La Audiencia Nacional ha fallado hoy a favor del cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) en 2013. La sentencia del tribunal, con un voto discrepante, da la razón al Ministerio de Industria y señala que ni Endesa ni Iberdrola, propietarias la planta, deberán recibir indemnización por el cese de actividad. Contra el fallo cabe recurso de casación al Supremo.
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El pleno de las Cortes ha elegido por 79 votos a favor y dos abstenciones a los populares Juan José Lucas y María Jesús Ruiz y al socialista Óscar López como senadores por la Comunidad de Castilla y León, durante una sesión a la que ya no asistieron ninguno de los dos representantes del Grupo Popular. Ruiz renunció esta mañana al escaño de procuradora en las Cortes, según confirmó el portavoz del grupo, Carlos Fernández Carriedo.
La votación se realizó en bloque, ya que se trata de una lista cerrada que representa de manera proporcional la presencia de Castilla y León en el Senado, y los procuradores, llamados por orden alfabético, introdujeron una papeleta en la urna, en la que, según la Ley de Senadores de la Comunidad de 1987, sólo cabía si, no o abstención.
Los grupos Popular y Socialista, con 53 y 29 procuradores, es decir 83 de los 84 de la Cámara, votaron la terna de senadores, si bien faltaron tres parlamentarios populares, Isabel Alonso, secretaria primera de la Mesa de las Cortes, debido al fallecimiento de una hermana, César Antón y María Jesús Ruiz.
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Extracto de la sentencia que absuelve al periodista de EL MUNDO.
ELMUNDO.es | Valladolid
El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid ha sentenciado que el periódico EL MUNDO no injurió gravemente al ex director del Insalud y de Asistencia Sanitaria de la Junta, Carlos Fernández, cuando el 12 de noviembre de 2008, en plena instrucción del denominado 'caso Antona', fue señalado, en base a una "información objetiva", como la persona 'clave' en el caso que estaba siendo investigado en Instrucción 2.
La juez, en su fallo, estima que el periodista acusado "actuó en el libre ejercicio de su derecho a la libertad de información" y que "su diligencia para contrastar la información es ajustada a una buena praxis" y por eso condena al pago de las costas procesales al querellante, ya que "al formular su acusación ya conocía que las afirmaciones del periodista sí tenían un sustento objetivo".
Carlos Fernández, que a raíz de la investigación abierta por el 'caso Antona' cesó como director general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Junta, informó favorablemente para que "dos tipos de intervenciones quirúrgicas que no estaban previstas en el Contrato Marco (CMQ 4/98) pudieran ser contratadas sin publicidad por el Gerente de Salud de las Áreas de Valladolid, Pedro Luis Antona del Val. Y no sólo eso. También "informó favorablemente" inusuales incrementos del precio autorizado para las prótesis que se implantaban en las operaciones que se derivaban sistemáticamente a los centros sanitarios privados dirigidos por el empresario médico Santiago Tobal. Según el fallo judicial "esos informes favorables eran algo básico, fundamental y decisivo" para que esas operaciones "pudieran ser contratadas sin publicidad por el Gerente de las Áreas de Salud de Valladolid" (Pedro Antona) ya que en ellos "se detalla el número de intervenciones y su precio" [e] "implican un aprovisionamiento del crédito, una reserva del crédito previa a la firma de los contratos para hacer frente a las obligaciones de pago de la derivación de pacientes".
La sentencia, que recuerda que el 'caso Antona' "tenía un evidente interés público puesto que se refiere a aspectos de marcada relevancia social" porque se investigó "la facturación de prótesis para intervenciones quirúrgicas que iban a ser realizadas en entidades privadas por encima de su precio hasta el punto de que se generaron expedientes de retroacción de pagos por un importe de 810.987 euros", afirma que Carlos Fernández, "por el cargo que desempeñaba" en ese momento (director general de Asistencia Sanitaria), "se ve sometido a un mayor nivel de crítica".
El fallo judicial también tumba otro de los argumentos esgrimidos por Fernández para sostener que EL MUNDO le injurió: Que el periodista acusado "realizó una manipulación" de los documentos que ilustraban su información "faltando a la verdad". "No puede hablarse de una manipulación deliberada dirigida a alterar la verdad", ya que "las partes del documento que sí se recogen son precisamente las que tienen relevancia a los efectos del objeto de la noticia, la variación de los precios de las prótesis de un año para otro, que se explican además en el cuerpo de la noticia".
Además, en la sentencia se destaca la conducta del periodista acusado "antes de publicar la noticia", ya que contactó primero con Carlos Fernández en su despacho y "ante su indicación de que no hacía manifestaciones, se dirigió al gabinete de prensa (de la Consejería de Sanidad), donde tampoco recibió ninguna información" por lo que "su diligencia para contrastar la información es ajustada a una buena práxis".
La juez resume que "los extremos de la información periodística (...) no puede estimarse que en ningún caso constituyan el delito de injurias por el que se ha formulado acusación, ya que se trata del ejercicio del derecho a la información, se refiere a una materia de evidente interés público, se analiza la conducta de un cargo público que por este hecho es objeto de mayor examen y crítica y las afirmaciones que se hacen en el reportaje (...) se desprenden de documentos que se aportaron a la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 2 y de los que dispuso el acusado y que también se han aportado a esta causa, por lo que la información que se facilitó (...) tiene su sustento en hechos objetivos".
eldiadevalladolid.com
La Diputación de Valladolid ha iniciado su periodo de sesiones de la nueva legislatura con un pleno extraordinario en el que se ha aprobado la nueva organización administrativa y que ha contado con el respaldo de PP y PSOE y la abstención de Izquierda Unida (IU).
En esta sesión se ha constituido la nueva Junta de Gobierno, en la que estarán presentes el presidente de la Institución provincial, Jesús Julio Carnero; el vicepresidente de la misma, Alfonso Centeno; los cuatro diputados de área, y los portavoces de los tres grupos políticos.
