OPINIONES

¿Salvar el Estado del bienestar?

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.

 

Los portavoces de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, justificaron en las Cortes españolas la constitucionalidad de la medida que aprobaron, que fuerza al Estado a tener un equilibrio presupuestario, con el argumento de que se “requería tal medida a fin de salvar el Estado del bienestar”. Según ellos, una medida que obligará a realizar recortes sustanciales del gasto público (del cual el gasto público social es el mayor componente) para eliminar el déficit del Estado es necesaria para salvar al escasamente financiado Estado del bienestar. Puesto que España es el país de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE) que tiene el gasto público social por habitante más bajo, es difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto –que el equilibrio presupuestario exige– van a corregir el enorme déficit de gasto público social de España.

 

Una respuesta a esta contradicción podría ser la aportada por dirigentes conservadores de persuasión neoliberal, como dirigentes del Partido Popular, que han subrayado que el descenso del gasto público (incluyendo el social) estimulará la economía y con ello aumentará el crecimiento económico y, por lo tanto, los ingresos al Estado, incluyendo el gasto público social. Pero como bien han señalado Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Dean Baker y toda una larga lista de economistas que poseen mayores conocimientos económicos que tales dirigentes políticos, las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes, pues reducen todavía más la demanda de bienes y servicios, que está estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada y, por lo tanto, tiene escasa capacidad de compra y consumo. Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión. De ahí que el argumento de que recortando en momentos de recesión el gasto público se facilitará la recuperación económica es poco creíble. En realidad, la propia experiencia española demuestra el error de tal supuesto. Los recortes de gasto público están contribuyendo al estancamiento de la economía española.

 

Igualmente sorprendente es la argumentación, bastante extendida entre dirigentes del PSOE, que señala que los cambios supuestamente introducidos por su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, salvan tal reforma porque garantizan la supervivencia e incluso refuerzan el Estado del bienestar. Así, Felipe González señaló recientemente (30-08-11) que, aun cuando la propuesta inicial del Partido Popular –que era exigir un déficit cero en los presupuestos venideros– era un “disparate”, saludó, sin embargo, la propuesta final aprobada, gracias a la intervención del candidato Rubalcaba, que permitirá un déficit de un 0,4% del PIB. Tal porcentaje es, a todas luces, excesivamente bajo. En realidad, en los últimos 20 años, tal como ha subrayado David Lizoain, ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un sólo año. Alemania lo consiguió sólo un año, EEUU, tres años, Reino Unido, cuatro, y España, también cuatro, a costa, por cierto, de tener el gasto público por habitante más bajo de la UE-15.

 

Se podría argumentar que los países escandinavos de tradición socialdemócrata, y muy en particular Suecia, han sido países con gran número de años con superávit en sus presupuestos nacionales. Ahora bien, su carga impositiva es mucho mayor que en España y los ingresos al Estado representan un porcentaje mucho mayor del PIB que España. Las cifras hablan por sí mismas. En España, tales ingresos representan sólo un 32% del PIB, mientras que en Suecia son un 52%. En realidad, si España tuviera la política fiscal de Suecia, su Estado ingresaría 200.000 millones de euros más, cantidad suficiente para eliminar el déficit del Estado y corregir el enorme déficit de gasto público social de España.

 

Es poco probable, sin embargo, que las fuerzas que están pactando el déficit del 0,4% favorezcan un incremento sustancial de los impuestos y de su progresividad (los ricos en España tributan sólo el 20% de lo que tributan los ricos en Suecia). En realidad, durante estos últimos 15 años, ambos partidos han estado reduciendo los impuestos, debilitando su progresividad.

 

El tipo efectivo del IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa un 10% menos por sus beneficios y la banca se ha beneficiado de la enorme tolerancia, cuando no complicidad, de las autoridades públicas hacia el fraude fiscal.

 

De todo lo dicho es difícil concluir que las medidas propuestas salvarán el Estado del bienestar. En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008. La reducción del déficit público, requerido por el criterio de Maastricht, se consiguió a costa, no de aumentar los impuestos (que en realidad bajaron, sobre todo en las rentas superiores, reduciéndose un 37% para las rentas de más de 300.000 euros, pero sólo un 1,7% para la mayoría de la población que tributa al Estado), sino de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social. Durante aquel periodo, la diferencia de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15 aumentó considerablemente, de forma que en 2007, al inicio de la crisis, tal déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 era mayor que en el año 1993, cuando se iniciaron las políticas de austeridad. En España, los déficits públicos siempre se han reducido a costa de su Estado del bienestar. Creerse que ahora va a ser diferente es ignorar el temor del Estado español (tanto central, como autonómico) a enfrentarse con aquellos colectivos de mayores ingresos (que obtienen sus ingresos de las rentas del capital) y que no aportan al Estado lo que aportan sus homólogos en la UE-15. Así de claro.

attac.es

 

Noventa y nueve patadas y media

JAVIER MARÍAS  02/10/2011

 

Hace siete años y medio publiqué aquí una columna titulada "Noventa y ocho patadas". Estaba escrita dos semanas antes de su aparición, como todas, pero salió exactamente el 14 de marzo de 2004, es decir, el día de las elecciones y tres después del mayor atentado terrorista de la historia europea, que nadie había podido prever. En aquel artículo mostraba mi incomprensión hacia quienes se abstienen o votan en blanco, sobre todo hacia estos últimos, ya que, si se toman la molestia de llegarse hasta las urnas, eso indica que la política no les es indiferente. El problema del voto en blanco es que, por mucho que se intente presentar como un rechazo a cuantos partidos concurren o incluso al sistema mismo, se trata por fuerza de una protesta muda y que no computa. Computan sólo los votos "positivos", y serán éstos los que determinen quiénes van a gobernarnos, por escasa que sea la participación. Es así y no hay vuelta de hoja, no al menos mientras no se enmiende la delirante Ley Electoral que sufrimos y que ninguno de los grandes partidos ha tenido el menor interés en modificar y por tanto no lleva trazas de ir a cambiarse jamás. Es lo que hay.

 

En aquella vieja columna -no era ni imaginable que Zapatero fuera a ganar, qué lejos queda aquello-, aludía al dicho de nuestra lengua "Me da cien patadas", con el que expresamos nuestra profunda aversión o antipatía hacia algo o alguien, y reconocía que no había ninguna formación política que no me diera noventa y ocho como mínimo, lo cual era muy grave para quien siempre se ha interesado por la cosa pública y además vivió el suficiente franquismo para anhelar la existencia de la democracia, del derecho a voto y de las elecciones. Supongo que es por esa razón por la que nunca me he abstenido ni he votado en blanco, pese a haber estado tentado de hacerlo ya varias veces. Siempre se me impuso, al final, un particular sentido del deber, así como el reconocimiento íntimo de que, por mucho que me reventaran todos los partidos y candidatos, había alguno que me daba ciento veinte patadas y algún otro que me daba "sólo" noventa y ocho. Muchas son, en todo caso. Admito, así pues, que llevo unas cuantas elecciones -qué remedio- votando más contra quienes me horripilan que a favor de quienes "solamente" me resultan desagradables, incompetentes e imbéciles. Me temo que estoy lejos de ser el único en semejante situación.

 

Pero estos políticos nos lo ponen cada vez más difícil, y ya tiene mérito. Los últimos años de gobierno del PSOE (deberían impedirse las segundas legislaturas en nuestro país, porque todos nuestros Presidentes enloquecen en ellas sin falta) han sido tan torpes y desastrosos, y tan antipáticos, y tan ridículos, que ese partido me alcanzó las cien patadas y aun me las sobrepasó. Los que se dicen a su izquierda sólo han crecido en simpleza y en ceguera. Los nacionalistas jamás crecen ni decrecen: son iguales a sí mismos, monolíticos, reiterativos, llevan toda una vida encerrados con un solo juguete. En cuanto a los de la derecha, en nada se distinguen de aquel gobernante llamado Aznar que a una gran parte de la población acabó dándole no cien, sino mil patadas. Así que preveía yo que en esta ocasión -estamos a mes y medio de las elecciones- podía ser de los que se quedaran en casa o depositaran una papeleta impoluta en la urna, en contra de mis convicciones. Nada bueno espero del PSOE ni del PP, menos aún tras su indecente acuerdo para reformar la Constitución, del que hablé hace dos domingos.

 

Ha aparecido, sin embargo, un candidato que me parece inteligente, oh milagro. Su partido lo considero completamente idiotizado desde hace tiempo, pero a él lo veo inteligente, a años luz de todos los demás. Y tampoco creo estar solo en esa apreciación, dado que es siempre el político mejor valorado en los sondeos -o el menos denostado, si se prefiere-. Sin duda es artero y ocasionalmente demagógico, pero nadie que se dedique a su profesión está a salvo de eso, y quizá no deba estarlo, más le vale. Lo cierto es que Rubalcaba argumenta y razona y explica, lo cual se diría lo mínimo que ha de exigírsele a un candidato y sin embargo es casi insólito en España. No chilla, no se desgañita, no suelta una tras otra frases hueras y altisonantes. No da la impresión de tener la cabeza vacía, como les sucede a Rajoy y a Cayo Lara, o llena sólo por una idea fija hipertrofiada, como les ocurre a Urkullu, Mas, Rosa Díez y otros cuantos. Da la sensación de ser un hombre flexible y hábil, con capacidad de maniobra y de diálogo y poco proclive a las ocurrencias "ornamentales" que han jalonado los dos mandatos de Zapatero (y es de agradecer que se abstenga de la cantinela pedestre del "todos y todas" a la que están abonados casi todos -y todas- los de su partido). Tampoco parece alguien falto de escrúpulos, y eso es fundamental. Su gran inconveniente es que ha formado parte de los últimos Gobiernos. Es mala cosa, no lo voy a negar. Pero, qué quieren, visto el panorama: Rajoy formó parte de todos los Gobiernos de Aznar, lo cual no es ya mala, sino pésima cosa. Si el principal argumento contra Rubalcaba es que es "el pasado", habría que decir que, por desgracia, Rajoy es "el pasado remoto", aquel que nos llevó a la Guerra de Irak con falacias y nos mintió -sin escrúpulos, precisamente- sobre la autoría de los atentados del 11-M, sucedidos tres días antes de que yo publicara aquí aquel artículo desesperado. Este de hoy lo es todavía más, no se crean, y de ahí su título.

elpais.com

 

Que hable el pueblo del Sáhara Occidental

JAVIER BARDEM  04/10/2011

 

La primavera árabe nos ha dejado un mensaje muy claro: el pueblo debe hablar. En el norte de África y en Oriente Próximo, el pueblo clama por su derecho a elegir sobre su futuro.

