El encuentro ha sido lo más silencioso posible. Así lo planeó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y así se escenificó. Lo que el Dalai Lama le dijera a Obama a puerta cerrada importa menos que la manera en la que se ha llevado a cabo la reunión. Con el más bajo perfil posible, para no molestar a la poderosa y aliada China.
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La actual crisis financiera internacional ha convertido una idea considerada por muchos hace una década poco menos que utópica en un importante proyecto que ahora está siendo objeto de análisis por parte de las más altas instancias políticas y económicas internacionales. Nos referimos a la tasa Tobin, esto es, la tasa que propuso en 1978 el ya fallecido economista norteamericano James Tobin (premio Nobel de Economía en 1981) inspirada en las ideas de Keynes, y que consiste en fijar una pequeña tasa impositiva a las transacciones financieras realizadas en los mercados internacionales de divisas, con objeto, entre otras cosas, de frenar la especulación financiera y lograr una mayor estabilidad en dichos mercados; a él le gustaba decir que así se podría echar un poco de arena en los monumentales y vertiginosos engranajes de las finanzas internacionales.
Se recogen a continuación algunas consideraciones de cara a una posible hoja de ruta para la puesta en marcha de dicha tasa:
- La excesiva exuberancia financiera:
- Actuales apoyos internacionales a la tasa:
- Presidencia española de la Unión Europea:
- Recaudación y su distribución:
- Elusión de la tasa y paraísos fiscales:
- Implicación de la comunidad financiera internacional:
Finalmente, y de cara a un horizonte algo más lejano, estamos convencidos de que una buena parte de los problemas derivados de la especulación financiera y sobre todo cambiaria se podrían resolver si se llega a una verdadera e integral cooperación financiera y monetaria internacional, que pudiese incluso desembocar en una moneda única mundial (ya propuesta por economistas como Keynes y Mundell), al estilo de la vigente moneda única europea (nuestro euro), que también era considerada utópica hace unas décadas. Pero ésta es otra historia.
- La excesiva exuberancia financiera: la tasa Tobin constituye realmente un impuesto sobre la especulación financiera, y puede constituir, además, un importante instrumento para transferir recursos desde la economía financiera (esencialmente volátil y especulativa en la mayor parte de sus mercados) hasta la economía real; asomándonos al escenario económico mundial, se puede apreciar que el soufflé de la economía financiera es descomunalmente mayor que el pastel de la economía real; las transacciones financieras a nivel mundial tienen un importe 75 veces superior al de las transacciones reales (bienes y servicios), y dentro de los mercados financieros, el de divisas es, con diferencia, el mayor mercado del mundo, ya que alcanza un volumen de negocio 15 veces superior al PIB mundial y 60 veces superior al comercio mundial, siendo además un mercado esencialmente volátil y especulativo, basado en las expectativas de ganancias derivadas de los continuamente cambiantes tipos de cambio
La reestructuración de la atención psiquiátrica de los mayores de 18 años en Valladolid y su provincia provocará el cambio de centro de salud y, en la mayoría de los casos, también de especialistas, de 79.931 pacientes. Esta modificación, todavía pendiente de la publicación de la Orden sanitaria en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) que lo legalice, se llevará a efecto, según las previsiones de Sacyl, en la segunda quincena de marzo.
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- La crisis como oportunidad: hay un amplio consenso sobre la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional, sólida y basada en un mayor control y una verdadera transparencia de las operaciones financieras; sabido es que el tamaño y la volatilidad de los mercados financieros han sido el marco y el caldo de cultivo idóneo para el desarrollo rápido y descontrolado de la actual crisis económica. Sin embargo, cabe considerar esta crisis como una oportunidad para mejorar y hacer más sólidos, estables y solidarios estos mercados a través de iniciativas como, por ejemplo, la tasa Tobin.
- Actuales apoyos internacionales a la tasa: el punto de inicio de la reciente eclosión de apoyos a la tasa Tobin acaeció el pasado mes de agosto, cuando el británico lord Turner, máximo responsable de la regulación financiera en el Reino Unido, sorprendió a todos relanzando la idea de esta tasa como una buena herramienta para reducir y racionalizar el tamaño de los mercados financieros, disminuir su nivel de riesgos, y como elemento disuasorio para un alto número de actividades socialmente inútiles; además propuso que la tasa se aplicara a todas las transacciones financieras, y no sólo a las de divisas. Seguidamente asumió esta propuesta Gordon Brown, quien además propuso la implantación de esta tasa internacional durante la pasada cumbre de los países del G-20. También han mostrado su apoyo a esta propuesta baluartes tan significativos como Sarkozy, Angela Merkel, el comisario europeo Almunia o el propio Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea. Además, los 27 países de la UE, a través del Consejo Europeo, han instado el pasado mes de diciembre al Fondo Monetario Internacional a estudiar la posible implantación efectiva de esta tasa.
