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Izquierda Socialista de Valladolid en la defensa de los Servicios Públicos

POSICION DE LA CORRIENTE IZQUIERDA SOCIALISTA DE LA AGRUPACION DEL PSOE DE BRUSELAS ANTE LAS MEDIDAS ENUNCIADAS POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Las medidas enunciadas no son más que la consecuencia natural de todo el desarrollo de una crisis del sistema capitalista en el que estamos integrados y que la social democracia ha contribuido a su implantación, mantenimiento , justificación y defensa , sin haber aportado alternativas validas de cambio estructural , ni cuestionar seriamente el funcionamiento del sistema.

Desde la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque comunista los hombres políticos de todo tinte y las medias al  servicio del capital aventaron la idea, no de que el comunismo soviético represivo, gerentocratico y anquilosado había caído por su falta de democracia y renuncia a sus postulados de participación, libertad y transparencia, sino que el socialismo había desaparecido como sistema y alternativa, dejando al capitalismo como único sistema válido y universal para solucionar los problemas de la humanidad.

La compensación y el miedo por la existencia de un bloque socialista y de otra alternativa de sociedad y reparto de riqueza, hizo que desde después de la Segunda Guerra Mundial, los intereses capitalistas se vieran frenados y consintieran en el primer mundo un reparto mayor de la riqueza y un estado de bienestar que frenó cualquier planteamiento serio del cuestionamiento del sistema. Ya sin trabas, desde la caída del comunismo, el sistema capitalista se ha sentido fuerte para mostrar sin ambages su  propia cara basada en la apropiación y explotación irreversible de los recursos humanos y naturales, y el predominio de lo económico y oscurantista, frente a lo político y democrático. Las consecuencias de ello son la crisis financiera que destruye el tejido social y el cambio climático que cuestiona la viabilidad del planeta.

La ofensiva ultraliberal desencadenada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, donde se acuño la frase “El problema es el Estado y no la solución” ha sido asumida los últimos años tanto por presidentes demócratas en EEUU , como por la débil oposición de la acomplejada social democracia europea que incluso llegó a plantearse como solución y estrategia la “tercera vía “de Tony Blair, que precarizó los servicios públicos en el Reino Unido y creó la nueva clase de “trabajadores pobres”, aceptada sin más como defensa liberal del empleo y la flexibilidad del mercado.

A nivel europeo desde el Tratado de Maastricht , donde se pusieron las bases de una política liberal de mercado sin ningún tipo de compensación política y social o compromisos de equidad y regulación económica, los intereses de los mercados  y la visión ultraliberal han dominado y profundizado las sucesivas estrategias europeas, con la anuencia de los partidos social demócratas  incapaces de plantear alternativas económicas de reparto de riqueza y regulación de mercados y de frenar el poder de los grupos económicos de presión que han impuesto su modelo en la actual estructura y funcionamiento de la UE.

La instauración del Euro como moneda única, un paso significativo para dar más peso a Europa en el concierto internacional, no fue acompañada de medidas de unificación económica, fiscal y presupuestaria y mucho menos de una visión social de la economía. La contradicción de crear un espacio monetario sin un espacio económico y político la estamos pagando ahora, pese a que desde el principio se sabían las consecuencias a que esta estructura podía llevarnos, y ello simplemente dentro de una lógica simplemente económica, que no política ni social.

La actual crisis financiera ha sacado a la luz pública las contradicciones del sistema, su falta de transparencia y sobre todo “quien detiene el poder”. La amenaza del sistema financiero de bloquear la economía mundial si no se le otorgaban las ayudas para seguir funcionando y colmatar con dinero público la rapiña, los errores, corrupciones y delitos que forman parte integrante de su oscuro funcionamiento, ha hecho que los gobiernos de todo color hayan corrido sin tardanza a salvar “el sistema”, sin plantearse de que este no debe ser “el sistema”, como ha quedado demostrado. Pese a las declaraciones iniciales de regulación, control  y reforma, el hecho es que en el momento actual los únicos entes que siguen haciendo beneficios son los entes económicos y financieros, a costa del riesgo de bancarrota de los estados y de la pobreza de los ciudadanos. Se ha perdido una oportunidad histórica para una reforma profunda del sistema, o es más para poner las bases de un cambio de paradigma, y en ello hay una inmensa responsabilidad de los partidos social demócratas europeos, ya que debían haber sido ellos los que levantaran la bandera del cambio, de los otros no podíamos esperar otra cosa que lo que está ocurriendo.

La crisis griega, irlandesa, portuguesa, española…, del Euro, son consecuencia de las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora y la factura de las ayudas  que sin contrapartida  se han dado a las entidades financieras y que pasan factura a los ciudadanos, independiente de la oportunidad de desestabilizar el Euro como moneda de referencia a nivel mundial, y ello orquestado por los grupos financieros e instituciones ligadas al dólar, y la City Londinense, ya que el Reino Unido no forma parte de la zona euro y juega su propio juego.

Después de meses de dudas y hesitaciones, finalmente el Eurogrupo (16 países del euro, que no la UE), decidió el pasado domingo crear un fondo de 750.000 millones de euros para salir en ayuda de los países amenazados de la zona euro con objeto de salvar la viabilidad del euro. No deja de ser una medida necesaria si bien, una vez más el Eurogrupo y el BCE se ha plegado ante el sector bancario y financiero, en realidad el BCE no concede créditos directamente a los estados, sino que los prestamos, y estamos hablando de préstamos, los hacen las entidades financieras privadas y el BCE compra esos préstamos en el mercado secundario a entes financieros que hicieron el préstamo, con lo cual de nuevo los de siempre sacan beneficio, con la anuencia de los políticos. Un aspecto criticado aunque positivo dentro de esta actuación y dentro de una lógica puramente capitalista, es que por primera vez la UE quiere exigir a los países unos planes de austeridad y control presupuestario que condicionaría las ayudas, lo que no deja de ser un primer paso de coordinación económica europea.

Ante esta situación se pueden comprender las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno, acosado por una Europa ultraliberal y capitalista de la que forma parte, lo que resulta más difícil de comprender es que José Luís Rodríguez Zapatero y los lideres social demócratas europeos hayan aceptado el marco económico europeo que han contribuido a construir y que después de dos años de crisis hayan sido incapaces de cambiar la lógica ultraliberal en que nos movemos, y sin que una sola propuesta de la actual presidencia española de la UE haya ido en el sentido de un control y regulación de los mercados, bancos y fiscalidad hacia los mas poderosos . Es así que una vez más serán los más débiles quienes asumen el precio de la apropiación de riqueza de los poderosos. Hay otras alternativas pero el sistema y los políticos que lo han creado y mantienen, no permiten aplicarlas.

Finalmente volvemos a la pregunta fundamental “quien detiene el poder”, esta pregunta tiene un corolario “quien debe detentar el poder en una democracia”,

Actualmente sabemos, constatamos y sufrimos que el poder lo detenta los entes económicos y financieros, como demócratas, socialistas y ciudadanos es inaceptable que la representación de la sociedad encarnada legítimamente en la clase política, siga aceptando un marco antidemocrático que nos aboca sistemáticamente a un reparto desigual de la riqueza. Creo que hemos de replantearnos a nivel de PSOE y de la social democracia europea cambiar el marco de referencia para establecer un nuevo paradigma al servicio del ciudadano. De no ser así no entiendo nuestra razón de ser.

 

Bruselas, 18 de mayo de 2010

CRECIMIENTO ECONOMICO VERSUS REFORMAS ESTRUCTURALES

Francisco Parra Rodriguez

Doctor Economía UNED

Miembro de Izquierda Socialista

 

En estos tiempos tan locos en donde todo aparece confuso y se castiga una política económica  y la contraria, lo sensato sería poner orden en el debate y así ayudar a quienes tienen que tomar una decisión a diferenciar los efectos de unas medidas de otras, pero como ocurre en el popular tango argentino “¡Todo es igual!, ¡Nada es mejor!”,  la ciencia económica no cabe duda que vive “revolcada en un merengue” y que lo “mismo da un burro que un gran profesor”.

 

Antes de ayer el FMI nos dio un recetario para salir de la crisis patria que se resume en tres puntos:

-        Reforma laboral

-        Reforma financiera

-        Reforma del sector público

Ayer el economista jefe de dicho organismo, Olivier Blanchard, aseguró que adoptar un excesivo celo por la austeridad podría “limitar el impacto de la consolidación fiscal en curso sobre el crecimiento a corto plazo de sus economías”. ¿En que quedamos?

