La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL), ante la polémica causada por las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, relativas a la intención del Gobierno de incluir en el proyecto de la futura Ley de Libertad Religiosa la supresión de simbología confesional de los centros educativos públicos, desea manifestar lo siguiente:
Por un lado, ACEL se congratula de que el Ministro desee “incorporar al ordenamiento jurídico la jurisprudencia que los tribunales han ido dictando”. Ello nos hace recordar la sentencia obtenida en Valladolid el pasado mes de Noviembre en un proceso promovido por esta Asociación, que obligaba al colegio público Macías Picavea a retirar los símbolos que presidían sus aulas.
Sin embargo ACEL estima que si se hubiese desarrollado reglamentariamente el mandato constitucional de aconfesionalidad del estado a su debido tiempo, y no más de 30 años después de aprobarse la Constitución, habría sido innecesario que los ciudadanos tuvieran que litigar en defensa de sus derechos fundamentales, con los costes de todo tipo que ello conlleva, pese a que el Estado está obligado a garantizarlos. Cuando el Ministro alude a incluir en el ordenamiento jurídico la jurisprudencia de los tribunales, ¿quiere decir que si no hubiésemos “tirado del carro” los ciudadanos de a pie no se habría producido esta iniciativa legislativa? Si es así, nos parece digno de reflexión.
Puesto que más vale tarde que nunca, ACEL se alegra de que una ley pueda concretar lo que esta Asociación ha venido sosteniendo desde que inició el proceso de solicitud de retirada de los símbolos confesionales de los centros educativos públicos: que no puede haber confusión entre “el fenómeno religioso y el espacio público y la laicidad del Estado”, utilizando las palabras del propio Ministro, ya que esa situación era propia del ordenamiento jurídico de la dictadura pero prohibida a raíz de la promulgación de la Constitución.
La satisfacción de ACEL se basa tanto en un plano general, al constatar que de aprobarse ese aspecto de la futura Ley nadie se verá ya obligado de ahora en adelante a mantener un conflicto como el vivido en Valladolid, como en un plano más concreto al ver más cercano el final del túnel del caso del colegio público Macías Picavea, que no está felizmente finalizado debido a que la Junta de Castilla y León, por deseo expreso de su presidente, Juan Vicente Herrera, recurrió la sentencia de instancia que obligaba a retirar los símbolos de las aulas.
Por ello, ACEL invita a la Junta de Castilla y León a que a raíz del anuncio del Ministro de Justicia recapacite y que, tras lavarse las manos en primer lugar no atendiendo la solicitud de retirada pese a ser la administración con competencias en materia educativa en Castilla y León, y manchárselas después recurriendo la sentencia pese a que ésta estipulaba que esa situación vulneraba derechos fundamentales de las personas como la libertad de conciencia y el principio de igualdad, asuma de una vez que ya no está vigente el ordenamiento jurídico del franquismo, que establecía una religión de Estado, sino otro que establece claramente la separación Iglesia-Estado.
Volviendo a las declaraciones de Francisco Caamaño, éste habla de la necesidad de “dar un paso adelante”. ACEL opina que todo lo que signifique dar pasos adelante es positivo. Esperamos que se cumpla y no se trate de un globo sonda, ni tenga coladeros que permitan incumplir un mandato basado en la Constitución, tal como puso de manifiesto la sentencia de Valladolid.
En este sentido, ACEL expresa cierto temor a una interpretación generalizada y de manga ancha respecto a la excepción aludida por Caamaño, de preservar los símbolos que posean valor histórico-artístico.
El Ministro de Justicia indica que “en ese caso no podrán destruirse”. Este tema concreto ha generado una polémica artificial ya incluso antes de las declaraciones de Francisco Caamaño, cuando a ACEL se le acusó de pretender destruir, o quemar, los crucifijos. Ante estas manifestaciones ACEL reitera que nunca ha pretendido, ni siquiera insinuado, la destrucción de ningún símbolo, ni con valor histórico-artístico ni sin él, sino simplemente que estén en el lugar que les corresponde, que en ningún caso es presidiendo la actividad educativa de un centro público.
Por ello, si los símbolos están catalogados como histórico-artísticos, deberían estar en un museo, o incluso podrían estar en el colegio siempre que el mismo disponga de una sala destinada a museo, o esté decorado por otras variadas muestras artísticas, no exclusivamente de carácter religioso, y siempre que los niños lo entiendan así, como representación escultórica o pictórica de valor artístico relevante, y no trasmitiendo unos valores que es lo que ocurre si están colgados presidiendo la actividad educativa de las aulas y que es lo que vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales al identificarse esos valores con la actividad pública estatal. No obstante, pocos colegios disponen de sala museo, por lo que lo más lógico sería cumplir las recomendaciones recibidas por todos los ciudadanos de donar las obras artísticas a los museos. Salvo, claro está, que sean inescindibles del edificio, como todo el mundo puede comprender.
Por último ACEL quiere expresar su deseo de que la futura ley aborde en profundidad todos los aspectos relacionados con la libertad de conciencia, garantizándola, lo que solamente puede venir si se profundiza en los principio laicos, y por tanto democráticos, por lo que dicha ley no debe ser exclusivamente de Libertad Religiosa sino garantizar que todas las opciones de conciencia, sean o no religiosas, estén en pie de igualdad. Es decir, que sea una verdadera Ley de Libertad de Conciencia.
