La Junta descubre ahora que el decreto sobre funcionarios políticos está anulado
El decreto de la Junta que estipula las retribuciones de los funcionarios que desempeñan cargos electos en las entidades locales quedó anulado por una ley estatal sobre incompatibilidades, según avanzó a ELMUNDO.es el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez.
El también consejero de la Presidencia atajaba así la polémica abierta a raíz de la investigación a un diputado provincial de León y funcionario de la Junta, Lupicinio Rodrigo, que fue denunciado por cobrar sus retribuciones íntegras como veterinario, además de las dietas por asistencia a plenos y comisiones de la Diputación. Una investigación que el delegado de la Junta hacía extensiva el martes a todos los funcionarios de la provincia y que este miércoles suspendió la Consejería de Administración Autonómica.
El caso de Rodrigo puso de manifiesto que el decreto no se estaba aplicando en ninguna delegación territorial, como comprobó este periódico, sin que la responsable de la Consejería de Administración Autonómica, Isabel Alonso, ofreciera alguna explicación, ni el mismo martes ni al día siguiente.
Quién sí lo hizo fue el portavoz de la Junta, acudiendo a la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social de 29 de diciembre de 2000, lo que anteriormente se denominaba Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales.
En ella se modifica el artículo 5 de la Ley de Incompatibilidades de 2008. Los funcionarios, indica esta normativa, podrán compatibilizar su trabajo con su condición de miembros de las corporaciones locales, pero "sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra.
La última parte de este enunciado es la que colisionaría y derogaría el propio decreto de la Administración autonómica de octubre de 2000, al tratarse de una norma de rango superior y dictada con posterioridad. Según el portavoz, la ley estatal "está por encima del decreto", por lo que es aplicable a los funcionarios de la Junta.
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