 

Pero existe un lugar en el que ese grito desesperado está siendo silenciado. El territorio del Sáhara Occidental, la última colonia de África, se halla bajo ocupación marroquí desde 1975. Hoy, el pueblo saharaui sufre represión, violencia y encarcelamiento si trata de reclamar sus derechos. Esto incluye su derecho fundamental a decidir el futuro de su país. Este derecho ha sido refrendado en repetidas ocasiones por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por extensión, por Estados Unidos.

 

Se han producido manifestaciones y protestas en el territorio desde el pasado mes de noviembre, pero han pasado prácticamente inadvertidas porque el Gobierno marroquí impide el acceso al Sáhara Occidental a toda la prensa internacional. La misión de paz de Naciones Unidas en el territorio no tiene potestad para monitorizar la situación de los derechos humanos. Ningún país en el mundo reconoce la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y, a pesar de ello, se permite que continúe.

 

Hoy estoy en Nueva York para dirigirme a la IV Comisión de las Naciones Unidas como un ciudadano de a pie que, cansado de ver cómo la injusticia perdura ante la pasividad de sus Gobiernos, se siente en la obligación de recordarle a sus líderes sus responsabilidades y para pedirles que:

 

1. Finalmente se dé la oportunidad al pueblo del Sáhara Occidental de votar libremente sobre su futuro, como garantiza el plan acordado con el respaldo de Naciones Unidas.

2. El mandato de la misión de paz en el Sáhara Occidental incluya la monitorización y protección de los derechos humanos básicos del pueblo saharaui.

 

Es extraordinario que sea la única misión de paz de Naciones Unidas desde 1978 que no incluya la monitorización de los derechos humanos. La ONU prometió al pueblo del Sáhara Occidental la autodeterminación en 1991, cuando el Plan de Paz acordado entre Marruecos y el Frente Polisario, que representa al pueblo saharaui, fue refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El Plan de Paz establecía la organización de un referéndum en un plazo de seis meses para decidir si el Sáhara Occidental debía ser independiente o formar parte de Marruecos. El referéndum nunca se convocó. A pesar de haberlo acordado, Marruecos hoy se niega a tener en cuenta siquiera la posibilidad de llevar a cabo un referéndum en el que se vote la independencia. Han transcurrido décadas de negociaciones en Naciones Unidas, se han adoptado numerosas resoluciones, pero la triste realidad es que el mundo no ha hecho nada para implementar lo que todos habían acordado: que el pueblo pudiera votar de forma libre y justa.

 

En vez de utilizar su asociación privilegiada con Marruecos para influir en el progreso de la situación del Sáhara Occidental, la Unión Europea elige ignorar la disputa y centrarse en las oportunidades comerciales. Por ejemplo, la UE paga a Marruecos para poder pescar en las aguas del Sáhara Occidental, infringiendo la legalidad internacional. Mi propio país debe hacer un examen de conciencia: como expotencia colonizadora, España debería ser el primero en presionar a la Unión Europea para que busque una solución. En lugar de ello, España elige proteger el acceso de su flota pesquera a las aguas del Sáhara Occidental.

 

Mientras Marruecos trata de posponer las negociaciones auspiciadas por la ONU e instala a colonos marroquíes en el territorio, 150.000 refugiados saharauis languidecen en campos de refugiados en el desierto del Sáhara, donde buscaron refugio tras la invasión de 1975. He tenido la oportunidad de visitar esos campos. La dignidad y el valor de los refugiados no pueden ocultar el desesperado sufrimiento que soportan, ni la desesperación de un pueblo al que la comunidad internacional prometió una libertad que nunca ha llegado.

 

Esta situación es vergonzosa. Pero tenemos la oportunidad de cambiarla. El enviado especial Christopher Ross ha estado trabajando para forjar un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario. Estados Unidos y Naciones Unidas deben decir a Marruecos que ha llegado la hora de permitir que el pueblo saharaui decida su futuro. Marruecos no puede retrasar este proceso indefinidamente, u ofrecer una aparente autonomía al territorio, que sigue estando lejos del derecho a votar por su independencia. En su discurso del 19 de mayo, sobre el futuro de Oriente Próximo, Obama mencionó varias veces la autodeterminación: el pueblo debe poder decidir su futuro. Esto es todo lo que reclama el pueblo saharaui. Se les ha prometido, pero se les ha negado continuamente. Treinta y seis años después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la posibilidad de cambiar esta terrible injusticia. Que hable el pueblo.

 

Javier Bardem, actor, es portavoz de la plataforma Todos con el Sáhara y actualmente rueda con Álvaro Longoria un documental titulado Hijos de las nubes sobre el conflicto del pueblo saharaui.

elpais.com

 

Carta abierta al presidente de los Colegios Médicos de Castilla y León

Estimado José Luis:

 

Ayer tuve la oportunidad de leer tus declaraciones tras tu reunión con el consejero de Sanidad. No te oculto que al ver el titular ’Los médicos respaldarán medidas impopulares’, he pensado...¡Al fin! Al fin alguien que está dispuesto a asumir en nuestra profesión que hay que trabajar más, controlar el horario en los hospitales, corresponsabilizarse del gasto, no cobrar horas no trabajadas, conseguir rendimientos más altos en quirófano, establecer jornadas de tarde (no peonadas) para rentabilizar al máximo todas las instalaciones… En definitiva todas esas medidas tan ’impopulares’ entre nosotros que hasta ahora nadie se ha atrevido a plantear por miedo a la reacción sindical de nuestro colectivo. Pero no, el sueño ha durado poco, solo unas líneas. Parece ser que hablas de medidas de tipo fiscal que deberían de pagar todos los ciudadanos, como si no lo pagaran ya. A la vez volvías a afirmar que nuestro colectivo es el de menor índice de absentismo y a alabar nuestra continua disposición al servicio del paciente. Por cierto, ¿cómo puedes saber el índice de absentismo si no existe un control efectivo del cumplimiento de jornada?.

 

Es decir, como todos. Como todos los colectivos de este país del primero al último. El discurso que estamos teniendo frente a la crisis es tan adolescente que empieza a producir vergüenza. La culpa la tiene otro, siempre otro. El político, el maestro, el alumno, el sindicalista, el banquero, el empresario,…cualquiera menos yo. El maestro no me quiere y yo soy muy guapo. He suspendido porque me tienen manía. No te preocupes hijo que se van a enterar… Qué pena José Luis. Ni siquiera tú eres capaz de enfrentarte a tus representados. Representados que nos suponemos adultos con un sentido de la responsabilidad más elevado derivado del ejercicio de nuestra profesión.

 

¿Dónde quedaron aquellos Kennedyanos tiempos de «no te preguntes que puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu país»?

 

Pues bien, te informo de que este menda , tan médico como tú, no respaldará ninguna medida que suponga un incremento del esfuerzo de los ciudadanos que no vaya acompañado de un mayor nivel de exigencia entre nosotros. No respaldaré un copago que no vaya acompañado de un estricto control del cumplimiento horario. No apoyaré una tasa que no se acompañe de un control eficaz y efectivo del rendimiento en los quirófanos. No respaldaré una disminución de prestaciones que no venga de la mano de una eliminación de guardias localizadas que nunca son requeridas, etc.

 

Entre tanto, continuaré pagando religiosamente mi colegiación obligatoria para que el colegio siga velando eficazmente por el bien de la ética profesional.

Francisco Igea Arisqueta, médico especialista

A. Digestivo / Palencia    

diariopalentino.es

Las listas del 20-N

JAVIER PRADERA  02/10/2011

 

Una vez disuelto el Parlamento, la confección de las candidaturas para el 20-N anima el comienzo de la campaña electoral. El número de escaños al alcance de los partidos en cada circunscripción (según las predicciones de los sondeos) divide drásticamente a los candidatos por el lugar que ocupan en las listas cerradas y bloqueadas: los privilegiados, con un puesto de salida prácticamente seguro, y los desahuciados, simple material de relleno en la papeleta. Los dos grandes partidos son el principal escenario de las pugnas libradas por los aspirantes para no ser excluidos ni preteridos en las listas. La profesionalización política de los dirigentes de los partidos a través de la ocupación de cargos públicos electos relaciona ese desigual destino con la lucha por el empleo.

 

Las malas perspectivas electorales del PSOE influyen sobre el proceso de selección de sus candidatos

 

En esta convocatoria, el PP parece libre de preocupaciones, ya que los sondeos le auguran un trozo creciente de la tarta a repartir en las Cámaras. La conquista el 22-M de nuevos ayuntamientos y autonomías le proporcionó ya un amplio margen para recompensar a su séquito. Y su probable victoria el 20-N le concederá abundantes cargos de libre designación en la Administración central para acallar eventuales descontentos.

 

En cambio, el PSOE teme una seria reducción de sus diputados y senadores. Recién salido del grave descalabro municipal y autonómico de hace cinco meses, la demanda de los presidentes y alcaldes derrotados aumenta la presión para repartir los menguantes escaños en el Parlamento. La conveniencia de garantizar la presencia de veteranos y expertos a fin de contar con sus conocimientos en el grupo parlamentario condiciona también la selección de víctimas del forzado ERE.

 

Los méritos burocrático-partidistas para disponer de un puesto de salida en las listas pueden colisionar con las exigencias renovadoras de lobbies de género, territoriales, generacionales o ideológicos. La teoría clásica de la representación política del diputado como mandatario de toda la nación, presente todavía en la Constitución de 1978 a través de preceptos como la interdicción del mandato imperativo de los parlamentarios, está siendo carcomida por otras concepciones representativas de distinta naturaleza.

 

No se trata solo de que la representación partidista sea la clave de arco de un Estado de partidos. La representación de género tiene ya estatus legal tras la reforma del régimen electoral introducida en 2007 por la ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, que fija un mínimo del 40% para cada sexo en las listas electorales. La representación sectorial de las generaciones, las religiones, los territorios y las profesiones gana también fuerza en la designación de los candidatos. Pero si esa tendencia fuese llevada hasta el último extremo, la representación política sobre la que descansa la democracia quedaría sustituida por una representación sociológica merecedora más bien de figurar en una oferta de hipermercado.

 

elpais.com

 

Dignidad frente a desmemoria

Agustín García Matilla  23/09/2011

 

La propuesta aprobada por el Consejo de Administración de RTVE abre la posibilidad de que los consejeros de la corporación puedan controlar los procesos de trabajo de los periodistas de TVE. De no revocarse, la propuesta institucionalizaría una práctica atentatoria contra la libertad de información.

