir acerca de la visión de los socialistas del capitalismo actual?
Mi impresión es que los documentos preparados por la comisión que: ha elaborado la ponencia-marco son papeles de transición. El gran debate no se va a producir ahora, sino cuando se realice el balance de la gestión de gobierno de los socialistas tiras dos legislaturas con mayoría absoluta. Los partidos socialistas europeos cuando tienen que hacer balance e imaginar cómo pueden recuperar el poder (si lo han perdido) o continuar su proyecto (si han vuelto a vencer) acostumbran a realizar debates muy interesantes. Hemos visto, últimamente, cómo los alemanes hablan de una futura alianza roja y verde que hubiera parecido inconcebible a H. Schmidt a finales de los setenta y cómo, por otro lado, los suecos, a pesar del asesinato de Palme, están decididos a continuar su política de neutralidad activa y su apoyo a la seguridad compartida.
¿El PSOE está más cerca de Suecia o de Alemania? La respuesta a esa pregunta sólo la tienen las urnas. Si se produce una fuerte derrota electoral (o inclusive un descenso significativo) no será extraño que veamos cambios espectaculares en algunos dirigentes de la mayoría del PSOE. Si el proyecto felipista continúa recibiendo el apoyo de amplias mayorías, es evidente que el discurso modernizador, europeista y vagamente filantrópico continuará. El debate importante sólo se producirá, desde mi punto de vista, tras las próximas elecciones.
Por el momento, las tesis presentadas parecen responder a un único designio: se trata de que quede claro que "no vamos a cambiar de caballo a mitad del río". O, dicho de otra manera, Boyer puede dormir tranquilo; el paréntesis racionalista (que recientemente ha descubierto dentro de la trágica historia del PSOE) va a conformar toda la era felipista. Un día se abandonó la autogestión, otro las nacionalizaciones y ahora se lanza un mensaje a los empresarios: "Sólo ellos son capaces de generar riqueza". Si uno, a la vista de los textos, se pregunta si estamos ante el partido de los jóvenes empresarios o ante el partido de los pobres descubrirá que los nuevos ideólogos del felipismo han hallado la cuadratura del círculo. Estamos ante el partido de los dos, porque para eso representamos a toda la nación. Sólo cuando los empresarios tengan beneficios podrá haber inversiones y sólo entonces se generarán puestos de trabajo. Como en la guerra (Boyer dixit), los objetivos importantes sólo se alcanzan al final.
Como la batalla va siendo dura, y los estudiantes están en la calle, los obreros reconvertidos irrumpen en los mítines y no se ve el final de los combates, hay que encontrar un chivo expiatorio al que se responsabilice de esta situación. Los culpables de la economía sumergida, de la situación de los parados y de la falta de perspectiva para los jóvenes, son los sindicatos que actúan de una manera corporativista y no comprenden la necesidad de atender a los intereses generales. Si los sindicatos se modernizasen, comprenderían que sólo unas empresas competitivas capaces de penetrar en los mercados internacionales pueden garantizar un futuro a nuestro país.
Si al principio de esta historia los socialistas españoles apostábamos por el atajo socialista para el sur de Europa, frente al lento y pausado caminar de la socialdemocracia del Norte, nuestra misión hoy es demostrar a los laboristas británicos que estaban equivocados, que es posible compatibilizar eficacia y equidad, que no podemos seguir anclados en una estrategia defensiva de las conquistas sociales que no revise los instrumentos para crear riqueza. El felipismo sustituye así el atajo por el buen camino. Si las masas explotadas tienen paciencia, resignación y capacidad de sacrificio, al final (como en la guerra) habrá paz, progreso y bienestar para todos. Sólo hay una condición: no tocar la propiedad privada y dar las mayores facilidades a los empresarios capitalistas. La utopía socialista ha sido sustituida por la quimera capitalista.
Antonio García Santesmases es profesor de Filosofía Política en la UNED; miembro del Comité Federal del PSOE, pertenece a la corriente de Izquierda Socialista.
SALAMANCA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente del Parlamento Europeo y presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Josep Borrell, ha cuestionado algunas de las medidas económicas tomadas en los últimos años y que han fomentado la "desigualdad" entre ciudadanos.
"No me parece razonable el haber suprimido el impuesto sobre el patrimonio y el día siguiente congelar las pensiones" y "no es razonable que tengan los mismos impuestos una renta de 90.000 euros y una de nueve millones de euros", ha dicho.
En este sentido, ha abogado por la utilización de los impuestos progresivos, que han sido "muy eficaces" para "corregir desigualdades". No obstante ha reconocido que el sistema fiscal "no puede hacer milagros" y que son precisas otras medidas de origen para favorecer rentas más equilibradas.
Según Borrell, el Partido Socialista "estará empeñado en sus próximas reflexiones" en medidas de equiparación de rentas porque "hay capacidad" de hacer este tipo de políticas administrativas en el ámbito nacional.
Aún así, ha indicado que es preciso combatir las desigualdades desde el Parlamento Europeo, que es "el único contexto posible" para adoptar medidas que superen el contexto de cada país. "Donde se libra la batalla política es en Europa, si no es ahí, es imposible", ha añadido.
Josep Borrell ha participado esta mañana en la sesión de apertura del IX Encuentro de Salamanca, organizado por la Fundación Sistema. En esta edición, que se celebra al igual que en pasadas ocasiones en la sede de Caja España- Caja Duero en Salamanca, se centra en `Alternativas Económicas y Sociales frente a la crisis'.
Francisco Parra. Doctor economía UNED.
La semana pasada se presentaron las recomendaciones de la comisión europea sobre la economía española, en lo relativo a los compromisos que el Consejo Europeo invitó a presentar a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus, invitación ala que Españadio cumplida respuesta el 29 de abril de 2011, con la actualización de 2011 de su programa de estabilidad, relativo al periodo 2011-2014, y su programa nacional de reforma de 2011. Las recomendaciones están accesibles en la siguiente dirección de Internet:
http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/recommendations_2011/index_en.htm
Una vez se detallan los problemas de la economía española, disminución del PIB y del empleo, aumento del desempleo, paro juvenil, etc… y dejando por sentado que España ha hecho esfuerzos y sacrificios en nombre de la disciplina y la estabilidad presupuestaria, pero que hay que perseverar aún en la consolidación fiscal, la reforma laboral, el sector financiero, el mercado de trabajo, la competencia…, se nos recomienda establecer techos de gastos, sobre todo en los gobiernos regionales, aumentar la flexibilidad laboral en las empresas, desvincular salarios de inflación, hacer de las cajas de ahorros bancos, completar la reforma de las pensiones, y ¡Sorpresa! bajar las cotizaciones empresariales subiendo el IVA y los impuestos a la gasolina.