 

Nadie duda de la necesidad de las reformas que propone el FMI para la economía española, pero en política económica el plazo de actuación cuenta y dado que los efectos sobre el crecimiento económico de dichas reformas lo van a ser a lo sumo en el medio plazo, se debería explicar con claridad que acometer de forma urgente dichas reformas no va a significar el que la gente encuentre de forma inmediata empleo y que por lo tanto el desempleo se vaya a reducir alguna décima en este y el año que viene. Dada entonces la complejidad y transcendencia de dicha reformas ¿es necesaria la urgencia que nos demanda el FMI?

 

Para quien quiera o no quiera entenderlo, estimular el crecimiento a corto plazo se puede realizar a partir de dos posturas “científicas” para alguno e “ideológicas” para otros. La economía keynesiana propone un aumento exógeno de la demanda agregada a partir del incremento del gasto publico, que no es otra cosa que el aumento de los pagos del estado a las empresas y agentes económicos, financiado a través de un aumento de la base monetaria, es decir con dinero nuevo; y esto es hasta ahora lo que se estaba haciendo en Europa, más por la inoperancia del sistema financiero que por propósito deliberado de la elite gobernante, es decir se rescatan los bancos con dinero nuevo que crea el BCE y lo ponen en circulación los gobiernos ya que el sistema bancario en vez de prestarlo a empresas para aumentar la liquidez opta por prestárselo a los propios gobiernos para sanear sus deteriorados balances. El aumento exógeno de la demanda agregada también puede venir por la vía del comercio exterior, y ocurre de forma rápida cuando la moneda nacional se devalúa y favorece la competitividad de las exportaciones, y esta es la base de la recuperación que en la actualidad muestra el PIB europeo según los recientes datos. La economía neoclásica opta por la vía de solucionar los problemas a través de la oferta agregada, es decir estimulando la producción de las empresas y en la confianza de que lo que se produce de más, tarde o temprano se va a consumir, bien por los nacionales que recuperen el empleo o por los extranjeros si se mejora la competitividad de las empresas en los mercados de exportación, y este estimulo a la oferta agregada solo se logra reduciendo los costes de producción, y los costes de producción que se pueden reducir de forma inmediata, que son los laborales o los impuestos y cotizaciones que el estado cobra por producir. La primera cuestión y existiendo sindicatos, solo se puede lograr en una negociación colectiva a la baja y con la lógica conflictividad social - en ausencia de sindicatos no cabe duda de que esta medida sería inmediata  y efectiva - pero nos guste o no este no es el caso de los países europeos y menos el de España en donde además dicha negociación parece que quedo o anda resuelta. La otra forma es reducir la imposición indirecta y las contribuciones empresariales a la seguridad social pero esta otra salida presenta el pequeño inconveniente del déficit público y su financiación, y por lo tanto tampoco contaría con el aplauso de los mercados financieros. Dado el “nudo gordiano” que atenaza a la visión liberal de la economía sus defensores nos asaltan con la urgencia de las reformas estructurales de medio y largo plazo.

 

Estas reformas nadie duda de que sean necesarias pero en  las tres que nos propone el FMI existen evidentemente múltiples aristas. Además, no son las únicas necesarias, cabría añadir  alguna cuestión relativa al funcionamiento de los mercados de energía o de la orientación productiva de los sectores económicos, pero en la tradición liberal los problemas productivos se resuelven de forma adecuada dentro del mercado y por tanto la sostenibilidad de la economía no es problema para los economistas del FMI.

 

El mercado laboral español es dual, tiene una población protegida y otra al pairo de los vaivenes de la economía, su grado de temporalidad excesivo, provocando por un lado flexibilidad para las empresas y desprotección y altas tasas de desempleo en los ciclos recesivos de la economía, y lógicamente esto hay que solucionarlo pero aumentando la protección laboral de los actualmente desprotegidos como aspecto principal de la reforma, un optimo laboral para todos no es fácil de alcanzar, pero un subóptimo requiere tiempo y dedicación y no creo que necesite de  prisas y urgencias. La reforma financiera es necesaria pero no solo por la situación que atraviesan las cajas de ahorro españolas sino por el convencimiento de que el mercado financiero en vez de intermediar, es decir captar depósitos y conceder créditos a aquellos proyectos de futuro cobrándose su remuneración e través del diferencial de interés entre créditos concedidos e interés pagado y teniendo una estructura operativa suficiente,  su propósito no es otro que ganar comisiones monetizando los créditos concedidos u otras operaciones inconfesables, el problema de las cajas de ahorro españolas es que han tratado de aumentar su cuota de mercado en un conjunto de operaciones crediticias-inmobiliarias de oscuros intereses y abundantes comisiones en las que se pretendía fidelizar una clientela a partir de la concesión de una hipoteca de por vida, cuenten ustedes cuantas promociones inmobiliaria tenía como primer cliente en sus bajos comerciales a una caja de ahorros, el resultado es ahora morosidad y una estructura comercial ineficiente; claro que si la mediación bancaria adecuada tampoco se garantiza con la practica financiera de la banca privada, lo cual también está suficientemente demostrado antes y después de la crisis, la reforma financiera española de las cajas no debería eludir la posibilidad de crear una banca publica que supliera los evidentes defectos de funcionamiento de este mercado. Por ultimo queda la reforma de la administración, esta estructura territorial que se nos hace tan cara de financiar y en donde se mezclas susceptibilidades nacionalistas tanto por parte de la derecha liberal y la izquierda progresista, como para abordarla de la noche a la mañana.

Argentina cumple 200 años en un clima crispado

Una formidable participación popular y un enrarecido clima político marcan los festejos del Bicentenario de la República Argentina, que tendrán mañana su cierre y su momento estelar con el esperado discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con un monumental desfile callejero que ha organizado Diqui James y su grupo Fuerza Bruta (en la línea de la Fura dels Baus).

 

El enfrentamiento político ha hecho que el vicepresidente de la nación, Julio Cobos, no haya sido invitado a la cena de gala en la Casa Rosada, prevista para mañana, junto con todos los mandatarios latinoamericanos que acudirán a la cita; que la presidenta se niegue a asistir hoy al lado del intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri, a la reapertura del teatro Colón (donde sí estará Cobos) o que el Tedeum oficial, con asistencia de personalidades extranjeras, se celebre en la basílica de Luján, en paralelo al que tendrá lugar en la catedral de Buenos Aires y en el que se espera que el cardenal Jorge Mario Beroglio mantenga su habitual línea crítica con el Gobierno.

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Obama enviará 1.200 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México

Barack Obama comunicó el martes a los miembros republicanos del Congreso que tiene previsto enviar 1.200 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México dentro de un plan para mejorar las condiciones de seguridad en esa zona, según comentaron participantes en la reunión.

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Reformas fiscales: Francia, modelo para gravar a los millonarios

Bernardo Díaz - Madrid - 24/05/2010

Tras el reciente anuncio realizado por el Gobierno sobre la próxima aprobación de un nuevo impuesto, con carácter temporal, que grave la renta y el patrimonio "de los que más tienen", todo el mundo se pregunta por donde pueden ir las grandes líneas de este nuevo tributo. Pese a que desde el Ministerio de Economía y Hacienda se insiste en que no hay ninguna decisión adoptada sobre el cómo y cuando del impuesto, fuentes de la administración insisten en que Francia podría ser un buen modelo en donde reflejarse.

Y es que la legislación francesa es, hoy por hoy, la única de la UE en donde está vigente lo más parecido a un impuesto para los ricos, una vez que se ha suprimido el que grava el patrimonio en la práctica totalidad del continente europeo. El denominado en Francia impuesto de solidaridad sobre la fortuna, complementario del IRPF, está regulado en el artículo 885 del Código General de Impuestos y por el que se obtiene más de 3.000 millones al año. La base del tributo está constituida por los bienes de los que es titular el declarante (inmuebles, rentas mobiliarias y activos financieros), de los que se deducen las deudas. Se grava la fortuna a partir de los 790.000 euros, de forma progresiva, a unos tipos que oscilan entre el 0,55%, para el primer tramo, y el 1,8% para las bases superiores a los 16,5 millones de euros.

El tributo francés guarda similitudes con el suspendido impuesto sobre el patrimonio español, en cuanto a la base imponible gravada y a la progresividad del mismo pero no en cuanto al mínimo exento. De esta forma, el tributo francés arranca a partir de los 790.000 euros de patrimonio, mientras que el español contaba con un mínimo general de 170.000 euros, sobre los que las comunidades autónomas podían establecer modificaciones. La intención del Gobierno, según han llegado a admitir algunos de sus miembros como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, es introducir un límite superior de forma que el nuevo tributo opere a partir de 1,5 ó 2 millones de euros. Con la estructura que tenía el impuesto de patrimonio español, se está hablando de un colectivo millonario que no supera las 90.000 personas y cuya recaudación para las arcas de Hacienda alcanzó los 1.200 millones de euros, en 2007 (último ejercicio en el que se aplicó), aproximadamente la mitad de los 2.100 millones que ingresó el fisco por este impuesto ese mismo año.