- Presidencia española de la Unión Europea: sería deseable que España, aprovechando su actual presidencia de la UE, pudiera impulsar esta iniciativa, propiciando el análisis, el debate y la reflexión colectiva en torno a esta tasa en las próximas cumbres y reuniones internacionales, de forma que la Unión Europea pudiera liderar efectivamente este proyecto como una importante vía que llegue a posibilitar un mayor nivel de estabilidad y control en los mercados financieros, además de erigirse en un verdadero elemento de fiscalidad global y, por qué no, de solidaridad internacional.
- Viabilidad de la tasa: aunque es cierto que no podemos ignorar los importantes obstáculos técnicos y políticos de la implantación de esta tasa financiera global, también es cierto que la implantación de esta tasa sería ahora bastante más sencilla que hace 32 años, cuando la propuso el propio Tobin, tanto por la actual crisis económica y la consiguiente presión social hacia los políticos para un mayor control del sistema financiero como por los avances tecnológicos y la actual operatoria electrónica de las operaciones de divisas (muy centralizada), y en general, la del conjunto de las operaciones financieras.
- Recaudación y su distribución: las razones del mencionado resurgir de la tasa Tobin hay que buscarlas, además del ya referido clamor social por la crisis financiera, también en la muy importante recaudación que dicha tasa generaría. Diversas estimaciones cifran que el importe recaudado podría oscilar entre el 0,6% y el 1% del PIB mundial, y en cifras absolutas, en una amplia horquilla entre los 300.000 y 700.000 millones de euros anuales, en función de que se aplicase un tipo del 0,05% o del 0,1% y según se proyectase sobre las operaciones de divisas únicamente o sobre el conjunto de las operaciones financieras.
En todo caso, no es difícil imaginar la gran ayuda que estas ingentes cifras podrían suponer, bien para las muy delicadas finanzas y déficit presupuestarios de muchos países y/o para las aún más delicadas condiciones económicas, sanitarias y sociales de una buena parte de los habitantes de este planeta.
- Proceso de implantación: aunque no sería imprescindible implantar la tasa Tobin a escala planetaria, sería deseable que se hiciese con la mayor implicación posible de la comunidad internacional, y sobre todo, de los organismos supranacionales más cercanos a esta materia, como el FMI, entre otros. También podría ser conveniente designar una institución u organismo ad hoc (nuevo o adscrito a uno ya existente) para liderar y conducir en la práctica esta implantación, que contase con la confianza de la comunidad internacional y que pudiese así canalizar los esfuerzos, las iniciativas y las correspondientes aportaciones.
Por otra parte, se debería propiciar un proceso transparente de información y de participación de la sociedad civil internacional para que se pudiese en todos los países opinar, colaborar y sugerir aportaciones posibilistas e innovadoras para este proceso de implantación.
- Elusión de la tasa y paraísos fiscales: de cara a evitar en lo posible la deslocalización y el desvío de recursos a los paraísos fiscales, resulta imprescindible que la comunidad internacional mantenga el actual empeño de hacerlos desaparecer y defina una estrategia firme, integral y consensuada para abortar cualquier vía que les permitiese beneficiarse de la implantación de la tasa. Es realmente importante a estos efectos hacer muy transparente tanto este proceso como la propia situación y las actividades que desarrollan estos paraísos fiscales.
- Implicación de la comunidad financiera internacional: sería fundamental el desarrollo de una estrategia para implicar a todos los organismos financieros internacionales, así como a los bancos y entidades financieras nacionales, en esta nueva tasa, haciendo ver lo importante de lograr que el sector financiero, tan criticado en la actualidad como realmente importante para la economía, sea capaz de contribuir de forma sustancial y efectiva al desarrollo de una tasa realmente global y al servicio de una mejora de la sociedad internacional.
Unas 2.000 personas se concentraron hoy en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos para rechazar la instalación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en los municipios cercanos de Santervás y Melgar de Arriba y para reclamar una "alternativa" para la situación de "abandono" de Tierra de Campos.