 

TVE fue un instrumento del régimen franquista; fue utilizada por los partidos políticos que llegaron al poder durante la democracia y solo una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional sirvió para que un presidente del Gobierno admitiera que la televisión pública estatal no debía ser ya un instrumento al servicio del partido gobernante. Esa sentencia se consiguió gracias a la valentía de profesionales de TVE y, ahora, vuelven a ser los profesionales de la Corporación los que denuncian el riesgo de manipulación antidemocrática que amenaza su labor.

 

Los profesionales de RTVE ejercen su profesión con rigor, dignidad y profesionalidad. Esta valoración no es fruto de un juicio gratuito sino de un estudio comparativo sobre los informativos diarios en la BBC y TVE que realizamos investigadores de diversas universidades (Retis, J. Lamuedra, M. y García Matilla, A. 2010). Los profesionales de la televisión pública británica (BBC), son respetados por la clase política y por sus propios gestores, por un mandato ciudadano simbólico, ya que los británicos, en una mayoría abrumadora, consideran a la BBC un símbolo de su democracia.

 

Desde que empieza a trabajar en la BBC todo profesional sabe que no debe aceptar intromisión política alguna y que su compromiso no es ni con el Gobierno ni con un partido político concreto, ya que tiene el mandato de servir a los intereses de públicos mayoritarios y minoritarios. Por su parte, los gestores y los organismos controladores, dan por hecha la honestidad y la profesionalidad de sus trabajadores y se aseguran de que estos tengan una asesoría permanente. La mejora de los informativos de TVE es un hecho objetivado en los últimos años. Los espectadores acuden a la cita con los informativos de la televisión pública estatal de forma mayoritaria. Esta última crisis es un aviso para navegantes y un síntoma revelador de que algunos políticos siguen “confundidos”, ya que la solicitud de independencia profesional no es solo exigible a los propios profesionales sino también a los gestores, elegidos, no por casualidad, por políticos desmemoriados.

 

Agustín García Matilla es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Valladolid.

elpais.com

Discursos de odio

No debería el ciudadano empatizar con aquellos políticos que acuden al fácil y peligroso discurso xenófobo para obtener el voto del desempleado o del descontento, más aún cuando incapaces aquellos de domar su odio hacia el extranjero, les culpan de los males económicos que otros han generado o de una delincuencia innata en su código genético que no portan.

 

Estando todos sometidos al mismo principio de igualdad ante la ley, latinos, europeos, árabes, o autóctonos son capaces de las mismas virtudes y defectos, pues es la condición humana la que históricamente ha mostrado su predisposición a delinquir, bien por unas u otras causas que exteriorizan las deficiencias en el proceso de socialización tan importante.
 

Más destacable hoy es el papel de la mujer inmigrante, que sobre sus espaldas llevan el peso de la economía familiar ante la decadencia del único efecto llamada que ha llevado a los hombres al desempleo o retorno: la construcción, siendo además de supina ignorancia las opiniones que  expresan las mayores facilidades de acceso a servicios públicos o vivienda a extranjeros, y es que aunque la universalidad de la sanidad o educación son valores fundamentales e intrínsecos de nuestro Estado Social, no se puede dejar de pasar por alto que un extranjero necesita , a título ejemplarizante, cinco años de residencia legal o de larga duración en España para acceder a ayudas de vivienda.( Art.13 LO.4/2000 de extranjería).
 

No obstante, quien pretenda hablar con juicio de la condición de los inmigrantes, habrá de apearse a ellos y conocer de cerca sus circunstancias. Es entonces cuando hallará en sus ojos el desgarro de la distancia familiar o los mismos sueños de progreso que todos deseamos. Son más los puntos de encuentro que las distancias, pues las diferencias de hábitos, motivadas por circunstancias de clima e historia, no alteran lo esencial y lo común.
 

Sin embargo, sólo cubre páginas heroicas aquel que, con un discurso inmaculado, conquista el porvenir y eleva sobre la faz de la tierra enormes columnas que exaltan lo digno del Hombre, y no aquel que baja a lo mísero de su pensamiento para despertar un odio que espanta.
 
Rómpanse las alianzas con aquellos que creen tener un derecho superior y capaz de lastimar a los de otros; ábranse las puertas a políticas de integración que eviten discursos de odio y entiéndanse los Seres Humanos para construir un prospero porvenir de Justicia y Fraternidad.
 
 
José Luis Garrido García

Falsedades sobre la reforma

VICENÇ NAVARRO

Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

 

En el debate actual sobre la reforma constitucional y la ley orgánica complementaria se están haciendo afirmaciones que no son sostenibles. A continuación detallo las más representativas:

 

“El mayor problema que tiene España es el tamaño del déficit y de la deuda pública”.

No es cierto. En 2007, el Estado tenía superávit y la deuda era de las más bajas de la Eurozona y ello no protegió a España de tener una Gran Recesión. Incluso hoy, la deuda pública es menor que el promedio de la Eurozona y el déficit ha descendido, lo cual no ha evitado que los intereses que el Estado español ha tenido que pagar para vender su deuda pública hayan sido los mayores en su historia.

 

 

“La ley aprobada por el pacto PSOE-PP no es un ataque al Estado del bienestar”.

Sí que lo es. Si se le exige al sector público que reduzca el déficit publico, hay varias maneras de hacerlo. Bajando el gasto público, aumentando los impuestos o incrementando el crecimiento económico para ingresar más fondos al Estado. En España, la mayor reducción del déficit público siempre se ha conseguido con recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Pasó cuando el Estado español tuvo que reducir el déficit para acomodarnos al criterio de Maastricht, y bajar el déficit al 3% del PIB. Y pasa ahora, cuando quieren reducirlo al 0,4% del PIB. Es más, la fiscalidad del Estado español (tanto central como autonómico) es profundamente regresiva. Si miramos los niveles efectivos (reales) de tributación y no sólo nominales, las grandes familias, las grandes empresas y la banca, pagan niveles muy inferiores (restando al Estado 44.000 millones de euros al año) a lo que paga un trabajador en nómina. El Estado ya ha demostrado todos estos años su incapacidad o falta de valentía política de corregir esta situación. Le es más fácil recortar los servicios domiciliarios a las personas con dependencia (600 millones de euros) o congelar las pensiones (1.200 millones) que revertir la bajada de impuestos (37%), que afectaron a los súper ricos (300.000 euros o más al año) en los últimos quince años (2.500 millones de euros). Las clases populares tienen menos poder sobre el Estado español que las clases dominantes.

 

 

“Si no se toman estas medidas, los mercados no se calmarán y terminaremos peor”.

Los mercados no son calmables. El problema no es la especulación de los mercados, sino la falta de protección de los estados frente a los mercados. Lo que un Estado hace frente a las maniobras especulativas es imprimir dinero y comprar su propia deuda pública, forzando la bajada de los intereses de tal deuda. Pero, con la creación del euro, los países del euro no pueden hacer esto. Sólo el Banco Central Europeo puede imprimir dinero. Pero en lugar de hacer lo que los bancos centrales hacen, es decir, comprar deuda pública de los estados de la Eurozona, lo que hace es proveer liquidez a los bancos privados, pero no a los estados. Sólo, recientemente y con grandes reticencias, se ha estado haciendo, pero tarde e insuficientemente. Cuando compró deuda pública de España e Italia, los intereses bajaron. Esto debiera hacerlo pero no excepcionalmente, sino como parte de su función. Es más, los estados de la Eurozona debieran tener bancos públicos para garantizar el crédito. En España se está yendo en sentido contrario. La privatización de las cajas dificultará todavía más la garantía del crédito.

 

 

“Todos los estados de la Eurozona debieran tener una legislación igual, prohibiendo que tengan déficits públicos”.

Como ha indicado el Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación más prestigiosos de EEUU, tal política “sería un desastre”. Sería equivalente a que Estados Unidos, cuyos estados tienen que tener un déficit cero para los gastos ordinarios (pero no en inversiones), no tuvieran un Estado Federal con un Gobierno que tiene déficits del 8,2% del PIB (y una deuda del 160% del PIB) y con un Banco Central (The Federal Reserve Board) que ayuda a los estados (California tiene unas cuentas públicas en tan mala forma como Grecia) y compra deuda pública (algo que no está permitido al Banco Central Europeo).

 

 

“Estas políticas de austeridad nos evitarán llegar a la situación griega”.

Todo lo contrario, están acelerando a alcanzar la situación griega. Tales medidas, congelación de pensiones y recortes sociales, que están empobreciendo todavía más el subfinanciado Estado del bienestar español (el gasto público social por habitante es el más bajo de la Eurozona) está dificultando enormemente la recuperación económica al reducir la demanda de bienes y servicios, que es el mayor problema de la economía española. Estas políticas de austeridad están empobreciendo tal demanda. Hoy está creciendo la percepción, incluso en centros financieros, de que el mayor problema de España es el escaso crecimiento económico. La explosión de la burbuja inmobiliaria creó un agujero equivalente a un 7% del PIB que tendría que rellenarse con gasto público para permitir una estimulación de la economía. Tras cuatro años de austeridad, la economía española continúa estancada.

 

 

“El estímulo económico se aplicó en España y no ayudó mucho”.

No es cierto. Ayudó poco porque consistió sobre todo en recortes fiscales que beneficiaron sobre todo a las rentas superiores que son las que proporcionalmente consumen menos y tienen, por lo tanto, escaso impacto estimulante de la demanda. Muy pocos de los estímulos fueron encaminados explícitamente a crear empleo. De la misma manera que las derechas están utilizando la crisis para obtener lo que siempre han querido, es decir, disminuir los salarios, la protección social y privatizar el Estado del bienestar, las izquierdas debieran utilizar la crisis para conseguir sus objetivos, es decir, hacer un reforma fiscal profunda que, a base de corregir el enorme déficit fiscal de las clases pudientes –grandes familias, grandes empresas y banca– se resolviera el déficit social, creando empleo, y a la vez se estimulara la economía. Así se salió de la Gran Depresión y así se debería salir ahora.

publico.es

AVEs, Aeropuertos, Autopistas y Tranvías: la cleptocracia arruina a España

En estos días está de moda comentar la modificación de nuestra constitución para incluir en ella un límite al déficit público, de tal forma que, de alguna manera, se frene la tendencia al endeudamiento del Estado, para que, a largo plazo, el presupuesto esté siempre equilibrado.