En esta nueva legislatura, marcada por la crisis económica, los cargos que tendrán retribución serán el presidente, que contará con una asignación equivalente al puesto de secretario general de la Institución; el vicepresidente, con el mismo salario que el de vicesecretario general, aunque sin las primas por antigüedad, productividad o gratificaciones extraordinarias, y los responsables de área, con un sueldo equivalente al de jefe se Servicio.
Los portavoces de los tres grupos políticos recibirán también la retribución de un jefe de Servicio, mientras que el diputado delegado de Juventud y Deportes, Alejandro García Sanz, recibirá una remuneración similar a la de jefe de Sección. Por su parte, el delegado de Personal, Prevención e Informática, Agapito Hernández Negro, y la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Jesús Lobo, tendrán una dedicación parcial que supondrán el 40 por ciento de la jornada de trabajo establecida para los funcionarios de la Diputación.
Por lo que se refiere a las comisiones, se han establecido la de Asesoramiento, planificación del territorio y nuevas tecnologías; Economía, Turismo y Personal; Cooperación, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, e Igualdad de Oportunidad y Cultura, así como las comisiones especiales de Cuentas; Control, Seguimiento y Vigilancia de contratación. Dichas comisiones tendrán una representación de siete diputados ’populares’, tres socialistas y el único representante de IU, Salvador Arpa.
FUNCIONARIOS EVENTUALES
Asimismo, en la sesión plenaria se ha ratificado el nombramiento de los funcionarios eventuales como el jefe del Gabinete de Presidencia, Indalecio Escudero, y el de Prensa, Arturo Pinto.
En este sentido, el Grupo Provincial Socialista ha renunciado a una de las dos dedicaciones exclusivas como secretarios de grupo a que tiene derecho para convertirlas en dos dedicaciones parciales. De esta forma, tendrá dedicación completa Fernando Verdugo, mientras que pasarán a ser parciales las del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Peñafiel, Javier Herrera, y del alcalde de Villalón de Campos, Javier González Trapote, de manera que dejará su puesto Ismael Bosch.
En declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz del Grupo Popular, Jesús García Galván, ha destacado la "austeridad" que marcará esta legislatura, con la reducción de cinco a cuatro áreas, con el ahorro que supone la eliminación de una dedicación exclusiva y de toda la estructura.
García Galván, quien ha sido nombrado nuevo presidente de Sodeva, ha apostado por la puesta en marcha "lo antes posible" del Centro de Artesanía de Portillo, aunque no ha querido "poner fechas" por "prudencia".
En este sentido, el portavoz socialista, Juan José Zancada, ha pedido que dicho centro "empiece a dar sus frutos" para "dinamizar el sector de la artesanía", después de la "importante" financiación con la que ha contado.
AUSTERIDAD Y CONTENCION DEL GASTO
Asimismo, Zancada ha justificado el voto de su grupo favorable a la estructura administrativa propuesta por el PP ya que "se ajustaba a la austeridad y la contención del gasto".
Salvador Arpa ha reclamado que en estos cuatro años se aborde la organización territorial, en la que ha apostado por la "comarcalización" de la provincia, y se ha felicitado por que en esta legislatura "parece que se va a trabajar en eso".
Al hilo de esto, Arpa ha pedido un rediseño de las mancomuidades y de las diputaciones, las cuales "tuvieron su sentido mientras no existían las comunidades autónomas, pero ahora empiezan a perder ese sentido".
El portavoz de Izquierda Unida ha anunciado también que en este próximo periodo de sesiones se mantendrán en contra del proyecto de ’Meseta Ski’ "mientras no cambien las leyes", dado que "las administraciones no pueden estar nunca por encima de la ley".
El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos con los que busca, por un lado, facilitar las cosas para que los que no pueden pagar su hipoteca, y por otro, controlar el incremento anual del gasto del Estado y de las entidades locales.
Con el primero, el Ejecutivo ha establecido que cuando se subaste una casa embargada, no se pueda vender por menos del 60% de su valor. Este decreto ley incluye además la medida que anunció Zapatero de elevar el límite salarial que no se puede embargar. Con el segundo, la evolución del PIB determinará lo que puede aumentar lo que gastan Estado, ayuntamientos y diputaciones. Otra medida es que el ICO pagará a las pymes lo que le deban los ayuntamientos.
Cuando no se puede pagar la hipoteca, y el banco acreedor la ejecuta, se embarga la casa, que se subasta. Hasta ahora, y si no había otro comprador, el acreedor se la podía quedar por el 50 por ciento de su valor. Ahora, el Ejecutivo ha elevado ese límite hasta el 60 por ciento. De esta forma, se reduce más la cantidad total que debe el que firmó la hipoteca. Además, se elimina la posibilidad de que el acreedor se la pueda adjudicar por una cantidad menor a ese 50 por ciento.
El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos cambios "tratan de establecer unos mínimos" en beneficio de las personas que tienen dificultades para pagar su deuda hipotecaria.
Además, el Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno acoge la idea que lanzó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Debate sobre el estado de la Nación, de elevar la cantidad salarial mínima que no puede ser embargada. De esta forma, y como ya anunció Zapatero, y se aprobó en las propuestas con ocasión del Debate, la cuantía inembargable, que se limitaba al salario mínimo interprofesional (SMI) de 642 euros, más un 10 por ciento en el caso de estos deudores hasta poco más de 700 euros, ahora se elevará hasta el 150 por ciento de ese salario, es decir, hasta los 961 euros.
Además, si existen otros miembros de la familia sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30 por ciento adicional por cada uno de esos familiares. De esta forma, quien tenga a cargo dos miembros de su familia nuclear sin ingresos propios verá elevado el límite que no se puede embargar hasta los 1.350 euros. Además, si esa persona tiene a su cargo a una persona jubilada con una pensión inferior al SMI, la cuantía inembargable alcanzará los 1.539 euros.
El ex presidente del Gobierno Felipe González ha alertado sobre las maniobras que se realizan desde diferentes ámbitos para privatizar el Sistema Nacional de Salud (SNS). "Hay gente que quiere liquidarlo y privatizarlo, ya que es un negocio de 250.000 millones de euros que no es ninguna broma", declaró.