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El juez Baltasar Garzón ha ejercido una justicia de forma continuada y valiente durante veinte años en la Audiencia Nacional, comprometida con la defensa de los derechos humanos en España y en el mundo contra dictadores, terroristas, corruptos y enemigos de la democracia. El juez Baltasar Garzón ha sido uno de los principales promotores del desarrollo en España del principio de Justicia Universal. El juez Baltasar Garzón es víctima de una campaña promovida por sectores de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias, con una sorprendente connivencia de algunos sectores progresistas. El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad un juicio sumario contra los defensores de la Democracia, la Justicia y los Derechos Humanos y a favor de la impunidad de crímenes muy graves de carácter internacional. El juez Baltasar Garzón está siendo juzgado por una sala del Tribunal Supremo en la que la mayoría de sus miembros juraron lealtad al Movimiento Nacional del franquismo. Una sentencia adversa al juez Baltasar Garzón, tras agotar las instancias judiciales españolas, acabaría probablemente con una superior sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español. El juez Baltasar Garzón representa el modelo de justicia basado en la defensa de los Derechos Humanos conforme con su Derecho Internacional que millones de ciudadanos y víctimas reclaman en todo el mundo. Ya en 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado español la derogación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977. Este caso vuelve a demostrar la necesidad de la Justicia Internacional. Incluso España, el país que intentó procesar al dictador Pinochet, es incapaz de juzgar su propia dictadura. Y quien lo intenta, es juzgado por ello.
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¿Cadena Perpetua?
Partiendo de concepciones diferentes del ser humano, las teorías contractualistas de Hobbes o Rousseau exponen el paso del estado de naturaleza (o estado primitivo de la humanidad) a la sociedad civil, surgiendo así, mediante un pacto colectivo o contrato social, el Estado, ente dotado de poder coercitivo al que se le atribuye, con carácter exclusivo y excluyente, la potestad sancionadora, cuya finalidad es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado conforme a derecho.
De tal forma y por exclusión, queda proscrita la denominada justicia o venganza privada de la victima y perjudicados.
Así, si efectuamos un análisis de la evolución histórica del derecho penal, observaremos que, por regla general, los criterios humanistas se han impuesto en la aplicación de las penas y condenas.
En este sentido, Cesare Becaría es el precursor de un derecho penal más humanitario, y nos ofrece en su obra “de los delitos y las penas” un alegato extraordinario contra la pena de muerte, la tortura y, en general, contra toda desproporcionalidad entre los delitos cometidos y las penas aplicadas.
En la misma línea, no podemos dejar de mencionar a las españolas Concepción Arenal y Victoria Kent, cuyo objetivo de condenar el delito y humanizar al delincuente sitúa a ambas en un lugar destacado de la defensa de los derechos humanos, pues no podemos ocultar que, aunque presos, gozan de todos aquellos derechos propios de su dignidad humana, excepto aquel que una sentencia firme dictada por un juez en un proceso justo le ha negado: el derecho a la libertad. Los demás quedan, por consiguiente, intactos.
Sin embargo, con ocasión de algunos casos puntuales que conocemos por los medios de comunicación, determinados sectores de la sociedad han abierto el debate sobre la cadena perpetua y el derecho penal de menores, olvidándose interesadamente de los aspectos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, bien por el ánimo de justicia de los afectados, bien por el oportunismo electoral al que el Partido Popular se apunta a golpe de noticia, como sucedió con el empadronamiento de extranjeros.
No obstante, deberíamos saber que el derecho penal tiene una triple finalidad. La primera es la de sancionar al delincuente por cometer un acto tipificado en la ley como delito o falta. La segunda es la de disuadir a la ciudadanía de la comisión de delitos y, por último, garantizar la reinserción social del condenado. (“La sociedad está obligada a recuperar al delincuente como persona activa, y las cárceles están constituidas para eso”).Pues bien, basta con una lectura del artículo 25.2 de la Constitución para verificar que el objetivo de nuestro ordenamiento jurídico es el de recuperar al delincuente para su vida en sociedad.
En un mismo sentido, podríamos afirmar que confinar a una persona durante toda su vida en una prisión es un atentado contra su dignidad humana protegida constitucionalmente (Art.10) y contra la prohibición de tratos inhumanos y degradantes. (Art.15).Por consiguiente, vemos que nuestra norma fundamental sería el principal obstáculo con el que se encontrarían los defensores de la perpetuidad de las sanciones privativas de libertad.