Evidentemente se trata de una exigencia de Alemania (vía BCE), ………….

http://dfc-economiahistoria

 

A donde van las economías occidentales

Francisco Parra Rodríguez

Doctor en Economía

 

La semana pasada se han publicado los resultados trimestrales del crecimiento del PIB de las principales economías occidentales, los resultados son desalentadores ya que apuntan a lo que nadie desea que el crecimiento económico, hasta ahora insuficiente para crear empleo, se desacelera, y las economías se encaminen bien a un estancamiento económico o bien a una nueva recesión. De hecho la directora del FMI ve riesgos de una nueva recesión global.

 

 Y esta desaceleración del crecimiento económico ocurre en las principales economías occidentales con independencia de la política económica que hayan puesto en marcha, expansión cuantitativa o lucha a muerte contra el déficit público. Los sistemas laborales, independientemente del tipo que sean, me refiero a más neoliberales o menos, presentan idéntica capacidad de aumentar el empleo y consecuentemente reducir las altas tasas de desempleo o de subempleo[1], y apenas nadie logra evitar que el desempleo se cebe entre los más jóvenes y los más humildes.  La estrategia de todos a exportar  ha dado magros resultados, ni ha incrementado el empleo industrial, ni ha extendido sus efectos sobre los sectores interiores, y puesto que el crecimiento económico de los emergentes se debilita al estar limitado por el precio de las materias primas, dicha estrategia, en donde haya causado efectos económicos relevantes, tampoco va a poder sostenerse por mucho más tiempo. Entre tanto, los gobiernos occidentales agotados por los rescates al sistema bancarios se muestran limitados en lo físico y en lo moral (ideológico)  para impulsar un crecimiento de la demanda agregada que sustituya al de la demanda exterior como fuente de crecimiento real. En fin que las economías occidentales se encuentran orbitando en torno un agujero negro del que parecen no salir hagan lo que hagan.

 

El estudio de la economía, ha idealizado a esta como un sistema mecánico gobernado por la mano invisible del mercado, y cuyo devenir es observable a través  de modelos matemáticos que simulan las consecuencias presentes y futuras de las decisiones que se han de adoptar para su mejor gobernanza, y esto impide una política económica ajena a su ideario. Al igual que cuando se creía que la tierra era plana y se veía imposible mandar barcos allende las islas canarias , en esta materia, cuando se propone que el gobierno aumente su déficit para impulsar la economía, le dirán que quita los recursos financieros que tanto necesitan las empresas para llevar a cabo sus negocios e inversiones, si este propone imprimir nuevo dinero para evitar el efecto expulsión, le dirán que el aumento de medios de pago traerá en el futuro inflación, y los resabiados mercados financieros lo descontarán igualmente sobre los precios de los bonos y acciones que negocian. Y así haciendo números, se concluye que las economías occidentales deben defenderse de la competencia global reduciendo salarios, incorporando más técnica y haciendo sus productos lo suficientemente atractivos en precio  y llegado el caso ganar cuota en los mercados exteriores. No hay más solución que restituir los niveles de rentabilidad para las empresas aún a costa del empobrecimiento general. Y ello sin la garantía de que los excedentes logrados se reinviertan en el propio país creando empleo o se dirijan, lo que es más probable, a los nuevos focos de crecimiento económico en donde la demanda interna tiene amplio recorrido.

 

A medida que las factorías de occidente operan a mayor productividad y logran menores costes laborales unitarios, el trabajo se vuelve redundante en occidente y acaba debilitando a su clase media  muy dependiente de los ingresos que obtienen por esta vía, aumenta  así el malestar (España, Israel) y la conflictividad se extiende (Inglaterra, Francia, Grecia). Ante la pérdida de peso del trabajo en la producción y la evidencia de que el crecimiento industrial tiene el foco puesto en otras latitudes, el pensamiento único, viene diseñando un cambio económico para el primer mundo que viene a poner un mayor énfasis en la economía financiera que en la productiva, es decir se orientarse hacia un modelo de economía en donde predominen las rentas que genera la propiedad sobre la producción. Y es en este contexto vienen adquiriendo protagonismo diversos aspectos de la política económica hoy puestos en boga: la santificación de los mercados financieros, la internacionalización de las empresas, el desarrollo de una economía del conocimiento y del I+D que tiene más puesto el foco en los royalties y los derechos de propiedad con que se deben remunerar a los creadores que en el desarrollo industrial que acompaña a nuevos productos y necesidades. De igual manera, y dado que el estado del bienestar al sostenerse básicamente por los impuestos que pagan los trabajadores queda en entredicho al minorarse los ingresos de estos, se propone que la mano invisible administre los ingresos que cada individuo esté dispuesto a dejar de consumir para ser consumidos una vez se jubile o devenga en mala salud. El desarrollo de los sistemas colectivos de ahorro y los sistemas privados de previsión acaba siendo también un eje clave de esta filosofía política  que trata de sustituir la actividad económica por la financiera. El estado se convierte así en un actor cuyo objetivo es únicamente evitar la conflictividad que genera el tránsito de modelo, a la vez que la actividad legislativa pone más énfasis en los sistemas de protección de la propiedad  que en la materialización de los derechos a la educación, a la salud o al trabajo, que acaban acotados al esfuerzo que haga cada cual. Imponer constitucionalmente el presupuesto equilibrado es una parte más de este proceso  que limita al estado la función de garantizar seguridad, tal y como lo concibieron los economistas del siglo XVIII, los mismos que idearon la economía como un sistema dirigido por la mano invisible del mercado.

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[1] El subempleo no se mide estadísticamente en la mayoría de las economía occidentales, la oficina estadística de USA que se encarga del mercado laboral, US Bureau of Labor Statistics, considera como subempleados aquellas personas que queriendo trabajar a tiempo completo no les queda otro remedio que hacerlo a tiempo parcial. Pues bien, si el desempleo norteamericano en Agosto del 2011 alcanzaba a 14 millones de personas, y la tasa de desempleo era del 9,1%, el subempleo involuntario alcanzaba a otras 8,8 millones de personas. Es decir que un 14,8% de los activos estaba sin trabajo o tenía que conformarse con un trabajo menor.

CUANDO LA SOLUCIÓN ES EL PROBLEMA

Antonio García Santesmases*

El problema de la izquierda en España no se puede analizar con rigor sin tener en cuenta que confluyen dos problemas diferentes que hay que resolver. El uno remite a un problema específicamente español que tiene que ver con la transición a la democracia, con el modelo de la Constitución del 78 y con todos los avatares vividos en los últimos años en torno al Laicismo, el Republicanismo y el Federalismo. El segundo  remite  a nuestro encaje en el modelo europeo y  a la propia pervivencia del modelo europeo.

 

I – EL SIGNIFICADO DE UN CICLO QUE TERMINA.

 ¿Qué ha significado el ciclo que  ahora termina en relación a estos dos problemas?  El ciclo que termina es el del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ciclo que conviene dividir en dos etapas: la que abarca la primera legislatura y la que se desarrolla en la segunda, especialmente a lo ocurrido desde el 10 de mayo del 2.010 cuando se produce el giro en la política económica del gobierno.

 

 La primera legislatura comienza con un gesto sorprendente para muchos como fue la retirada de las tropas de Irak. Acostumbrados a la distinción de los años ochenta entre las promesas efectuadas en la oposición y los designios inexorables de la realidad, cuando se accede a los gobiernos, muchos pensaban que Zapatero haría como  Felipe González , olvidaría las razones del corazón, bajaría la cabeza y aceptaría contribuir a la causa del Occidente imperial, asumiendo su cuota-parte de responsabilidad (por decirlo en el lenguaje felipista de aquella época). No lo hizo y fue  a partir de entonces cuando cayeron sobre él toda suerte de improperios, de vejaciones, de insultos y descalificaciones;  toda la  prensa de derechas le recordaba una y otra vez que, ante tal desacato a la autoridad imperial, nunca sería recibido por el Presidente Bush. Y en ese punto hay que decir que acertaron. Lo que a Bush le pareció una afrenta intolerable a los electores de izquierda les congració con una política que respondía a sus demandas pacifistas.

 

 Cuanto más bramaban los propagandistas de ultraderecha acusándole de relativismo moral, de estar acomplejado ante el Islam, de propagar la entelequia de la Alianza de civilizaciones, más iba siendo admirado por una parte de la opinión pública española que se sentía orgullosa de ese gesto de audacia. Esa política, que había reconciliado a las bases progresistas con la política de la izquierda gubernamental, fue acusada de antinorteamericana, de antioccidental; este reproche conectó con   un intento de deslegitimación política de Zapatero producido desde la victoria electoral de marzo del 2.004. Estábamos ante un Presidente “ilegitimo”, un Presidente “por accidente”, un Presidente “traidor”, que ponía en peligro nuestro lugar en la escena internacional y que estaba dispuesto a romper con los pactos de la transición.

 

 A partir de ese momento comenzó el ensalzamiento de los dirigentes socialistas de los años ochenta y la demonización de los miembros de la generación zapaterista. Aquellos habían sido hombres de Estado, serios y responsables, éstos eran una generación de aventureros, insolventes e incapaces que querían abrir las heridas cerradas por la transición, fomentar un anticlericalismo trasnochado y poner en cuestión el modelo de Estado.

 

 Hoy, cuando asistimos al final del ciclo, cuando ya se han convocado elecciones para el próximo 20 de noviembre, hay que decir que muchas de estas invectivas de la derecha mediática han hecho mella en bastantes  electores del PSOE que no saben a qué atenerse, que no saben si tenían razón los dirigentes socialistas de los años ochenta o si la razón les asiste a los que se atrevieron a dar una respuesta, por tibia que pareciera a los sectores de la  izquierda más radical, a  los problemas de la llamada memoria histórica y  a la articulación federal del poder. Esos mismos dirigentes caracterizados como “insolventes” que    apostaron por la aprobación de determinados derechos cívicos como la legalización del matrimonio homosexual.

 

 La resistencia feroz de los sectores eclesiásticos a las reformas del gobierno Zapatero, las campañas en contra de la memoria republicana que llega hasta el desatino del Diccionario aprobado por  la Academia de la Historia y la sentencia del Tribunal Constitucional de julio del 2.010 sobre el Estatuto de Cataluña  reflejan que  se habían tocado puntos extraordinariamente sensibles para los sectores conservadores. Si esto es así  sería ingenuo pensar que el debate ha concluido con el final del ciclo político.