En paralelo, el primer presidente socialista tras la restauración democrática ha resaltado que el Sistema está "en situación de emergencia" y "corre el riesgo de deteriorarse" con la actual crisis.
Actualmente España destina entre un 6 y 7 por ciento del PIB a la sanidad pero, a su juicio, "hay que sacar un punto más" para "quedarnos tranquilos un tiempito", algo que debe de conseguirse a través de impuestos finalistas y recortando de la Administración.
En este sentido, propone "presionar sobre el tabaco o el alcohol" ya que, pese a que el consumo de los cigarrillos está bajando, el de alcohol está subiendo. "Por ello, presionemos, y destinémoslo a Sanidad, o la totalidad o una parte sustancial".
Puestos a recortar, elije podar instituciones prescindibles, antes que reducir los niveles de prestación o calidad de los principales servicios públicos. "Las diputaciones sobran", asevera González, quien propone reducir los niveles de la administración a cuatro (Europa, Gobierno central, autonomías y municipios) suprimiendo "todos los demás". "Hay que acabar con la fiesta, y los ciudadanos lo van a entender, porque con esto se ahorra un 1 por ciento del PIB", al tiempo que propone "pagar por productividad y trasladar una parte de la demanda a donde tiene que ir".
"El gasto sanitario va a seguir creciendo entre 3 y 4 puntos por año. Somos más viejitos, consumimos más servicios sanitarios, y esto es una bendición que se paga", asegura. Asimismo, y pese a reconocer que España puede presumir de su sistema sanitario "tanto como de Nadal o la roja", asegura que actualmente tiene problemas coyunturales y estructurales que "no nos los podemos seguir ocultando" y deben resolverse para "evitar que salga tocado" de la crisis.
Para ello, propone "seriamente" que las fuerzas políticas "se pongan a hacer un gran pacto" para que el SNS "no salga de la crisis más debilitado sino más fuerte que cuando empezó".
"Deben hacer un esfuerzo y ponerse a trabajar, que se remanguen las mangas y se pongan a ver cómo sacar adelante el sistema sanitario", exige González. "Aún se está haciendo una sanidad de hace un cuarto de siglo con grandes centros hospitalarios para atender a crónicos que, en realidad, se pueden atender en Atención Primaria o en su propio domicilio, con un coste siete veces menor y, además, estarán más contentos", ha censurado.
EL COPAGO SIN GRADACIÓN ES "INJUSTO"
Igualmente, ha reconocido que "no le gusta" la implantación de un sistema de copago ya que "para que sea justo, hay que hacer un sistema de gradación porque, si no, discrimina y, al final, paga más el que está más enfermo".
González lamenta que haya comunidades que estén poniendo en marcha medidas "dispersas" y "poco reflexionadas", que si no se coordinan "van a deteriorar el funcionamiento del SNS". De hecho, advierte, se corre el riesgo de que "no sean reversibles en el futuro".
Además, añade, en España "hay gente que quiere liquidar el Sistema Nacional de Salud y privatizarlo, ya que es un negocio de 250.000 millones de euros que no es ninguna broma".
González también reclama que en este pacto de Estado participen los profesionales del sector e incluso los propios ciudadanos, a quienes "hay que hacerles responsables del sistema si es que lo aprecian". Por ello, el dirigente socialista aboga por el "uso racional" de los medicamentos porque, como reconoció, "están en los cajones de todas las casas, empezando por la mía".
VALLADOLID, 29 Jun. (EUROPA PRESS)
El clima de consenso en el Consejo Económico y Social (CES) que ha venido caracterizando la aprobación anual del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León ha quedado hoy roto después de que dicho análisis coyuntural, en este caso el correspondiente al ejercicio de 2010, recibiera el visto bueno mayoritario del órgano consultivo pero no así el apartado relativo a las recomendaciones, que ha salido adelante con los votos de Cecale, los expertos de la Junta y Asaja y la postura en contra de UGT, CC.OO, la Unión de Consumidores y la UPA.
El anunciado cisma previsto entre los integrantes del CES ha quedado hoy escenificado durante la sesión plenaria en la que finalmente ha sido aprobado, por unanimidad, el informe económico y social de 2010 en lo relativo a los apartados de diagnóstico y conclusiones. Sin embargo, el capítulo de recomendaciones es donde se ha producido la división, y ello, tal y como han reconocido las distintas partes, pese al intento de acercar posturas realizado hasta el último momento por el presidente, José Luis Díez Hoces.
Y es que los representantes de UGT y de CC.OO, aun cuando han asumido el diagnóstico de la situación económico y sociolaboral y las conclusiones recogidas en el informe, han rechazado finalmente el capítulo de recomendaciones al no poder incorporar una serie de propuestas, algunas por separado y otras conjuntas, relativas al ámbito laboral, fiscal, financiero y sobre servicios públicos.
Pero la sorpresa ha sido aún mayor ya que en el lado de ambos sindicatos se han alineado la Unión de Consumidores y Usuarios y la UPA, que junto con los primeros han emitido en total ocho votos particulares para dejar constancia de su postura discordante, mientras que la Unión de Campesinos (UCCL) y el colectivo de cooperativas han optado por la vía de la abstención.
Juventudes Socialistas (JSE) de Valladolid apuesta por la limitación de los sueldos de los cargos públicos, la supresión del Senado y las diputaciones provinciales así como por el establecimiento de referendos vinculantes, la modificación de la Ley Hipotecaria y nuevos impuestos que graven las rentas más altas.
Estas propuestas, dadas a conocer este martes en rueda de prensa, serán trasladadas al PSOE para la "necesaria reforma" de su proyecto político.
La organización juvenil socialista ha optado por poner en marcha un proceso de debate abierto a la ciudadanía ante los resultados de las pasadas elecciones, según ha manifestado el secretario general de JSE en Valladolid, Francisco de la Iglesia. "No podemos seguir funcionando sin escuchar a la gente elecciones", ha aseverado.
Según ha informado De la Iglesia a Europa Press, el debate abierto en la organización juvenil socialista a nivel federal se traslada a las distintas agrupaciones municipales y provinciales con el objetivo de abrir a la ciudadanía un proceso de debate político que permita una mayor participación y la realización de un proyecto político más adaptado a las necesidades y reivindicaciones reales del país.
