Es patético que cada vez que se habla de las y los empleados públicos en España se haga para despreciar su labor e, incluso a veces, sus propias personas. No sé de ningún país de la Unión Europea que cuestione y critique tanto a la gente que trabaja para el Estado, para la ciudadanía.
Aprovechemos ahora que no hay globos sonda sobrevolando el constreñido espacio económico español.
Empezaré por disculpar hablar de temas que igual habría que aplazar para discutir otros más importantes, y no me refiero a la “supuesta” crisis que nos llevan vendiendo casi un año y de la que se libran, como siempre, las grandes empresas, además con una incomprensible ayuda estatal, y las grandes fortunas. Los temas importantes, con mayúscula, serían la pobreza, el hambre, la paz, más bien su ausencia, los derechos sociales,…
Y de lo que yo quiero hablar es de ese colectivo, tan denostado, las más de las veces injustamente, que conforma el personal al servicio de las Administraciones Públicas españolas. Los mal llamados, genérica y despectivamente, “funcionarios”.
Vamos a ver, señoras y señores, cualquier Estado social y democrático de derecho necesita una Administración Pública que mantenga el buen funcionamiento de las instituciones, independientemente del color del Gobierno de turno.
Es patético que cada vez que se habla de las y los empleados públicos en España se haga para despreciar su labor e, incluso a veces, sus propias personas. No sé de ningún país de la Unión Europea que cuestione y critique tanto a la gente que trabaja para el Estado, para la ciudadanía.
Aclaremos ciertas cuestiones que parece que la gente olvida, desconoce o quiere desconocer.
El número de empleadas y empleados públicos en España está por debajo de la media de los países de nuestro entorno (con los que nos gusta compararnos cuando interesa).
El trabajo en las Administraciones Públicas (AAPP) españolas (Estado, comunidades autónomas y entidades locales) está abierto a cualquiera. Tan sólo hace falta preparar unas oposiciones y superar las pruebas selectivas. Así que si tan bien se vive, tan poco se “curra” y tanto dinero se gana (¿?), ahí está para quien quiera probar.
Tenemos la costumbre, no voy a decir si fea o no, de criticarlo todo y de derribar todo aquello que consideremos que es bueno (primero lo subimos en un pedestal para luego bajarlo a pedradas, lo que parece la única, íntima y final intención de esa subida). Quiero decir con esto que si consideramos que el personal al servicio de las AAPP está privilegiado, algo que planteo que no es tan así como lo pintan (los voceros, tertulianos y correveidiles), pidamos igualar al resto de trabajadoras y trabajadores con aquéllos y no atacarles para que lo pierdan. O sea, que en lugar de estar luchando para que todo el mundo esté mejor, jodemos a los que supuestamente están bien.
El personal funcionario no es tan sólo el que trabaja, para muchos va a la oficina, de ocho a tres, cosa que por sí no está mal y que, por lo visto, a todo el mundo le gustaría. Un derecho de las y los trabajadores es tener un horario y un salario digno. Y aquél puede ser de 8 a 15 o de 16 a 23 o de 23 a 7, y la paga, pues ustedes mismos. Piensen que hasta hace apenas dos años, cuando se aprobó el acuerdo para que todos los empleados públicos fueran mileuristas, había gran parte del personal que no llegaba a eso, y aún los hay.
Todo el mundo quiere un buen profesorado que eduque a nuestras hijas, un buen servicio médico que cuide nuestra salud, unos buenos cuerpos de seguridad del Estado que nos protejan, una buena administración de Justicia que haga efectiva la legalidad vigente. Exigimos al Estado que mantenga en buen número esas plantillas para evitar falta de plazas escolares, listas de espera, delincuencia o atascos judiciales. Bien, pues todo ese personal es empleado público.
Retribuciones
El salario en la Administración General del Estado está regulado por los Presupuestos Generales del Estado, que aprueban en el Parlamento aquellas personas que, democráticamente, hemos elegido para que nos gobiernen. Así que los sueldos suben, o no, lo que allí se decida. Hasta mayo de este año, según datos del Consejo de Relaciones Laborales, los convenios firmados hasta esa fecha en España reflejaban una subida media de los salarios del 2,68%, (¡enhorabuena!, y para esas personas también la inflación es negativa). Pero para los “funcionarios” se alzan voces y gritos que reclaman no se les suba ni un céntimo.
Hasta la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, perdón compañeras por el masculino), las y los funcionarios no contaban con una normativa reguladora de sus funciones, deberes y derechos (recordemos que el Estatuto de los Trabajadores, que lo perdonen las trabajadoras, data de 1980).
Hasta el año 2002, las pagas del personal al servicio de las AAPP estaban compuestas de tan sólo el salario base más los trienios, sin computar el complemento específico ni el de destino. Por lo que entre las dos pagas (junio y diciembre) sumaba una mensualidad. Y no es hasta la aprobación del EBEP, que entró en vigor en mayo de 2007, cuando se reconoce el derecho de funcionarias y funcionarios a que las pagas extraordinarias incluyan las retribuciones básicas y la totalidad de las complementarias (artículo 22.4).