Tal y como aparece redactado transcribo lo que la Comisión RECOMIENDA que España haga en el periodo 2011-2012 :
(1) Aplicar la estrategia presupuestaria en 2011 y 2012, garantizando el logro de los objetivos de déficit a todos los niveles de la Administración, en particular aplicando estrictamente los mecanismos existentes de control del déficit y de la deuda para los gobiernos de las Comunidades Autónomas; adoptar nuevas medidas en caso de que los resultados presupuestarios y económicos no se ajusten a lo previsto; aprovechar cualquier oportunidad que se presente, por ejemplo, la que se derivaría de unas mejores condiciones económicas, para acelerar la reducción del déficit; establecer medidas concretas a fin de apoyar completamente los objetivos establecidos para 2013 y 2014. Mantener la expansión del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, introduciendo una norma de gasto para todos los niveles de la Administración en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según lo previsto.
(2) Adoptar la reforma del sistema de pensiones propuesta con el fin de retrasar la edad de jubilación y aumentar el número de años de trabajo para el cálculo de las pensiones, según lo planeado; revisar periódicamente los parámetros de las pensiones a la luz de la evolución de la esperanza de vida, según lo previsto, y adoptar nuevas medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación, tales como el aprendizaje permanente para los trabajadores de más edad.
(3) Reforzar la reestructuración que está teniendo lugar en el sector de las cajas de ahorros abordando los puntos débiles que persisten en su estructura de gobernanza.
(4) Estudiar el ámbito para reducir el nivel de las cotizaciones a la seguridad social con objeto de reducir los costes laborales no salariales de forma neutra para el presupuesto, por ejemplo modificando la estructura y los tipos del IVA y los impuestos sobrela energía. Adoptary aplicar, previa consulta a los interlocutores sociales de conformidad con la práctica nacional, una reforma del proceso de negociación colectiva de los salarios y del sistema de indización salarial para garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad y las condiciones imperantes a nivel local y a nivel de empresa.
(5) Evaluar para finales de 2011 los efectos de las reformas del mercado laboral de septiembre de 2010 y de la reforma de las políticas activas del mercado laboral de febrero de 2011, y presentar, en caso necesario, propuestas de nuevas reformas para reducir la segmentación del mercado de trabajo, y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes y garantizar un estrecho seguimiento de la eficacia de las medidas contempladas en el programa nacional de reforma, con vistas a reducir el nivel de abandono escolar prematuro, especialmente mediante políticas preventivas, y facilitar la transición a la educación y formación profesional.
El documento escrito en la jerga económica burocrática que utilizan los gobiernos europeos, manifiesta no obstante una evidente miopía a la hora de mirar lo que ocurre y ha ocurrido en nuestro país, ya que el análisis de los burócratas europeos es invariable en el tiempo y en el espacio: la economía es cosa de las empresas, y como estás tienen que competir con los países emergentes, aquí hay que trabajar y ganar como lo hacen los chinos, es decir de lo primero mucho y de los segundo poco, los gobiernos cuanto más delgados mejor para que los recursos financieros vayan a quien tiene que ir, a las empresas, que a la postre gestionan mejor los servicios educativos, sanitarios, etc… En lo relativo a España ya saben baja productividad, poca competitividad, mucho desempleo, mucho déficit publico, cajas endeudadas en la burbuja inmobiliaria por el manejo que de ellas hicieron los políticos locales, y para colmo de males de aquí a pocos años todos abuelos. El caos, pero si les bajamos los costes a las empresas: los salariales, y las cotizaciones a la seguridad social, y nos subimos los impuestos para los productos que consumimos, la mano invisible del mercado nos devolverá la prosperidad que añoramos. Los ricos serán más ricos y los demás a trabajar sin descanso, y una vez restaurada la competitividad por los bajos salarios y las largas jornadas se van a enterar estos emergentes, les vamos a inundar su mercado de chucherías europeas, porque claro entre impuestos, sueldos mermados, y bajas pensiones, los europeos no vamos a poder consumir lo que produzcamos.
Fuera de bromas intentaré contrastar el análisis que hace la comisión sobre la situación económica española. En el considerando (15) se cita textualmente:
“España experimentó una fuerte subida de sus costes laborales unitarios desde finales de los años noventa, lo que implicó un deterioro de su competitividad de precios y de costes. Unas subidas salariales superiores y unos incrementos de productividad inferiores a los de la zona del euro han contribuido a una inflación constantemente superior en España…”.
La subida de los costes laborales unitarios a que se refiere el considerando, se comprueba en el aumento del coste salarial por hora trabajada que estima el INE por encima del crecimiento de los precios al consumo, alejándose la evolución de los costes laborales de la de los precios al consumo incluso en el periodo en que se inició la ya conocida como segunda gran depresión.
En la Figura nº 1 recogemos el crecimiento del PIB en valores constantes por hora trabajada que es la forma habitual de valorar la productividad de una economía, como ven en el caso de la economía española el crecimiento de la productividad ha sido muy bajo y menor que el de la media de las economías europeas y las asociadas en la OCDE.
Figura nº1. Productividad Laboral.
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Con permiso, vuelvo a parafrasear la tan citada pregunta de Lenin haciendo referencia a esta IX Legislatura de las Cortes españolas en su fase final. Me temo que no tenemos equivalente de aquel Fernando de los Ríos que de manera tan acertada como rotunda respondió al líder bolchevique cuando éste contestó, con su famosa pregunta, al interrogante del socialista español acerca de la libertad en el sistema soviético. Desgraciadamente no hay respuesta clara a la pregunta de para qué llevar esta legislatura hasta su final según lo legalmente posibilitado; al menos la ciudadanía no cuenta con una respuesta convincente.
Cuando la resaca de la derrota electoral en las pasadas elecciones no deja de hacer notar sus devastadores efectos, surge una y otra vez la cuestión de hasta cuándo durará una legislatura que ya se percibe agonizante por cuanto el presidente del gobierno ha manifestado su renuncia a presentarse de nuevo, su vicepresidente está ya ungido como futuro candidato y el electorado propio presenta síntomas de peligrosa desafección que puede ir en aumento. La presión de los medios, la estrategia del PP y el escéptico cansancio de la ciudadanía erosionan la pretendida firmeza de las declaraciones emitidas desde el gobierno, el PSOE –con frecuentes excepciones entre sus notables- y el grupo parlamentario socialista acerca de la voluntad de agotar la legislatura. Parece ser que los únicos apoyos en tal dirección vienen del mundo económico, desde los manifestados en su día por el presidente del Banco de Santander hasta los explicitados recientemente por el gobernador del Banco de España invitando –más bien exigiendo- prolongar la legislatura para hacer las reformas definidas como necesarias, “aun con la incomprensión de los ciudadanos”.