El Secretario de Formación de JSE, Alfonso Espinosa, ha presentado el proceso como "un necesario cauce de participación para la renovación del proyecto socialista", que según ha apuntado se extenderá por todo el país, para que tanto militantes como no militantes puedan participar en las propuestas.
Por otro lado, el responsable de las propuestas políticas de JSE-Valladolid, Iván García, ha detallado el proceso que se va a seguir en la provincia, con la puesta en funcionamiento de un foro de debate público en la web de la organización (www.jsvalladolid.es) así como la realización de diferentes reuniones para recoger las aportaciones de militantes y de ciudadanos en general.
El proceso concluirá el 9 de julio en el Comité Provincial de la organización que se celebrará en Medina de Rioseco y donde se debatirán todas las ideas surgidas en el debate en los próximos días. "El objetivo es escuchar lo que la ciudadanía demanda, y trasladarlo al PSOE y a JSE a través de los diferentes órganos, que concluirán en la Conferencia Política del partido después del verano", ha expresado García. PRINCIPALES PROPUESTAS
Francisco de la Iglesia ha aludido entre las principales propuestas que los jóvenes socialistas presentarán al debate en los próximos días la limitación del sueldo de los cargos públicos, desde los concejales y alcaldes hasta los diputados y miembros de los distintos gobiernos, así como la limitación de un máximo de dos cargos públicos por persona y que sólo se pueda obtener remuneración de uno de ellos.
El líder de los jóvenes socialistas en Valladolid ha justificado esta propuesta en base a los aumentos de sueldos de algunos alcaldes en los últimos días, además de en la "incoherencia" de que algunos regidores cobren más que el presidente del Gobierno.
"Creemos que la actividad política tiene que estar bien remunerada, pero tiene que estar regulada, para que exista una mayor transparencia hacía la ciudadanía", ha matizado De la Iglesia.
La segunda idea aportada es la supresión del Senado, la creación de un sistema unicameral con representación territorial, así como la eliminación de las diputaciones provinciales. Según De la Iglesia, "la reforma de la Ley Electoral va incluida dentro de esta propuesta con un criterio muy claro, que ni un solo cargo público sea elegido por designación indirecta, todos los cargos públicos tienen que ser elegidos por la ciudadanía".
En cuanto a la participación ciudadana en la tarea política, los jóvenes socialistas propondrán al PSOE el establecimiento de referendos vinculantes para la aprobación de determinadas reformas y leyes de interés especial para la ciudadanía, en el que sea necesaria la participación de más del 50 por ciento del censo para su aprobación.
Otra de las ideas se centra en la modificación de la Ley Hipotecaria, con la dación de pago que "permita a las familias que están pasando por una gran dificultad, pasar esta situación con una mayor dignidad.
TASA TOBIN Y SUCESIONES
En materia económica, algunas de las propuestas sobre las que debatirán son el establecimiento de la Tasa Tobin, que graba las transacciones financieras, el Impuesto Verde que grabe a las empresas que sean más contaminantes, así como la recuperación del Impuesto del Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
"Todas las reformas fiscales con un criterio muy claro, la progresividad, que los que más tienen, paguen más para que los que menos tienen puedan vivir con más dignidad", ha concluido De la Iglesia.
Próxima parada: Europa y el mundo.
SPANISH REVOLUTION-& SO IT BEGINS ,COME ON EUROPE GET UP
La burbuja inmobiliaria sumada al paro ha dejado a miles de familias sin casa. Afectados y simpatizantes piden la dación en pago para no arruinar a los más vulnerables. Los expertos admiten que hay que reformar las leyes
Se estrenaron el miércoles 3 de noviembre. Cuarenta personas respondieron a la convocatoria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña (PAH Cataluña) y evitaron el desahucio de Lluis Martí y su hijo de nueve años. Sucedió en la urbanización La Bisbal del Penedès, a medio camino entre Barcelona y Tarragona. El caso de Martí es paradigmático: un padre de familia en el paro a punto de perder su casa a pesar de lo cual deberá seguir cargando con una deuda de 100.000 euros. Martí fue el primer afectado que, a pesar del miedo -a la repercusión mediática, al qué dirán, a la opinión de amigos y vecinos-, solicitó ayuda para frenar su desalojo.
Desde entonces, esta suerte de guerrillas pacíficas han paralizado 42 desahucios en toda España: 19 en Cataluña, 18 en Murcia, dos en la Comunidad Valencia y dos en Madrid. El viernes frenaron un último desalojo en Málaga. La PAH ha contado en esta expansión con unos aliados clave: los indignados del Movimiento 15-M y de Democracia Real Ya. La asociación de consumidores OCU y la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (ADICAE) también están luchando por introducir cambios que eviten la ruina de por vida (o casi) de los más vulnerables.
Aunque evitan pronunciarse al respecto, estas acciones no han pasado inadvertidas a la banca. "Las ejecuciones de los bienes hipotecados se realizan mediante resoluciones judiciales y entendemos que en un Estado de derecho las resoluciones judiciales deben cumplirse", es la escueta opinión al respecto de un portavoz de la Asociación Española de Banca.
Hace un mes, 13 vecinos y activistas que intentaron evitar el desahucio de una pareja originaria de Ghana (padres de dos hijos y esperando el tercero) en Vic (Barcelona) recibieron una citación judicial por desobediencia y resistencia a la autoridad. El juicio de faltas -el primero de este tipo- se celebrará en julio, y puede acabar con una multa de entre 50 y 300 euros para cada denunciado.
"Lo que es ilegal es que se deje a familias sin techo", dice Adriá Alemany, economista de carrera, contable de profesión y uno de los líderes del movimiento. "Al hacerlo se está vulnerando el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna".
Además de intentar evitar los desahucios con su presencia, la PAH ha elaborado tres propuestas concretas con sus peticiones: 1. Que se permita la dación en pago (es decir, que la entrega de la vivienda sirva para saldar la deuda pendiente) para aquellos deudores "de buena fe" a quienes sus circunstancias económicas les impiden seguir pagando y que estén a punto de perder su residencia habitual. 2. Que se convierta el parque hipotecario en un parque público de alquiler social. 3. Que los bancos permitan a las familias desahuciadas seguir viviendo en su piso por un alquiler del 30% de los ingresos familiares.
