Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Desde que la crisis se inició en 2007, la población española ha estado sometida a toda una serie de políticas públicas que han significado un gran recorte de sus derechos laborales y sociales, que han afectado de una manera muy notable al bienestar social y a la calidad de vida de las clases populares. Hemos visto durante estos años de crisis la congelación y pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la reducción del gasto público en las transferencias y servicios del Estado del bienestar (con recortes muy acentuados de la sanidad pública, de la educación pública, de los fondos y servicios a las personas con dependencia, de las escuelas de infancia -erróneamente definidas como guarderías-, de los fondos para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, de los servicios sociales, de las viviendas sociales, del nivel de cobertura de los seguros de desempleo y de las ayudas a la integración de los inmigrantes). Y hemos sufrido las reformas del mercado laboral, que se han llevado a cabo con el objetivo de reducir los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores. Y a todas esas medidas se han añadido la reducción del empleo público y de los salarios a tales empleados públicos.
Pues bien, hoy día sabemos a ciencia cierta que todas estas intervenciones han empobrecido todavía más al conjunto de la clases trabajadoras y que, lejos de haber hecho germinar los “brotes verdes” que las justificaron, han llevado a nuestra economía a una situación mucho peor y más cercana a la depresión.
El rescate no es una ayuda, es una imposición para realizar más recortes
Tales recortes se han justificado siempre como imprescindibles para reducir el déficit del Estado y el tamaño de su deuda pública, algo necesario, según se ha dicho siempre, para ganar la confianza de los mercados financieros y de esta manera poder conseguir dinero prestado para pagar los gastos del Estado.
Tanto el gobierno de Zapatero primero y ahora el de Rajoy han insistido constantemente en realizar esos recortes por encima de todo por el miedo a que no pudiéramos recuperar la famosa confianza de los mercados financieros y entonces fuésemos intervenidos por la llamada Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero ahora resulta que a pesar de que se han llevado a cabo todos esos recortes, a pesar de que se han ejecutado una tras otra las imposiciones de los mercados, expresadas a cada momento muy claramente por esa Troika, España ha sido intervenida por esas tres instituciones.
Digan lo que digan, lo cierto es que todos estos enormes sacrificios y recortes han sido en balde y cuando se ha producido su fracaso estrepitoso en forma de rescate, la respuesta del gobierno y del establishment político y mediático es la de negar que haya sido tal y que vaya a llevar consigo una intervención de nuestra economía.
El artículo de Guillermo de la Dehesa Precisiones sobre el rescate bancario, (El País 09.06.12), en el que trata de disimular la verdadera naturaleza del rescate, y las manifestaciones del Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa en la que lo anunciaba como un triunfo, son representativos de esta postura.
Según esas manifestaciones, a las que hay que añadir la del propio presidente Rajoy afirmando que lo ocurrido es algo que “ha conquistado” España, los 100.000 millones de euros no son un rescate, sino una ayuda a la banca que tiene por objetivo reestructurar el sector bancario y sin implicaciones macroeconómicas. Unas interpretaciones que caen por su propio peso cuando se lee el documento del Eurogrupo donde se manifiesta textualmente:
“El Eurogrupo considera que España ya ha implementado importantes reformas fiscales y del mercado de trabajo y medidas para reforzar el activo de los bancos españoles. El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos en virtud del procedimiento de déficit recesivo y con respecto a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco de la Unión Europea. Los progresos en estas áreas serán revisados de cerca y con regularidad, también paralelamente con la ayuda financiera” (el subrayado es nuestro).
¿Puede decirse de manera más clara que se trata de una intervención en toda regla?
El texto del acuerdo del Eurogrupo señala sin lugar a duda alguna que paralelamente a la supervisión financiera se hará la de las políticas fiscales y macroeconómicas. Y el significado y el objetico con el que se llevará cabo esta supervisión también aparece bien claro en los últimos documentos del FMI y en las declaraciones de sus responsables que constantemente insisten en que habrá que llevar a cabo más reformas del mercado laboral -para conseguir más bajadas salariales-, más reducción de las pensiones, y una reducción más acentuada del déficit, centrándose en el Estado del Bienestar que en España está gestionado por las comunidades autónomas.