Precisamente el aspecto recaudatorio es el que resaltan los expertos para ser tenido en cuenta, en un entorno como el actual de necesidad de reducir el ingente déficit público. "Si se quiere recaudar una cantidad importante a través del patrimonio al Ejecutivo no le queda otra alternativa que rebajar el mínimo exento hasta los 700.000 euros y establecer tipos cercanos al 2%, incluso, elevar a su vez al tipo marginal máximo del IRPF en dos o tres puntos sobre el 43% actual", señala a CincoDías, Juan José Rubio, ex director del Instituto de Estudios Fiscales.

Por su parte, Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) llama la atención sobre la necesidad de definir con claridad la base imponible del nuevo tributo y las deducciones a las que se tendría derecho. El hecho de que se puedan incluir todo tipo de activos, desde bienes inmuebles hasta acciones y participaciones en fondos de inversión, como ha insinuado el Ejecutivo, "podría derivar en supuestos de falta de equidad en el impuesto si no se tiene en cuenta baremos homogéneos en el valor de adquisición de los mismos".

Acciones, fondos y casas

Y es que el patrimonio de las grandes fortunas españolas es heterogéneo. Según los datos de Hacienda, la mayoría del mismo está invertido en capital mobiliario (70,4%), distribuido entre acciones, fondos de inversión, seguros y depósitos a cuenta. Hay otra parte importante, el 22% que se encuentra en bienes inmuebles, sobre todo en viviendas y demás inmuebles arrendados. Llama la atención que las mujeres son más conservadoras en su patrimonio ya que el porcentaje que mantienen del mismo en inmuebles alcanza el 25% mientras que los hombres sólo llega al 20%. Esos cinco puntos van destinados a activos de mayor riesgo como acciones cotizadas en los mercados secundarios.

Hay buena parte de analistas que avisan de que la fijación de un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas tiene mucho de efecto psicológico de cara al electorado de izquierdas. "Si se quiere gravar más de una forma integral a las grandes fortunas debería retocarse también la tributación de las Sicav", admiten desde un despacho fiscalista que prefiere no ser reconocido. Estas sociedades de inversión son los nichos tradicionales donde guardan el ahorro (unos 25.000 millones) los que más tienen (unos 450.000 contribuyentes), a un tipo de gravamen de sólo el 1%. El Ejecutivo ya estudió hace un año elevar su tributación pero los grandes lobbies financieros lo desaconsejaron con el argumento de que este tipo de ahorro es fácilmente huidizo hacia otros países con menos gravamen. Hecha la ley, hecha la trampa.

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ES LA DEMOCRACIA, ESTUPIDO

Antonio García Santesmases*

Catedrático de Filosofía Política de la UNED   
El Mundo, 24 mayo 20110
 
Se ha citado tantas veces la frase que ha quedado  olvidado el contexto en el que se produjo. Recordémoslo. Bush padre había triunfado sobre Sadam Hussein y había decidido proclamar el siglo veinte como el siglo americano. Nadie podía imaginar que tras la caída del comunismo pudiera ser derrotado en las elecciones de 1.992; todos daban por supuesto un segundo mandato y, sin embargo,  un joven candidato demócrata comenzó a hablar de los problemas de la gente y  provocó un vuelco electoral. América podía ser muy grande y el siglo podría ser americano pero la situación interna del país reclamaba una atención inexcusable a los problemas de la gente corriente, a esos problemas que no estaban en la agenda internacional, pero sí condicionaban la vida cotidiana del americano medio.


 
Visto lo ocurrido los últimos días a uno le dan ganas de preguntar: ¿sabemos  realmente lo que estamos haciendo? Confieso que desde hace muchos años no he visto un espectáculo tan obsceno como el que estamos viviendo. Creo que son muchos los que comparten la misma percepción. Se están dando por evidentes tantas cosas que dudo  que tengamos alguna claridad  sobre las consecuencias de las decisiones que se están tomando.


 
Reconstruyamos la historia. Un candidato electoral a la presidencia del gobierno se presenta en la sede de los sindicatos y promete que jamás tomará ninguna medida sin contar con el apoyo de las organizaciones sindicales. Estamos en febrero del 2.008.  Ha sido una legislatura muy dura por los problemas derivados de la memoria histórica, por la negociación fallida con ETA, por el estatuto catalán y  por la reforma en los derechos cívicos. La derecha política no ha cejado en su papel de oposición; la calle ha sido tomada por la jerarquía de la Iglesia y la derecha social ha logrado golpear sobre la figura del presidente del gobierno.


 
En todo ese contexto al menos una noticia parece positiva. La economía está en buenas manos; nadie podrá decir que Zapatero ha improvisado; ha delegado todo el poder en un ministro de los gobiernos de Felipe González, que ha ganado el debate televisivo a Pizarro y encuentra toda clase de parabienes en el mundo económico y financiero. Solbes asiste también al mitin donde se promete solemnemente que no volverán los tiempos anteriores, que no repetiremos la triste historia de los años ochenta y noventa cuando se fracturó la antaño familia socialista entre el gobierno y el movimiento sindical.


 
A lo largo de estos dos años una y otra vez se la ha conminado al presidente del gobierno a ser un líder de verdad, a mirar por los intereses nacionales, a asumir  la impopularidad imponiendo medidas crueles pero necesarias; sólo el que es capaz de confrontar con los más próximos es digno de llegar a los altares de los grande dirigentes. Recordemos el debate reciente en el congreso del partido socialista en Andalucía entre Felipe González y Candido Méndez donde la moderadora elogiaba la contundencia del anterior presidente frente a la pasividad del actual. Los líderes se miden por la capacidad de asumir riesgos y Zapatero estaba paralizado esperando a que escampara.


 
Pues bien entre unos y otros, entre las críticas internas y el misterioso dictado de los mercados ya lo han logrado. Ya han conseguido que el presidente del gobierno se desdiga de sus promesas electorales, se enfrente con su base social y  rompa con sus aliados estratégicos. La sorpresa viene de  que los que le conminaban a actuar de esta manera tampoco le aplauden; ahora insisten en que había que haberlo hecho antes, que ha demostrado su incompetencia y que es el momento de presentar la dimisión y marcharse o, al menos, de convocar elecciones generales.


 
Y el problema es que si todo fuera tan sencillo, si todo fuera producto de la incompetencia del equipo económico del presidente, y  fuera seguro que con estas medidas vamos a recuperar el crecimiento económico, vamos a acabar con el paro, vamos a salir de la crisis, mucha gente por fin respiraría. Sería incluso posible reclamar la solidaridad de los instalados frente a los excluidos.


 
El problema es que las medidas de congelar las pensiones, parar las obras públicas, bajar el salario de los funcionarios, controlar el gasto de la ley de dependencia, son todas ellas medidas que no sabemos si son la interrupción provisional de un modelo o son, por el contrario, el preludio de algo mucho más grave. Ya no se oculta que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades no sólo los españoles sino todos los europeos desde hace muchos años; ahora se proclama que todos los elementos del modelo social europeo deben ser puestos en cuestión.¿ por cuanto tiempo?. Nadie lo sabe. Sólo nos dicen (el señor Trichet) que es la crisis más grave desde la primera guerra mundial.


 
Si es así es para echarse a temblar porque hay que poner encima de la mesa dos guerras mundiales, el Gulag, el Holocausto, Hiroshima. Pongamos que se trata de algo más modesto, que sólo se trata de poner fin al Estado del bienestar. Pongamos que se quiera decir que ya no volverá a ver pleno empleo, que es imposible la redistribución de la riqueza, que es impensable la democracia económica, que no hay posibilidad de tener garantías laborales, que hay que adelgazar el Estado, que acecha la privatización de los servicios públicos, y que nuestras pensiones corren un serio peligro.


 
Si esto es así, y  cualquier lector atento podrá confirmar que no otra cosa es la que transmiten los líderes europeos, entonces hay que ser consecuentes y darnos cuenta de que no estamos ante un problema económico, estamos ante algo mucho más grave, estamos ante un problema civilizatorio. No hay que remontarse a la primera guerra mundial para recordar  que el Estado del bienestar nace de un pacto entre la derecha y la izquierda, entre los empresarios y los sindicatos, entre socialdemócratas y democristianos, para evitar la fractura social de la Europa de los años treinta.