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SALAMANCA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente del Parlamento Europeo y presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Josep Borrell, ha cuestionado algunas de las medidas económicas tomadas en los últimos años y que han fomentado la "desigualdad" entre ciudadanos.
"No me parece razonable el haber suprimido el impuesto sobre el patrimonio y el día siguiente congelar las pensiones" y "no es razonable que tengan los mismos impuestos una renta de 90.000 euros y una de nueve millones de euros", ha dicho.
En este sentido, ha abogado por la utilización de los impuestos progresivos, que han sido "muy eficaces" para "corregir desigualdades". No obstante ha reconocido que el sistema fiscal "no puede hacer milagros" y que son precisas otras medidas de origen para favorecer rentas más equilibradas.
Según Borrell, el Partido Socialista "estará empeñado en sus próximas reflexiones" en medidas de equiparación de rentas porque "hay capacidad" de hacer este tipo de políticas administrativas en el ámbito nacional.
Aún así, ha indicado que es preciso combatir las desigualdades desde el Parlamento Europeo, que es "el único contexto posible" para adoptar medidas que superen el contexto de cada país. "Donde se libra la batalla política es en Europa, si no es ahí, es imposible", ha añadido.
Josep Borrell ha participado esta mañana en la sesión de apertura del IX Encuentro de Salamanca, organizado por la Fundación Sistema. En esta edición, que se celebra al igual que en pasadas ocasiones en la sede de Caja España- Caja Duero en Salamanca, se centra en `Alternativas Económicas y Sociales frente a la crisis'.
VALLADOLID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Integrantes de la Plataforma Retirada de Nombres y Símbolos franquistas de Valladolid se concentrarán este viernes, día 24, en la calle José Antonio Primo de Rivera para reclamar la retirada de los nombres franquistas de las vías de la ciudad.
La Plataforma está formada por Alternativa Universitaria, Asociación Cultural Escuela Laica, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Ateneo Republicano de Valladolid, Colectivo contra el olvido, Federación de Asociaciones de Vecinos ’Antonio Machado’, Izquierda Unida, Partido Comunista de España y Partido Socialista Obrero Español. Asimismo, colabora con ella el sindicato provincial de CC.OO.
Según informan a Europa Press fuentes del colectivo, la protesta comenzará a las 7.30 horas.
VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar López, ha ofrecido este jueves al presidente electo de la Junta, Juan Vicente Herrera, un gobierno de concentración siempre que se dedique a la creación de empleo y a la defensa del Estado del Bienestar, por considerar que son los dos ingredientes del "verdadero debate" al que hay que hacer frente esta Legislatura donde la oposición tiene que formar parte del bando de las soluciones "y no del bando de los problemas".
Según ha asegurado López a Herrera en su primera intervención como portavoz de los socialistas en las Cortes, todo lo que haga el Ejecutivo para generar empleo o para garantizar el mantenimiento o la ampliación del estado del bienestar garantizando servicios públicos de calidad va a contar con el apoyo de su grupo si bien le ha advertido de que los socialistas estarán enfrente y con toda la contundencia en todo lo que suponga retroceso de derechos y también de libertades.
López ha insistido en este ofrecimiento al candidato electo de la Junta al que ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista hará en Castilla y León lo contrario que el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza en Madrid, en referencia a su falta de apoyo a las propuestas del Gobierno de la nación.
Los grandes patrimonios del mundo superan la crisis y vuelven a niveles similares a los de 2007, tanto en términos de riqueza, como en número de grandes fortunas. El año pasado, fueron casi 11 millones de particulares los que gestionaban 42,7 billones de dólares, según el informe anual sobre riqueza en el mundo de Merril Lynch y Capgemini presentado ayer. Hace cuatro años, algo más de 10 millones de personas gestionaban 40,7 billones de dólares.
Mientras crece la población mundial de grandes patrimonios -los que gestionan activos financieros de al menos un millón de dólares excluyendo la primera vivienda y los consumibles-, en España la cifra se reduce. El número de grandes fortunas descendió un 2,1% en 2020 respecto al año anterior y un 15% al observar los datos desde 2007. En total, el estudio registra 140.000 grandes fortunas en España en 2010.
El informe apunta que los efectos mundiales de la crisis financiera remitieron el año pasado y, por tanto, se pudo volver a datos anteriores a la crisis. Sin embargo, en España la contracción económica y la caída de la capitalización bursátil han hecho disminuir el número de grandes patrimonios. Así, en la clasificación global de países con mayor número de fortunas, España baja dos posiciones, hasta el decimocuarto puesto.
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Los de 2008 y 2009 han quedado en la retina como dos años negros para la economía española. En el primero, España entró en crisis y acabó en recesión, y en el segundo, la depresión se agravó hasta elevar este retroceso al más grave de la democracia. Pero el trance no ha pasado igual por todos los bolsillos: mientras el sueldo medio de los directivos creció una media del 4,5% en 2009, hasta los 63.150 euros -el mayor incremento de todas las categorías-, el del empleado medio mejoró menos, un 2,9% (22.511 euros). Y el de los peones, el puesto peor remunerado, prácticamente se estancó en los 15.343 euros (un 0,1% más). La brecha salarial entre los españoles, en definitiva, ha crecido con la crisis.
La encuesta de estructura salarial, cuya última entrega hizo pública ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la foto más completa de los jornales de los españoles. Los directivos de Administraciones públicas o empresas de más de 10 empleados, los mejor remunerados, ganan en bruto al año casi tres veces lo que el trabajador medio y cuatro veces lo que los empleados de la categoría más baja, la compuesta por los peones de la agricultura, pesca o construcción. La brecha ha crecido alrededor de 38 puntos desde 1995, cuando comenzó esta serie. En aquel año, el sueldo de la categoría de directivos era el 142% de la media y ahora es el 181%, aunque ha habido altibajos en la evolución, incluido un estrechamiento de la diferencia en 2008.