Según un estudio presentado recientemente por Gestha (sindicato corporativo de técnicos del Ministerio de Hacienda), “en España existen 16,7 millones de asalariados que perciben un sueldo bruto anual inferior a 13.400 euros, mientras que la retribución media nacional se sitúa en 18.087 euros brutos al año”. Entre los que, por supuesto, están contabilizadas las personas que trabajan para las diferentes AAPP. El estudio también dice que en este país “cerca de 1,6 millones de empresarios y profesionales obtienen unos ingresos mensuales inferiores a 1.100 euros brutos, lo que representa cerca de las tres cuartas partes del total de los trabajadores por cuenta propia”.
La diferencia está, y todo el mundo lo sabe, desde la Administración al común de la ciudadanía, en que esos empresarios y profesionales no declaran todo lo que ganan (y la Inspección de la AEAT no dispone de medios, ni humanos ni materiales, para controlar ese fraude). Por lo que, además, las y los empleados públicos, en muchas ocasiones, no tienen derecho a ciertas ayudas públicas porque sus “miserables” sueldos superan el límite de las “x” veces el salario mínimo interprofesional. Mientras algunos de esos empresarios si pueden pedirlo porque su rendimiento neto (sea calculado en estimación directa o por módulos) no llegan a ese límite.
Temporalidad
Si aumenta el número de empleados públicos, aproximadamente un 20% desde 2004, se crítica porque, sobre todo en épocas de crisis, el de los empleados privados tan sólo ha aumentado un 8%. Pues deberíamos alegrarnos porque, conjuntamente con las empresas, también las Administraciones crean empleo, que además es “fijo” como les gusta resaltar a quienes lo critican. Algo que, cuando interesa, se les reclama para ayudar a superar la crisis (que es, si no, el planE que pretende impulsar a las corporaciones locales, entre otros entes, a salir del bache).
El empleo temporal en la AGE está por encima del 8%, límite que no se debería superar según lo pactado en los Acuerdos Administración-Sindicatos de noviembre de 2002. Según las últimas informaciones, la temporalidad en el sector público está por encima incluso de la que registra el sector privado. Por lo que se desmonta un poquito esa “seguridad” de la que goza el empleado público.
Despilfarros
Las entidades públicas, desde el Estado a los municipios pasando por diferentes empresas públicas, hacen grandes dispendios en eventos varios (desfiles, grandes premios de deportes del motor, regatas, golf, etc), pero el interés político (por el color del ente que lo gasta), o comercial (vende imagen aunque reporte pérdidas), les permite justificar lo injustificable.
Según datos comunicados por las propias empresas del IBEX 35 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el salario medio de sus 562 altos ejecutivos es de 915.000,- € anuales. No es un error, casi un millón de euros a los responsables de esta supuesta crisis que luego presentan expedientes de regulación de empleo y piden, a través de sus “colegas” de la CEOE, limitar los salarios, flexibilizar la contratación y reducir el número de funcionarios porque supone una gran carga para el Estado. Y es éste el que tiene que acudir en ayuda de aquéllas cuando la crisis las hacen temblar (será a las bases porque por arriba ni siquiera necesitan la “manga larga”).
Con 915.000,- euros se podría pagar el sueldo anual de más de 68,28 trabajadores de esos que tienen, según los datos señalados más arriba, un salario bruto anual inferior a 13.400,- euros. Así que, sin comentarios.
Impuestos
El personal al servicio de las Administraciones Públicas paga “religiosamente” la correspondiente cuota del IRPF, declara todos los ingresos en nómina y cotiza el porcentaje legal de Seguridad Social. No cobran en “B”, (o sea, no hacen chapuzas en las que luego digan al ciudadano/a “si no quiere factura no le cobro el IVA”; ahora seguro que alguna persona que esté leyendo esto dice aquello de “pero muchos funcionarios trabajan en otras cosas y no lo declaran”. Que puede ser cierto pero requeriría de un estudio para ver si no es el escaso sueldo lo que les motiva a hacerlo y, si lo hacen, pues que la Inspección mejore sus herramientas para que se vean obligados a declararlo).
Todo el mundo sabe, o conoce a alguien que, siendo trabajador por cuenta ajena, no declara todo lo que gana (y encima se jacta de ello porque “engaña” a Hacienda, cuando en realidad está engañando a toda la ciudadanía); paga un 20% de IRPF, independientemente de sus ingresos, y que, por lo general, se lo devuelven en la declaración de la renta.
Ah, y recordemos que en tiempos de “crisis” como los que vivimos la gran banca mundial, los 15 más grandes, ya han recuperado el valor en Bolsa que tenían antes de la debacle de Lehmann Bros. Y en España los bancos han ganado 8.551 millones de euros hasta junio 2009. Eso sí, es un 12,1% menos de lo que ganaron en el primer semestre de 2008. ¿Dónde está la crisis?
*Iñaki Chaves es sociólogo, redactor de prensa, funcionario de la AGE desde 1984 y afiliado a CCOO.
NUEVATRIBUNA.ES - 4.9.2009
