Los sanitarios recurrirán al Procurador del Común por el problema con las libranzas

Los médicos y enfermeras del Área de Salud de Palencia afectados por el problema de las libranzas post guardia recurrirán al Procurador del Común y pedirán el apoyo de todos los coordinadores y responsables de Enfermería de Castilla y León.

 

Según informaron en un comunicado, los médicos y enfermeras del Área de Palencia han solicitado una entrevista con el Procurador del Común "ante la indefensión en la que nos ha dejado el gerente de Atención Primaria de Palencia, Francisco Vaquero". Una indefensión causada por las órdenes contradictorias en las que, por un lado se les obliga a cumplir los descansos post guardia y por otro a cumplir con la jornada ordinaria.

 

Además, este lunes se reunirán con los representantes regionales de los sindicatos médicos Csif, Cems, Satse, UGT, Uscal y CCOO en el Colegio de Médicos de Palencia "para que nos expliquen las medidas a tomar y la actitud de cada formación ante el problema que tenemos encima", explicaron.

 

Finalmente, se ha convocado una reunión con los coordinadores y responsables de enfermería de toda Castilla y León en el Colegio de Médicos para informar de la situación que viven los profesionales palentinos y solicitar su apoyo.

 

Los profesionales de Atención Primaria de la provincia de Palencia han decidido no cumplir las instrucciones de la Gerencia que les obliga a descansar tras las guardias para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Además los coordinadores y responsables de todos los centros de Salud de la capital y la provincia han presentado su dimisión ante la Gerencia Provincial.

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Los funcionarios de la Junta en León toman la iniciativa y plantean un plan de ahorro

Los funcionarios de la Junta en León han decido pasar a la acción contra la crisis y dar ejemplo. En una iniciativa y con un movimiento espontáneo y pionero en España, han celebrado tres asambleas, al margen de organizaciones sindicales, para impulsar un plan de ahorro frente al despilfarro en la Administración pública.

 

Hasta 157 trabajadores de la Delegación Territorial de León, de los más de 800 que desempeñan labores en él, han votado y consensuado 69 medidas con las que exigen que se recorten consejerías, cargos de confianza gastos políticos suntuarios.

 

Entre las ideas, que incluyen incluso aspectos de funcionamiento y eficiencia del servicio púbico como mejorar la recaudación tributaria, la más votada fue la "reducción proporcional al número de consejerías de los puestos políticos y pseudopolíticos" como viceconsejeros, secretarios generales, directores generales y coordinadores de servicios.

 

La "supresión del 40% de los puestos de altos cargos" y personal asesor o de confianza y libre designación es la segunda más votada. Con igual adhesión figura la propuesta encaminada a de suprimir los coches oficiales para acudir al trabajo, beneficio del que disfrutan los cargos políticos -incluye a consejeros, presidentes de consejos consultivos, empresas o entes públicos-; medida que antecede a limitar el uso de vehículos oficiales a desplazamientos exclusivamente relacionados con la "prestación de servicio público".

 

Reducción de teléfonos móviles, simplificación de órganos directivos, optimización del espacio en edificios propios para evitar pagar alquileres, fin al 'enchufismo', "supresión de la vergonzante y despilfarradora práctica de desplazamientos de presidente y consejeros con séquitos, acompañantes, periodistas y asesores" y reversión a la Administración autonómica de las funciones trasvasadas a empresas públicas son otras de las medidas que, según el listado al que ha tenido acceso EL MUNDO, los funcionarios entienden que mayor ahorro pueden producir.

 

Los funcionarios también impulsan la reducción de liberados sindicales o la supresión de contratos de mantenimiento de bienes y servicios que podrían realizar los propios funcionarios, así como la eliminación de algunos entes públicos, el fin a la colocación de 'primeras piedras' de obras y al exceso de cartelería en las mismas. Piden una mayor regularización de gratificaciones, el control de dietas o la racionalización de subvenciones y hasta la racionalización y unificación de horarios en edificios públicos.

 

'Lista de la dignidad'

 

Con fecha 24 de febrero y 3 de marzo fueron convocadas asambleas el edificio de la Junta en León. En la primera reunión se acordó que los asistentes y demás personal funcionario y laboral elaborara diferentes propuestas de ahorro y de aumento de ingresos para la Administración, "así como de medidas que ayuden a dignificar la figura del empleado público que, por diferentes sectores, se está tratando de socavar y de menospreciar", explica Quinido Martínez, un funcionario que actúa como portavoz. Con las propuestas presentadas se elaboró una "Lista de la dignidad", constituida por 69 medidas y que fue votada, por escrito, en la asamblea del día 3 de marzo. "Ante el despilfarro, malgasto y costes duplicados en la gestión de las competencias por la Junta de Castilla y León, vamos a ser activos en la denuncia y exigencia para que se corten", agrega.

