Solidarios con Garzón
La Sala Segunda del Tribunal Supremo está a punto de señalar la fecha del juicio contra el juez Baltasar Garzón. Los demócratas, las víctimas del franquismo, los defensores de la libertad y del Estado de Derecho no podemos aceptar con indiferencia la posibilidad de su condena, que supondría un golpe irreparable y un enorme retroceso en la consolidación de nuestra democracia.
Manifiesto
· Las Asociaciones firmantes, ante la inminencia del juicio contra el Juez Baltasar Garzón por su investigación de hechos, que ya son páginas oscuras y tristes de nuestra historia, ocurridos durante la Guerra Civil y la Dictadura que siguió,
MANIFESTAMOS:
-Nuestra repulsa a la pretensión de criminalizar una actuación del Juez encaminada a dar tutela judicial efectiva a quienes la solicitaron,
-Nuestro apoyo al Juez Baltasar Garzón por la persecución contra él dirigida desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo en varios frentes,
-Nuestro rechazo a la suspensión de sus funciones judiciales que viene sufriendo desde meses como pena anticipada por unos hechos que no debieron merecer sanción alguna,
-Nuestro convencimiento de que el actuar del Juez estuvo movido por una recta interpretación de la Ley y por la atención a quienes le demandaban tutela, cuyas legítimas expectativas parecen hoy truncadas,
-Nuestra preocupación por los efectos devastadores que podría tener la actuación del Tribunal Supremo, Sala 2ª, en la Justicia española, quedando desprestigiada, dentro y fuera de nuestras fronteras, como una Justicia ciega y que desprecia el derecho a la verdad y el derecho a la reparación de las víctimas. La Justicia de nuestro país había alcanzado en los últimos años elevadas cotas de reconocimiento internacional gracias, fundamentalmente, a la actuación del Juez Garzón en el ámbito de los más graves crímenes contra la Humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras, lo que le ha convertido, merecidamente, en un referente internacional en materia de protección de derechos humanos,
-Nuestra preocupación al contemplar que nuestra Justicia podría ser suplantada, dada su inactividad, por la de otro país –Argentina- que, bajo el paraguas de la jurisdicción universal, podría acabar investigando los hechos acaecidos en España durante la Guerra y la postguerra. Pero aplaudimos la iniciativa de aquel país, que también fue víctima del golpe de Estado y de la Dictadura, ante la inaceptable inacción del Gobierno y los tribunales españoles,
-Nuestra voluntad de seguir adelante en la búsqueda de la verdad y en el apoyo a quienes reclaman saber qué ocurrió con los suyos, con independencia del final que tenga el proceso contra el Juez Garzón,
Además,
Recordamos al Estado español y a todos sus poderes que recientemente, en diciembre de 2010, ha entrado en vigor la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que nuestro país es firmante. La desaparición forzada es una práctica totalitaria tendente a eliminar al disidente y al enemigo político y la dictadura no fue ajena a su práctica. La Convención obliga a los Estados, no sólo a evitar tal práctica de cara al futuro, sino también, y con la vista puesta en el pasado, a garantizar el derecho a denunciar estas desapariciones y a que se investiguen, considerándose que es víctima no sólo la persona desaparecida, sino también la que haya sufrido por la desaparición. Se establece en la Convención que la víctima tiene derecho a la verdad, a la reparación y a la indemnización, obligándose los Estados, incluido el poder judicial, en caso de fallecimiento, a la búsqueda, respeto y devolución de los restos.
Si España quiere cumplir sus obligaciones internacionales, debe superar las insuficiencias legales y cualquier entendimiento judicial contrario a lo establecido en la Convención.
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