Lo que ahora se busca con la excusa de eliminación del déficit de las éstas última no es otra cosa, en la práctica, que nuevos mayores recortes de las transferencias y servicios del Estado del Bienestar que gestionan, principalmente, en materia educativa, sanitaria y de cuidados a las personas.
El rescate no aumentará la confianza de los mercados sino todo lo contrario
Puesto que conocemos perfectamente lo que ha ocurrido en otros países y en situaciones semejantes cuando se toman este tipo de medidas, podemos afirmar ahora con seguridad lo que con toda probabilidad va a ocurrir en España, en contra de lo que vienen diciendo las autoridades sin ningún tipo de fundamento ni base científica ni empírica.
En concreto, es importante que la ciudadanía sepa que, aunque en teoría estas reformas se hacen para recuperar la famosa “confianza de los mercados”, toda la evidencia muestra que los resultados serán precisamente opuestos a este objetivo.
El resultado de los rescates en los otros países supuestamente rescatados es que la prima de riesgo de su deuda pública no ha disminuido. Antes al contrario, ha subido. Y eso ocurrirá igualmente en España porque los recortes adicionales que van a acompañar al rescate van a ralentizar todavía más, y sin ningún lugar a dudas, la marcha de la economía española, acentuando así la recesión.
Además, y en contra de lo que se está diciendo, el rescate aumentará la deuda pública, pues el Estado –el receptor de la supuesta ayuda- tendrá que pagar por las pérdidas de las bancas fallidas en el rescate y asumir sus intereses y el principal.
Y, finalmente, el rescate tampoco garantiza ni que el sector bancario pase a ser solvente ni, por supuesto, que el crédito vuelva fluir a la economía.
La estimación del Fondo Monetario Internacional de las necesidades de capital del sector están hechas ad hoc, para justificar la cantidad con la que se pensaba jugar de antemano. Las cifras que proporcionen las auditorías solicitadas por el gobierno serán otras: las que se desee, porque la experiencia demuestra (como en caso de los bancos que fueron calificados de plenamente solventes meses o semanas antes de que fuesen rescatados en otros países) que dependen de la valoración que se quiera dar a activos que han perdido prácticamente todo su valor. La deuda inmobiliaria con los bancos no es menor de 400.000 millones de euros, así que 100.000 millones (el techo más alto del rescate) serán insuficiente incluso en los escenarios más optimistas de su recuperación.
Y tampoco se garantiza que vuelva a generar crédito a la actividad productiva no solo porque la capitalización será insuficiente sino porque, mientras que las políticas que se vienen aplicando y que acompañarán al rescate sean recesivas, ni habrá demanda suficiente solvente ni compensará a la banca dejar de dedicar los recursos a donde obtiene mayor rentabilidad.
La realidad que el gobierno y los apologistas del rescate quieren ocultar es que éste no es sino únicamente el instrumento mediante el cual la troika gobernará la política fiscal y macroeconómica española para seguir imponiendo reformas y recortes y para asegurar la prioridad de cobro de la deuda que los bancos españoles tienen con la banca europea, y principalmente alemana.
Por tanto, hay que decirlo claramente: el rescate constituye un auténtico golpe de Estado bajo la apariencia de ayuda a la banca. A partir de ahora, el gobierno Rajoy hará lo que digan la Troika y el gobierno alemán. El federalismo de Merkel (“queremos más Europa… y los Estados tendrán que ceder soberanía”) es una manera amable de definir una relación colonial en la que a España le toca ahora ser la colonia.
¿Por qué el rescate ahora?
La respuesta que las autoridades dan cuando se pregunta por qué se da justo ahora el rescate es que los intereses de la deuda pública estaban alcanzando un nivel prohibitivo y que, por tanto, había que hacer algo. Pero tal argumento también cae por su base porque significa ignorar que, como hemos demostrado en varias ocasiones, no son los mercados financieros sino el Banco Central Europeo el que realmente define los intereses de la deuda pública.
El hecho de que los intereses que está siendo obligada a pagar España sean altos se debe a que el BCE no ha comprado deuda pública española durante tres meses, lo que se podría considerar como una auténtica provocación de la situación final a la que se ha llegado que el BCE lleva a cabo habitualmente.