 

"Si hay casos aislados de abusos por parte de algún funcionario, lo normal es que se tomen las medidas adecuadas y no extender la nebulosa del desprestigio hacia todo el colectivo de los servidores públicos", subraya también el portavoz de la iniciativa. Una idea que surge para impedir "nuevas ocurrencias" en el recorte del gasto público que pretenden "aminorar o hacer desaparecer derechos laborales conseguidos en los últimos 60 años".

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Solidarios con Garzón

La Sala Segunda del Tribunal Supremo está a punto de señalar la fecha del juicio contra el juez Baltasar Garzón. Los demócratas, las víctimas del franquismo, los defensores de la libertad y del Estado de Derecho no podemos aceptar con indiferencia la posibilidad de su condena, que supondría un golpe irreparable y un enorme retroceso en la consolidación de nuestra democracia.

Manifiesto

·         Las Asociaciones firmantes, ante la inminencia del juicio contra el Juez Baltasar Garzón por su investigación de hechos, que ya son páginas oscuras y tristes de nuestra historia, ocurridos durante la Guerra Civil y la Dictadura que siguió,

 

MANIFESTAMOS:

 

-Nuestra repulsa a la pretensión de criminalizar una actuación del Juez encaminada a dar tutela judicial efectiva a quienes la solicitaron,
 

-Nuestro apoyo al Juez Baltasar Garzón por la persecución contra él dirigida desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo en varios frentes,

 

-Nuestro rechazo a la suspensión de sus funciones judiciales que viene sufriendo desde meses como pena anticipada por unos hechos que no debieron merecer sanción alguna,

 

-Nuestro convencimiento de que el actuar del Juez estuvo movido por una recta interpretación de la Ley y por la atención a quienes le demandaban tutela, cuyas legítimas expectativas parecen hoy truncadas,

 

-Nuestra preocupación por los efectos devastadores que podría tener la actuación del Tribunal Supremo, Sala 2ª, en la Justicia española, quedando desprestigiada, dentro y fuera de nuestras fronteras, como una Justicia ciega y que desprecia el derecho a la verdad y el derecho a la reparación de las víctimas. La Justicia de nuestro país había alcanzado en los últimos años elevadas cotas de reconocimiento internacional gracias, fundamentalmente, a la actuación del Juez Garzón en el ámbito de los más graves crímenes contra la Humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras, lo que le ha convertido, merecidamente, en un referente internacional en materia de protección de derechos humanos,

 

-Nuestra preocupación al contemplar que nuestra Justicia podría ser suplantada, dada su inactividad, por la de otro país –Argentina- que, bajo el paraguas de la jurisdicción universal, podría acabar investigando los hechos acaecidos en España durante la Guerra y la postguerra. Pero aplaudimos la iniciativa de aquel país, que también fue víctima del golpe de Estado y de la Dictadura, ante la inaceptable inacción del Gobierno y los tribunales españoles,

 

-Nuestra voluntad de seguir adelante en la búsqueda de la verdad y en el apoyo a quienes reclaman saber qué ocurrió con los suyos, con independencia del final que tenga el proceso contra el Juez Garzón,

Además,
 

Recordamos al Estado español y a todos sus poderes que recientemente, en diciembre de 2010, ha entrado en vigor la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que nuestro país es firmante. La desaparición forzada es una práctica totalitaria tendente a eliminar al disidente y al enemigo político y la dictadura no fue ajena a su práctica. La Convención obliga a los Estados, no sólo a evitar tal práctica de cara al futuro, sino también, y con la vista puesta en el pasado, a garantizar el derecho a denunciar estas desapariciones y a que se investiguen, considerándose que es víctima no sólo la persona desaparecida, sino también la que haya sufrido por la desaparición. Se establece en la Convención que la víctima tiene derecho a la verdad, a la reparación y a la indemnización, obligándose los Estados, incluido el poder judicial, en caso de fallecimiento, a la búsqueda, respeto y devolución de los restos.

 

Si España quiere cumplir sus obligaciones internacionales, debe superar las insuficiencias legales y cualquier entendimiento judicial contrario a lo establecido en la Convención.

 

Finalmente,

Declaramos que la criminalización de la búsqueda de la verdad y de quien quiso tutelar a los que la reclamaban es, además de una torpeza, un atentado contra los derechos fundamentales y contra la independencia judicial. La causa que se sigue contra el Juez Baltasar Garzón es un gravísimo error que, lejos de hurtarle el prestigio del que merecidamente goza, está generando un movimiento de apoyo sin precedentes del que participamos Firmantes.