Además, debemos recordar que en nuestro propio ordenamiento existe la posibilidad del cumplimiento integro de las penas y de permanecer en prisión un plazo máximo de 30 años, sin olvidarnos de la “doctrina Parot” de nuestro Tribunal Supremo.
En esta misma línea, podríamos considerar como innecesario el endurecimiento de las penas a los menores o reducir la edad penal de 14 a 12 años, y es que se cae en el error de convertir en regla general lo que es una excepción.El número de delitos terribles cometidos por menores pueden ser conocidos por los medios de comunicación, de tal modo que la alarma social que han despertado no se acercan a la realidad jurídica ni al verdadero funcionamiento de los Juzgados de Menores, del mismo modo que España no tiene un problema en su política criminal con los niños de 12 ó 13 años, por lo que resulta innecesaria la modificación de la ley del menor en este sentido por afirmarlo así las propias estadísticas.
Creo además que no es necesario recordar que la ley de responsabilidad penal del menor (ley orgánica 5 /2000) tiene como finalidad la de aplicar unas medidas preventivo-especiales, de tal modo que el aspecto educativo debe primar sobre el carácter represivo de la medida. Pero a pesar de tener esta ley una naturaleza educativa, no podemos dejar de destacar que, en los casos más graves, cabe la posibilidad de que el menor continúe el internamiento en un centro penitenciario cuando ha alcanzado la mayoría de edad. (Art.14 de la ley).
Así, considero que este debate debe ser realizado por juristas especializados en la materia sin necesidad de que las pasiones nos lleven a un lugar equivocado. Quizá los órganos jurisdiccionales deberían actuar con mayor celeridad en la resolución de conflictos, de tal modo que se haría más efectivo el derecho a una tutela judicial efectiva, pero la responsabilidad y una mayor cultura jurídica deben presidir la divulgación de estas noticias por su gran poder mediático.
J.Luis Garrido García
Abogado y miembro de Izquierda Socialista-PSOE Valladolid
La crisis fue causada por los grandes beneficios que se han llevado los intermediarios especuladores y el incremento de la deuda de los ciudadanos.
De esto es de lo que menos hablan los que se consideran expertos en economía. Tampoco se han planteado dar solución a estos problemas.
Para adquirir poder adquisitivo los asalariados e incluido los pensionistas, hay que tener en cuenta la subida de la inflación, hay que diferenciar también los artículos de primera necesidad y los artículos de lujo ya que unos son imprescindibles para todos y los otros no.
Los intermediarios especuladores en nombre de grandes operaciones de negocio se llevaron los grandes beneficios pagando precios miserables al productor y cobrando precios altos al consumidor final. De aquí salieron las grandes fortunas del siglo XX y lo que va de este. Los gobiernos de las naciones dejaron de gobernar y se dedicaron a ser simples administradores de la recaudación de los impuestos. La política liberal en que se han basado fue el no intervenir en economía, dejando el control absoluto a los especuladores en nombre de la libertad de mercado.
Viviendas que costaban 100.000 Euros hacerlas cada una, venderlas a 400.000 era normal. Las patatas las compraban a menos de 12 céntimos y las vendían a más de 90. Ejemplos de estos los conocemos todos. Así es como se enriquecen los especuladores a costa del productor y del consumidor, ni producen ni consumen, pero se enriquecen a costa del trabajo y de empobrecer a los demás.
Peor aún la política bancaria, ya que organizados por el Banco Europeo, no les permitía a los bancos competir entre ellos, imponiéndoles unos márgenes con unos intereses altísimos para el inversor y risorios para el ahorrador, muy por debajo de la inflación y devaluándosele el capital cada año perdiendo poder adquisitivo.
Si se les pusiera límite, por ejemplo de que entre el productor y el consumidor no hubiera más de un 25% de beneficio para los intermediarios, que sería más que suficiente, al productor le subirían los precios, lo cual tendría una producción mucho más rentable y al consumidor le bajarían, debido a esto mejoraría el poder adquisitivo aunque no le subieran los salarios y podría llevar una vida más digna económicamente sobre todo las clases medias y bajas.
También hay que promover la venta directa. Se le llama venta directa cuando el productor vende directamente al consumidor como se hace en los mercados y ferias o también si existe un solo intermediario como son la tienda o el vendedor ambulante. Esto produce progreso sostenible.
