Llamamiento a los fiscales: golfos de España II
Esta columna es un llamamiento a todos los fiscales primero y jueces después de España para que dejen de pensar en sus poltronas, en sus sueldos fijos y seguros, en la próxima plaza vacante que van a solicitar y comiencen a defender los derechos de los ciudadanos, que somos los que los mantenemos.
La semana pasada comenté varios casos que alarman a la ciudadanía, pero la lista es inmensa. Los años de esplendor, especialmente lo que se denomina ahora el bienio negro del ladrillo (2005- 2007) han dejado muchas secuelas en nuestra sociedad, económicas pero lo que es peor, también morales.
El “todo vale” era el libro de cabecera de todo aquel que podía meterse un euro en el bolsillo sin que los demás le viesen. Y los que un día llenaron sus arcas están ahora vaciándolas velozmente. De ahí que se hayan disparado las cifras de salida de capitales españoles. Unos camino de paraísos fiscales, otros comprando dólares e incluso libras. Y ha subido de forma espectacular la venta de cajas fuertes.
En nueve meses, han salido 200.000 millones en recursos financieros de la economía española y la retirada de fondos llegó en marzo a 66.200 millones, casi el doble que el anterior máximo, según datos del Banco de España. Existen numerosas páginas web que informan cómo invertir en empresas extranjeras, cambios de moneda sin necesidad de salir de casa, simplemente a través de internet. Hay muchas fórmulas al alcance de la mano.
Paralelamente a éstos hechos el Gobierno Rajoy concede amnistía fiscal a los que en su día ya evadieron dinero e incluso anuncia otra amnistía para edificaciones ilegales.
Hasta el cuerpo de funcionarios encargados de hacer las inspecciones ha declarado que temen que la amnistía fiscal “debilite su trabajo y provoque un derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos”.
Centenares de edificios ilegales esperan en España a ser derribados por infringir la ley de Costas, de edificabilidad y urbanismo, sin embargo las órdenes judiciales tardan años en ejecutarse, y muchos de ellos continúan en pie. La Fiscalía de Medio Ambiente abrió en el año 2011 un total de 234 diligencias de investigación, la mayoría de ellas (199) por construcciones ilegales sólo en la provincia de Valencia.
Se calcula que alrededor de 800 cargos públicos y políticos están imputados en casos de corrupción y, de ellos, unos 100 se presentaron en las listas en las últimas convocatorias electorales.
Pues bien, lo que desde el Gobierno se denominan medidas para recaudar fondos debería ser el comienzo de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en toda regla. El que ha evadido o ha construido ilegalmente debe pagar por ello y no puede ser equiparado a otro ciudadano que paga sus impuestos, la mayoría de las veces con un gran esfuerzo y es un ciudadano legal.
Es un problema muy grave poner en el mismo lugar a estos dos tipos de personas.
Porque la actual crisis económica pasará, cambiará más o menos el tipo de régimen económico que vivimos, seremos más pobres pero a lo que no podemos renunciar nunca es a tener una sociedad sana, honrada, limpia y transparente. Con valores éticos y morales.
Y para que esto sea así hay que separar el trigo de la paja. No todos somos iguales, ni los periodistas, ni los políticos, ni los jueces, ni los empleados de banca. Y ¿quién debe ser el que lleve a cabo esta iniciativa? Los jueces y fiscales. Y una vez unos en su casa y otros en la cárcel ya será la sociedad los que los valore.
Y eso es lo que les debería pasar a esos individuos que maletín o mochila en mano o simplemente a través de cuentas bancarias deciden esconder su dinero llevándolo a lugares que ellos creen más seguros o blanquearlo a través de las amnistías que ofrece Rajoy.
Algo similar debería ocurrir a todos aquellos responsables que inflaron la burbuja inmobiliaria con el subidón que daba ganar mucho dinero en poco tiempo y de paso crear puestos de trabajo y que el dinero circulase. Estoy hablando de políticos, banqueros, especuladores y también ciudadanos de a pie que pensaban que si su vecino le sacaba beneficio a la construcción, pues él más.
Y no me olvido de los que financiaron con dinero opaco a partidos políticos a través de fundaciones o simplemente con más maletines. Así tenemos en Caso Palau de Barcelona, una fundación que en lugar de dedicarse a buscar nuevos valores de la música clásica recibían dinero de grandes empresas para que llegase en las mejores condiciones a Convergencia i Unió. Lo peor es que este sistema funcionó para casi todos los partidos.
Este hecho conocido por todos es especialmente escandaloso ya que estamos hablando de financiar a los partidos que nos representan, a los que votamos, damos nuestra confianza y dejamos que hablen en nuestro nombre. Dichos partidos nunca se han sentado y han llegado a un acuerdo de transparencia, de buscar una financiación legal y ya que ellos son incapaces, deberíamos ser los ciudadanos a través de acciones judiciales los que los espabilásemos.
Todos ellos deberían dar explicaciones a la justicia y al resto de ciudadanos y a continuación devolver el dinero que robaron e ingresar una larga temporadita en prisión. Seguramente si nos devolviesen el dinero robado tendríamos suficiente para no recortar de educación, sanidad o atención a la dependencia.
Ese es el mínimo ejemplo que deberíamos dar a nuestros hijos. Se ha acabado el todo vale. La gran mayoría de ciudadanos no hemos robado ni un duro por lo tanto en lugar de hablar en tertulias de café o con los amigos sobre la podredumbre nacional, actuemos. Presionemos a los jueces y fiscales a que lo hagan en nuestro nombre, sin miedo ni vagancia. Tendrán todo nuestro apoyo.
Mercè Rivas Torres es periodista y escritora