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El Consejo de Cuentas destapa un agujero sanitario de 253 M€ en 2007

El Consejo de Cuentas ha puesto al descubierto los problemas que tiene la Junta para financiar la Sanidad. En su informe de fiscalización correspondiente al Presupuesto autonómico de 2007, el organismo que preside Pedro Martín detecta un 'agujero' de al menos 253,67 millones de euros, que imputa a la Gerencia Regional de Salud.

 

A esa cantidad ascienden las "obligaciones pendientes de imputar a presupuesto a 31 de diciembre de 2007", según el informe, que desglosa las partidas. Casi 245 millones corresponden a facturas no abonadas por "gastos corrientes en bienes y servicios", lo que va desde el coste de mantener abiertos consultorios y hospitales hasta gasto en farmacia.

 

La Junta tampoco refleja en sus cuentas 8,4 millones de gastos de personal; ni 270.900 euros de transferencias corrientes; ni otros 94.000 euros de gastos corrientes que arrastra de ejercicios anteriores, según el informe, presentado ayer en las Cortes.

 

El Consejo analiza los resultados recogidos por la propia Intervención General del Gobierno regional respecto a sus "auditorías de regularidad" realizadas a las Gerencias de Atención Especializada; Atención Primaria y Emergencias Sanitarias, todas "integradas en la estructura" de la Gererencia Regional.

 

Pero aún más. El 'fiscalizador público' denuncia que estos "incumplimientos presupuestarios y contables" se remontan, al menos, al ejercicio anterior, 2006, y que la falta de diligencia en los pagos con los acreedores le cuesta a la Junta 5,26 millones "en concepto de intereses de demora".

 

"De este análisis se deduce que el importe de los créditos definitivos asignados a las distintas Gerencias en el ejercicio 2007 resultó insuficiente para atender el gasto de las mismas, incrementándose esta insuficiencia con respecto a 2006", resume el informe, que también encuentra imputaciones a las cuentas de 2007 por 54,7 millones de gastos contraídos en años anteriores.

 

El Consejo de Cuentas enumera, además, los artículos de la Ley de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad que vulnera la Junta al 'cuadrar' su contabilidad.

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elmundo.es

 

José Ignacio Echeverría:

El consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, ha metido la pata durante la sesión de control al Gobierno regional esta tarde en la Asamblea de Madrid, al tratar de burlarse del diputado socialista Modesto Nolla por hablar de "metrobús", un título que, según el consejero del ramo, "no existe". "¿Pero qué titulo utiliza usted para coger el transporte público? Yo creo que no lo utiliza nunca, porque el metrobús yo creo que no existe, y entonces, si usted tiene el título del metrobús, ¡pues nos vamos todos!, que no existe", ha espetado el consejero al parlamentario socialista con chulería y elevando el tono.

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La Junta descubre ahora que el decreto sobre funcionarios políticos está anulado

El decreto de la Junta que estipula las retribuciones de los funcionarios que desempeñan cargos electos en las entidades locales quedó anulado por una ley estatal sobre incompatibilidades, según avanzó a ELMUNDO.es el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez.

El también consejero de la Presidencia atajaba así la polémica abierta a raíz de la investigación a un diputado provincial de León y funcionario de la Junta, Lupicinio Rodrigo, que fue denunciado por cobrar sus retribuciones íntegras como veterinario, además de las dietas por asistencia a plenos y comisiones de la Diputación. Una investigación que el delegado de la Junta hacía extensiva el martes a todos los funcionarios de la provincia y que este miércoles suspendió la Consejería de Administración Autonómica.

 

El caso de Rodrigo puso de manifiesto que el decreto no se estaba aplicando en ninguna delegación territorial, como comprobó este periódico, sin que la responsable de la Consejería de Administración Autonómica, Isabel Alonso, ofreciera alguna explicación, ni el mismo martes ni al día siguiente.

 

Quién sí lo hizo fue el portavoz de la Junta, acudiendo a la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social de 29 de diciembre de 2000, lo que anteriormente se denominaba Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales.

 

En ella se modifica el artículo 5 de la Ley de Incompatibilidades de 2008. Los funcionarios, indica esta normativa, podrán compatibilizar su trabajo con su condición de miembros de las corporaciones locales, pero "sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra.

 

La última parte de este enunciado es la que colisionaría y derogaría el propio decreto de la Administración autonómica de octubre de 2000, al tratarse de una norma de rango superior y dictada con posterioridad. Según el portavoz, la ley estatal "está por encima del decreto", por lo que es aplicable a los funcionarios de la Junta.