Bien se podría recordar al presidente Zapatero, en cuyas manos está disolver las cámaras, que con tales amigos no le hacen falta enemigos, por más que sus muy hostiles adversarios no le muestren aprecio. Quienes se manifiestan invitando –¿o incitando?- a seguir adelante con reformas económicas según ellos imprescindibles, las cuales no son sólo las pendientes de consumar (negociación colectiva), sino las reformas de las reformas ya hechas para apretar las tuercas antisociales de las medidas aplicadas (en la reforma laboral, por ejemplo), no hacen sino alentar el recorrido que se ha venido haciendo hasta aquí, cuando ha sido esa trayectoria la que ha motivado que los ciudadanos castiguen con su voto a quien la ha capitaneado. Es decir, quienes no dependen del voto democrático elevan su voz para que se siga haciendo lo que tiene que hacerse según su ortodoxia economicista, es decir, neoliberal, la de la ideología del capitalismo financiero. Así, los que tienen mando en la economía de este país ruegan encarecidamente al presidente del gobierno que no olvide sus declaraciones al comienzo del ajuste diciendo que lo llevaría a cabo costara lo que costara (al partido que lo apoya) y costara lo que le costara (como presidente). Cuando él ya ha renunciado a seguir y el partido ha sufrido su más seria derrota en democracia, ¿se pretende que nos precipitemos sin remisión al abismo? ¿Hasta dónde hay que llevar un autosacrificio en el que ni siquiera nadie, dado que el martirio es categoría religiosa no aplicable al ámbito político, es reconocido como héroe? Si además se considera que nada garantiza que más dureza en las reformas repercuta en mayor eficacia en la lucha contra la crisis y sobre todo contra el desempleo, como atestiguan los hechos que ocurren en nuestra casa y en las ajenas, ¿qué justificaría el empeño en seguir por un camino que aun siendo el ortodoxamente correcto es prácticamente el equivocado?
Es pernicioso e inútil el juego de apuestas sobre cuándo acabará la legislatura y hacemos bien los socialistas no entrando en él. La pregunta más pertinente no es la relativa al cuándo, sino la relativa al para qué. Si se prolonga, que sea para hacer lo que haya que hacer pero modulando lo que haya que modular, haciéndonos cargo de lo que los ciudadanos han emitido como mensaje a través de las urnas o expresado en manifestaciones de quienes protestan por una política sometida a dictados de insaciables poderes económicos. Y si hay que acometer la imperiosa reconstrucción del proyecto socialista y apoyar a un candidato que ya habla de continuidad y cambio, no dejemos esto último para el momento en que ni los propios se lo crean. Prolongar la legislatura tiene sentido si se anticipan cambios imprescindibles.
Los datos de las encuestas realizadas con posterioridad a los comicios del 22 de mayo muestran lo que algunos venimos sosteniendo desde el día posterior al descalabro municipal y autonómico del PSOE: una buena parte de los electores socialistas tradicionales –que puede llegar al 50%– piensa que en las filas del PSOE no se ha entendido el mensaje y no se ha reaccionado en consecuencia. Las tendencias subyacentes indican que no se está haciendo todo lo que se considera necesario para recuperar en las próximas elecciones generales a tan nutrido electorado desencantado. Incluso no habría que desechar que las cosas fueran peores dentro de varios meses, por mucho que el PSOE acierte a poner al frente de sus listas a uno de los líderes que mantiene un mayor depósito de aceptación y de valoración positiva entre la opinión pública.
El problema en estos momentos no es sólo una cuestión de caras o de líderes. De hecho, a los comicios de mayo concurrieron algunos líderes locales y regionales muy prestigiosos en su ámbito, con valoraciones y puntuaciones parciales superiores a las que hoy alcanza el mejor líder nacional. En varios casos se trataba de candidatos que habían realizado magníficas gestiones en sus respectivos ámbitos, con resultados constatados y medidos. Pero nada de eso fue suficiente, ya que el PSOE se enfrenta en estos momentos a una crisis muy seria de credibilidad y de confianza. Y si no se entiende esta situación –y se actúa en consecuencia– nada, o muy poco, se va a poder hacer de aquí a las próximas elecciones generales.
Si el PSOE quiere tener opciones de ganar las próximas elecciones, primero tendrá que cambiar. Y lograr que sus electores desencantados así lo entiendan con tiempo suficiente como para poder rectificar y actuar en consecuencia.
Por eso, las reacciones que se han producido hasta ahora en el PSOE son valoradas como bastante insuficientes por la opinión pública. En el pasado, Joaquín Almunia, por mucho menos, presentó la dimisión inmediatamente, dejando la puerta abierta a que el PSOE, como tal, buscara la mejor salida y las opciones más convenientes. Así suele ocurrir en la mayor parte de los países con una razonable cultura democrática. El último caso más próximo ha sido Portugal. El líder del Partido Socialista portugués, después del descalabro sufrido, dimitió de la forma más natural, sin ningún problema. Es cierto, como argumentan algunos, que en este caso Rodríguez Zapatero no concurría directamente a las urnas. Pero no es menos cierto que, de facto, fue el protagonista central, y casi exclusivo, de la campaña electoral, con todas las implicaciones prácticas que esto ha tenido.
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Hace unos días, el 15 de junio, el Parlamento de Catalunya era convocado para aprobar los presupuestos propuestos por el gobierno CiU que contenían los recortes más sustanciales nunca vistos en aquel parlamento de los fondos destinados a los servicios públicos del Estado del Bienestar catalán, incluyendo sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, a las escuelas de infancia, y a otros servicios y transferencias que juegan un papel fundamental en garantizar la calidad de vida y del bienestar social de las clases populares. Es más, tales presupuestos tendrán un impacto muy negativo en el empleo (destruyendo empleo público) y en el nivel de los salarios, reduciéndolos (no sólo entre los empleados públicos, sino también entre los trabajadores en general, pues el nivel de los salarios de los empleados públicos afecta a nivel de los empleados en el sector privado). Es más, tal presupuesto irá acompañado pronto de un proyecto de Ley, que elimina muchos derechos adquiridos y expandidos por el gobierno tripartito de izquierdas durante el periodo de su mandato 2003-2010 (el único periodo desde 1939 en que Catalunya estuvo gobernada por las izquierdas).
Estas medidas se están llevando a cabo por el partido gobernante CiU, una federación de dos partidos, uno liberal y otro cristiano demócrata, que comparten en este momento un ideario neoliberal (de sensibilidad nacionalista catalanista) con el apoyo del Partido Popular de Cataluña, un partido conservador-neoliberal (de sensibilidad nacionalista españolista). Ambos partidos tienen amplio apoyo por parte de la burguesía financiera y empresarial que, en la última reunión del Círculo de Economía, en Sitges, aprobó tales políticas de recortes y reformas que reducirán enormemente el gasto público social y los derechos laborales. En realidad, estos recortes y reducciones gozan de un amplio apoyo en los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos del país, presentándolos como necesarios para “recobrar la confianza de los mercados financieros”, la frase más utilizada en los mayores medios de comunicación en Catalunya, incluyendo los medios públicos de la Generalitat, tales como TV3 y Catalunya Ràdio, para justificar tales recortes. Un ejemplo de ello es que en sus tertulias raramente se incluyen voces críticas de esta sabiduría convencional, que planteen propuestas alternativas a tales recortes y reducciones (tales como incrementar los impuestos de las rentas superiores que se han beneficiado de los recortes de impuestos aprobados y/o apoyados por CiU y el PP). Y no ha habido ninguna voz discordante de estas políticas (que llaman) de austeridad dentro de tales establishments.
