Los funcionarios de la Junta en León toman la iniciativa y plantean un plan de ahorro
Los funcionarios de la Junta en León han decido pasar a la acción contra la crisis y dar ejemplo. En una iniciativa y con un movimiento espontáneo y pionero en España, han celebrado tres asambleas, al margen de organizaciones sindicales, para impulsar un plan de ahorro frente al despilfarro en la Administración pública.
Hasta 157 trabajadores de la Delegación Territorial de León, de los más de 800 que desempeñan labores en él, han votado y consensuado 69 medidas con las que exigen que se recorten consejerías, cargos de confianza gastos políticos suntuarios.
Entre las ideas, que incluyen incluso aspectos de funcionamiento y eficiencia del servicio púbico como mejorar la recaudación tributaria, la más votada fue la "reducción proporcional al número de consejerías de los puestos políticos y pseudopolíticos" como viceconsejeros, secretarios generales, directores generales y coordinadores de servicios.
La "supresión del 40% de los puestos de altos cargos" y personal asesor o de confianza y libre designación es la segunda más votada. Con igual adhesión figura la propuesta encaminada a de suprimir los coches oficiales para acudir al trabajo, beneficio del que disfrutan los cargos políticos -incluye a consejeros, presidentes de consejos consultivos, empresas o entes públicos-; medida que antecede a limitar el uso de vehículos oficiales a desplazamientos exclusivamente relacionados con la "prestación de servicio público".
Reducción de teléfonos móviles, simplificación de órganos directivos, optimización del espacio en edificios propios para evitar pagar alquileres, fin al 'enchufismo', "supresión de la vergonzante y despilfarradora práctica de desplazamientos de presidente y consejeros con séquitos, acompañantes, periodistas y asesores" y reversión a la Administración autonómica de las funciones trasvasadas a empresas públicas son otras de las medidas que, según el listado al que ha tenido acceso EL MUNDO, los funcionarios entienden que mayor ahorro pueden producir.
Los funcionarios también impulsan la reducción de liberados sindicales o la supresión de contratos de mantenimiento de bienes y servicios que podrían realizar los propios funcionarios, así como la eliminación de algunos entes públicos, el fin a la colocación de 'primeras piedras' de obras y al exceso de cartelería en las mismas. Piden una mayor regularización de gratificaciones, el control de dietas o la racionalización de subvenciones y hasta la racionalización y unificación de horarios en edificios públicos.
'Lista de la dignidad'
Con fecha 24 de febrero y 3 de marzo fueron convocadas asambleas el edificio de la Junta en León. En la primera reunión se acordó que los asistentes y demás personal funcionario y laboral elaborara diferentes propuestas de ahorro y de aumento de ingresos para la Administración, "así como de medidas que ayuden a dignificar la figura del empleado público que, por diferentes sectores, se está tratando de socavar y de menospreciar", explica Quinido Martínez, un funcionario que actúa como portavoz. Con las propuestas presentadas se elaboró una "Lista de la dignidad", constituida por 69 medidas y que fue votada, por escrito, en la asamblea del día 3 de marzo. "Ante el despilfarro, malgasto y costes duplicados en la gestión de las competencias por la Junta de Castilla y León, vamos a ser activos en la denuncia y exigencia para que se corten", agrega.
"Si hay casos aislados de abusos por parte de algún funcionario, lo normal es que se tomen las medidas adecuadas y no extender la nebulosa del desprestigio hacia todo el colectivo de los servidores públicos", subraya también el portavoz de la iniciativa. Una idea que surge para impedir "nuevas ocurrencias" en el recorte del gasto público que pretenden "aminorar o hacer desaparecer derechos laborales conseguidos en los últimos 60 años".
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