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Los eurodiputados del PP, más a la derecha que Le Pen

Los eurodiputados populares en el Parlamento Europeo votaron el martes en contra de una propuesta incluida en un informe sobre igualdad de género, en el que se insta a los estados a facilitar el acceso de las mujeres a la contracepción y al aborto. La proposición fue aprobada finalmente, a pesar del boicot del PP, cuyo portavoz en la Eurocámara, Jaime Mayor Oreja, ha abogado en reiteradas ocasiones por la derogación de la ley del aborto. Sin embargo, nunca pidio algo parecido cuando Aznar estuvo en el poder, especialmente en la segunda legislatura, que con su mayoría absoluta el PP tuvo la posibilidad de cargarse la antigua ley del aborto.

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elplural.com

El líder de los homosexuales del PP:

Javier Gómez es más conocido por formar parte de la primera pareja homosexual que casó Alberto Ruiz Gallardón que por ser el coordinador del colectivo de Gays, lesbianas y transexuales del Partido Popular. Y es que Gómez no lo tiene fácil en el PP: "El PP es el único partido democrático que todavía no tiene integrado a mi colectivo en la estructura". Pero este madrileño de 34 años tiene claro que “hay que defender lo que uno piensa y hacerlo dentro del partido” y está seguro de que “España está preparada para tener un presidente gay”.

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Madrid, balada triste de justicia

Hace unos días Europa Press se hacía eco de unas declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en las que (a título personal, aclaraba, pese a las responsabilidades que desempeña) abogaba por devolver las competencias autonómicas de Justicia al Estado, ya que, a su entender, su ejercicio es "caro y complicado", "no tienen ningún sentido" y han hecho que la justicia en Madrid se convierta en un "carajal".

 

Las distintas autonomías han rentabilizado la asunción de funciones sobre la justicia como vía para explicitar ante sus ciudadanos un modelo de gestión más eficaz y próximo a la sociedad o con un orden de prioridades adaptado a las necesidades del territorio. El modo en que se ejercen esas competencias dice mucho del lugar en que cada Comunidad sitúa valores claves para la convivencia social: el principio de igualdad, la tutela judicial efectiva, el derecho a la justicia gratuita.

 

La Comunidad de Madrid ha elegido, desde que recibió el traspaso de unas competencias que previamente reclamó, el lugar de la no política, el no lugar de la justicia. Las declaraciones del consejero tienen esa cualidad que aúna rotundidad y coherencia: al Gobierno autónomo no le interesa cómo funcionan los tribunales de su territorio ni cómo ello afecta a la vida de sus ciudadanos. Ni siquiera esta crisis económica, que judicializa conflictos inexistentes en épocas de bonanza y en los que se ven inmersos todos los sectores desfavorecidos, los de siempre y los que ahora acceden a esta triste categoría, le ha movido a una reflexión sobre cómo el mal funcionamiento de los juzgados empeora condiciones y calidades de vida ya de por sí suficientemente dañadas.

 

La próxima convocatoria de elecciones autonómicas debería permitir actualizar las propuestas electorales y también las demandas que los ciudadanos plantean a sus dirigentes más cercanos. El periodo preelectoral puede permitir que esa comunicación bidireccional política / ciudadanía se intensifique abriendo espacios de debate constructivo que permitan mejorar aspectos fundamentales para la convivencia. Por ello, antes de que se abra la caja de los truenos de la campaña, nos parece imprescindible fijar algunas prioridades que deberían trascender de la política de partido y convertirse en bandera de toda la Comunidad de Madrid.

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El gran retorno de Egipto

Si Egipto se convierte en una democracia -y nada está decidido de momento-, su ejemplo se propagará como un reguero de pólvora por el mundo árabe. Aunque la situación no cambie inmediatamente en estos países, el modelo egipcio tendrá el efecto de una pesadilla sobre los dirigentes de los Estados feudales, monárquicos y dictatoriales. Los intelectuales, los responsables políticos y los actores de la sociedad civil son conscientes de esta nueva situación. Hoy, todos los observadores relevantes en El Cairo aseguran, gracias a la libertad de expresión y al debate de ideas, que una nueva etapa histórica ha nacido en la región, y que el papel de Egipto será determinante. Fue la pequeña e inesperada Túnez la que despertó a Egipto, pero es Egipto quien ha pasado el testigo tunecino a los libios. La carrera no se detendrá aquí.

 

Las élites egipcias son plenamente conscientes del debilitamiento que se produjo en el mundo árabe después de la marginación de su país, ocurrida por la ruptura de la unidad del frente árabe tras la paz separada con Israel en los años setenta. Egipto fue excluido de la Liga Árabe por haber roto este frente, pero Sadat trató de disimular esta marginación recurriendo a un nacionalismo egipcio lleno de resentimiento hacia el mundo árabe.