Así lo ha demostrado recientemente con datos indiscutibles la periodista Ana Tudela (BCE, la mano que mece la prima, Más Público, 11/05/12):
“¿Y si la prima (rentabilidad exigida a la deuda de un país respecto a la de Alemania) respondiese a algo más que a un mercado desquiciado? Hay algo más. El Banco Central Europeo (BCE) ha mecido al alza las primas en fechas concretas: las de las cumbres europeas y las semanas en que gobiernos y parlamentos decidían ajustes.
Como demuestra su propio calendario de actuaciones, el BCE dejó, en esas citas clave, de comprar deuda pública. Dejó solos a los Estados cuando más falta hacía. No una ni dos veces sino de forma sistemática desde hace ya dos años, el tiempo suficiente para cambiar Europa. Las peticiones de ayuda por gobiernos como el español, ante periodos de absoluta inactividad del BCE como el actual, caen en saco roto porque la autoridad monetaria, que se empeña en defender su independencia, tiene un objetivo.
Aunque desde Frankfurt se niegan a explicar el patrón de sus actuaciones, a concretar por qué han actuado en semanas con las primas relativamente relajadas y desaparecido cuando la tensión se disparaba, su intención no puede ser otra que propiciar reformas en línea con las tesis de la canciller alemana, Angela Merkel, y del Bundesbank”.
Y también se oculta que España podría seguir pagando la deuda pública a este nivel (y mucho más si el Banco Central Europeo ayudara a abaratar en lugar de encarecer su factura). De hecho, incluso ahora la deuda pública española es más baja que el promedio de la UE-15. Y según los cálculos del FMI, España pagaría el 3,5% del PIB en intereses en 2017, lo cual es una cifra asumible, semejante a la que pagan otros países como Alemania o Gran Bretaña.
La razón, entonces, de que haya sido justamente ahora cuando se ha producido el rescate es otra, y como siempre, no aparece en los medios. Es el temor de la Troika a que en las próximas elecciones griegas gane la izquierda, y se cuestionen con mucha más fuerza las políticas de austeridad que han llevado a Grecia (y a España) al desastre. Es por eso que la Troika quiere tener la sartén por el mango y forzar la continuación de tales políticas, porque sabe que es muy probable que tras las elecciones del próximo fin de semana (y a pesar de las injerencias constantes que están realizando para influir sobre la libre voluntad de los electores griegos) sea mucho más difícil defenderlas. Así de claro.
En definitiva, hay que denunciar el intento de ocultar la verdadera naturaleza del rescate, que está bien clara en el comunicado del Eurogrupo y en los informes del FMI:
- quieren rescatar a los banqueros despreciando y por encima del bienestar de la inmensa mayoría de las personas.
- se ha acordado ya, y se va a producir materialmente cuando se selle la letra pequeña del acuerdo, un auténtico golpe de Estado, porque a partir de ese momento España ya no estará implícitamente intervenida, como hasta ahora, sino expresa y visiblemente por funcionarios extranjeros que impondrán las líneas de gobierno a las que se habrán de ajustar las políticas económicas: nuevos recortes, privatizaciones y reformas institucionales encaminadas a desarmar de derechos políticos y mecanismos de representación a la ciudadanía.
Y se puede adelantar que nada de eso servirá para recuperar la actividad económica:
- volverá a perderse empleo y cerrarán nuevas empresas.
- nada garantiza que vuelva a generarse crédito para la economía.
- no bajará la prima de riesgo y ni siquiera el montante de nuestra deuda, sino todo lo contrario, cabe esperar que siga subiendo porque nada se ha hecho para frenar el impacto de la especulación generalizada en los mercados.
El rescate es un auténtico desastre para nuestra economía y para nuestra sociedad. Es una verdadera perversión política que el presidente del gobierno se alegre de que se haya producido y que el propio Rey Juan Carlos lo haya felicitado por haberlo reclamado a Europa. Los ciudadanos deben informarse bien, explicar con claridad a quienes tengan a su lado lo que de verdad ha ocurrido y exigir respuestas políticas que den la vuelta a la situación para poner en marcha medidas alternativas, que las hay sobradamente, como venimos poniendo de manifiesto en nuestros escritos y libros.
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