 

 Van a ser muchos los sectores mediáticos que van a presionar para que se vuelva a la “normalidad” y se alcance un pacto de Estado entre los partidos mayoritarios donde no se vuelvan a plantear estos temas.  Los sectores conservadores van a presionar para intentar repetir la jugada  desarrollada en contra del Estatuto de Cataluña. De la misma forma que una mayoría del Tribunal Constitucional decidió  enmendar lo aprobado en el Parlamento de Cataluña, modificado en el Congreso de los diputados y ratificado en referéndum, intentarán modificar la ley del matrimonio homosexual y la modificación de la ley del aborto. El peso de los sectores confesionales más beligerantes es muy grande y no van a cejar en el empeño de modificar las leyes aprobadas por el gobierno de Zapatero, para que nada quede de aquellos años.

 

  Tampoco van a bajar la guardia en el intento de reescribir la historia de España en una versión favorable a las tesis conservadoras y contraria a la reivindicación de la memoria republicana. Tampoco es un tema en el que quepa imaginar que, una desbordados  los estrechos límites del proceso de transición, esta cuestión vaya  desaparecer de la escena pública.

 

II- EL NUEVO ESCENARIO   

         
 Donde está la gran diferencia es en el tratamiento del problema de Europa. El  gobierno de Zapatero trató de  reorientar la política internacional española seguida en  los años de Aznar. Para ello era imprescindible  fortalecer el papel de Europa en la escena internacional. Son los años de la reivindicación del eje franco-alemán, de la vieja Europa, frente a la nueva Europa dispuesta a alinearse incondicionalmente con los Estados Unidos. Son los años en los que Colin Powel se queda en minoría en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Volver a Europa era la consigna que animaba a muchos  electores españoles que habían abominado de la guerra de Irak y habían llenado las calles españolas en contra del  trío de las Azores.

 

  La retirada de las tropas de Irak, la apuesta por un ministro como Moratinos (resistiendo las presiones a favor del nombramiento de Javier Solana como Ministro de Exteriores) se enmarcaron en un proyecto donde España quería ser la primera en suscribir la Constitución europea,  y estaba dispuesta a encabezar entusiasta el “gran paso adelante”. Un paso que una parte de la opinión pública entendía imprescindible para afianzar una Europa líder frente a los Estados Unidos de Bush y dispuesta a implicarse en los problemas del Mediterráneo, el  conflicto de Oriente Medio y en la incorporación de Turquía a la Unión europea.

 

  Programa tan ambicioso hizo que en España no se discutiera ni poco ni mucho acerca de las bondades y las limitaciones del proyecto de Constitución Europea. De ahí la sorpresa ante el No en el referéndum en Francia. Nada parecido a los debates entre Gunter Grass y Lafontaine o entre J.Habermas y P. Bourdieu se produjo en España. Y no fue  porque en España no apasionen los debates internacionales. Creo que la razón es más profunda y  remite a la historia de España en el siglo veinte. Volviendo la mirada al pasado veremos por qué, sin embargo, esa situación no se va a poder mantener y estamos en el inicio de una nueva etapa; aquí sí que podemos afirmar que estamos  ante el final de un ciclo político.

 

 Si recordamos lo ocurrido en los años ochenta del siglo pasado podemos ver la diferencia. El debate sobre la permanencia de España en la Otan provocó la intervención de los intelectuales más importantes de aquel momento como  José Luis Aranguren, Manuel Sacristán o  Rafael Sánchez Ferlosio y  la irrupción de movimientos sociales (Comisión anti-OTAN) que conectaban con los debates que protagonizaban en Europa los movimientos pacifistas, favorables a la distensión y al desarme nuclear. Todo aquel clima cuajó  en España porque existía el recuerdo del apoyo inequívoco de Estados Unidos a la Dictadura de Franco. No era posible vender las bondades democráticas de una Alianza militar que había apoyado una dictadura.

 

  A diferencia de Estados Unidos, Europa aparecía como el marco imprescindible para alcanzar una democracia plena, como la meta a la que no pudimos acceder tras el final de la segunda guerra mundial, por los imperativos de la guerra fría. Un lugar en el mundo que había conseguido superar la crisis de los años treinta y alcanzar los años dorados del Estado del Bienestar. Mientras los europeos conjugaban prosperidad económica con pleno empleo, desarrollaban los derechos económico-sociales y fomentaban la redistribución de la riqueza, nosotros soportamos la dictadura, nuestros trabajadores emigraban,  los sindicatos y los partidos estaban prohibidos y  el falso consumismo tapaba la realidad de un Estado dictatorial.

 

  Queríamos salir de ese pasado tenebroso y homologarnos como  fuera con Europa e  incorporarnos cuanto antes: de ahí la unanimidad en torno al proyecto europeo frente a la confrontación que provocó  el ingreso en la OTAN. La pregunta es ¿hemos hecho desde entonces un debate sobre lo que implica el actual proyecto europeo?

 

  Creo que no. Las consecuencias más relevantes del actual pacto del Euro como son la limitación radical de la soberanía de los países,  y la imposición de una única política económica que vacía de contenido la práctica de la democracia, no aparecen ni por asomo en las posiciones de la derecha política que sólo trata de endosar la responsabilidad de la crisis a las decisiones del gobierno de Zapatero. Quieren convencer a la opinión pública de que todo se debe a la maldad del hombre que nunca debió llegar a gobernar.

 

  La izquierda mayoritaria, la formada por el PSOE y los sindicatos de clase, tampoco han estado muy interesados en discutir sobre el tema en profundidad. Han seguido repitiendo el estribillo de que lo que necesitamos es  más Europa. No. Lo que necesitamos es saber qué Europa queremos.

 

 De ahí la importancia del movimiento del 15 M. La importancia estriba en que gracias a estas movilizaciones vuelven a aparecer  las auténticas preguntas. Ante una política en la que no cabe hacer otra cosa que cumplir lo que nos mandan desde fuera: ¿Cómo distinguir entre derecha e izquierda? La importancia del clamor del 15M se ha dejado sentir en todos los ámbitos de la vida política española. Entre otros en el discurso de presentación del candidato del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. Se preguntaba el candidato como no iban a existir diferencias entre políticos como Mandela y Le Pen o entre Thatcher y Lula. Los ejemplos estaban muy bien traídos a escena pero al remitir a políticos que se mueven en lugares distintos no responde a las inquietudes de los “Indignados”. Cuando éstos dicen que no se sienten representados hay que preguntarse por las diferencias entre la derecha y la izquierda en Grecia o en Portugal, cuando gobierne quien gobierne, los mercados y Bruselas imponen una única política económica, que está acabando con el modelo social europeo.

 

 La importancia del movimiento está en recordar que no es posible mantener las instituciones democráticas sin comprender que el pacto social de posguerra provenía de la necesidad de alcanzar un consenso entre fuerzas que habían sido antagónicas. Al vaciar de contenido la democracia desde los poderes económico-financieros es el propio modelo europeo, todo él, el que queda puesto en cuestión. Por ello no cabe pensar que invocar una vez más  el europeísmo sigue siendo la solución a nuestros problemas. Hoy la solución se ha convertido en el problema.
  Si no estoy equivocado los problemas que aparecieron en la primera legislatura de Zapatero no van a desaparecer y la crisis del modelo europeo se va a agudizar. Los problemas de la memoria, de la laicidad y de la articulación territorial del poder no van a desparecer por más que un pacto entre el Partido Popular y los nacionalistas catalanes trate de echar tierra sobre la memoria histórica, de atender a las peticiones eclesiásticas y de reducir la querella territorial al pacto fiscal. Ese pacto PP/CIU ya ha comenzado y puede perpetuarse en los próximos años pero no es previsible que federalistas y republicanos, laicistas y feministas vayan a desaparecer de escena.

 

  El nuevo debate sobre Europa va a afectar de una manera sustantiva a los partidos y a los sindicatos mayoritarios. Serán muy fuertes las presiones para que un PSOE en la oposición suscriba un europeísmo acrítico, como corresponde a un partido “con vocación de gobierno” y serán también muy fuertes las presiones para que los sindicatos mayoritarios no trasciendan los límites de los acuerdos corporativos. Pero el malestar social que va aumentando y la emergencia de una nueva izquierda (como la que creo representa el movimiento del 15M) no permitirá que esa política la puedan asumir partidos y sindicatos sin un gran coste social. También para ellos- lo quieran o no- la solución se ha convertido en problema.

 

* Antonio García Santesmases, es Catedrático de Filosofía Política de la UNED y miembro de IS-PSOE

Articulo publicado en Le Monde Diplomatique. Septiembre 2011.    

RAZONES PARA UN REFERÉNDUM

José Antonio Pérez Tapias
 
 
      ¿Dónde termina el miedo y empieza la prudencia? ¿Dónde acaba el valor y comienza la temeridad? No son preguntas para alentar reflexiones de cuño aristotélico. Son cuestiones relevantes en el actual momento político. Conocido el pacto entre PSOE y PP para reformar la Constitución incorporando el principio de estabilidad presupuestaria, así como para llevar los límites de déficit a ley orgánica, surge en la opinión pública la demanda de ratificar mediante referéndum dicha reforma. Dado que para una reforma de estas características basta el trámite parlamentario y no es legalmente necesario el refrendo ciudadano, desde los partidos firmantes del pacto se viene a insistir en que no es aconsejable convocar ese referéndum. Pero aflora la sospecha: ¿de verdad es éste un argumento prudencial o se trata de una objeción dictada por el miedo a dar la palabra, expresada en voto, a los ciudadanos? Apoyar un referéndum al que jurídicamente no estamos obligados, ¿es temeridad o coraje político?

 
   No llamar a las urnas para refrendar una reforma constitucional como la planteada para el artículo 135 de nuestra Carta Magna sería un error alimentado, sin duda, por la desconfianza respecto a una ciudadanía crítica que reclama participación. La excusa ofrecida desde el PP acerca de lo innecesario del referéndum por tratarse de un complejo asunto técnico es una ofensa a la ciudadanía, a la que niega capacidad de conocimiento crítico y madurez política, dejando traslucir una mentalidad tecnocrática no acorde con la democracia. Desde el PSOE no faltan quienes recuerdan que un referéndum es en este caso potestativo, habiendo motivos para desechar esa posibilidad, por más que la permita nuestra normativa. Desestimar esa vía de refrendo democrático denota una actitud timorata de graves repercusiones, pues priva a esta reforma constitucional de un caudal de legitimación social que le es necesario a la vista de las premuras y escaso debate público que han acompañado al procedimiento puesto en marcha, el cual ha sorprendido a una sociedad perpleja –entre otras cosas por la facilidad para cambiar ahora una Constitución antes sacralizada en exceso, incluso respecto a otros cambios, algunos hasta urgentes-. Si, según Rubalcaba, se ha firmado un acuerdo razonable, ¿por qué hurtar la posibilidad de que sea respaldado por una ciudadanía también razonable, asumiendo el compromiso de dar cuenta de su porqué?