 

Mubarak acentuó aún más ese resentimiento, e hizo del islamismo el principal peligro interno, justificando así el estado de excepción e instaurando una dictadura policial ciegamente sostenida por Occidente. La actitud de Egipto durante los últimos 20 años, tanto en relación con la cuestión palestino-israelí como en relación con las dos guerras americanas contra Irak, acabó de reducir a cero la influencia egipcia en la región. El país, sometido por EE UU, reducido por los israelíes al papel de cartero en las relaciones con sus vecinos, reforzado por los europeos a la condición de auxiliar de su incapacidad política en Oriente Próximo, tocó el fondo de la impotencia y de la mendicidad financiera en los años noventa y 2000. En el resto del mundo árabe afloraba con frecuencia una suerte de menosprecio hacia Egipto. ¿No veíamos a los egipcios canjear descaradamente su "apoyo" a las potencias occidentales y a Arabia Saudí, a cambio de dinero contante y sonante? ¿No escondía una traición terrible el hecho de que el ejército egipcio recibiera, para pagar sus salarios y su tren de vida, más de 1,3 mil millones de dólares al año de EE UU, sabiendo que no podía obtenerse ningún puesto de alto mando de este Ejército si se manifestaba alguna veleidad de independencia respecto a EE UU?

 

Esta situación dramática favorecía principalmente al clan mafioso de los Mubarak y sus clientes dentro del país. Las élites políticas democráticas, como por otra parte las religiosas e incluso las militares, se sentían profundamente humilladas. En realidad, la separación del resto del mundo árabe nunca fue digerida. Egipto no podía contar de verdad a no ser que fuera la voz de los árabes.

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Más de 16 cargos políticos sólo en León han incurrido en sobresueldos

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, reconoció ayer la existencia de «un montón» de cargos públicos y funcionarios de la administración autonómica a los que no se les está aplicando el decreto por el que deberían restarse de sus nóminas las dietas cobradas derivadas de sus cargos electos.

 

Este periódico ha encontrado a 16 entre los que hay procuradores, diputados y alcaldes. Todos ellos han reconocido que no se les descuenta ni un euro de sus emolumentos. Y eso sólo en la provincia de León. La situación es generalizada y se extiende por el resto de la Comunidad. En la delegación territorial leonesa se ha ordenado una investigación no sólo en torno al caso del diputado provincial que destapó el caso, sino también en cada uno de los servicios, que tendrán que elaborar informes con los nombres de aquellos que están incurriendo en la ilegalidad.

 

La investigación abierta contra el diputado de Desarrollo Rural y veterinario en Sahagún, Lupicinio Rodrigo Carvajal, por un supuesto caso de cobro ilegal de dietas dada su doble condición de funcionario y cargo público sin dedicación parcial o exclusiva, ha destapado 11 años de sobresueldo consentido en la práctica totalidad de los servicios de la Junta. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos procuradores, diputados y concejales se están embolsando aquello que deberían restarse de sus nóminas, según marca el decreto 210/2000. Un norma ‘sin estrenar’ desde su entrada en vigor.

 

Por ese motivo, el delegado territorial de la administración autonómica en León, Eduardo Fernández, ha reaccionado ante el bochorno y no sólo ha ordenado la investigación del caso concreto del diputado provincial, sino que, según confirmó ayer, ha solicitado ya a todos los jefes de servicio un informe "con lupa" que saque a la luz uno a uno, todos los nombres de aquellos, como los que hoy publica este periódico, que se encuentran en la misma situación de ilegalidad que Lupicinio Rodrigo con el objetivo de que, más de una década después, se termine con la impunidad. No obstante, gran parte de la deuda de todos ellos habrá prescrito y tan sólo se les podrá reclamar la devolución de los cobros ilegales de los últimos cuatro años.

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La buena gestión de PP al frente de las administraciones públicas

 

 

Noticia del mundo:

 

El ilegal sobresueldo de los funcionarios políticos

• Una investigación de la Junta sobre dietas abre un mar de irregularidades

 

Francisco Lupicinio Rodrigo Carvajal es diputado de Desarrollo Rural y veterinario de la Junta en Sahagún. Cobra íntegro su sueldo de funcionario y, además, se embolsa múltiples dietas de la hacienda provincial, donde no cuenta con ningún tipo de dedicación exclusiva, tales como asistencia a plenos, juntas de Gobierno y comisiones.

 

Una situación que no ha pasado inadvertida, al menos no del todo, y una denuncia particular ha logrado que la Junta ordene con fecha de enero una investigación que ha destapado un mar de irregularidades en el que estarían inmersos decenas de concejales, diputados y procuradores de León y del resto de la Comunidad.