LA JUSTIFICACIÓN SUPUESTAMENTE DEMOCRÁTICA DE TALES RECORTES Y REDUCCIONES
El gobierno CiU de la Generalitat de Catalunya justifica estas políticas como resultado “del voto de la mayoría”, expresión utilizada por su Presidente en varias ocasiones, expresión que ha utilizado, incluso con mayor frecuencia, a partir de las elecciones municipales que, según las leyes electorales vigentes en Catalunya, dieron resultados muy favorables a tal partido. El argumento justificador de tales políticas, pues, ha sido que el gobierno tiene toda legitimidad democrática para implementar tales políticas.
En tal discurso, ...............................
Tras varias décadas de experiencia neoliberal concluimos que son los postulados económicos de la Escuela de Chicago los que han terminado imponiéndose entre los economistas liberales en detrimento de las tesis del británico J.M.Keynes, patrocinador este último de las políticas económicas del Presidente Franklin D.Roosvelt plasmadas en el denominado New Deal.
En este sentido, cabe destacar las aportaciones del norteamericano Milton Friedman a esa corriente neoliberal para concretar una máxima que hoy es puesta en duda por el devenir de los acontecimientos, y todo a pesar de su enseñanza en Universidades y Centros de Estudios Económicos: "El libre mercado es un sistema científico perfecto en el cual los particulares que actúan en su propio interés crean para todos la mejor cantidad de ventajas posibles".
Así, garante Friedman del Estado mínimo para tal fin, lo determinante es que este no se ocupe de la economía para garantizar el equilibrio de los mercados del trabajo y del capital mediante su autorregulación, objetivo que se alcanza, según el autor, mediante la libre concurrencia o librecambismo y la consiguiente ausencia de elementos perturbadores de ese equilibrio ( sindicatos, salario mínimo interprofesional...).Por lo tanto, ya que el Estado debe reducirse a la mínima expresión , Friedman afirma que debe favorecer inmediatos y radicales cambios económicos para tal fin, sin perjuicio del coste social que se derive de los mismos,por lo que siendo la desregulación y la reducción del gasto social las medidas que todo nuevo gobierno debe adoptar en el periodo de seis a nueve meses que dispone para ello, debe acudir si es preciso a la denominada "Terapia de Shock" empleando los medios de difusión propios y afines de que dispone para reiterar hasta el agotamiento que todo perjuicio y dificultad económica que sufre la población se debe a una economía que no es lo suficientemente libre y que, por lo tanto, son precisas reformas profundas , duras y de urgente necesidad para salir de esa situacón insostenible.
En este sentido, trasladando la terapia de shock a la política española, el temor social despertado como consecuencia de las manifestaciones de imposibilidad de pago de los salarios de los funcionarios de Castilla La Mancha quizá sea la antesala de la adopción de esas medidas drásticas por parte del nuevo Gobierno Autonómico tendentes a patrocinar una reducción del gastos público y privatizaciones justificadas como necesarias para evitar males mayores,
y es que realmente, el analisis de la crisis económica en España, que dispone de particularidades propias de un sistema productivo basado en el ladrillo y el turismo fundamentalmente,requiere de un profundo estudio sobre sus causas y posibles soluciones, y es que a pesar del arraigo de la creencia que otorga a la derecha la capacidad de crear empleo por la experiencia de las dos legislaturas del gobierno de Aznar,lo cierto es que la situación actual no solo no es ni siquiera similar a la de 1996, sino que el empleo que entonces se creó se sostuvo sobre bases inestables y basadas en un crecimiento económico motivado por el endeudamiento irresponsable.
En este sentido, el tiempo pasado desde 1996 hasta la actualidad nos sitúa en un espacio temporal privilegiado para poder conocer cualés fueron los efectos de las políticas conservadoras en España, y es que la Ley del Suelo de 1998 originó más perjuicios al país que beneficios, o al menos estos últimos tuvieron un efecto temporal limitado hasta el crack del 2008.
No obstante, al no ser la construcción a fecha de hoy un motor de crecimiento económico como lo fué, lo cierto es que España tiene el problema de carecer de una actividad productiva capaz de absover a los desempleados procedentes de este sector o afines, muchos de ellos sin una formación académica o titulación,por lo que el cambio de modelo productivo es de urgente necesidad si queremos seguir disfrutando del Estado del Bienestar que hemos conocido hasta ahora,siendo precisamente el Estado quien debe liderar ese proyecto o cambio de rumbo productivo bajo la cooperación de los agentes sociales mediante políticas de inversión educativas, tecnológicas y científicas que permitan dotar a España de los instrumentos y medios necesarios para crear empleo sobre una economía sostenible con empresas propias e inversiones extranjeras que innoven en los diferentes sectores de la economía , adaptando el sistema educativo universitario y profesional a citado modelo con el objetivo de formar ciudadanos desde un punto de vista intelectual y profesional.
José Luis Garrido García
*Vease " La doctrina del shock" de la periodista canadiense Naomi Klein.
En estos días de configuraciones y composiciones de mesas en las instituciones municipales y autonómicas, *sin descartar alguna a nivel estatal por ejemplo el Senado, los ciudadanos nos damos cuenta de que algunos representantes no son ni hacen lo que nos prometieron el 22-M.
En la constitución de las nuevas instituciones y utilizando un símil animal, observamos como destacan diferentes especies de nuestra fauna política nacional, especies que los ciudadanos teníamos la esperanza que después del varapalo sufrido por la izquierda de este país y lo indignados que están muchos de ellos, la lejía corriera por los despachos y pasillos de los partidos políticos y las instituciones. Vemos que esto no es así, seguimos con los mismos gérmenes. Urge que desde la izquierda se exija a los representantes institucionales una normativa que prohíba la acumulación de cargos y mandatos.
Los ciudadanos que soportan la crisis no pueden entender como señores de la alta política, procuradores, senadores autonómicos, concejales o los no electos y designados a dedos, diputados provinciales, acumulan responsabilidades entre las diferentes instituciones. Por no hablar de aquellos que a la vez compatibilizan con empresas públicas, intentando convencer a los ciudadanos que es por el bien de su comunidad autónoma, ayuntamiento o por el bien del partido; o por todas a la vez, sin olvidar la más importante: la cuenta corriente personal. Los ciudadanos no descartan que estos súper-hombres sean capaces de estar en dos o tres sitios a la vez (algún compañero ideológico hará su trabajo sin cobrar) y resolver los problemas de los ciudadanos al mismo tiempo. Claro está que, con toda esta actividad tan productiva, estos políticos deben percibir las retribuciones adecuadas, de todas las instituciones públicas, semipúblicas o privadas, por todas las actividades que ejercen.
Decía que URGE desde la Izquierda un poco de higiene política: Limitación de cargos, limitación de mandatos, limitación a las compatibilidades entre trabajos de libre designación y representación en las empresas públicas, semipúblicas, fundaciones, asociaciones, etc.
Muchos ciudadanos que no tienen para hacer frente a la hipoteca, otros muchos con un sueldo (toda la familia) tiene que llegar a final de mes, otros, los indignados bien formados y sin empleo, exigen a los políticos bien pagados, excesivamente bien pagados: reparto del empleo, limitación de cargos, limitación de mandatos y una sola retribución por desempeñar su actividad pública en representación de los ciudadanos.