Si no se cambia la política de mercado acabando con la especulación, tampoco se podrá en el futuro competir con los países emergentes sobre todo con China y La India.
En la pasada crisis se ha solucionado el déficit del Estado vendiendo las empresas públicas saneadas, pero no se ha mejorado el sistema de mercado y hemos vuelto al déficit, pero de esta vez sin empresas que vender. Aunque al principio de la crisis no hubo déficit público, si hubo una gran deuda de parte de los ciudadanos que fue lo que ha provocado la crisis e hizo endeudar al Estado al salir en rescate.
Es mejor salir de la crisis lentamente pero firmes, con una base sólida que salir aireados otra vez y al poco tiempo tener una crisis mucho más profunda. Mientras la deuda de los ciudadanos no se reduzca al mínimo, no se puede dar por terminado la crisis. El crecimiento económico tiene que ser equilibrado y no solo de unos pocos o volverá a pasar como en esta crisis que después de muchos años de un falso crecimiento, de la noche a la mañana se vino todo abajo.
Otro caso que hay que regular es el sueldo de los gobernantes, estos tienen que dar ejemplo y no especular con grandes salarios. No se puede tolerar que gobernando en pequeñas administraciones, cobren más que el Presidente del Gobierno.
Por una parte el sueldo de los gobernantes debe de estar relacionado sus variaciones con el sueldo base, por otra parte debe de estar también relacionado con el número de ciudadanos que gobierne, el del Presidente del Gobierna ha de ser el más alto de todos lógicamente.
Autor: Hilario Blanco Gómez
Miembro de Izquierda Socialista
La propuesta del Gobierno de alargamiento de la edad legal de jubilación hasta los 67 años ha generado inquietud y un amplio debate social y político. El sistema público de pensiones es uno de los grandes activos de nuestra sociedad, que los socialistas hemos defendido siempre. En los 90, ante el intento neoliberal de privatizar las pensiones, promovimos el Pacto de Toledo, compromiso de todos los grupos parlamentarios por el mantenimiento y consolidación del actual sistema de pensiones, garantizando su sostenibilidad futura y mejorando sus prestaciones sobre todo de las pensiones más bajas. Esto significa que cualquier reforma de fondo debe contar con el más amplio consenso político, y también de sindicatos y patronal, máxime si se plantean medidas de reducción de gasto o posibles recortes en las pensiones futuras para una parte de los trabajadores, medidas que no deben adoptarse si no son absolutamente necesarias para la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Hasta una semana antes de la propuesta del Gobierno, tanto el Ministerio de Trabajo como el Grupo Socialista hemos venido reiterando que el sistema de pensiones goza de muy buena salud, incluso en los momentos más duros de la crisis económica, con un superávit de 8.500 millones de euros en 2009 y una ampliación del Fondo de Reserva, una de las mejores situaciones entre los sistemas similares de la UE. Sosteníamos, además, que hay que introducir reformas a largo plazo, para más allá del 2029, como recoge el informe del Ministerio de Trabajo La Estrategia Nacional de Pensiones 2008-2010-2020, de octubre de 2008, que establecía que el sistema tendría superávit al menos hasta 2023 y mantendría su sostenibilidad con el Fondo de Reserva hasta 2029. Señalábamos que esas reformas no hay que vincularlas a la crisis actual y criticamos duramente al gobernador del Banco de España cuando insinuó lo contrario. Se "descartaba" entonces la ampliación de la edad legal de jubilación, siendo el objetivo que la edad real se aproxime a la legal de 65 años mediante estímulos a la continuidad en el trabajo tras esa edad, como se pactó con sindicatos y empresarios en el Acuerdo de Julio de 2006, y limitación de las prejubilaciones. Nunca se consideró necesario alargar la edad legal de jubilación. Ningún documento del PSOE, ni tampoco el programa electoral, indicaba nada sobre ello. Ni los expertos que comparecieron ante la Comisión del Pacto de Toledo plantearon esta medida como inexorable, proponiendo más bien ampliar la edad real y acercarla a la legal. El propio gobernador, Fernández Ordóñez, expuso las diversas soluciones aplicadas en Europa, señalando que la ampliación de la edad legal de jubilación "sólo se ha adoptado en un número reducido de países. Es el caso de Alemania", que subió la edad legal de 65 a 67 años. Pero la de Alemania no es una situación equiparable, porque su edad real era 61 