 

La investigación contra Rodrigo determinará el cumplimiento o no de un decreto referido al personal al servicio de la administración de la Comunidad de Castilla y León, en el que se detalla que si un empleado público percibe algún pago por sus tareas políticas debe restarse esa cantidad de su salario. La Junta investiga cuánto ha cobrado de dietas en los últimos cuatro años, el resto de la posible deuda ha prescrito.

 

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el diputado percibe alrededor de 3.000 euros como veterinario y otros 2.000 en concepto de asistencia a plenos y comisiones. Desde 2004 cuenta con permisos autorizados por la Junta que suman una media de 150 días anuales, con lo que el tiempo estimado que ha podido dedicar a su labor veterinaria ronda los 80 días.

 

La normativa en Castilla y León estipula que los funcionarios políticos deben restar a su salario las dietas por su cargo y tienen limitado a una quinta parte de la jornada los permisos para su deber público.

 

Rodrigo Carvajal se ha mostrado "tranquilo" ante la investigación: "Nadie me ha dicho que esté haciendo algo incorrecto".

 

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La UE felicita a España por la ley antitabaco

La Unión Europea sigue con interés -y satisfacción- el desarrollo de la ley antitabaco en España. Si ya en diciembre, durante su trámite parlamentario, el comisario de Salud, John Dalli, escribió a los parlamentarios para felicitarles por la decisión que iban a aprobar, ahora, después de dos meses desde la entrada en vigor de la ley, se ha dirigido al ministerio de Sanidad en el mismo sentido. "Estoy convencido de que prohibir el consumo de tabaco en todos los lugares cerrados es la mejor manera de proteger la salud de los ciudadanos", afirma el comisario en su nota.

 

Uno de los objetivos de la UE es que haya legislaciones similares en toda la UE, pero tiene una pega: las competencias sanitarias no están centralizadas. Por eso no puede haber directivas de obligado cumplimiento, lo que da lugar a las diferentes legistaciones en cada país, desde la prohibición total, como al de España, Reino Unido o Irlanda, a otras que lo son de facto (Francia, Italia) o a otras más permisivas (Alemania). Por eso Dalli cree que el caso español es un "ejemplo positivo para el resto de Europa".

 

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El Gobierno lanza un plan para acercar la investigación a los afectados por enfermedades raras

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha presentado este jueves en el Senado el Plan 2011-2012 para Enfermedades Raras para fomentar la colaboración entre los distintos centros de referencia de las enfermedades raras y ayudar el acceso de los investigadores a un nuevo registro nacional sobre estas patologías.

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El objetivo del acto principal del Día Mundial de las Enfermedades Raras es "revindicar la igualdad de oportunidades para las personas con enfermedades poco frecuentes", según FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), organizadora del evento, al que también han asistido, entre otros, el presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo y la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín.

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Nuevo fármaco contra el cáncer de mama surgido del fondo del mar

La lucha contra el cáncer avanzado de mama cuenta con un nuevo aliado surgido del fondo del mar. Se trata de la eribulina, un fármaco de quimioterapia obtenido de una esponja de mar (Halichondria okadai), tóxica y muy frecuente en la costa japonesa del Pacífico, que puede mejorar en un 20% (unos dos meses) la esperanza de vida de las mujeres ya tratadas previamente y que padecen metástasis, según los resultados de un ensayo clínico que publica hoy la revista The Lancet y que ya habían sido avanzados en distintos congresos de oncología.

 

Ya existen tratamientos para los tumores avanzados que no solo sirven para combatir la enfermedad, sino que permiten mejorar, cada vez más, la calidad de vida de las pacientes. Pero hacía 10 años que no aparecía un nuevo medicamento que, sin necesidad de combinarse, tuviera un impacto en la supervivencia de las pacientes con este tipo de neoplasias.

 

El estudio (en fase III, destinado a medir su eficacia y toxicidad respecto a los tratamientos actuales) ha sido coordinado por el grupo de cáncer de mama del Instituto de Oncología Vall d'Hebron y contó con la participación de 762 mujeres de más de 130 centros sanitarios de 12 países previamente tratadas (entre dos y cinco ciclos de quimioterapia con antracina o taxano). ...............

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Si el Estado no enseña sexualidad, la Iglesia lo hará

El Papa se quejó recientemente de la educación sexual que se ofrece en las escuelas en algunos países europeos. Una enseñanza que, según Benedicto XVI, presenta "concepciones de la persona y de la vida presuntamente neutras, pero que en realidad refleja una antropología contraria a la fe y a la recta razón". Esto no significa en absoluto que la Iglesia católica no quiera una enseñanza sobre sexología para los jóvenes; lo que ocurre es que rechaza la que no se atiene a sus postulados.