 
   No es imprudente, pues, convocar un referéndum para la reforma constitucional que se propone. Además, no siendo una temeridad, sería un acto de coraje político en las actuales circunstancias. Y no sólo por la revalorización de Rubalcaba como candidato socialista que propugna mayores cotas de participación democrática –a lo que apunta su propuesta de un “escaño 351” en el Congreso para hacer que ciudadanas y ciudadanos tomen la palabra en la iniciativa legislativa popular-, sino por la imperiosa necesidad de salvar la brecha entre pueblo e instituciones democráticas, entre ciudadanía y políticos, que en España se ha evidenciado. No estamos sólo en una grave crisis económica. Hemos de afrontar además y a la vez una profunda crisis de la representación política. Se equivoca quien infravalore el clamor social por una democracia más efectiva, yerra quien menosprecie el significado de movimientos sociales como el 15M y desbarra quien se tome las apelaciones a un referéndum como ejercicio desleal de izquierdistas irredentos. Hay mucho en juego: credibilidad de la democracia y dignidad de la política.  

  
 
   No aceptar el reto de un referéndum significa atascarse en esa política del miedo que nos tiene a expensas de poderes económicos que, en cuanto a democracia, sólo quisieran una sin ciudadanos. En este momento, lo temerario es seguir el criterio alicorto de asegurar en el parlamento una reforma políticamente importante, escamoteando a la ciudadanía su poder constituyente, para incrementar respecto a nuestra democracia un peligroso déficit de legitimidad –no sólo hay déficit de cuentas públicas-. Si, como ha dicho Rubalcaba, hacen falta “finanzas saludables y una deuda pagable”, con la misma perentoriedad necesitamos una democracia saludable, democracia de los ciudadanos y no mero engranaje institucional de un Estado al servicio de los mercados. Este es el fondo de las razones que defiendo en público y en los órganos del PSOE de los que formo parte. De ellas estoy convencido. ¿Serán convincentes?

 
(Publicado en el diario El Mundo el 29 de Agosto de 2011)

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN o LA DEFUNCIÓN DE KEYNES

La modificación de nuestra Normal Fundamental que pretende emprender el Gobierno de la Nación con la connivencia del principal Partido de la oposición requiere una mayoría favorable de tres quintos en ambas Cámaras o, subsidiariamente, mayoría absoluta en la Cámara Alta y mayoría de dos tercios en el Congreso si no prosperase el proyecto de reforma de la Constitución por el procedimiento inicial ,y  todo ello sin necesidad de sometimiento a consulta popular para su ratificación, salvo que una décima parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras representativas de la soberanía popular lo soliciten. (Art.167 CE).
 

No obstante, a pesar de formalismos jurídicos o procedimentales, cabe someter a juicio la celeridad y oportunidad con la que se emprende una reforma constitucional que no solo supondrá un duro límite a la política presupuestaria en situaciones excepcionales o ciclos económicos decrecientes, obstaculizándose así la acción de gobierno consistente en asignar la prioridad de gasto de acuerdo con su proyecto político, sino que supone el asentamiento definitivo de una línea económica en el texto constitucional ante este acta de defunción del Keynesianismo que representa la reforma anunciada. Combatir el desempleo con una inversión pública que abra las puertas al crecimiento económico y al consumo será una quimera de difícil aplicación, a pesar de que los Poderes Públicos no solo tienen la orden constitucional de remover los obstáculos que dificulten o impidan la igualdad o la libertad (Art.9.2 CE), sino también la de someter su gasto  a los principios de asignación equitativa de los recursos públicos, eficiencia y economía (Art.31.2 CE).

 

Aunque cabe preguntarse si todas las administraciones territoriales han  inspirado sus políticas en esos principios, ha sido la ausencia de previsiones ante políticas económicas equivocadas lo que ha impulsado el aumento del gasto público como consecuencia de la eclosión de la burbuja inmobiliaria surgida de bajos tipos de interés  impuestos por el Banco central Europeo, y todo ello sin perjuicio de una confianza ciega en los mercados que aún hoy, carentes de regulación y con descaro, piden austeridad.
 

José Luis Garrido

EL PRESIDENTE, DESNUDO

Por José Antonio Pérez Tápias

miércoles 24 de agosto de 2011

 En el Congreso de los diputados, tras anunciar una reforma constitucional para introducir en la Carta Magna un límite al déficit público -reforma por lo menos discutible en su fondo y aún más en sus formas, como hoy, 24 de agosto, la califica cierta prensa amable-, el Presidente del gobierno, después de insistir en que contaba para ello con el respaldo del líder de la oposición -éste había pedido anteriormente que se tomara esa medida sumamente conservadora, a tenor de las directrices de Merkel-, cedió a la tentación de la confidencia y desde la tribuna del hemiciclo dijo:

"Todos sabemos que la reforma constitucional no va a arreglar el desempleo ni la crisis, pero es un buen camino".

 

La confesión no dio para aclarar hacia dónde era un buen camino, dando por supuesto que todos sabemos la dirección en que va.

¿El camino apunta a salir de la crisis? El mismo Zapatero explicitó que no. El camino sólo apunta a intentar una vez más tranquilizar a los mercados. Por ello, tan impotente confesión no arroja más revelación que ver al presidente desnudo, desnudo de argumentos para defender con buenas razones una reforma que ha sido calificada por muchos como "reforma exprés" -el mismo Alfonso Guerra ha dicho que no entiende el que se plantee de forma tan apresurada: en dos próximas sesiones extraordinarias del Congreso, y lista para remitir al Senado-.

 

Lo malo es que quedando desnudo el presidente, con él nos vemos todos así, los diputados del PSOE y el Partido en su conjunto. De hecho, tal apreciación es la que transmite el mismo diario a que hacía referencia, que su primera página rotula:
"El presidente sacrifica la posición del PSOE en un nuevo intento de calmar a los mercados y satisfacer al BCE y al eje París-Berlín".

 

¿Desnudos como los hijos de la mar, que cantaba el poeta? No exactamente; desnudos como náufragos, apenas supervivientes de nuestro propio proyecto. De suyo, nuestro nuevo candidato para la presidencia del gobierno, con rostro demudado, se aferra a un madero astillado en el que, a pesar de todo, se puede leer una inscripción grabada: "Escuchar, hacer y explicar"

 

http://argumentosptapias.blogspot.com/2011/08/el-presidente-desnudo.html

Pide un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución

Pide un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución

por Vicenç Navarro

 

Una décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento de un límite al déficit público

 

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.

 

El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.

 

La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.

 

Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.

 

Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.

 

Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.

 

Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

 

actuable.es

¿Eclipse de Dios?

Incontables seres humanos pueden escribir como el poeta César Vallejo: “Yo nací un día / que Dios estuvo enfermo, / grave”. Lo que más le indignaba del Dios predicado por los eclesiásticos es el sufrimiento. Efectivamente, no hay nada más sucio que hacer sufrir al otro. Aburre escuchar que Dios vela por nosotros, sin preguntarse cómo oirán esos ejercicios piadosos los condenados desde su nacimiento a vivir pobres, explotados o sin esperanza.

 

En cambio, la Iglesia católica está de fiesta, apenas indignada porque otros vean la vida de distinta manera. Tienen todo el derecho, pero también los demás para juzgar. Lo más preocupante de la llamada “marcha de laicos” (presentada sin razón como “antipapa”, pese a estar convocada también por organizaciones católicas), es la sola idea de que debió prohibirse porque molestaba al Papa. Si la libertad sirve para algo, es para decirle al poder (y a la gente) lo que no quiere oír. Para ensalzar no hace falta pedir permiso. Peor síntoma es que entre los prohibicionistas hayan destacado gobernantes de la derecha católica. ¿No era compatible la Constitución con la militancia romana? Menos mal que el portavoz del Vaticano, el jesuita Lombardi, templó ánimos con sentido común. “En todas las jornadas mundiales de la juventud ha habido protestas”, dijo para aclarar unas manifestaciones del primado de Toledo, Braulio Rodríguez, llamando “paletos” a los manifestantes.

 

Volvamos a Dios. Cuando Benedicto XVI habla a los jóvenes de la JMJ [Jornada Mundial de la Juventud] del “eclipse de Dios”, probablemente está pensando en el eclipse de las iglesias. El Dios de cada ser humano goza de buena salud, también el de los ateos. Incluso en su silencio parece hablar, para bien o para mal (el papa Ratzinger se quejó en mayo de 2006 del “silencio de Dios” cuando visitó Auschwitz: “¿Por qué, Señor, permaneciste callado?”). Hay masas, pero falta ejemplaridad. ¿Quién hace caso a los eclesiásticos, salvo una minoría? “Una viña devastada por jabalíes”, cree el Papa que es ahora su iglesia en Europa. Lo dijo en 2006 ante el sínodo de los obispos occidentales.

 

La expansión del laicismo hace renacer el ateísmo y el agnosticismo

 

El teólogo José María Castillo, doctor honoris causa por la Universidad de Granada (el primer pensador cristiano español con esa distinción en una universidad pública) sostiene que la crisis de Dios se desencadena por la forma falseada de presentarlo a la sociedad. “Mucha gente no ha abandonado su creencia en Dios porque se haya pervertido, sino porque se le ha ofrecido una imagen de Dios tan deformada, que Dios les resulta inaceptable e incluso insoportable”.

 

Es verdad que la creciente expansión del laicismo está produciendo un renacer del ateísmo y el agnosticismo. Ahí están los éxitos de libros como El espejismo de Dios (Dawkins), Dios no es bueno (Hitchens) o Tratado de ateología (Onfray). Tampoco hay que exagerar. Comparados con los anticlericales del siglo XIX, son corderos con piel de lobo. Ni siquiera mejoran al clásico más reciente, el delicioso Why I Am Not A Christian (Por qué no soy cristiano), de Bertrand Russell. Como ha señalado el filósofo Heleno Saña, pensar en serio que el único problema de la humanidad es el de creer o no creer en Dios, “es adoptar, en sentido inverso, la misma intolerancia que hizo exclamar a Tertuliano que fuera de la Iglesia no hay salvación”.

