Parábolas evangélicas
Resulta preocupante que el informe del pasado 1 de abril del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), del Consejo de Europa, advierta de que España no ha cumplido de manera enteramente satisfactoria todas sus recomendaciones de 2009 en materia de financiación de partidos. La cansina aparición de noticias sobre escándalos de corrupción relacionados con la gestión de fondos presupuestarios realizada por cargos electos con carné está enrareciendo la vida pública y socavando el prestigio de la clase política. Si el pescado se pudre por la cabeza, la legitimidad de las democracias comienza a degradarse por el enriquecimiento corporativo o individual de sus gobernantes.
Es cierto que España no constituye una excepción dentro de una Europa supuestamente virtuosa. El sistema de partidos se derrumbó en Italia durante la década de los noventa cuando los fiscales de Manos Limpias apretaron las tuercas a sus contables: el régimen populista de Berlusconi enseña que el remedio puede ser todavía peor que la enfermedad. Si los abusos en provecho individual cometidos por los comunes británicos o por los europarlamentarios producen la misma vergüenza ajena que el gorroneo, las sisas y los choriceos de los particulares, la financiación irregular de las formaciones políticas a través de las comisiones ilegales y los sobornos ha causado verdaderos estragos en Francia, Alemania y otros países de la Unión. Pero las estadísticas de robo comparado no deberían servir de consuelo a los contribuyentes y, menos aún, de coartada a los autores de esos desmanes.
Aun admitiendo progresos en otros terrenos, el informe de Greco de 2011 sigue denunciando el elevado endeudamiento de los partidos españoles (los créditos ascendían a 144 millones de euros en 2005), la falta de regulación del límite y las condiciones de esas operaciones, la opacidad de las cuentas locales en municipios de más de 20.000 habitantes, la dificultad para comparar contabilidades fabricadas según criterios diferentes, la ausencia de controles internos y auditorías externas de las finanzas partidistas, la escasez de personal y de medios del Tribunal de Cuentas y la inexistencia de normativa sancionadora para los casos de incumplimiento.
La indolencia del Parlamento español para llevar a la práctica todas las recomendaciones del Consejo de Europa no es casual. Aunque los partidos se apresuran a organizar grandes escandaleras cuando alguno de sus adversarios es atrapado con las manos en la masa (olvidando la parábola de la mujer lapidada del Nuevo Testamento), se diría que sus dirigentes están implícitamente de acuerdo (al igual que los mercaderes del templo como gremio ocupado de velar por sus intereses comunes) en excluir sus finanzas de las severas medidas de vigilancia preventiva, control de resultados y sanción penal que acogotan a las empresas privadas y a los contribuyentes individuales.
JAVIER PRADERA 08/05/2011
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