 

"Fue, de hecho, la Iglesia (tanto la católica como la protestante) la que empezó a promover la educación sexual desde el comienzo del siglo XX", explica el profesor de la Universidad de Durham Lutz Sauerteig. Esta siempre estuvo basada en la abstinencia hasta el matrimonio, el sexo solo con fines reproductivos y la condena de la masturbación, preceptos "difíciles, si no imposibles de cumplir para los jóvenes de la primera mitad del siglo XX, y todavía más en la segunda", añade Sauerteig, coautor del libro La formación del conocimiento sexual: una historia cultural de la educación sexual en la Europa del siglo XX.

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¿Quién debe encargarse de la educación sexual: el Estado, los médicos, los psicólogos, la Iglesia? ¿Es acaso una simple cuestión de elección de los padres? El problema es que la educación sexual que prefiere la Iglesia rechaza la que proponen la mayoría de especialistas de la salud y la psicología. Y viceversa. La de la Iglesia es "una visión reduccionista, y no es correcta científicamente", dice Ana Pino, del colectivo canario Harimaguada. Con argumentos similares, la Federación Española de Sociedades de Sexología ha rechazado los materiales del arzobispado de Valencia.

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El informe de WAS reclama una educación sexual integral obligatoria, basada en los derechos y la salud, que ofrezca toda la información posible y exacta para que los jóvenes tomen "decisiones autónomas y fundamentadas acerca de su salud sexual y reproductiva". Pero insisten en la mayor delicadeza, es decir, que se deben tener cuenta las particularidades culturales de cada lugar.

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Sin embargo, a pesar de la firme oposición de la Iglesia y de algunos sectores conservadores, en cuestiones de moral como las que tocan la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el Gobierno y el Parlamento decidieron (y lo ha refrendado la justicia) que existen unos mínimos comunes que deben ser enseñados a todos los alumnos. Y ello, sin pasar por alto los temas más peliagudos sobre los que no hay acuerdo social, aunque estos últimos han de mostrarse de la manera más neutral, han dicho los tribunales. Entonces, ¿no podría considerarse la educación sexual desde el mismo punto de vista?

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Revolucionarias sí, pero sin poder

Las revueltas populares en el mundo árabe han dado paso a una nueva era democratizadora en la región. No hay vuelta atrás, coinciden estos días la gran mayoría de los expertos. Lo que no está tan claro es si en el futuro traslado de poder de dictadores eternos al pueblo, participarán también las mujeres, comienzan a preguntarse algunas feministas árabes. Otras confían, sin embargo, en que el impulso revolucionario propiciará cambios culturales capaces de poner fin al cuasi monopolio masculino del poder en muchos países árabes.

 

"Nos dicen que no es momento de hablar de los derechos de la mujer, pero es precisamente ahora cuando tenemos que trabajar más que nunca. Hombres y mujeres hemos luchado codo con codo para acabar con el régimen de Mubarak, pero ya hemos empezado a ver que cuando llega el momento de la toma de decisiones políticas son ellos los que deciden por nosotras", sostiene Nihad Abul Qomsan, abogada y presidenta del Centro Egipcio para los Derechos de la Mujer.

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Vidas robadas

Hijo busca madre; madre busca hijo

Miles de personas dudan: ¿y si yo fui también un niño robado? Esta es la historia de las redes ligadas durante años al tráfico de bebés. Dónde y cómo. Por cuánto dinero. Por qué motivo.Consulta el especial: Vidas robadas.

JESÚS DUVA Y NATALIA JUNQUERA  06/03/2011

Hasta 1950, ocurrió en las cárceles franquistas y en los hogares de maquis o republicanas: les arrebataban a sus hijos como un método más de la represión. A partir de entonces y durante las cuatro décadas siguientes, el robo o apropiación de niños se perpetraron de forma más sutil, en clínicas y casas cuna, la mayoría ligadas a organizaciones religiosas. Las madres ya no eran presas, rojas o esposas de rojos, sino mujeres en camisón que intimidadas por un médico, aturdidas por el dolor de haber perdido supuestamente al hijo recién nacido, lamentan hoy no haber insistido más para que les enseñaran el cadáver. Generalmente eran madres solteras, muy jóvenes y con pocos recursos, incapaces de reaccionar frente a la presión de médicos, monjas y funcionarios.