 
Hay que volver a  recordar que en aquella Europa el liberalismo quedó puesto radicalmente en cuestión por el fascismo y por el estalinismo. Eran muchos los que pensaban que las democracias liberales no sobrevivirán al siglo de los extremos. Y a pesar de todo sobrevivieron y ganaron al nazismo y al fascismo y a pesar de ello Churchill, que había ganado una guerra, perdió las elecciones. Y comenzó un nuevo mundo, gracias a Keynes y a Beveridge, como explica muy bien Ignacio Sotelo en un libro reciente sobre el origen, el apogeo y el declive del Estado Social.


 
El pacto entre la democracia competitiva de partidos y el Estado del bienestar keynesiano ha constituido la gloria del modelo europeo, los treintas años de la denominada época dorada. Cuando se acepta que los mercados dictan la política, que la soberanía es una quimera, que los sindicatos son organizaciones anacrónicas, hay que recordar esta historia para darse cuenta que nos estamos jugando el futuro de la democracia.


 
No pudo volver la vieja democracia liberal tras la segunda guerra mundial  porque no eran posibles las dos naciones, porque la clase trabajadora había sido decisiva para acabar con el fascismo y  porque los derechos económico-sociales eran una conquista que las distintas fuerzas del espectro político aceptaban. Cuando hoy vemos como algunos jalean estar en una España intervenida y otros disfrutan cuando los líderes incumplen sus promesas electorales hay que recordar lo elemental. No es lanzando a los parados contra los funcionarios, ni a los trabajadores contra los inmigrantes como se consolida una democracia. La democracia requiere virtudes cívicas donde es imprescindible la solidaridad. Sin ella no es factible la cohesión social. Pero la solidaridad no se puede fundar en un mundo donde la élite de poder va aumentando continuamente su riqueza mediante toda clase de medidas financieras y fiscales mientras los funcionarios, los trabajadores con empleo, los sindicalistas, los médicos y los profesores, son  los que aparecen ante la opinión pública  como unos privilegiados.


 
Los clásicos de la sociología se quedarían impresionados viendo lo que nos está ocurriendo. Los responsables de la crisis se blindan más y más; los líderes políticos pierden toda autonomía mientras se les retuerce la mano; la soberanía salta por los aires; y los que aparecen como privilegiados son los que están sufriendo las consecuencias de la crisis. Evidentemente no las están sufriendo como las sufre el trabajador en paro, el excluido o el inmigrante sin papeles, pero lograr que la batalla sea entre los oprimidos, enfrentando a unos contra otros, es el último prodigio al que estamos asistiendo.


 
Un prodigio que puede seguir asentando el triunfo de las derechas políticas en Europa, que puede propiciar la victoria de la derecha política en España, pero que tiene un problema, que están poniendo en juego las bases de esa misma democracia. Europa, la Europa ilustrada y cosmopolita, la Europa que recogió lo mejor del liberalismo, la Europa que supo llegar a un acuerdo entre democristianos y socialdemócratas, se fundo en el recuerdo de una terrible guerra y en la convicción de que las instituciones políticas liberales no sobrevivirían auspiciando la desigualdad, fomentando el  privilegio y practicando la insolidaridad. Sólo domesticando el capitalismo pudieron hacer que la democracia arraigara; hoy  estamos asistiendo al proceso contrario, hoy  vemos como los mercados arrodillan a la política y por ello  tenemos que preguntarnos por el futuro de la democracia. Esa es la cuestión, estúpido, esa es la auténtica pregunta.

 
*Antonio García Santesmases, es miembro fundador de Izquierda Socialista-PSOE

RESOLUCIÓN de IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE de VALLADOLID

IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE de VALLADOLID

 

RESOLUCIÓN

 

Asunto: Medidas económicas del Gobierno de España.

 

Reunidos los integrantes de la corriente Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid el pasado viernes 18 de mayo de 2010 en convocatoria extraordinaria y, considerando las medidas de carácter económico y fiscal que ha adoptado el Gobierno para hacer frente al déficit público y al desempleo, Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid        

 

MANIFIESTA

 

 

  • Su condena expresa a las prácticas especulativas económicas, bancarias y financieras que con carácter nacional e internacional han provocado la situación de crisis económica por la que actualmente atraviesa nuestro país y otros Estados de nuestro entorno.

 

  • Su crítica al neoliberalismo como pensamiento económico y social que tiene como principios básicos el individualismo liberal  y la negación de toda intervención del Estado en materia económica pero que, en tiempo de crisis, acude al paternalismo estatal requiriendo socializar las pérdidas con el fin de evitar una quiebra financiera, bancaria o empresarial.

 

  • Que la particularidad de la economía española, basada en las últimas décadas en la construcción y en el sector servicios como fuentes de crecimiento, requiere un cambio de modelo productivo que garantice la creación de empleo estable y el progreso económico y social.

 

  • Que toda crisis implica un cambio, por lo que los Gobiernos de los diferentes Estados deben ser conscientes del momento histórico en el que nos encontramos para adoptar las medidas de carácter nacional e internacional que eviten las prácticas especulativas causantes de esta crisis y, a su vez, garanticen la Justicia Social y el respeto a la dignidad y los Derechos Humanos.

 

Así, como consecuencia de un debate reflexivo sobre la situación económica actual, Izquierda Socialista –PSOE de Valladolid considera y propone como medidas de carácter económico y fiscal las siguientes:

 

 

  • Política fiscal e ingresos públicos.

 

Primera: Restaurar el Impuesto sobre el Patrimonio y modificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con el fin de revisar las exenciones y bonificaciones del 100% reguladas en la legislación.

Gravar los bienes muebles e inmuebles de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.

 

Segunda: No aplicar las exenciones del I.B.I. a determinadas personas jurídicas.

 

Tercera: Establecer unos tipos impositivos del IRPF con nuevos tramos de renta hasta alcanzar el tipo del 50% haciendo efectivo el principio de progresividad. (Suecia 58%; Francia 49%).

 

Cuarta: Establecer unos tipos impositivos del Impuesto de Sociedades en función del beneficio empresarial con deducciones significativas para la inversión productiva que genere nuevas contrataciones y empleo.

 

Quinta: Establecer unos gravámenes de hasta el 50% a los rendimientos de las operaciones financieras especulativas a corto plazo realizadas en el mercado bursátil y otros similares.

 

Sexta: Implantación de la tasa TOBIN.

 

Séptima: Establecer un impuesto que grave las grandes fortunas.

 

Octavo: Aumento de los tipos impositivos de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco. En la misma línea, establecer un nuevo tipo impositivo del IVA del 25% para los artículos de lujo (joyas, yates, coches súper-deportivos, etc.).

 

 

 

  • Política del gasto público

 

Primera: Convocar a los sindicatos para negociar, si fuese necesario, la aplicación la disminución de las retribuciones, de forma progresiva, que corresponda a los trabajadores públicos (funcionarios públicos, personal estatutario, personal laboral, interinos, trabajadores de empresas públicas, fundaciones, etc.) en función de la cuantía del salario y de la situación familiar, a partir de salarios de 1800 euros.

 

Segunda: Convocar el Pacto de Toledo para proponer la disminución de las pensiones, de forma progresiva,  de más de 1800 euros, teniendo en cuenta su situación familiar, hasta que el déficit público se situé en niveles normales.

 

Tercera: Suspensión de la financiación a la Iglesia Católica y otras confesiones.

 

Cuarta: Suspensión de los conciertos con empresas privadas de prestación de servicios (educación, sanidad…) siempre que las administraciones públicas puedan con sus propios medios prestar dichos servicios y la administración se comprometa a recolocar a los trabajadores afectados, incluyendo esta posibilidad el ahorro que generaría y que reduciría sustancialmente el gasto.

 

Quinta: Supresión de varios Ministerios, empresas públicas y fundaciones que suponen duplicidad, y de un número considerable de personal eventual o de confianza así como requerir a las Comunidades Autónomas este ajuste.

Supresión de la Diputaciones Provinciales por ineficaces y duplicidad.

 

Sexta: Suspender el traspaso de competencias a las CC.AA. hasta que el déficit público se sitúe en términos normales.

 

Séptima: Puesta al día del coste de los servicios transferidos a las CC.AA. y el coste efectivo del servicio. En materia de personal las CC.AA pueden amortizar puestos de trabajo y recibir las correspondientes retribuciones por los mismos.

 

Octava: Retirada de las tropas de Afganistán.

 

Noveno: Supresión de las subvenciones a fondo perdido a las asociaciones que no tengan en sus objetivos fines sociales (FAES,…..)

 

Así, leído el presente texto, se aprueba en Valladolid, a 19 de mayo de 2010.

 

La coordinadora de Izquierda Socialista-PSOE de Valladolid.