En pleno debate sobre la necesidad de vincular salarios a productividad en España, la estadística refleja una mejora salarial media superior a la inflación durante lo más duro de la crisis. Pero la subida se debe, en buena parte, a que la gran destrucción de empleo se produjo entre empleados temporales, peor pagados, y también entre los peones del sector de la construcción, el sueldo más bajo de la escala. "El impacto de la crisis ha sido asimétrico y eso tiene un efecto también asimétrico [en el mapa salarial]", resume Xavier Segura, jefe del Servicio de Estudios de Catalunya Caixa.
La desigualdad se palpa en España a través de otros datos, como la proporción de trabajadores con la ganancia más magra (no llega a 12.545 euros, dos tercios de la mediana), que son el 18% del total, unas décimas más que en 2008 (17,6%). En este grupo peor pagado hay un 64% de mujeres, algo más que el año anterior.
Porque la distancia entre lo que ganan hombres y mujeres no ha retrocedido en España. Ellos obtienen una media de 25.001 euros y ellas 19.502. Es decir, que el salario medio femenino es el 78% del masculino, una décima más baja que el año anterior (véase cuadro). La diferencia se reduce si se consideran situaciones similares en tipo de contrato, de jornada, ocupación o antigüedad, pero hay más hombres entre los mejor situados. El 15,2% de las mujeres tuvo ingresos salariales menores o iguales que el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2009, frente al 5,6% de los hombres. Y, al revés, el 9,81% de los hombres presentaron unos ingresos cinco veces superiores al SMI, frente al 4,77% de las mujeres.
Los datos confirman otras constantes del mercado laboral, a saber: los jóvenes cobran menos que los mayores, los nuevos en una empresa menos que los antiguos y los temporales menos que los fijos (un 30%).
El salario más común entre los españoles, en cualquier caso, queda en 15.500 euros, el del mileurista. Y el malestar de los jóvenes, ese ingrediente que más ha encendido las protestas de los indignados o 15-M tiene también su colchón estadístico: el único grupo con edad de trabajar en el que hubo una bajada media de los salarios fue entre los empleados menores de 25 años: mermó un 3,4% para los de menos de 20 años y un 3,8% de 25 a 29 años.
En la distribución salarial figuran, además, muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados, lo que da lugar a que el salario medio sea superior tanto al salario mediano como al más frecuente. El salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) se situó en 18.817,89 euros.
Si uno busca respuestas por sector de actividad, los mejores salarios se encuentran en las compañías eléctricas, con 50.536 euros, seguida de la banca (41.863), y los peores en la hostelería (13.996 euros). La brecha entre territorios se ha mantenido prácticamente estable, con el sueldo más alto en el País Vasco (26.162,45 euros, un 2,4% más) y el más bajo en Canarias (18.926, un 2,5% más).
La elaboración de la encuesta de estructura salarial lleva su tiempo y habrá que esperar para saber qué ocurrió en 2010, el año que empezó esa salida del túnel que parece no culminar jamás y que España empezó a sufrir en sus carnes -o sus bonos-, la crisis de deuda soberana.
Sí hay una última hora para los costes salariales (salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos), que aumentaron un 1,0% en el primer trimestre de 2011, pasaron de 1.802,00 a 1.819,62 euros por trabajador y mes.
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Francisco Parra. Doctor economía UNED.
La semana pasada se presentaron las recomendaciones de la comisión europea sobre la economía española, en lo relativo a los compromisos que el Consejo Europeo invitó a presentar a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus, invitación ala que Españadio cumplida respuesta el 29 de abril de 2011, con la actualización de 2011 de su programa de estabilidad, relativo al periodo 2011-2014, y su programa nacional de reforma de 2011. Las recomendaciones están accesibles en la siguiente dirección de Internet:
http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/recommendations_2011/index_en.htm
Una vez se detallan los problemas de la economía española, disminución del PIB y del empleo, aumento del desempleo, paro juvenil, etc… y dejando por sentado que España ha hecho esfuerzos y sacrificios en nombre de la disciplina y la estabilidad presupuestaria, pero que hay que perseverar aún en la consolidación fiscal, la reforma laboral, el sector financiero, el mercado de trabajo, la competencia…, se nos recomienda establecer techos de gastos, sobre todo en los gobiernos regionales, aumentar la flexibilidad laboral en las empresas, desvincular salarios de inflación, hacer de las cajas de ahorros bancos, completar la reforma de las pensiones, y ¡Sorpresa! bajar las cotizaciones empresariales subiendo el IVA y los impuestos a la gasolina.
Tal y como aparece redactado transcribo lo que la Comisión RECOMIENDA que España haga en el periodo 2011-2012 :
(1) Aplicar la estrategia presupuestaria en 2011 y 2012, garantizando el logro de los objetivos de déficit a todos los niveles de la Administración, en particular aplicando estrictamente los mecanismos existentes de control del déficit y de la deuda para los gobiernos de las Comunidades Autónomas; adoptar nuevas medidas en caso de que los resultados presupuestarios y económicos no se ajusten a lo previsto; aprovechar cualquier oportunidad que se presente, por ejemplo, la que se derivaría de unas mejores condiciones económicas, para acelerar la reducción del déficit; establecer medidas concretas a fin de apoyar completamente los objetivos establecidos para 2013 y 2014. Mantener la expansión del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, introduciendo una norma de gasto para todos los niveles de la Administración en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según lo previsto.
(2) Adoptar la reforma del sistema de pensiones propuesta con el fin de retrasar la edad de jubilación y aumentar el número de años de trabajo para el cálculo de las pensiones, según lo planeado; revisar periódicamente los parámetros de las pensiones a la luz de la evolución de la esperanza de vida, según lo previsto, y adoptar nuevas medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación, tales como el aprendizaje permanente para los trabajadores de más edad.
(3) Reforzar la reestructuración que está teniendo lugar en el sector de las cajas de ahorros abordando los puntos débiles que persisten en su estructura de gobernanza.