 

En muchos casos, tales mujeres fueron inducidas o coaccionadas a dar en adopción a sus hijos a redes irregulares, fuera de cualquier control estatal. "Había un mercado que demandaba niños en adopción y hubo mucha gente que creó un sistema para satisfacer esa demanda", explica con crudeza el sociólogo Francisco González de Tena, que lleva años entrevistando a las víctimas.

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Trueque de niños en San Ramón

Una monja le dijo a Carmen que para darle un bebé debía llevar una embarazada a cambio: "Explicó que lo hacían así para que las madres no dieran la lata buscándolos"

NATALIA JUNQUERA / JESÚS DUVA - Madrid - 07/03/2011

María del Carmen Rodríguez Flórez, la madre adoptiva de David Fernández, es una mujer valiente. Es una de las pocas que, una vez destapada la trama de robo de niños y adopciones irregulares, ha accedido a contar su experiencia públicamente. En su caso, acudió en 1981, por recomendación de unos amigos, a ver a una monja que decían que "daba niños", después de que en la Diputación de Madrid les hubiesen dicho que tenían pocas posibilidades. "Sor María nos dijo que para que ella nos diera a un niño nosotros teníamos que llevar a otra mujer embarazada a cambio y que ella nos entregaría el de la madre que hubiese llevado otro matrimonio. Cuando yo le pregunté por qué no podía quedarme yo con el de la embarazada que tenía que llevarle, dijo que lo hacían así para que las madres no tuvieran pistas y no dieran la lata buscándolos".

 

Carmen y su marido salieron desanimados de la entrevista con sor María. ¿Dónde iban a encontrar a una embarazada que quisiera dar a su hijo en adopción? "Pero preguntando por todos los sitios, me pusieron al habla con una chica jovencita, de provincias, que se había quedado embarazada de un chico que no era su novio. Ella quería dar al bebé. Y le di la dirección de sor María". Hecho el contacto, Carmen esperó.

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La Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León denuncia públicamente, en los tablones de anuncios de las consejerías, el pago de gratificaciones a determinados funcionarios

NOTA INFORMATIVA

 

GRATIFICACIONES 

 

            A pesar de la reducción generalizada de sueldos a los funcionarios, la Junta de Castilla y León, en la nómina del mes de diciembre, ha repartido más de 500.000€ en gratificaciones extraordinarias (bufandas), a unos 300 trabajadores.

 

         La Junta de Personal de Servicios Centrales, desde el mes de diciembre de 2010, ha tenido que buscar concienzudamente los datos sobre estas gratificaciones ya que, a pesar de que la normativa obliga a su publicidad, la información permanece cerrada en cajones y archivos de difícil acceso, de tal manera que, en algún caso, se nos ha dicho únicamente de palabra que no había gratificaciones, pero no tenemos forma de constatarlo.

 

         Los colectivos que siguen manteniendo ese privilegio son los mismos de siempre, principalmente los funcionarios que prestan servicios personales (Secretarías de Altos Cargos, conductores, etc.) Mención aparte merecen determinados funcionarios de confianza que “ejercen” puestos que no han sido creados en las correspondientes estructuras orgánicas; las retribuciones del puesto que ocupan les resultan insuficientes y se completan habitualmente con estas gratificaciones.

 

         Nos consta que estos pagos de diciembre se repiten  a lo largo del año, aunque, actualmente,  no ha sido posible constatar su periodicidad y cuantía.

 

         La Junta de Personal de Servicios Centrales exige que se abandone este concepto como forma de retribución ordinaria y que, cuando se utilice, se publicite mes a mes su pago.

 

La asociación Rondilla amplía su lucha contra las antenas

La Asociación Vecinal Rondilla dio ayer por inaugurado el nuevo ejercicio con la celebración de la Asamblea General, en la que se renovó la junta directiva con dos nuevas incorporaciones. Los 18 integrantes del órgano serán los que decidan esta misma tarde si Miguel Ángel Niño continúa por quinto año consecutivo al frente de la agrupación, así como los nombres de quienes desempeñarán los cargos de vicepresidente, tesorero y secretario.

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La Asociación Vecinal Rondilla continuará con su lucha contra la instalación «descontrolada» de antenas de telefonía móvil, aunque el objetivo de cara a los próximos años es ampliar su campo de acción a distintas zonas del barrio e, incluso, a otros barrios de la ciudad que ya les han pedido asesoramiento y una actuación conjunta desde la Federación de Asociaciones de Vecinos. Además de seguir adelante con las medidas de presión para evitar la proyectada instalación de dos nuevas antenas en el parque Ribera de Castilla, la primera medida de la nueva junta directiva será solicitar al Ayuntamiento el cese de actividad y la desmantelación de la del número 36 de la calle Tirso de Molina que, según defienden los vecinos, «incumple la legalidad».

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nortecastilla.es