REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN o LA DEFUNCIÓN DE KEYNES

La modificación de nuestra Normal Fundamental que pretende emprender el Gobierno de la Nación con la connivencia del principal Partido de la oposición requiere una mayoría favorable de tres quintos en ambas Cámaras o, subsidiariamente, mayoría absoluta en la Cámara Alta y mayoría de dos tercios en el Congreso si no prosperase el proyecto de reforma de la Constitución por el procedimiento inicial ,y  todo ello sin necesidad de sometimiento a consulta popular para su ratificación, salvo que una décima parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras representativas de la soberanía popular lo soliciten. (Art.167 CE).
 

No obstante, a pesar de formalismos jurídicos o procedimentales, cabe someter a juicio la celeridad y oportunidad con la que se emprende una reforma constitucional que no solo supondrá un duro límite a la política presupuestaria en situaciones excepcionales o ciclos económicos decrecientes, obstaculizándose así la acción de gobierno consistente en asignar la prioridad de gasto de acuerdo con su proyecto político, sino que supone el asentamiento definitivo de una línea económica en el texto constitucional ante este acta de defunción del Keynesianismo que representa la reforma anunciada. Combatir el desempleo con una inversión pública que abra las puertas al crecimiento económico y al consumo será una quimera de difícil aplicación, a pesar de que los Poderes Públicos no solo tienen la orden constitucional de remover los obstáculos que dificulten o impidan la igualdad o la libertad (Art.9.2 CE), sino también la de someter su gasto  a los principios de asignación equitativa de los recursos públicos, eficiencia y economía (Art.31.2 CE).

 

Aunque cabe preguntarse si todas las administraciones territoriales han  inspirado sus políticas en esos principios, ha sido la ausencia de previsiones ante políticas económicas equivocadas lo que ha impulsado el aumento del gasto público como consecuencia de la eclosión de la burbuja inmobiliaria surgida de bajos tipos de interés  impuestos por el Banco central Europeo, y todo ello sin perjuicio de una confianza ciega en los mercados que aún hoy, carentes de regulación y con descaro, piden austeridad.
 

José Luis Garrido