*los de la cuota de su comunidad autónoma
Tomás Martínez
Los Sofistas aportaron a la Grecia Clásica no solo el conocimiento y la enseñanza del arte de la persuasión, sino también, dados sus amplios conocimientos sobre las costumbres e instituciones sociales, políticas o religiosas de diferentes ciudades, tuvieron la oportunidad de aportar un mejor juicio crítico y más objetivo sobre algunas de estas instituciones o costumbres , y es que su condición de extranjeros y el conocimiento de otras “polis” les permitió tener una visión más objetiva del lugar de acogida que la que podrían aportar los propios autóctonos.
Así, trasladando la aportación sofista a la realidad actual y, conociendo los ciudadanos el arte de la persuasión de los políticos, dominada esta con más eficacia por unos que por otros, son los primeros los que pueden emitir un mejor juicio crítico sobre el "tsunami electoral" que ha sufrido el PSOE en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, y no los afectados, pues estos corren el riesgo de eludir responsabilidades asumiendo la misma frase adoptada por los medios de comunicación conservadores:” la culpa es de Zapatero”, evitando así entonar un mea culpa responsable y sincero, y es que quizá la gestión de la crisis económica haya influido en los resultados electorales del 22 de mayo, pero la autocrítica sobre la gestión municipal o autonómica en el PSOE debe ser constructiva si no queremos cometer los mismos errores. Aún así, al menos nos consuela que se reconozca lo que muchos venimos anunciando desde hace tiempo, y es el abandono de los valores de la Socialdemocracia por parte del Partido Socialista, fundamentalmente durante esta segunda legislatura.
José Luis Garrido García
Francisco Parra Rodríguez
El 15 de Mayo ha irrumpido en la campaña electoral y de que manera. Jóvenes indignados utilizando las redes sociales logran sacar a la calle a otros 150.000 indignados con el slogan de no al PPSOE, menuda papeleta. Se organiza un campamento en el kilómetro cero de nuestro eje radial, y el martes al amanecer lo desaloja la policía nacional y local, por orden del delegado del gobierno socialista y del alcalde pepero. En la red social la indignación crece, no es para menos, se menciona y con razón que se les desaloja por ocupar al vía publica pública para protestar por lo injusto que viene a ser que los gobiernos, el socialista hispano incluido, rescaten a los banqueros y se olviden de los ciudadanos, y sin embargo meses atrás se permitiese la singular ocupación de la vía pública madrileña por un buen número de adolescentes que por asistir al concierto de cierto cantante quinceañero dejaron de asistir a clase con el beneplácito de sus padres. Y es que la verdad razones para estar indignados hay muchas, yo por ejemplo, estoy indignado cuando:
- veo reunirse al presidente del gobierno socialista con los ejecutivos de las grandes corporaciones españolas para tratar de encontrar una solución a los problemas actuales de falta de empleo y crédito, y mi indignación crece cuando veo que meses después de la reunión esos mismos ejecutivos anuncian nuevas reducciones de plantillas o afirman que la sequía crediticia ha de continuar unos cuantos años más.
- veo las declaraciones del gobernador que nombró el partido socialista cuando aún nos indica que los derechos laborales han de recortarse aún más si se quiere recuperar el nivel de empleo, y mi indignación crece cuando en las proyecciones económicas de la UE compruebo que Irlanda con un sistema laboral en las antípodas del vigente en mi país, no solo ha destruido tanto empleo como España, sino que va a tener las mismas dificultades que España para reducir una tasa de paro que se ha elevado en 8,3 puntos de porcentaje de población activa entre 2008 y el 2011 (en España se ha elevado 9,3 puntos de porcentaje).
- veo como el ajuste fiscal que propuso el equipo de gobierno socialista incluía bajadas de sueldos a los funcionarios, recortes sociales, aumentos de las tasas impositivas de los impuestos indirectos y no se consideraban apenas cambios en la tributación de las rentas más altas, y mi indignación crece cuando me cuentan que en España un trabajador industrial paga alrededor del 72% de los impuestos que paga su homólogo en Finlandia, pero que un rico en España paga en impuestos sólo un 23% de lo que paga un rico en Finlandia. ( fundacionsistema.com )
- veo afirmar al comisario europeo de la competencia nombrado por el partido socialista español recomendar al gobierno socialista de su país nuevos recortes en los sueldos de los funcionarios (hasta el 30%), en el gasto publico (el 20%) y en los salarios de los trabajadores para recuperar la competitividad, y mi indignación crece cuando compruebo que a Grecia a la que rescataron imponiendo un ajuste fiscal de tal calibre, la tienen que rescatar de nuevo y como ya no hay más que recortar le imponen un nuevo plan que no consiste en otra cosa que en la venta el estado a precio de saldo.
- veo la incapacidad del ministro de industria de resolver el problema eléctrico sin proponer otro plan que nuevas subidas de la tarifa eléctrica, y veo y veo y veo…
No me cabe duda de que los jóvenes que se muestran indignados son la vanguardia de la sociedad y que están luchando por su futuro y es lo que muchos otros ciudadanos estábamos esperando y deseando, y tampoco me cabe duda de que el PSOE está ahora mismo en la retaguardia de la sociedad. Pero al igual que al olmo seco de Soria, alguna rama verdecida le ha salido a ese árbol hendido por el rayo y en su mitad podrido, y así desde izquierda socialista se intenta mantener viva esa rama, al igual que la fundación sistema da eco a opiniones muy alejadas del pensamiento único (http://www.fundacionsistema.com), y por supuesto Josep Borrel no es Joaquín Almunia. El PSOE ha sido un gran pecador y habrá de purgar sus pecados, pero los jóvenes que se manifiestan estos días y los miles de ciudadanos indignados que les siguen son las bases sobre las que habrá que construir el nuevo socialismo. Miren yo tengo un hijo de 21 años que me imagino no votará, pero escuchando a su corazón me pueden dar alguna razón para convencerle de que acuda el domingo que viene a votar.
Resulta preocupante que el informe del pasado 1 de abril del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), del Consejo de Europa, advierta de que España no ha cumplido de manera enteramente satisfactoria todas sus recomendaciones de 2009 en materia de financiación de partidos. La cansina aparición de noticias sobre escándalos de corrupción relacionados con la gestión de fondos presupuestarios realizada por cargos electos con carné está enrareciendo la vida pública y socavando el prestigio de la clase política. Si el pescado se pudre por la cabeza, la legitimidad de las democracias comienza a degradarse por el enriquecimiento corporativo o individual de sus gobernantes.
Es cierto que España no constituye una excepción dentro de una Europa supuestamente virtuosa. El sistema de partidos se derrumbó en Italia durante la década de los noventa cuando los fiscales de Manos Limpias apretaron las tuercas a sus contables: el régimen populista de Berlusconi enseña que el remedio puede ser todavía peor que la enfermedad. Si los abusos en provecho individual cometidos por los comunes británicos o por los europarlamentarios producen la misma vergüenza ajena que el gorroneo, las sisas y los choriceos de los particulares, la financiación irregular de las formaciones políticas a través de las comisiones ilegales y los sobornos ha causado verdaderos estragos en Francia, Alemania y otros países de la Unión. Pero las estadísticas de robo comparado no deberían servir de consuelo a los contribuyentes y, menos aún, de coartada a los autores de esos desmanes.