El Río Hortega carece de habitaciones con baño adaptado para discapacitados

El Hospital Río Hortega cumple en estas fechas sus dos primeros años a pleno rendimiento y la actividad llena pasillos de usuarios y sanitarios que se desplazan por el enorme edificio con la sola dificultad de las distancias, paliadas en el caso de los celadores por las pequeñas motos que los trasladan en su quehacer diario.

El recinto ha acomodado sus dificultades iniciales con una entrada llena de piedras decorativas y otras barreras al paso de sillas de ruedas, de niños o de muletas y también el vestíbulo y consultas ofrecen pocas o, al menos, superables barreras arquitectónicas. El mayor problema lo tiene un discapacitado o cualquier persona con problemas de movilidad al ser ingresado porque ninguna habitación cuenta con un cuarto de baño adaptado.

La dificultad comienza, explica el presidente de la asociación de parapléjicos y grandes minusválidos de Castilla y León, Aspaym, Francisco Sardón, «en la propia puerta, dado que una silla eléctrica ya no entra o cualquiera con más de 90 centímetros»; aunque no hay plato de ducha sino que es el mismo suelo, este sanitario «carece de barras de sujeción y de asiento abatible para el traslado desde la silla de ruedas al mismo para poder ducharse», añade. Otros elementos que lo hubieran hecho asistido «son las barras junto al inodoro y un tipo de lavabo que permite acceder de frente con la silla de ruedas y no precisa que el minusválido lo haga lateralmente», repasa el portavoz de Aspaym. Estas carencias impiden una hospitalización normal en cualquier servicio del hospital cuando se vive en una silla de ruedas «porque simplemente no podemos ir al baño». Este tipo de servicios están en cambio perfectamente diseñados en el vestíbulo y otras zonas como consultas.

«El mayor problema para adaptar los baños es que las paredes son de pladur y no pueden sujetar una barra de apoyo y las dimensiones del cuarto son pequeñas para las adaptaciones que serían necesarias, habría que tomar metros de la habitación», indican fuentes sanitarias consultadas.

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Francisco Sardón, de Aspaym, indica que «ni ahora ni nunca han llamado a la asociación en busca de asesoramiento y además lo suyo sería informarse antes y no después de hacer la obra». Destaca, asimismo, «que no sólo Aspaym sino también Cermi o la ONCE tienen este tipo de orientación y que estas organizaciones formamos parte de los consejos de salud y reuniones similares, pero nunca se ha planteado el tema».

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nortecastilla.es

Zapatero demora el impuesto de los ricos

Fue uno de los Consejos de Ministros más largos e intensos de la legislatura y de los que mayor expectación había generado a causa de la aprobación del decreto de recortes sociales a funcionarios y pensionistas para reducir el déficit en 15.750 millones en dos años. Sin embargo, a lo largo de la mañana se creó una nueva expectación cuando saltó la noticia de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero iba a anunciar en el Consejo la aprobación de un nuevo impuesto para gravar a las rentas más altas.

 

Muchos ministros llegaron convencidos de que iba a ser así e incluso pensaron que esa noticia era una filtración autorizada por el presidente. Tenía una lógica política, pues el anuncio de esa medida paliaría el impacto negativo de un decreto tan duro de asimilar no solo para funcionarios y pensionistas sino para el electorado socialista. En todo caso, los ministros desconocían cualquier decisión sobre el tema ya que Zapatero lo despacha exclusivamente con la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.

 

La sorpresa para los ministros fue que Zapatero no solo no anunció ninguna medida en esa dirección sino que zanjó el debate justo al comenzar la sesión del Consejo de Ministros.

 

A sabiendas de que algunos ministros, sobre todo los más ligados al PSOE, y dirigentes del partido querían que se pusiera en marcha cuanto antes el nuevo impuesto para aliviar la presión de sus bases, Zapatero se pronunció sobre la cuestión. Días antes, algunos ya se habían pronunciado públicamente a favor de su rápida aplicación, como el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, y la secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, que llegó a decir que podía ser "inminente".

 

Se conocía, también, la opinión de otros ministros, como la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y el titular de Industria, Miguel Sebastián, más reacios a la creación del nuevo impuesto por el efecto no deseado que podía tener en los movimientos especulativos. Salgado que, como titular de Economía le corresponde ser la guardiana del déficit español, es sensible a los efectos que tengan en Bruselas las decisiones económicas españolas, sobre todo, tras la reunión del Ecofin de hace 15 días en el que se incubaron las medidas drásticas de reducción del déficit para España.

 

El presidente del Gobierno aclaró que era "el más interesado" en tomar esa medida, pero que se "aplicaría en el momento oportuno", que "ahora no tocaba"............

elpais.com/articulo

Los funcionarios perderán entre el 0,56% y el 7%

La bajada de sueldos para los funcionarios será progresiva, pero no tanto como podría parecer cuando el presidente Zapatero anunció "sacrificios" a varios millones de españoles el pasado día 12. Porque de las cinco partidas de las que constan las retribuciones de los trabajadores del sector público, sólo dos -el salario base y la antigüedad- se reducirán en mayor proporción para los que más ganan.

El recorte salarial oscilará entre el 0,56% y el 7% dependiendo del grupo y del nivel. Mientras que el salario base y los trienios se reducirán en una proporción mayor para los que más ganan, los complementos específicos y de destino de la Administración General del Estado se reducirán en un 5% lineal para todas las categorías. Con una única excepción: la del grupo E, en la que bajará un 1%.

Los recortes se harán efectivos a partir de la nómina del próximo junio, pero sin afectar a la paga extraordinaria de ese mes. La situación no mejorará el año que viene, ya que los salarios quedan congelados en 2011.

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elpais.com/articulo

Los funcionarios: no somos los culpables del gasto, es un discurso populista

La decisión del Gobierno de bajar las nóminas públicas un 5% de media ha levantado ampollas entre los trabajadores públicos, que verán mermar su nómina en el primer recorte 'por decretazo' de sueldos de los funcionarios de la historia, algo que había descartado hace tan sólo tres meses, a lo que se une una pérdida de poder adquisitivo de más de 40% en tres décadas, según sus cálculos. Los trabajadores públicos pueden asumir que se les baje el sueldo, pero no que se les señale como los culpables del déficit en un discurso populista y que no se tengan en cuenta otros métodos más eficaces para recortar el gasto de las administraciones, como la reducción de altos cargos en las empresas públicas. Se temen, además, que los recortes no sean equitativos entre trabajadores, incluso del mismo nivel salarial. Pero el Ejecutivo ya hecho sus cuentas.

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expansion.com

Toreando la crisis

Francisco Parra Rodríguez

Doctor Economía UNED. MIEMBRO de IS.

Recientemente se han publicado los datos del la Contabilidad Nacional Trimestral del INE del primer trimestre del 2010, y esta contabilidad del PIB aunque insuficiente, permite, no obstante apreciar la dimensión de la crisis, y a la vista de las conclusiones que nos permiten cabe analizar las medidas que el gobierno tiene previsto lleva a cabo. Los datos del PIB representados en gráficos y en forma de tasas interanuales ofrecen el resultado siguiente:

 

Ver: grafico-1-tc

Fuente: INE.

 

Lo primero que se ve es que las mayores caída del PIB corresponden a los dos primeros trimestres del 2009, que ahora es menos negativo el crecimiento interanual del PIB, de forma que nos aproximamos al crecimiento cero, es decir no crecer al cabo del año, que al fin y al cabo con la que está cayendo ya es todo un logro. La cifra del PIB se puede edulcolar aún más con la tasa intertrimestral que siendo en el primer trimestre del 2010 del 0,1 % quiere decir que este trimestre se ha producido la misma cantidad bienes y servicios que el pasado trimestre pasado sin tener en cuenta la inflación, o la deflación que es en la situación en la que nos encontramos y sin el efecto calendario, que en este caso es descontando la mayor producción que suele haber en las navidades. En definitiva, estamos sin crecimiento y con disminuciones de precios, salvo en los productos energéticos , si bien las subidas del petróleo lo que hacen es aumentar nuestros costes. La intensidad de la crisis se observa sin embargo en los cuadros anuales, que los presentamos resumidos en la tabla nº1, en euros, y en la tabla nº2, en euros del año 2008, que descuentan las subidas de precios del año 2008:

 

Tabla n º 1. PIB y Componentes. Demanda, Oferta y Rentas en Millones de euros

 