 

Sostuvo Bonhoeffer que el hombre moderno tiene que vivir como si Dios no se hubiera dado. Era también una idea del rumano Mircea Eliade: “¿Pero se ha comprendido que la verdadera religión empieza sólo cuando Dios se ha retirado del mundo?” Lástima que el teólogo (y papa) Ratzinger no se detuviese anteayer a explicar sus teorías sobre tales eclipses.

elpais.com

 

MEMORIA, EQUIDISTANCIA Y RECONCILIACIÓN

Con motivo de una intervención del presidente del Congreso en julio, se ha suscitado un debate acerca de unas palabras de Manuel Azaña pronunciadas en un discurso en plena Guerra Civil, reclamando a las generaciones futuras que recuerden el grito de los muertos que sólo piden paz, piedad y perdón.

 

Estamos ante uno de los textos de Azaña más citados y menos leídos. Recordemos el momento. Julio de 1938. El Gobierno le pide a Azaña que se dirija a la opinión pública y éste eleva el contenido del debate, se sitúa al final del discurso más allá de la coyuntura inmediata. Comienza narrando lo que, a su juicio, ha ocurrido desde el 18 de julio del 36.

 

Se ha producido un golpe militar contra el Gobierno legítimo de la República, que no ha triunfado por dos razones: porque una parte del Ejército español se ha mantenido fiel a la República; y porque muchos sectores populares han salido a la calle en defensa de la libertad. Por ello, ante el fracaso del golpe se ha iniciado una guerra civil en la que los golpistas cuentan con el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Y, a pesar de sus esfuerzos, los gobernantes republicanos no han conseguido convencer a las democracias europeas (a Inglaterra y a Francia) para que apoyen al Gobierno legítimo y no abandonen a su suerte a la República.

 

En ningún momento el pensamiento y la actitud de Azaña se pueden vincular a una Tercera España equidistante entre los unos y los otros; Azaña se mantiene fiel a su compromiso republicano y a su sentimiento nacional. «…Os permito, tolero, admito que no os importe la República; pero ¡que no os importe España! ¡Que podáis creer que es lícito seguir siendo neutrales cuando España está invadida y en peligro de que pase al dominio de un país extranjero! Eso no puede ser. Esa neutralidad equivale a la traición. Hay que llamarlos a todos, a todos, porque la bandera republicana ha adquirido el valor de la bandera de la independencia española y quien no se agrupe en torno suyo y no preste el auxilio que pueda, donde sea, falta a su deber; no ya a su deber de republicano, sino a su deber de español», dirá en otro de sus discursos.

 

Así pues, no hay en la actitud de Azaña nada semejante a una equidistancia entre los rebeldes y el Gobierno de la República. Pero, siendo fiel a ese compromiso, fue capaz de percibir el desastre que la guerra había provocado en la nación. Pocos advirtieron como él que había resurgido una cultura cainita, donde anidaban el odio y el miedo, y donde se fomentaba la cultura del exterminio del otro.

 

Este Azaña, atormentado por lo que estaba ocurriendo, es el que percibimos al leer sus Memorias políticas y de guerra. Las palabras que Bono leyó no se pueden entender como un aval a una equidistancia entre los golpistas y el Gobierno republicano; no hay tal, pero tampoco se puede olvidar que, como dice Garcés (Azaña) en esa gran obra de teatro que es Velada en Benicarló: «Admito, admiro y agradezco el alzamiento popular en defensa de la República. Pero usted no ignora que dentro de él han ocurrido abusos monstruosos. La crueldad, la venganza, hijas del miedo y de la cobardía me avergüenzan».

 

Cuando su interlocutor le replique que mayores atrocidades comenten los rebeldes, Garcés (Azaña) le contesta: «Pero esto no es una compensación. Ellos son la negación de la ley, nosotros somos el Gobierno, la legitimidad, la república. Una conducta noble, sin otro rigor que el de la justicia, habría robustecido la autoridad de nuestra causa. Yo estaba en Madrid la terrible noche de agosto en que fue asaltada la cárcel y asesinados por una turba furiosa algunas personas conocidas. Yo también hubiera querido morirme aquella noche o que me mataran».

 

Estamos ante la misma reflexión que Azaña realiza en sus memorias. Sabemos la conmoción que significó para él la muerte de Melquiades Álvarez y cómo deseó presentar su dimisión como presidente de la República, ante lo ocurrido aquella terrible noche de agosto del 36. Quizá por ello tiene más fuerza todavía su compromiso con la causa republicana. Se queda con la República, defiende sus valores, pero es consciente de que se ha incubado un odio que será difícil olvidar.

 

Las reacciones ante el texto leído por Bono reflejan un gran desconocimiento del pensamiento de Azaña. Un gran desconocimiento de los que tratan de situarlo en una tercera vía, equidistante entre los dos bandos y de los que desconocen que la conciencia de horror fue constante en los republicanos. Azaña, Fernando de los Ríos, Prieto Zugazagoitia; todos eran conscientes de la necesidad de recordar para no olvidar.

 

Fue tan larga la dictadura de Franco que este legado de los republicanos exiliados se fue perdiendo. Cuando llegó la Transición tampoco se recuperó, por ese deseo de pasar página. Fue tal el uso y el abuso del término nación por la dictadura, que son muchos los que no comprenden que para los republicanos la nación era la nación en armas, que se había manifestado a favor de la bandera republicana y que estaba dispuesta a luchar por defender la independencia de España.

 

Sería muy deseable volver a leer todo Azaña para recordar que la fidelidad a los valores republicanos no se realizaba desde una concepción ciega ante la barbarie. Azaña no hace como Unamuno y se sitúa frente a los Hunos y los Otros; no se va al exilio como Ortega; se mantiene en su puesto, pero no cierra los ojos. Es capaz de comprender que hay una enfermedad que anida en la conciencia española, que hace que la nación se haya construido en contra de la tolerancia, a favor del exterminio. Y esta es la lección que quiere transmitir a las nuevas generaciones: «Me levanté para decir que no es aceptable una política cuyo propósito sea el exterminio del adversario, exterminio ilícito y además imposible, y que si el odio y el miedo han tomado parte en la incubación de este desastre, habría que disipar el miedo y habría que sobrepasar el odio, porque por mucho que se maten los españoles los unos contra otros, todavía quedarán bastantes que tendrían necesidad de resignarse -si es que éste es el vocablo- a seguir viviendo juntos si ha de seguir viviendo la nación».

 

Ésta es la clave. Si ha de seguir viviendo la nación es necesario superar la cultura del exterminio. Esto es lo que Franco combatió hasta el final de su dictadura, fundada justamente en la cultura del exterminio. Y esto es lo que la oposición democrática reclamó desde muy pronto: superar la cultura de la violencia, superar el clima de guerra civil, lograr la convivencia con el otro, y afianzar así una cultura de la democracia y de la tolerancia.

 

Azaña nunca se situó en un limbo de neutralidad moral. Pero fue consciente de que ser republicano no significaba cerrar los ojos ante la barbarie, ni consolarse porque mayor era la represión y la crueldad de los rebeldes, sin comprender que ellos (los republicanos) eran los representantes de la legitimidad, del Gobierno y de la ley. Los sucesos terribles de la retaguardia no le impidieron ser fiel a su compromiso, no le forzaron al silencio o al abandono, ni a la ceguera o al olvido; por ello llamaba a las nuevas generaciones a recordar para impedir la vuelta de la intolerancia, del odio y del apetito de destrucción, haciendo honor así a la lección que transmiten los muertos, que ya sólo quieren paz, piedad y perdón.

 

*Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política de la UNED y miembro de Izquierda Socialista-PSOE.

GOBIERNO PATRIÓTICO CON ANTIPATRIOTAS DEL PP

¿GOBIERNO PATRIÓTICO CON ANTIPATRIOTAS DEL PP?

 

 José Antonio Pérez Tapias, Diputado y miembro de IS-PSOE

 

El compañero José Bono, presidente del Congreso de los Diputados hasta que el próximo 26 de septiembre, según lo previsto, se disuelvan las Cortes para convocar oficialmente las próximas elecciones generales, se ha dejado caer con una propuesta que bien podemos atribuir a los efectos de alguna insolación que haya sufrido en estos días de estío en los que la calor no perdona ni a quienes llevan bien protegida la cabeza. Con todo el respeto a quien preside los debates en el hemiciclo, y con toda mi lealtad fraterna hacia quien ocupa tan alto rango, no sólo en las instituciones del Estado, sino en el partido en el que juntos militamos, el compañero Bono me va a permitir que disienta de la propuesta que ha lanzado a bombo y platillo a los medios de comunicación acerca de la posibilidad de un "gobierno patriótico" constituido por PSOE y PP (o por PP y PSOE, que puede que el orden de los factores sí altere el producto).

 

Tan chocante propuesta, que se pretende justificada por la acuciante necesidad de hacer frente a la crisis que no cesa, es aún más chocante por cuanto la expone quien ocupa tan alta magistratura sin considerar que cualquier futura coalición de gobierno, en el caso del PSOE, es asunto sobre el que tendrá palabra especial que decir Alfredo Pérez Rubalcaba, a la sazón candidato socialista, sobre el que no deben pesar más condicionantes que los que la difícil situación política y la grave coyuntura económica ya suponen.

 

Proponer un "gobierno patriótico" con el PP es una fórmula cuando menos de mal gusto toda vez que el PP está destacando en los últimos tiempos por todo menos por patriotismo. ¿En qué patriotismo está pensando el compañero Bono? ¿En el patriotismo de quienes nada ayudan para salir de la crisis, sino todo lo contrario, como muestran sus declaraciones sobre la economía española dentro y fuera del país -véase desde Aznar hasta Montoro cuando abren el pico-? ¿O quizá esté pensando en el patriotismo de quienes no han hecho otra cosa que cálculos electorales y, como Rajoy, no saben, no contestan en lo que se refiere a los graves asuntos que afronta la sociedad española? ¿O será en el patriotismo de quienes infamia tras infamia no han hecho sino explotar el "caso Faisán", rompiendo el pacto antiterrorista y tratando de empañar la hoja de servicios en la lucha contra ETA de quien ha sido brillante ministro del Interior del gobierno de Zapatero? ¿O será, por ir a lo último, que tiene en mente el patriotismo de quienes juguetean pidiendo otro adelanto electoral, aliándose con los mismos especuladores que nos acosan? ¿O es, en definitiva, el patriotismo de quienes han amparado a corruptos y de quienes han promovido a un procesado al Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana?