Aun admitiendo progresos en otros terrenos, el informe de Greco de 2011 sigue denunciando el elevado endeudamiento de los partidos españoles (los créditos ascendían a 144 millones de euros en 2005), la falta de regulación del límite y las condiciones de esas operaciones, la opacidad de las cuentas locales en municipios de más de 20.000 habitantes, la dificultad para comparar contabilidades fabricadas según criterios diferentes, la ausencia de controles internos y auditorías externas de las finanzas partidistas, la escasez de personal y de medios del Tribunal de Cuentas y la inexistencia de normativa sancionadora para los casos de incumplimiento.
La indolencia del Parlamento español para llevar a la práctica todas las recomendaciones del Consejo de Europa no es casual. Aunque los partidos se apresuran a organizar grandes escandaleras cuando alguno de sus adversarios es atrapado con las manos en la masa (olvidando la parábola de la mujer lapidada del Nuevo Testamento), se diría que sus dirigentes están implícitamente de acuerdo (al igual que los mercaderes del templo como gremio ocupado de velar por sus intereses comunes) en excluir sus finanzas de las severas medidas de vigilancia preventiva, control de resultados y sanción penal que acogotan a las empresas privadas y a los contribuyentes individuales.
JAVIER PRADERA 08/05/2011
IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE de Valladolid denuncia las respuestas represivas de los gobiernos dictatoriales de Siria, Libia, Yemen y Bahréin que tienen como objeto someter a sus ciudadanos a condiciones inhumanas, para eliminar cualquier aspiración democrática y de justicia social, demandadas con valentía y coraje y riesgo de la propia vida.
IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE de Valladolid expresa su apoyo incondicional a cualquier movilización pacífica, convocada en demanda de las libertades fundamentales y de los derechos democráticos.
IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE de Valladolid pide al Gobierno de la Unión Europea y al Gobierno español, una posición firme y no bélica ante las autoridades de estos países rechazando la violencia con la que se intentan reprimir los derechos humanos, poniéndose del lado de los ciudadanos de estos países y apoyando sin fisuras la democratización de la vida política y social en todos ellos. Así mismo, reclama la recuperación del protagonismo de las Naciones Unidas para que esta asuma su espíritu fundacional, solicitandose una respuesta humanitaria y solidaria en favor de los refugiados políticos y desplazados por los conflictos armados.
IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE de Valladolid reitera su “NO A LA GUERRA”.
La coordinadora
Las dos grandes opciones ideológicas que han dominado la vida política durante los siglos XIX y XX, el Liberalismo y el Socialismo, han sufrido, con mayor énfasis en el caso de este último, una aproximación doctrinal en sus pretensiones de compaginar la libertad con la igualdad que han generado lo que coloquialmente denominamos pensamiento único. Adoptada esta aproximación ideológica por los denominados partidos socialdemócratas bajo el término de Social-liberalismo, son el descrédito de la experiencia comunista, particularmente la soviética, y los excesos del liberalismo doctrinario o decimonónico las causas de citada uniformidad ideológica sustentada filosóficamente por las posturas doctrinales de J.S Mill, Norberto Bobbio o Anthony Giddens, las cuales hallan su aplicación práctica en la Tercera Vía del Laborismo Británico, sin perjuicio de anteriores experiencias privatizadoras de empresas y servicios públicos bajo la falsa creencia de una mejor eficacia y eficiencia económica del sector privado en el seno de un mercado desregulado.
Así, esta tendencia Social-Liberal, junto a otras ofertas neoliberales patrocinadas por los economistas de la Escuela de Chicago, ha contribuido notablemente a la financiarización de la economía en detrimento de la economía real, pero también a la inoperancia de los mecanismos de control estatales que hubieran podido hacer sonar las alarmas ante el estallido de la burbuja inmobiliaria y las consecuencias de los excesos bancarios en su ímpetu de obtener beneficio mediante el crédito, y es que es menester destacar que en esa confusión de la libertad como valor innato del ser humano con la ausencia de fiscalización estatal en una economía desregulada generó riqueza y empleo sobre unos pilares inestables hasta que el enriquecimiento irresponsable terminó por hundir el barco por el excesivo peso del botín, cayendo con él el proyecto de vida de millones de mujeres, jóvenes y adultos o personas migrantes desempleadas.
Quizá la propia estructuración de la Unión Europea impida y limite la aplicación práctica de otras opciones socio-económicas como la Keynesiana ( devaluación monetaria y política presupuestaria de gasto público para crear empleo y progreso), pero visto el diagnóstico del paciente y las graves consecuencias personales y humanas que traerá el rescate de Portugal, es preciso despertar o en su caso reinventar al pariente marginado del Europeísmo, esto es, la Europa Social, sin perjuicio de hacer cumplir la falsa promesa de poner fin definitivo a los paraísos fiscales junto a su opacidad característica. Está claro que la tarea no es fácil, pero lo cierto es que es la política, a pesar de su descrédito por la impotencia ante la crisis y la corrupción, la única vía factible capaz de cambiar o transformar la realidad en la que vivimos y de garantizar, a la vez, el poder soberano del pueblo frente al totalitarismo de los mercados y agencias de calificación, y todo ello bajo el soporte ético de la virtud ciudadana y la responsabilidad social como máximas irrenunciables e innegociables. Así, es esta política transformadora la que debe guiar el rumbo de los Partidos Socialistas, más aún en España, cuya ciudadanía no se puede permitir una izquierda debilitada ante un partido Popular ubicado en la descalificación y el conservadurismo ideológico.
José Luis Garrido
El sábado, el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero anunció que no iba a presentarse para tratar de obtener un tercer mandato y, con ello, puso en marcha un proceso de primarias que culminará con la elección de un nuevo candidato del partido y un programa político renovado.
El lunes, el presidente Barack Obama inició oficialmente sus 18 meses de campaña para la reelección y, con ello, puso en marcha un largo proceso de renovación política que los demócratas esperan que vuelva a atraer a los votantes progresistas.
Y el jueves, la Fundación IDEAS y el Center for American Progress van a convocar una reunión de la red para el Progreso Global, que agrupará a destacados estrategas políticos de Europa y Norteamérica. Continuando el trabajo de reuniones anteriores en Washington, Berlín, Nueva York y Madrid, los participantes debatirán sobre cómo responder a las aspiraciones de las jóvenes generaciones progresistas de todo el mundo.
El momento es oportuno, porque nos permite tomar un respiro tras los frenéticos acontecimientos de la semana pasada y recordar que nuestra reacción ante los retos actuales debe tener una perspectiva a largo plazo, estar orientada hacia el futuro y ser innovadora. Hoy, más que nunca, es importante que los progresistas recuerden la primera regla de la política: la gente vota a alguien pensando en lo que va a hacer por ellos, no en lo que ha hecho antes. Lo malo es que la crisis parece haber arrinconado a muchos progresistas en una actitud conservadora, de defender los logros del pasado en vez de seguir avanzando a partir de ellos.