2008

2009

Balance 2009/2008

2009 T IV

T I 2010

Balance 2010/2009

Gasto en Consumo final

833.905

811.073

-22.832

204.754

206.388

1.634

- Gasto en Consumo final de los Hogares

613.016

578.429

-34.587

146.440

147.142

702

- Gasto en Consumo final de las ISFLSH

9.794

10.315

521

2.618

2.596

-22

- Gasto en Consumo final de las AAPP

211.095

222.329

11.234

55.696

56.650

954

Formación bruta de capital fijo de de de de de de

313.975

256.671

-57.304

61.873

60.960

-913

- Bienes de Equipo

80.304

61.298

-19.006

15.567

15.510

-57

- Construcción

179.745

151.598

-28.147

36.125

35.416

-709

- Otros Productos

53.926

43.775

-10.151

10.181

10.034

-147

Variación de Existencias y adquisiciones Menos cesiones de Objetos valiosos

4.658

4.960

302

1.465

1.364

-101

Demanda NACIONAL

1.152.538

1.072.704

-79.834

268.092

268.712

620

Exportaciones de Bienes y Servicios

288.985

248.884

-40.101

64.114

66.659

2.545

- Exportaciones de Bienes

193.742

163.069

-30.673

42.969

44.523

1.554

- Exportaciones de Servicios

95.243

85.815

-9.428

21.145

22.136

991

Importaciones de Bienes y Servicios

353.021

270.437

-82.584

70.725

70.995

270

- Importaciones de Bienes

280.141

207.117

-73.024

55.746

55.251

-495

- Importaciones de Servicios

72.880

63.320

-9.560

14.979

15.744

765

 

PRODUCTO INTERIOR Una Bruto Precios de Mercado

1.088.502

1.051.151

-37.351

261.481

264.376

2.895

Agricultura, Ganadería y Pesca

25.654

23.877

-1.777

5.819

6.114

295

Energía

26.449

24.613

-1.836

6.031

6.341

310

Industria

142.859

123.191

-19.668

30.331

31.050

719

Construcción

113.638

104.828

-8.810

25.277

24.977

-300

Servicios

687.554

699.641

12.087

175.151

176.313

1.162

- Servicios de Mercado

537.419

541.852

4.433

135.308

136.377

1.069

- Servicios de Mercado no

150.135

157.789

7.654

39.843

39.936

93

Impuestos Netos Sobre Los PRODUCTOS

92.348

75.001

-17.347

18.872

19.581

709

- Los Productos Que IVA Grava

57.298

43.471

-13.827

10.960

11.584

624

- Impuestos Netos Sobre Productos Importados

1.718

1.459

-259

356

367

11

- Otros Impuestos Netos Sobre Los PRODUCTOS

33.332

30.071

-3.261

7.556

7.630

74

 

PRODUCTO INTERIOR Una Bruto Precios de Mercado

1.088.502

1.051.151

-37.351

261.481

264.376

2.895

Remuneración de los asalariados

527.269

511.145

-16.124

127.696

126.690

-1.006

Excedente de Explotación Bruto / Renta mixta bruta

467.771

463.150

-4.621

114.421

117.561

3.140

Impuestos Netos Sobre la Producción y de Las Importaciones

93.462

76.856

-16.606

19.364

20.125

761

 

PRODUCTO INTERIOR Una Bruto Precios de Mercado

1.088.502

1.051.151

-37.351

261.481

264.376

2.895

Fuente: CNTR. INE


 

Tabla n º 2. PIB y Componentes. Demanda, Oferta y Rentas en Millones de euros de 2008

 

2008

2009

Balance 2009/2008

Gasto en Consumo final

833.905

811.794

-22.111

- Gasto en Consumo final de los Hogares

613.016

582.484

-30.532

- Gasto en Consumo final de las ISFLSH

9.794

10.098

304

- Gasto en Consumo final de las AAPP

211.095

219.212

8.117

Formación bruta de capital fijo de de de de de de

313.975

266.086

-47.889

- Bienes de Equipo

80.304

61.778

-18.526

- Construcción

179.745

159.682

-20.063

- Otros Productos

53.926

44.626

-9.300

Variación de Existencias y adquisiciones Menos cesiones de Objetos valiosos

4.658

0

-4.658

Demanda NACIONAL

1.152.538

1.082.788

-69.750

Exportaciones de Bienes y Servicios

288.985

255.888

-33.097

- Exportaciones de Bienes

193.742

171.324

-22.418

- Exportaciones de Servicios

95.243

84.564

-10.679

Importaciones de Bienes y Servicios

353.021

289.781

-63.240

- Importaciones de Bienes

280.141

227.244

-52.897

- Importaciones de Servicios

72.880

62.537

-10.343

 

PRODUCTO INTERIOR Una Bruto Precios de Mercado

1.088.502

1.048.895

-39.607

Agricultura, Ganadería y Pesca

25.654

25.032

-622

Energía

26.449

24.282

-2.167

Industria

142.859

121.895

-20.964

Construcción

113.638

106.468

-7.170

Servicios

687.554

680.689

-6.865

- Servicios de Mercado

537.419

526.675

-10.744

- Servicios de Mercado no

150.135

154.014

3.879

Impuestos Netos Sobre Los PRODUCTOS

92.348

90.528

-1.820

- Los Productos Que IVA Grava

57.298

54.970

-2.328

- Impuestos Netos Sobre Productos Importados

1.718

1.542

-176

- Otros Impuestos Netos Sobre Los PRODUCTOS

33.332

34.017

685

 

PRODUCTO INTERIOR Una Bruto Precios de Mercado

1.088.502

1.048.895

-39.607

Fuente: CNTR. INE

 

Al comparar el año 2008 y 2009 vemos que la producción valorada en euros fue en el 2008 37.351 millones de euros más baja, como entre 2008 y 2009 no hubo apenas inflación, en euros del 2008 se ha perdido una cantidad similar de producto: 39.607 millones. Ajustada de estacionalidad, es decir descontando el efecto en este caso de las navidades, la producción del primer trimestre del 2010 sería 2.985 millones superior a la del último trimestre del 2010. El 0,1 % que destacan los informes del gobierno.

El análisis de los sectores es muy indicativo de lo que está pasando ya que es el sector industrial el que más producción perdió en el 2009, 19.668 millones de euros, y eso que con lo de las subprime y burbuja inmobiliaria pensábamos que era el sector de construcción el que más crisis tenía, pero se comprueba que una vez se inicia la crisis en el 2008, que fue cuando se contrae fuertemente la actividad de construcción, en el 2009 los malos resultados económicos acaban por extenderse por todos los sectores pero con especial virulencia sobre la industria; aún y todo la construcción en el 2009 se ha dejado por el camino una producción con valor de 8.810 millones de euros. Los ingresos del estado vinculados a los impuestos indirectos han sido otro de los que componentes del PIB que peor comportamiento han tenido, el IVA se ha reducido en 13.827 millones de euros y el resto de los impuestos indirectos otros 3.520 millones de euros. Solo han conseguido producir un mayor valor los servicios, los de mercado y los de no mercado, estos últimos son mayoritariamente los que presta el estado y marginalmente los que presentan las entidades sin fin de lucro, incluyendo a partidos políticos, sindicatos, patronales, iglesia, once, etc… Si los valoramos en euros del 2008, los servicios de mercado se reducen en 10.744 millones de euros, ya que los precios en el 2009 únicamente subieron en este conjunto de actividades, y los de no mercado aumentaron en 3.879 millones. A estos valores de servicios hay que ponerles un “pero”, ya que dentro de los servicios de mercado se valoran los alquileres imputados a la vivienda en propiedad, lo que significa que Eurostat calcula a los afortunados que tienen una vivienda un alquiler ficticio, el cómo se actualiza este alquiler no los sabemos, ya que no nos presentan los servicios de mercado sin esta cuantiosa partida para apreciar si los servicios que realmente se venden son mayores o menores que los del año pasado, algunos pensamos que argucias contables a parte fueron menores también en su valoración en corrientes.

Por el lado de la demanda agregada, el consumo de los hogares se ha dejado por el camino millones de euros 34.587 millones de euros, la inversión se redujo en un importe de 57.304 millones de euros, de los que 28.547 millones fueron inversiones en vivienda y otras obras civiles, la exportación disminuyo en 40.101 millones de euros y las importaciones también cayeron en 82.584 millones, deprimidas por la menor actividad interna. El único componente de la demanda agregada que aumentó fue el gasto de las AAPP y las instituciones sin fines de lucro, es decir el gasto social, que aumentó en 11.755 millones de euros. Estos son pagos que estas instituciones realizan para comprar bienes corrientes y pagar a los funcionarios, ya que en esta cuenta no están ni las transferencias ni las inversiones públicas.

Por las rentas, la caída del PIB disminuyo en 16.124 millones los salarios de los trabajadores, en 16.606 los impuestos indirectos que recauda el estado, y en 4.621 millones los beneficios de las empresas. Adivinen entonces, quienes están soportando las consecuencias de la crisis.