(4) Estudiar el ámbito para reducir el nivel de las cotizaciones a la seguridad social con objeto de reducir los costes laborales no salariales de forma neutra para el presupuesto, por ejemplo modificando la estructura y los tipos del IVA y los impuestos sobrela energía. Adoptary aplicar, previa consulta a los interlocutores sociales de conformidad con la práctica nacional, una reforma del proceso de negociación colectiva de los salarios y del sistema de indización salarial para garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad y las condiciones imperantes a nivel local y a nivel de empresa.
(5) Evaluar para finales de 2011 los efectos de las reformas del mercado laboral de septiembre de 2010 y de la reforma de las políticas activas del mercado laboral de febrero de 2011, y presentar, en caso necesario, propuestas de nuevas reformas para reducir la segmentación del mercado de trabajo, y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes y garantizar un estrecho seguimiento de la eficacia de las medidas contempladas en el programa nacional de reforma, con vistas a reducir el nivel de abandono escolar prematuro, especialmente mediante políticas preventivas, y facilitar la transición a la educación y formación profesional.
El documento escrito en la jerga económica burocrática que utilizan los gobiernos europeos, manifiesta no obstante una evidente miopía a la hora de mirar lo que ocurre y ha ocurrido en nuestro país, ya que el análisis de los burócratas europeos es invariable en el tiempo y en el espacio: la economía es cosa de las empresas, y como estás tienen que competir con los países emergentes, aquí hay que trabajar y ganar como lo hacen los chinos, es decir de lo primero mucho y de los segundo poco, los gobiernos cuanto más delgados mejor para que los recursos financieros vayan a quien tiene que ir, a las empresas, que a la postre gestionan mejor los servicios educativos, sanitarios, etc… En lo relativo a España ya saben baja productividad, poca competitividad, mucho desempleo, mucho déficit publico, cajas endeudadas en la burbuja inmobiliaria por el manejo que de ellas hicieron los políticos locales, y para colmo de males de aquí a pocos años todos abuelos. El caos, pero si les bajamos los costes a las empresas: los salariales, y las cotizaciones a la seguridad social, y nos subimos los impuestos para los productos que consumimos, la mano invisible del mercado nos devolverá la prosperidad que añoramos. Los ricos serán más ricos y los demás a trabajar sin descanso, y una vez restaurada la competitividad por los bajos salarios y las largas jornadas se van a enterar estos emergentes, les vamos a inundar su mercado de chucherías europeas, porque claro entre impuestos, sueldos mermados, y bajas pensiones, los europeos no vamos a poder consumir lo que produzcamos.
Fuera de bromas intentaré contrastar el análisis que hace la comisión sobre la situación económica española. En el considerando (15) se cita textualmente:
“España experimentó una fuerte subida de sus costes laborales unitarios desde finales de los años noventa, lo que implicó un deterioro de su competitividad de precios y de costes. Unas subidas salariales superiores y unos incrementos de productividad inferiores a los de la zona del euro han contribuido a una inflación constantemente superior en España…”.
La subida de los costes laborales unitarios a que se refiere el considerando, se comprueba en el aumento del coste salarial por hora trabajada que estima el INE por encima del crecimiento de los precios al consumo, alejándose la evolución de los costes laborales de la de los precios al consumo incluso en el periodo en que se inició la ya conocida como segunda gran depresión.
En la Figura nº 1 recogemos el crecimiento del PIB en valores constantes por hora trabajada que es la forma habitual de valorar la productividad de una economía, como ven en el caso de la economía española el crecimiento de la productividad ha sido muy bajo y menor que el de la media de las economías europeas y las asociadas en la OCDE.
Figura nº1. Productividad Laboral.
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Con permiso, vuelvo a parafrasear la tan citada pregunta de Lenin haciendo referencia a esta IX Legislatura de las Cortes españolas en su fase final. Me temo que no tenemos equivalente de aquel Fernando de los Ríos que de manera tan acertada como rotunda respondió al líder bolchevique cuando éste contestó, con su famosa pregunta, al interrogante del socialista español acerca de la libertad en el sistema soviético. Desgraciadamente no hay respuesta clara a la pregunta de para qué llevar esta legislatura hasta su final según lo legalmente posibilitado; al menos la ciudadanía no cuenta con una respuesta convincente.
Cuando la resaca de la derrota electoral en las pasadas elecciones no deja de hacer notar sus devastadores efectos, surge una y otra vez la cuestión de hasta cuándo durará una legislatura que ya se percibe agonizante por cuanto el presidente del gobierno ha manifestado su renuncia a presentarse de nuevo, su vicepresidente está ya ungido como futuro candidato y el electorado propio presenta síntomas de peligrosa desafección que puede ir en aumento. La presión de los medios, la estrategia del PP y el escéptico cansancio de la ciudadanía erosionan la pretendida firmeza de las declaraciones emitidas desde el gobierno, el PSOE –con frecuentes excepciones entre sus notables- y el grupo parlamentario socialista acerca de la voluntad de agotar la legislatura. Parece ser que los únicos apoyos en tal dirección vienen del mundo económico, desde los manifestados en su día por el presidente del Banco de Santander hasta los explicitados recientemente por el gobernador del Banco de España invitando –más bien exigiendo- prolongar la legislatura para hacer las reformas definidas como necesarias, “aun con la incomprensión de los ciudadanos”.