Quizá no es extraño. La ofensiva actual de la derecha es intensa. Mientras que, en plena crisis económica mundial, a los progresistas les resultaba difícil distinguirse de un movimiento de derechas que parecía -al menos en Europa- haber adoptado muchos de los principios fundamentales de la política económica progresista, hoy vemos cómo se lanzan duros ataques contra el papel del Estado y el gasto público. Para la opinión pública, lo que comenzó como una crisis del capitalismo de casino -con mercados financieros sin regulación y banqueros irresponsables- se ha convertido en una crisis del Estado despilfarrador, con unos déficits públicos excesivos y unas intervenciones innecesarias e inútiles del Gobierno.
Este nuevo relato conservador combina una atractiva historia en la que se unen el declive económico, unas potencias emergentes en Asia y unos Gobiernos derrochadores, con el intento de generar miedo al otro, que pueden ser los inmigrantes, las minorías o los extranjeros. Es una política con mucho mensaje pero poca sustancia, carente de verdaderas soluciones a los problemas económicos y sociales de nuestros países. Su idea central es un llamamiento al consuelo de las viejas identidades, los viejos modos de pensar y las viejas estructuras. Por desgracia, en estos momentos todo eso está teniendo éxito en las urnas.
Tal vez no debe sorprendernos, porque, como descubrió el Partido Laborista británico, para su desgracia, el verano pasado, los partidos progresistas que defienden lo que han hechoy son incapaces de modernizar su programa para afrontar el futuro ofrecen, muchas veces, una imagen de gestores más que de motores del cambio, y un mensaje que parece poco más que la promesa de gestionar el declive mejor que sus rivales.
El empeño en la defensa de los logros anteriores no solo coloca a los progresistas en el lado equivocado de la dicotomía entre futuro y pasado, sino que agrava la fragmentación del voto progresista. Mientras se aplacan los temores de los privilegiados empleados del sector público y los puestos de trabajo protegidos por los sindicatos, se ignoran los ruegos de los jóvenes, los desempleados y los que aspiran a un futuro más sostenible e integrador. Y, aunque no es muy probable que estos grupos, en Europa, voten a la derecha populista, sí lo es que acaben no votando a nadie.
A la larga, pues, los progresistas no tienen más remedio que presentar un programa nuevo, que tranquilice a los grupos tradicionales y tienda la mano a otros nuevos. En resumen, para construir una nueva coalición de progreso deben avanzar más allá del conservadurismo progresista.
Para ello, dicho programa no solo debe incluir la inversión en los sectores económicos del futuro, sino que debe ofrecer más oportunidades de movilidad social y reconocer que la mejora de la calidad de vida de muchos ciudadanos exige nuevas instituciones que les permitan contribuir al bien común de la forma que ellos prefieran. Los ciudadanos deben poder invertir personalmente en sus comunidades.
Ahora bien, los españoles a los que, como a Rajoy, les seduzca la noción de Gran Sociedad de David Cameron como sustituta del Estado, deben tener cuidado; las sociedades fuertes solo prosperan cuando cuentan con el apoyo de un Gobierno fuerte e innovador. El Estado y la sociedad deben apoyarse mutuamente, no sustituirse. Una era de nuevas oportunidades necesitará un papel mucho más fuerte del Estado para conseguir que nuestras economías sean más competitivas mediante inversiones a largo plazo en educación, infraestructuras energéticas y transporte y la creación de empleos bien remunerados.
Del mismo modo, la construcción de sociedades más cohesionadas y sostenibles dependerá de que el sector público sea capaz de hacer las inversiones sociales adecuadas y crear nuevas instituciones que movilicen y canalicen la energía de los ciudadanos deseosos de contribuir al bien común.
Las líneas divisorias para el futuro están trazadas. Es hora de que los progresistas se libren de sus miedos conservadores y luchen por el mañana.
Matt Browne es colaborador del Center for American Progress y de la Fundación IDEAS. Carlos Mulas-Granados es profesor de Economía de la UCM y director de la Fundación IDEAS. Ha dirigido el estudio del FMI Regaining Control After the Storm: Debt Sustainability Following Banking Crises. (www.imf.org). Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
En varios artículos publicados en SistemaDigital.es he ido desgranando las causas de la escasa recuperación económica que radica, en parte, en las políticas de austeridad que está siguiendo el gobierno español bajo la presión de la Unión Europea (y muy en especial del gobierno alemán de la canciller Merkel) así como del Fondo Monetario Internacional. Estas políticas de austeridad están equivocadas y están perjudicando la recuperación económica española que necesita precisamente unas políticas contrarias a las que se están siguiendo, con una expansión muy notable del gasto público, orientado sobre todo a la creación de empleo. No existe conciencia en los establishments políticos y mediáticos del país de que el mayor problema económico y social que tiene España es el desempleo. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios público del estado del bienestar (tales como sanidad, educación, vivienda pública, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a personas con dependencia, entre otros) que tiene Suecia, 25% (en lugar del 9% actual), España tendría casi cinco millones más de trabajadores en tales servicios de los que tiene ahora. Como consecuencia no habría desempleo en nuestro país, que actualmente supera los cuatro millones. El elevado desempleo en España está basado, en parte, en el escaso desarrollo de su estado del bienestar que no está proveyendo suficiente empleo público.
Por otra parte, este desempleo contribuye enormemente a la falta de demanda, responsable de la escasa recuperación de la economía española. Esta creación de empleo debería financiarse con el aumento de la carga impositiva y de su progresividad, eliminando los recortes de impuestos que se han ido aplicando en los últimos quince años y que han beneficiado predominantemente al 20% de la población de renta superior. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al estado, solo un 34% del PIB, comparado con un 44% para el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia. Si España tuviera la carga fiscal que tiene Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa ahora, con los cuales podría corregir las enormes insuficiencias del estado del bienestar, además de eliminar el desempleo y estimular la demanda, el mayor problema que tiene la economía española.
De lo que las autoridades económicas parecen no darse cuenta es que la causa del estancamiento económico es la falta de demanda que ha empeorado todavía más con el crecimiento del desempleo. Para entender esta situación, tenemos que entender que la burbuja inmobiliaria fue el motor del crecimiento económico español durante estos años anteriores al inicio de la crisis. España construyó muchas más viviendas de las que el país necesitaba a unos precios desorbitados que exigieron un enorme endeudamiento de las familias. El precio de las viviendas (por metro cuadrado) creció nada menos que un 106% desde que se estableció el euro, en 1999, hasta el 2007. Los salarios (el precio real del trabajo) crecieron solo un 8%. La enorme distancia entre estos precios de la vivienda (que aumentaron espectacularmente, muy por encima del aumento de los costes de producción) y los salarios requería un enorme endeudamiento, financiado predominantemente por la banca española, pero también por la banca alemana y en menor grado por la francesa. Tal endeudamiento les dio enormes beneficios.