años, inferior a la española, de 63 años y 10 meses, de las más altas de Europa. También considerábamos injusto el alargamiento legal por afectar de manera desigual en función de la actividad que se realice. Para políticos o periodistas, para muchas actividades intelectuales, trabajar hasta los 67 años puede no tener dificultad. Pero no pasa lo mismo con los trabajos manuales, o de menor cualificación, que son la inmensa mayoría: campo, construcción, industria, transporte, muchos servicios. Para los trabajadores de estos sectores y oficios alargar obligatoriamente dos años más la edad de jubilación es injusto. Por ello sorprende lo inesperado de la propuesta gubernamental. Es indiscutible que hay un proceso de envejecimiento de la población, pero las proyecciones más negativas han fallado siempre al no considerar la capacidad de crecimiento y creación de empleo de nuestra economía, ni el incremento de la participación de la mujer en el trabajo, ni la llegada de inmigrantes. ¿Cuál es la razón para cambiar tan drásticamente en una semana? Parece razonable concluir, como ha señalado el secretario general de UGT, que se ha impuesto la "visión de corto plazo para contentar a los mercados financieros", emitiendo mensajes de recortes, a "una visión a largo plazo para la supervivencia de las pensiones públicas en nuestro país". UGT y CC OO manifestaron su rechazo a la propuesta gubernamental por suponer un recorte innecesario a las futuras pensiones, a la vez que recordaron que en España el gasto social sigue 6 puntos del PIB por debajo de la media europea y que no deberían descartarse aportaciones presupuestarias en el futuro. A su vez, la patronal apoya la propuesta, pues a los empresarios les afecta poco. Y si hay recorte de gasto, siempre se justificará mejor una disminución de cotizaciones. En cuanto al PP, espera que los socialistas nos enfrentemos con nuestro electorado. ¿Tiene sentido una confrontación con los sindicatos con una medida no indispensable, cuando recientemente han pactado la reforma del Pacto de Toledo de 2003 y el Acuerdo de Julio de 2006? Zapatero y varios ministros insisten en que es una propuesta sujeta a debate y consenso. Si razonable es el consenso con las fuerzas parlamentarias, necesario para el proyecto socialista es alcanzar un acuerdo con el movimiento sindical para que el sistema de pensiones sea en el futuro más sostenible y equitativo.
Manuel de la Rocha Rubí (es diputado socialista y miembro de Izquierda Socialista -PSOE)
Durante años se entendió que la transición española a la democracia era ejemplar por haber sido capaz de echar al olvido los agravios del pasado. A partir de un determinado momento - que yo creo podemos situar a mitad de los años noventa - esta percepción comenzó a cambiar. Hacer una breve genealogía de este proceso puede ayudarnos a comprender los problemas que suscita en España el tema de la memoria y la disputa en torno a la percepción del pasado que se da en nuestro país. No existe ningún país en el que se de una visión compartida e indiscutible acerca del pasado pero hay interpretaciones claramente hegemónicas. No es el caso de España. En España compiten al menos tres grandes discursos acerca de nuestro pasado, discursos que operan a la hora de enjuiciar la necesidad de proceder a recuperar trozos de la memoria perdida acerca de ese mismo pasado.
II.- LA QUERELLA ENTRE LOS NACIONALISMOS (DOS MEMORIAS EN PUGNA) III.- LA LLEGADA DE UNA NUEVA GENERACION. IV TRES LECTURAS DE LA HISTORIA. *ANTONIO GARCIA SANTESMASES Catedrático de Filosofía Política de la UNED y miembro de Izquierda Socialista-PSOE . Artículo Publicado en Revista EXODO. Número 101
Podríamos decir que la primera etapa cubre desde la muerte de Franco hasta el final del gobierno del PSOE en marzo de 1.996. Son casi veinte los años que incluyo en este período y por ello ya adelanto que habría que realizar un esfuerzo por diferenciar distintos momentos pero me parece que subyace en todo el período un hilo conductor. Todo comienza, a mi juicio, con el triunfo de la reforma política y la imposibilidad de llevar a cabo una ruptura democrática. Recordemos que los planteamientos de la oposición democrática hablaban de realizar un gobierno provisional que planteara un referéndum sobre la forma de Estado y abriera la posibilidad de un proceso constituyente. Al fracasar la ruptura el cauce que se siguió implicó elaborar la Constitución del 78 a partir de unas elecciones que no estaban convocadas como elecciones constituyentes.