Bien se podría recordar al presidente Zapatero, en cuyas manos está disolver las cámaras, que con tales amigos no le hacen falta enemigos, por más que sus muy hostiles adversarios no le muestren aprecio. Quienes se manifiestan invitando –¿o incitando?- a seguir adelante con reformas económicas según ellos imprescindibles, las cuales no son sólo las pendientes de consumar (negociación colectiva), sino las reformas de las reformas ya hechas para apretar las tuercas antisociales de las medidas aplicadas (en la reforma laboral, por ejemplo), no hacen sino alentar el recorrido que se ha venido haciendo hasta aquí, cuando ha sido esa trayectoria la que ha motivado que los ciudadanos castiguen con su voto a quien la ha capitaneado. Es decir, quienes no dependen del voto democrático elevan su voz para que se siga haciendo lo que tiene que hacerse según su ortodoxia economicista, es decir, neoliberal, la de la ideología del capitalismo financiero. Así, los que tienen mando en la economía de este país ruegan encarecidamente al presidente del gobierno que no olvide sus declaraciones al comienzo del ajuste diciendo que lo llevaría a cabo costara lo que costara (al partido que lo apoya) y costara lo que le costara (como presidente). Cuando él ya ha renunciado a seguir y el partido ha sufrido su más seria derrota en democracia, ¿se pretende que nos precipitemos sin remisión al abismo? ¿Hasta dónde hay que llevar un autosacrificio en el que ni siquiera nadie, dado que el martirio es categoría religiosa no aplicable al ámbito político, es reconocido como héroe? Si además se considera que nada garantiza que más dureza en las reformas repercuta en mayor eficacia en la lucha contra la crisis y sobre todo contra el desempleo, como atestiguan los hechos que ocurren en nuestra casa y en las ajenas, ¿qué justificaría el empeño en seguir por un camino que aun siendo el ortodoxamente correcto es prácticamente el equivocado?
Es pernicioso e inútil el juego de apuestas sobre cuándo acabará la legislatura y hacemos bien los socialistas no entrando en él. La pregunta más pertinente no es la relativa al cuándo, sino la relativa al para qué. Si se prolonga, que sea para hacer lo que haya que hacer pero modulando lo que haya que modular, haciéndonos cargo de lo que los ciudadanos han emitido como mensaje a través de las urnas o expresado en manifestaciones de quienes protestan por una política sometida a dictados de insaciables poderes económicos. Y si hay que acometer la imperiosa reconstrucción del proyecto socialista y apoyar a un candidato que ya habla de continuidad y cambio, no dejemos esto último para el momento en que ni los propios se lo crean. Prolongar la legislatura tiene sentido si se anticipan cambios imprescindibles.
La corriente de opinión de Izquierda Socialista en Asturias ha recordado que el PSOE fue el partido que recibió más votos en las últimas elecciones autonómicas en Asturias (179.398), por delante del resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria: FAC, PP e IU-Verdes. Así, desde Izquierda Socialista se muestran "preocupados" ante los últimos acontecimientos en Asturias y piden a la dirección del PSOE asturiano que asuma su responsabilidad ante ese respaldo social, sea "más activo" y muestre "más iniciativa política".
Según las fuentes consultadas por Europa Press de Izquierda Socialista, el PSOE no puede "conformarse" con quedarse en la oposición. "Somos la fuerza más votada, tanto en Asturias como entre los asturianos en el exterior", insisten. De esta forman, señalan que no comprenden determinadas decisiones de la FSA-PSOE, como la de no presentar candidatura al próximo pleno de investidura.
Estos militantes socialistas señalan que la de Francisco Álvarez-Cascos no debería ser la única opción para gobernar el Principado, dado que el PSOE también tiene votos suficientes para gobernar en minoría junto a IU-Verdes. "Sería además importante con la que está cayendo en todo lo que se refiere a recortes sociales", apuntan.
Desde Izquierda Socialista estiman que el PSOE ha de tener un "mayor protagonismo" que el que está mostrando hasta el momento, porque da la impresión de que se está optando por "quedarse en la oposición" sin responder al respaldo de los asturianos que han votado socialista. "Tenemos respaldo suficiente", sostienen y dicen que no pueden dejar la iniciativa política "a otros".
Han señalado que IU puede ser un aliado natural para una posible investidura del candidato socialista Javier Fernández, porque la coalición ya ha sido socia de Gobierno del PSOE en las últimas legislaturas. "Se trata de tomar la iniciativa política que nos corresponde, de no depender de otros", han insistido. Una candidatura apoyada por PSOE e IU en el Pleno de Investidura sumaría 19 diputados, frente a los 16 con los que cuenta Foro Asturias.
Tampoco comprenden desde Izquierda Socialista determinadas actitudes que se han tomado en la constitución de los ayuntamientos. Es el caso de Oviedo, donde el PSOE finalmente decidió no presentar candidato, a pesar de que podía haber desbancado incluso al ’popular’ Gabino de Lorenzo. "Nosotros siempre entendimos que la regeneración política en el consistorio ovetense pasaba por la salida de De Lorenzo; y así se lo transmitimos a la dirección", ha manifestado.
En Izquierda Socialista entienden al partido como "un instrumento para cambiar la sociedad". Y ahora, consideran que su "obligación" es siempre tratar de optimizar los recursos electorales para conseguir una política de progreso en Asturias. "No debemos renunciar a ello", han concluido.
El coordinador general de Izquierda Socialista Extremadura (IS-PSOE Ex), Pablo Iglesias, sentenció que la decisión de Izquierda Unida de abstenerse en la sesión de investidura del presidente de la Junta no representa más que una victoria fácil para la derecha" y añadió que "de nuevo la izquierda no ha sabido actuar con responsabilidad".
Así lo indicó Pablo Iglesias en una nota de prensa, en la que manifestó "el profundo desencanto de la corriente" con la decisión tomada por Izquierda Unida, "que si no sucede nada imprevisto, otorgará el mando de la Junta de Extremadura al Partido Popular, que controla además los grandes núcleos de población y la Diputación de Cáceres".
"Teníamos una buena oportunidad de hacerle ver al resto del país que la izquierda tiene respuestas, que el PSOE puede rectificar sus errores y que Izquierda Unida puede representar hechos, no sólo discursos", continuó diciendo Iglesias, que añadió que "el horizonte teórico que ensalza IU no va a ser honrado de ninguna forma ante la decisión de la coalición política de entregar al popular José Antonio Monago el poder de la Junta de Extremadura".
Para los militantes del PSOE adheridos a Izquierda Socialista, el paso que ha dado Escobar supone "enterrar todas la grandes políticas que se han desarrollado en la región", sentenció Pablo Iglesias, que recordó que además "Extremadura es paradigmática al mantener más del 99 por ciento de la sanidad y educación bajo sistema público y a ver desarrollado unas políticas de desarrollo rural y de infraestructuras reconocidas a escala europea".