Vamos a centrar nuestro análisis en los dos hechos más relevantes de la coyuntura 2009, la caída de los bienes consumidos por los hogares, es consecuencia de los menores ingresos que reciben los hogares, básicamente porque entre el 2009 y el 2008 1 millón y 270 mil ocupados se quedaron sin empleo, y también por la incertidumbres de cara al futuro cambian la conducta de los hogares frente al consumo ya que, ante la crisis, ahorrar más y consumen menos por lo que pueda pasar. En segundo lugar la industria que produce bienes por valor inferior a 19.668 millones de euros, en una parte por la menor consumo e inversión interna, pero también en otra parte importante por la reducción de la demanda exterior de bienes que disminuye en 30.633 millones de euros; y esto ocurre porque la crisis afecta también a nuestros principales clientes, los europeos, y para vender al resto de los países, es decir los emergentes, lo hemos tenido crudo porque el euros ha estado revaluándose frente al dólar, y los chinos y otros países emergentes, a los que la crisis les ha afectado en menor medida, optan por una política cambiaria de paridad frente al dólar para no perder competitividad y mercados. Y en tercer lugar, está lo público, ya que mientras se pierden recursos tributarios y se mantiene como se puede los niveles de gasto aumenta el déficit, lo cual para es bueno para la gente corriente y malo para el mercado. El gasto público no olvidemos son en definitiva pagos que el estado hace a familias (sueldos y transferencias) y empresas (materiales para hacer obras publicas o gastos corrientes diversos), y acaban siempre significando mas ventas para las empresas, es decir más PIB.

Aunque el PIB no valora los asuntos de los mercados financieros de todos es conocido que los rescates bancarios se están realizando con aumentos de la masa monetaria, es decir con dinero que crea y pone en circulación la autoridad monetaria, en nuestro caso el BCE. Este dinero que se puso a disposición del sistema bancario era para que no se restringiera el crédito y se agrave la situación financiera de hogares y empresas, lo que conduce a un menor nivel de producción y consumo, pero contra pronóstico parecer ser que se ha destinado a comprar deuda pública de manera que los mercados financieros que toman dinero al 0,5% y compran bonos de los diferentes estados al 1,5%, con el margen que obtienen acaban saneando sus deteriorados balances y por ende las cuentas súper-millonarias de sus ejecutivos, aunque el trágala es difícil de digerir, al menos es el sector publico el que acaba poniendo ese dinero en circulación por los pagos que hace con las nuevas emisiones de deuda pública, y con todo ello lo que hemos conseguido es sostenernos, es decir no caer.

Ahora viene ZP y decidido a coger el toro por los cuernos, reduce el gasto público en las dos formas posibles, disminuye, por un lado, la retribución de los funcionarios, que a la postre tiene un efecto negativo sobre el consumo y consecuentemente sobre la producción, en la facultad de económicas se enseñaba que este efecto se llamaba “multiplicador” y era bueno en tiempos de crisis pero cuando se aplicaba al revés, es decir aumentando el gasto público corriente, y por otro, disminuye la inversión pública, lo que equivale a reducir las compras de bienes que se utilizan para construir obras públicas, y buena parte de ellas son bienes industriales; en la facultad enseñaban que este efecto era “acelerador” porque a mayores incrementaba la capacidad de producción de bienes y servicio, pero claro cuando se aplica en sentido inverso. Tal y como los aplica ZP equivale a lidiar el toro de la crisis, pero tratando que envista por detrás, es decir poniéndole la muleta en el culo en vez de entre los cuernos. El resultado es obvio, el toro se revolverá y el cuerno se lo meterá el toro al torero pero por el culo de este último.

Aunque es muy probable que tampoco ocurra esto, ya que dado lo exhaustos que están los gobiernos para estimular la demanda agregada por la vía del gasto público, va a ser la demanda externa la clave de bóveda de la recuperación económica europea, y es que el aumento de las exportaciones en 2.454 millones de euros entre el cuarto trimestre del 2009 y el primero del 2010, ha aliviado la situación productiva durante este periodo en la industria y los servicios de mercado han mejorando sus resultados productivos, en tanto que los otros sectores siguen desplomados, y es esa mayor actividad industrial en definitiva la que puede impulsar el empleo que nos falta y poner el mecanismo económico en marcha de nuevo. Y la industria se revuelve por un hecho que está pasando desapercibido para ZP y su cuadrilla, la devaluación del euro, esta le viene bien a la industria alemana y a la francesa y por lo mismo también le viene bien a la española, ya que con un euro más bajo ganamos competitividad en los mercados emergentes, los que tiran del comercio mundial, y para ello nada mejor que tener disgustados a los mercados financieros, ya que la toman con el euro y lo devalúan, aunque luego los paganinis, en forma de intereses, seamos los países PIGS, ya les pasaremos la cuenta y en el fondo nos pasa porque también nos cuesta más pagar impuestos. Y si no se lo creen analicen este gráfico:

 

 

Ver: grafico-2-tc 

 Posdata:

El turismo de Primera Industria Nacional Nuestra También Sí Beneficiarios de la devaluación del euro, ya Que Nuestro País Sigue siendo barato Igual de los Franceses y Alemanes párr ya mayores nep sacudimos la Competencia de los competidores Mediterráneos.

 

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Izquierda Socialista (PSOE) confía en que la subida sea para las grandes fortunas

El anuncio de Zapatero congratula a todo el partido, que esperaba "algún gesto"

elpais.com / articulo

 

 

ANABEL DÍEZ - Madrid - 20/05/2010

 

"Toda la sociedad está de acuerdo en que quienes más tienen deben hacer un mayor esfuerzo". Esta presunción del presidente José Luis Rodríguez Zapatero es una verdad irrefutable dentro de su partido, el PSOE. En efecto, la confirmación ayer por el propio presidente de que habrá subida de impuestos, aunque no afectará a las "clases medias", congratuló a los socialistas, que desde el anuncio del ajuste para funcionarios y jubilados anhelaban un "gesto" que calmara a sus militantes y a muchos votantes, con la mirada puesta "en las grandes fortunas". Así se puso de manifiesto en la reunión de Zapatero con los barones territoriales horas después de anunciar el 12 de mayo las medidas de ajuste. También, en la reunión del martes del Grupo Socialista, aunque tan solo articularon peticiones concretas los pocos diputados del ala izquierda del PSOE. No obstante, sus propuestas son muy compartidas por la inmensa mayoría, aunque solo lo expresen en privado.

 

 

Los más organizados, Izquierda Socialista, han presentado sus propuestas por escrito, a través de su coordinadora, y fueron sintetizadas en la reunión del Grupo Parlamentario por los diputados José Antonio Pérez Tapias y Juan Antonio Barrio de Penagos. Pérez Tapias lo llamó "pacto de rentas". Es decir, ya que la carga la soportan los asalariados, también deben asumir el coste de la crisis las rentas de capital. Y de ahí pasan a las siguientes propuestas de política fiscal: impuestos a las grandes fortunas y patrimonio; aumento de la fiscalidad de los bonos financieros y sobre los beneficios de bancos y grandes empresas.

 

 

La izquierda del PSOE pide al Gobierno que "siga trabajando en la UE por la regulación del sistema financiero internacional, por el control de los hedge funds o fondos de alto riesgo, por una tasa a las transacciones financieras en el mercado global y por la erradicación de los paraísos fiscales".

 

 

Medidas de corte similar expuso en la reunión del Grupo Socialista el diputado Manuel de La Rocha, vinculado a UGT, con cita expresa a subir las Sicav (sociedad de inversión de capital variable). En la misma línea de De la Rocha, y lo dijo expresamente, se manifestó el parlamentario Javier Carro, vinculado a ese sindicato en Galicia.

 

En esta ocasión no sólo se puede hablar de "izquierdistas" del PSOE, ya que la mirada hacia "las rentas altas" la pusieron los barones, la secretaria de Organización, Leire Pajín, el vicesecretario, José Blanco, el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, entre otros.

 

 

AUTO DE FE ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

JOAN E. GARCÉS*

Un psiquiatra me señala este párrafo del auto del juez Varela de 3 de febrero de 2010: "No es razonable pensar que nos encontráramos ante una especie de conspiración de silencio [ante los crímenes del Movimiento Nacional] de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del Ministerio Fiscal" (página 51). Alude a que los actos de naturaleza genocida contra republicanos españoles nunca han sido investigados por los fiscales y jueces que juraron lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, entre ellos el señor Varela.