Esas Cortes que no eran constituyentes tomaron algunas medidas para evitar perturbaciones a la hora de la elaboración del texto constitucional; todo el proceso se realizó controlando al máximo el debate y evitando cualquier autonomía de los propios diputados. Se optó por la elección de una ponencia constitucional que elaborara el texto en un régimen de silencio y de ocultamiento a la opinión pública hasta llegar a un acuerdo. Concluidos los trabajos de la ponencia se procedió a un debate en la comisión del congreso de los diputados y en el senado; un debate en el que las intervenciones estaban controladas por los portavoces de los grupos parlamentarios.
La importancia dada al monopolio de la voz y a la disciplina de voto estaba fundada en la necesidad que tenían las élites políticas de controlar el proceso, de evitar lo ocurrido en la segunda república donde era muy difícil mantener acuerdos dada la personalidad indómita de los diputados de las cortes republicanas (recordemos todos los avatares vividos en torno a la cuestión religiosa que provocaría la dimisión de Alcalá Zamora como presidente del gobierno y el acceso a la presidencia del consejo de ministros de la gran revelación de la Republica, del político más capaz de aquellos años, de Manuel Azaña)
Este proceso de control de las deliberaciones para propiciar los acuerdos venía unido a la necesidad de crear un clima político propicio para el entendimiento, un clima donde era esencial no echarse en cara las interpretaciones del pasado, no exigir cuentas por lo ocurrido, no aprovechar el proceso para poner en su sitio a verdugos y víctimas. De alguna manera se asumió que la historia de España había sido suficientemente trágica como para no repetir un combate fratricida. Este esfuerzo por no repetir los errores del pasado iba unido a la necesidad de recordar para mejor olvidar; no era el momento de pedir cuentas, de debatir sobre quienes tenían razón y quienes estaban equivocados, o dicho de otra manera quienes tenían credenciales democráticas y quiénes venían de la dictadura. Los constituyentes subordinaron muchas cosas para alcanzar el consenso porque conocían la historia de España y creían que la desmemoria era la mejor manera de evitar la repetición de los peores momentos de esa misma historia.
Es comprensible que los que actuaron de aquella manera se lleven las manos a la cabeza cuando se les reprocha que permitieran que la aprobación de la amnistía y la amnesia sobre el pasado fueran unidas. Ellos eran muy conscientes de lo que querían, de lo que querían los otros y de lo que al final resultó. Y estaban orgullosos del consenso alcanzado. El miedo a un golpe militar (que se produjo aunque fracasara el 23 f del 81), la desestabilización provocada por el terrorismo de ETA y la división interna de la derecha política española provocaron que este designio de recordar para olvidar mejor, de echar al olvido los agravios padecidos, de no remover el pasado, fuera el criterio fundamental de los gobiernos de Felipe González.
Es esa la razón por la que considero que ese espíritu de la transición dura hasta el final de aquellos catorce años de gobierno. Bien es cierto que el esfuerzo por no remover los demonios familiares iba unido a la ilusión de encontrar en Europa la gran solución a todos nuestros problemas pretéritos y futuros. Es esta la razón por la cual fue el joven Ortega el filósofo de referencia durante aquellos años. Se trataba de vertebrar la nación, de realizar el papel que había sido incapaz de llevar a cabo la débil burguesía progresista; se trataba de consolidar la democracia, subordinar el poder militar al poder civil y conseguir la integración en Europa. Rememorando al joven Ortega los problemas de España, de su identidad siempre compleja y fracturada, acabarían siendo resueltos-disueltos en un ámbito supranacional, en la entonces denominada Comunidad económica europea.
Y el hecho es que si nos situamos a la altura de 1986 la desaparición de las dictaduras en Portugal, en Grecia y en España se había producido sólo una década antes y por fin lográbamos una vinculación al proyecto europeo en un momento donde todo eran parabienes si comparábamos la situación con la trágica historia de los españoles en los años treinta. La transición había sido ejemplar, y aquella España que tanto impresionaba a Gerald Brenan de anarquistas y carlistas dispuestos a vencer o morir; aquella España trágica, estaba definitivamente enterrada en el pasado. La modernización económica provocaría el prodigio de vivir sin identidad, sin raíces y sin querellas con el pasado. Sólo los hombres y los pueblos que saben olvidar- se repetía una y otra vez- son capaces de alcanzar sino la felicidad, al menos la estabilidad política.