 

No puede ser que el presidente del Congreso esté pensando en ese patriotismo del PP, que en verdad es antipatriotismo, dada la deslealtad institucional con la que viene actuando el partido representativa de la derecha española. ¿Cómo entonces propone un pacto para un gobierno patriótico del PSOE con esa derecha españolista, nacional-católica, imbuida de afanes de dominio y tan escasamente democrática. como día a día podemos comprobar? Habrá que pensar que el compañero Bono no lo ha sopesado bien, que las buenas intenciones en ofrecer fórmulas para transmitir credibilidad a la ciudadanía y confianza a los mercados le han jugado una mala pasada. El PP, por su parte, ni ha querido ni quiere un pacto con el PSOE. Más bien lo que quiere es barrernos a los socialistas del mapa político cuanto más, mejor. ¿A qué, entonces, una propuesta extemporánea a título individual que supondría tragarnos sapos y culebras sin fin, todos los que nos suministran y nos suministrarían quienes abominan de derechos laborales, de autonomías, de lo público, de igualdad, de políticas de inclusión, de memoria histórica, etc., etc.?

 

Hablar ahora en esos términos de pacto con el PP es darle la razón en lo que sus más destacados líderes y lideresas vienen diciendo con tan altas dosis de demagogia, populismo y cinismo como de continuo muestran. Si en el futuro se tiene que pactar, hay otras posibilidades, más productivas para la sociedad española, más eficaces para luchar contra la crisis, más integradoras, y sin duda menos humillantes y sin la carga de sospecha de definitivo entreguismo al neoliberalismo que lo que supondría un pacto con el PP.

 

Ante una cuestión tan crucial como esa, lo procedente es recordar al compañero Bono las excelencias de la fórmula Rubalcaba: Escuchar, hacer y explicar (no sólo hacia fuera, sino también hacia dentro de este partido más que centenario que es el PSOE). Es lo que esperamos de un socialista de tanta veteranía y largo recorrido como acumula el presidente del Congreso.

 

Sábado 6 de agosto de 2011

La supeditación de las instituciones representativas a la banca: el caso de las agencias de ratings

Suponga usted que existiera una agencia internacional que se encargara de evaluar la calidad de los fármacos, y que esta agencia, financiada por los mayores laboratorios farmacéuticos del mundo, hubiera asegurado a toda la población mundial que el uso y consumo de un fármaco específico, producido por los laboratorios que la pagaban, era totalmente eficaz, curaba la mayoría de enfermedades, y no conllevaba ningún efecto negativo. Suponga también que, más tarde, se comprobara que todo ello era una gran mentira, mostrando que el famoso fármaco no sólo era ineficaz, sino que era muy tóxico: todos los pacientes que lo habían consumido habían fallecido, ocasionando millones de muertos en todo el mundo como consecuencia de ello. Si todo esto hubiera ocurrido, hubiera habido un escándalo inmenso. Y es más que probable que se exigieran medidas sancionadoras en contra de las agencias de evaluación, y en contra de la propia industria farmacéutica, que habría estado financiándolas.

 

Pues bien, por mucho que le cueste creérselo, esto es lo que ha ocurrido y, lo que es incluso peor, continúa ocurriendo, sin que haya habido ninguna sanción. Lo único diferente es que no son fármacos, sino productos financieros (como bonos, hipotecas, entre otros); que no era la industria farmacéutica, sino los grandes bancos; y que no eran una sino varias las agencias evaluadoras, de las cuales las más importantes se llaman Standard & Poors, Moody’s y Fitch, que están, en realidad, financiadas por la gran banca,  Wall Street en EEUU.

 

Tales agencias daban Matrículas de Honor (lo que se llama categoría AAA) a los productos financieros de los grandes bancos, los cuales sacaban enormes beneficios de vender productos catalogados como excelentes cuando, en realidad, eran basura. Al ver la falsedad de sus evaluaciones, los bancos que vendieron tales productos se colapsaron casi al día siguiente de que las agencias les dijeran que estaban en una condición excelente. Y todo, repito, todo el sistema financiero mundial se hubiera colapsado si no hubiera sido por el apoyo que recibió de los Estados, transfiriendo la mayor cantidad de dinero que nunca se haya realizado del sector público al sector privado.

 

Pues bien, lo que es más indignante es que tales agencias continúen siendo las evaluadoras de los productos financieros que los bancos y los Estados venden y compran. En realidad, han sido agentes claves en la creación del llamado “problema de la deuda pública”. Cuando catalogan un bono de un Estado como de alto riesgo, inmediatamente encarece los intereses que los Estados tienen que pagar para vender sus bonos. El precio de la deuda pública queda así muy determinado por la evaluación que le hacen tales agencias. Y naturalmente, su objetivo (que es el objetivo de la banca) es que los intereses sean lo más altos posible pues así incrementan los ingresos a la banca, que es la que recibe tales intereses.

 

Las decisiones de las agencias de rating afectan a la ciudadanía normal y corriente. Sus decisiones influencian desde los intereses del crédito en un país al precio de las hipotecas. Todas estas actividades financieras están determinadas por lo que indiquen tales agencias, agencias que ya han mostrado su incompetencia en múltiples ocasiones y que continúan, a pesar de ello, siendo las voces que dirigen, desde la sombra, las actividades financieras de millones y millones de personas.

 

Que sus conclusiones no se basan en criterios objetivos y que sus evaluaciones carecen de credibilidad científica está ampliamente demostrado. El criterio que guía sus evaluaciones es fácil de detectar. Todo lo que las agencias perciben que le va bien a la banca, merece un sobresaliente. Todo lo que cuestiona los intereses de la banca recibe un suspenso. Ejemplos de ello hay miles. Cuando se implementaron los recortes de impuestos (que favorecieron primordialmente a las rentas superiores) llevados a cabo por el Presidente Bush Jr. (medida favorecida por Wall Street), que causaron que el presupuesto del estado federal de EEUU pasara de tener un superávit (de nada menos que 5.000 billones de dólares) cuando terminó la administración Clinton, a un enorme déficit, tales agencias aplaudieron los recortes, aunque crearan un déficit enorme, que ahora tales agencias denuncian, criticando a la Administración Obama por ello. Las agencias favorecen, en general, más a las Administraciones Republicanas que a las Demócratas.

 

Y ahora, tal como denuncia el que fue Ministro de Trabajo en la Administración Clinton, el Sr. Robert Reich, profesor de Public Policy de la Universidad de California en Berkeley, en un artículo reciente “The Biggest Driver in the Deficit Battle” (28.07.11), tales agencias han indicado que, a no ser que se recorten los gastos públicos (incluyendo las pensiones y los servicios sanitarios a la gente anciana) para reducir el déficit (en una cantidad de 4.000 billones de dólares), las agencias rebajaran la evaluación de los bonos del Estado federal, y ello aunque el Estado decidiera reducir el déficit a través de otros medios, tales como subir los impuestos. No es, pues, el tamaño del déficit público, sino lo que hay detrás, es decir, si la banca lo apoya o no, lo que decide el valor de la deuda pública.

 

Pero lo que es incluso más que indignante es que el Banco Central Europeo utiliza las evaluaciones de tales agencias para catalogar el valor de la deuda pública de los Estados de la Eurozona. Y lo mismo ocurre con el Banco Central de EEUU (The Federal Reserve Board), aunque hay presiones (¡por fin!) para que este último deje de hacerlo. Mientras, el lector debería  estar hastiado de la enorme tolerancia, cuando no apoyo, que las instituciones financiadas públicamente tienen hacia estas agencias. Es el caso más claro de la supeditación de las llamadas instituciones representativas al poder de la banca.

 

Ahora bien, la indignación no debería limitarse a las Agencias. Debería también extenderse a los bancos centrales de cada país y al Banco Central Europeo, que podrían haber ignorado tales agencias de rating sustituyéndolas por otras más efectivas y desligadas del mundo financiero. Pero las instituciones más responsables de ello son las políticas, pues son los llamados representantes políticos los que nombran a los directores de los bancos centrales nacionales y a los gobernadores del Banco Central Europeo. Uno de los gobernadores más ultraliberales que haya tenido el Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, fue nombrado por el Sr. Zapatero, y el Sr. Trichet, director del Banco Central Europeo, fue nombrado por el Consejo Europeo (los máximos responsables de la clase gobernante de la UE), y así un largo etcétera.

 

Lo cual me lleva a la última pregunta, la más importante. ¿Por qué los llamados representantes de la población  nombraron a ultraliberales en tales puestos de responsabilidad? Y la respuesta es fácil de entender (aunque nunca la verá en los mayores medios de información y persuasión). Todos estos personajes ultraliberales están muy próximos a la banca. Y su nombramiento era un signo (le llaman guiño) a la banca para asegurarle que serían muy sensibles a sus necesidades. En realidad, no sólo los gobernadores del Banco de España y del BCE son muy próximos a la banca, sino la gran mayoría de Ministros de Economía y economistas de la Moncloa han sido muy próximos a la banca. Y ahí está el problema. De tanto guiño, las instituciones representativas se han quedado ciegas a las implicaciones de sus actos. La enorme influencia de la banca sobre el estado ha sido una de las características del Estado español, que ha reducido dramáticamente la calidad democrática de nuestro país. Así de claro.

 

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

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Nuestra extrema derecha

Han pasado los suficientes días como para ver el atentado de Oslo con perspectiva y llegar a la conclusión de que en Europa, pero también en España, la violencia de extrema derecha que odia todo aquello que es diferente, ha sido tratado como un tema colateral pero nunca como una amenaza directa contra nuestras sociedades democráticas.

Al mismo tiempo que los noruegos salían a la calle con flores para homenajear a las decenas y decenas de jóvenes asesinados en la isla de Utoya, en un restaurante del centro de Madrid detenían a un hombre, que estaba comiendo con su mujer y comenzó a insultar y a tirar vasos a sus vecinos de mesa porque eran dos homosexuales que se acababan de dar un beso.

 

Se perfectamente que no es comparable que te tiren un vino por la cabeza a que maten a un gran número de jóvenes pero en España la lista de juicios y demandas por agresión ultraderechista, racista, xenófoba y homófona es larguísima, aunque escasamente difundida.

 

Coincido plenamente con las reivindicaciones de Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia al afirmar que se deben crear fiscalías contra los delitos de odio y formar y especializar a la policía”.

 

Pero existe, desgraciadamente, la idea entre la ciudadanía que esos crímenes no van contra nosotros, que van dirigidos a inmigrantes, negros, homosexuales o vagabundos, pero esa no es la realidad. Se trata de una violencia contra los seres humanos, que somos todos.

 

Un sector de esas personas, ..........

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