Cuando la burbuja inmobiliaria estalló las familias quedaron en una situación dificilísima, en parte consecuencia de la excesiva protección que tiene la banca versus el ciudadano hipotecado. Pero, desde el punto de vista de la economía, un grave problema era y continúa siendo que el mercado de la vivienda, además de colapsarse, no se está reavivando. Es característico de un sistema especulativo monopolístico que tal mercado no exista, es decir el mal llamado mercado inmobiliario no funciona como mercado. A pesar de que hay un millón de viviendas vacías, el precio de la vivienda ha bajado solo un 18% desde 2007, el inicio de la crisis. Tal como apunta Wolfgang Münchau en el Financial Times (en su artículo “A complacent Europe must realise that Spain will be next” (11/04/2011)), esta situación está llevando a una situación insostenible. Según Münchau el precio de la vivienda debería bajar un 30% más a fin de reavivar el mercado, un elemento central de la recuperación. Es más, debido a que el precio de las hipotecas, en la medida que baje el precio, sobrepasará el precio de la vivienda, se crearán grandes desfalcos y crisis bancarias y de las cajas de ahorros, acentuando todavía más la falta de demanda y el desempleo. Como bien escribe Daniel Gross en su artículo “Europe’s Subprime Quagmire”, el excesivo poder de la banca (y escaso poder del usuario de la banca) ha creado un desmesurado endeudamiento y gran escasez de la demanda. Y este poder de la banca dificulta también resolver el problema, pues aunque la persona hipotecada haya perdido la vivienda, la deuda le imposibilita recuperar la demanda.
Creerse que el mercado en si resolverá este problema es de una ingenuidad muy costosa. A no ser que el estado intervenga, sustituyendo esta enorme escasez de demanda mediante el gasto público la situación no mejorará. Y a no ser que el estado actúe más activamente creando empleo y garantizando el crédito, mediante medidas mucho más progresistas (como el establecimiento de bancas públicas), no habrá recuperación económica.
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Antes de celebrar las primarias que elegirán a su candidato en las elecciones presidenciales de 2012, los socialistas franceses se acaban de reunir para acordar el programa que este, sea cual sea, propondrá a la ciudadanía en nombre de todos. Desmintiendo por una vez la imagen desastrosa que de ellos tienen sus compañeros europeos, han comenzado las obras por los cimientos y no el tejado. Además, el programa que han aprobado es digno de debate: creación de una banca pública, reforma fiscal para que paguen más las grandes empresas y las grandes fortunas y menos los asalariados, promoción de las energías verdes y seguras, propuesta para que la Unión Europea imponga tasas adicionales a las importaciones procedentes de países con lagunas evidentes en materia de derechos laborales y protección del medio ambiente, creación de 300.000 empleos públicos para los jóvenes... Como escribe Laurent Joffrin en Le Nouvel Observateur, se trata de "toda una ruptura con el social-liberalismo" dominante en los últimos lustros en el centro-izquierda europeo.
Tras el activismo estatal en la economía que marcó los comienzos de la presidencia de Mitterrand, Felipe González fue, en cierto modo, un precursor en los años ochenta del pasado siglo de las políticas impulsadas una década después por Tony Blair bajo la denominación de Tercera Vía. Se trataba de intervenir lo menos posible en los asuntos económicos con el argumento de que, dejado a su libre albedrío, el mercado sería fuente constante tanto de riqueza y empleo como de ingresos fiscales con los que sufragar las políticas sociales.
Zapatero adoptó esa visión. Su primera legislatura se caracterizó por el exiguo protagonismo económico del Gobierno. Como la economía española vivía un periodo de vacas gordas, sus ingresos fiscales permitían financiar la ampliación del Estado de bienestar. A Zapatero le reprochaba entonces la derecha que no hiciera las reformas neoliberales que tuvo que terminar impulsando a partir de 2008. Pero no es menos cierto que tampoco abordó reformas socialdemócratas: ni hizo lo suficiente por desinflar paulatinamente la burbuja inmobiliaria, ni combatió el enorme fraude a Hacienda, ni promovió una reforma fiscal progresista y ni se le pasó por la cabeza recrear en España algún tipo de banca o de empresa energética pública.
Cuando llegó la crisis y los ingresos fiscales encogieron dramáticamente, Zapatero se encontró a merced de los mercados financieros internacionales y tuvo que ponerse a aplicar su ideario, el neoliberal. Lo pasmoso fue que, con tal de oponerse a todo, el PP no aplaudiera a rabiar la materialización de su propio programa.
Hoy, con el giro a la izquierda que Ed Miliband encarna en el laborismo y que también acaban de aprobar los socialistas franceses, y con el anuncio de que Zapatero, el último de sus representantes en un gran gobierno europeo, no se presentará de nuevo, la Tercera Vía puede darse por muerta.
Esta crisis ha enseñado un par de cosas a los socialdemócratas menos aburguesados intelectual y políticamente. La primera es que no se pueden hacer políticas sociales progresistas sostenibles sin impulsar a la par políticas económicas progresistas. Es lo que decían Matt Browne y Carlos Mulas en un artículo recién publicado en EL PAÍS al plantear "una nueva agenda" en la que el Estado tenga mayor protagonismo económico. La segunda es que, a la hora de aplicar el recetario neoliberal, los electores europeos prefieren el original del centro-derecha a la mala copia del centro-izquierda.
Los socialistas españoles también se aprestan a celebrar unas primarias que elijan a su candidato en 2012, lo que supone un saludable ejercicio de democracia. Pero, a diferencia de los franceses, poco hablan de cuáles serán sus novedades en materia de programa y propuestas. Muchos de ellos, no obstante, saben que estas deben girar en torno a la economía. En 2012 los electores querrán saber qué puede hacer un futuro Gobierno en tres frentes: promover el crecimiento y reducir el desempleo; construir un nuevo modelo productivo que reemplace al ladrillo, y garantizar los parcos niveles de protección de nuestro Estado de bienestar. Cómo salvaguardar, y hasta mejorar, ese Estado de bienestar por una vía que no contemple sólo el recorte de las prestaciones bien podría ser una gran bandera de la socialdemocracia española y europea post-blairista.
¿Debaten sobre estas cosas nuestros socialistas? ¿Alguno de sus potenciales candidatos en 2012 discrepa del dogma de que no hay políticas económicas alternativas a las hoy aplastantemente dominantes? ¿Piensa alguno que también -y sobre todo- en este terreno la socialdemocracia debe ser distinguible de la derecha? Aún no lo sabemos.
Probada históricamente su credibilidad en materia de libertad, la socialdemocracia tendría un amplio bulevar que recorrer si se convirtiera en la defensora de la seguridad de las clases populares y medias: seguridad frente al terrorismo y la delincuencia; frente al infortunio, la enfermedad y la vejez; frente a los atropellos de la banca, las empresas de servicios y la administración de Justicia; frente a la amenaza nuclear y el cambio climático... Los laboristas británicos y los socialistas franceses empiezan a apostar por ello. Intuyen que la idea de más Estado, a nivel nacional y a nivel global, de un Estado menos burocrático pero más eficaz y combativo frente a los poderosos, puede ser una oferta muy atractiva en estos tiempos inciertos.