Asistimos a un auto con el sofisma de que la Ley 46/1977, que amnistía los delitos de "intencionalidad política", prohibiría investigar los de naturaleza genocida impunes, cuando la propia ley se subordina a sí misma a "las normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad". Entre estos se hallaban cuando se aprobó la ley el que sanciona el genocidio. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aplicado por el Tribunal Supremo a la ley de amnistía (sentencias de 18 de mayo y 7 de abril de 1979). Como ambos convenios no admiten la excepción de "intencionalidad política" en el genocidio, la ley 46/1977 lo excluye de su objeto.

En el auto de Varela arde asimismo la doctrina vigente del Tribunal Supremo (sentencias de 13-06-1994, de 24-02-1983, de 15-06-1983) y del Tribunal Constitucional en pleno (sentencias de 9-06-1986 y 3-12-1993), que interpretan la Ley 46/1977 integrándola con el decreto-ley 10/1976, de amnistía. Éste afirma: "(...) Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles".

¿Se amnistiaba el genocidio? No, respondía el fiscal general del Reino en su circular de 13-08-1976, la amnistía no incluía los delitos "que por su carácter atroz no pueden ni deben ser dados al olvido". No cabe "presumir la intencionalidad política" cuando "la excluya la naturaleza específica de la infracción", caso típico del genocidio. En la circular de 20-10-1977, sobre aplicación de la Ley 46/1977, la fiscalía reitera que el ámbito objetivo de dichos delitos debe seguir los criterios fijados en la anterior circular. La Sala Penal del Tribunal Supremo no ha pronunciado sentencia alguna con una interpretación distinta de la Ley 46/1977. Así que el auto de fe en curso trata de crear otra doctrina mientras apiña leña a la hoguera.

En este auto se proclaman sofismas como que la Ley 46/1977 no admitiría interpretaciones judiciales distintas a las del inquisidor. En propiedad, como dijoal votar esta ley el diputado aragonés Gómez de Las Roces, "estamos ante un texto legal lleno de imprecisiones jurídicas. Me basta remitirme al artículo primero de este no estudiado proyecto de ley. Sencillamente, entiendo que carece de los más elementales requisitos de toda tipificación penal, (...) estamos trasladando a los tribunales de Justicia una competencia que es de las Cámaras, o es del Gobierno, pero en modo alguno de los tribunales de Justicia, la de crear la norma".

En efecto, al no establecer esta ley un criterio para determinar los delitos de intencionalidad política -no los definía el Código Penal, el de Justicia Militar ni el de la Marina de Guerra- son los jueces de instrucción quienes, en primer lugar, deberán investigar y calificar la naturaleza del hecho denunciado. Así lo ordena la ley: "La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los jueces, tribunales y autoridades judiciales correspondientes", y "de acuerdo con las leyes procesales en vigor", lo que en el actual Estado de derecho obliga al juez instructor a aplicar los convenios internacionales (artículo 10.2 de la Constitución). Que es lo que ha hecho el juez Garzón en las resoluciones de 2008 por las que le acusan defensores del Movimiento Nacional.

El auto no sólo lleva a la hoguera la doctrina vigente del Tribunal Constitucional (sentencia de 3-12-1993), del Tribunal Supremo (sentencias de. 18-05-1979, 7-04-1979), sino también las memorias de los ministros que participaron en la preparación de la amnistía (Herrero de Miñón, 1999; Alfonso Osorio, 1980), a saber que la finalidad primera de la ley era amnistiar a quienes sufrían entonces cárcel, exilio y otras sanciones por resistir al Movimiento Nacional.

Recordaremos que en la sesión de las Cortes que aprobó la ley de amnistía, la única intervención aplaudida por una Cámara puesta en pie fue la del senador monárquico Satrústegui, tras lamentar que los militares leales a la legalidad republicana no fueran amnistiados con igual amplitud que los que se sublevaron contra el Gobierno constitucional. Al tiempo que el grupo más identificado con el Movimiento Nacional, el presidido por Fraga, no aprobó la amnistía "porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores" (diputado Carro), entre los que no incluía, claro está, a los alzados en armas contra la Constitución republicana.

En el auto arde asimismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuya doctrina es obligatoria para España y que declara conforme con el principio de legalidad penal aplicar la ley vigente en el momento del acto delictivo pero interpretada según los principios del actual Estado de derecho (sentencias Jorgic; Kolk y Kislyiy), que no son amnistiables los delitos de lesa humanidad (sentencia Ould Dah) y que la investigación y sanción actual de actos genocidas cometidos hace 70 años no es aplicación retroactiva de la ley penal.

Arde también la doctrina de la Corte Internacional de Justicia, que en el caso sobre la aplicación del convenio contra el genocidio, de 26-02-2007, determina la noción de grupo protegido según el método positivo, diferenciando el grupo en virtud de lo que los propios autores del crimen consideran características propias (párrafo 196). Y la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia (sentencia Jelisic; Krstic) y para Ruanda (sentencias Akayesu; Kayishema; Rutanga; Musema; Bagilishema), que admiten integrar en el delito de genocidio la acción de un Gobierno para exterminar físicamente a un grupo nacional opositor a su ideología o a su proyecto. El fuego consume también la doctrina del Supremo español que define el "grupo", en el marco del mismo convenio, como "un número relevante de personas relacionadas entre sí por características que las diferencia de los demás miembros de la población" (sentencia de 1-10-2007), y el voto particular del juez Joaquín Giménez, según el cual "grupo nacional incluye el exterminio de los grupos políticos de la misma nacionalidad" y "carece de sentido excluir del genocidio la política de exterminio ejecutada contra un subgrupo nacional por razones políticas cuando, por el contrario, la muerte o la práctica de cualquiera de las conductas que integran el crimen de lesa humanidad dirigidas por un grupo contra otro de la población civil, o parte de ella, son considerados tales crímenes".

Este auto de fe daña la convivencia en libertad y democracia. En vez de asentarla en la aplicación efectiva de leyes democráticas imperativas, la hoguera corporativista arroja a unos españoles contra otros en la inocultable, hiriente y discriminatoria impunidad de las mayores fosas comunes de Europa occidental, del secuestro de más de 30.000 niños de familias republicanas y su traslado por la fuerza al grupo del Movimiento Nacional, cuya identidad sigue cambiada; de la desaparición de más de 115.000 personas; de la ejecución de más de 300.000; del sometimiento intencional de decenas de miles a trabajos de esclavo; de la detención y tortura sistemática y generalizada; del desplazamiento de centenares de miles al exilio, negándoles la nacionalidad, con lo que decenas de miles de ellos fueron llevados a campos de exterminio nazis, etcétera.

Como se advierte en el extranjero, este auto de fe es un peligro para el orden público internacional, que se asienta sobre la derrota de los principios de la coalición nazi-fascista y el desarrollo de los reconocidos en el estatuto y la sentencia del tribunal que, en Nüremberg juzgó en 1946 a los principales responsables del régimen que ayudó a instalar en España el Movimiento Nacional. Bastará recordar que la Unión Europea considera incompatible con sus fundamentos ocultar el genocidio de los armenios en la Turquía de 1915-1918, y que en la Europa Central y del Este los tribunales aplican hoy la doctrina del TEDH a la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos antes y después de 1939.

Tiene motivos la opinión pública para movilizarse contra este ataque a principios de una sociedad democrática.

*Joan E. Garcés es sociólogo y jurista.

El País. 18/05/2010

Las medidas de ajuste: ni imprescindibles, ni equitativas, ni eficientes

Frente a crisis del mercado, remedios del mercado, y a través de los actores en el mercado. El FMI, Bruselas y todos los banqueros alaban las medidas y el “coraje” para adoptar decisiones impopulares pero imprescindibles. Zapatero se doblega y quiere aplacar a la “bestia” de los especuladores sacrificando a la ciudadanía. ¡¡Se equivoca!!

 

Desde el momento en que se renuncia a regular y controlar los mercados financieros desde los Gobiernos y a frenar la especulación por ley se desencadena la espiral de la miseria: hay que pedir préstamos para pagar la deuda; reducir el déficit para pedir préstamos; recortar el gasto público para reducir el déficit; bajar los salarios, las prestaciones sociales y “reformar” las jubilaciones para reducir el gasto público. Otras tantas medidas que empobrecen los hogares, reducen las perspectivas de actividad económica productiva generadora de empleo y, consiguientemente, los futuros ingresos públicos que, a su vez, incitaran a las agencias de calificación a degradar los títulos de la deuda soberana provocando nuevas crisis bursátiles, con sus pánicos mediáticos y de nuevo la necesidad de otros ajustes y planes de austeridad. Nunca serán medidas eficientes.

 

El recorte de gastos sociales, y no otros, es una imposición de la UE y del FMI que nunca ayudan gratuitamente, pues tienen un empeño especial en la defensa del modelo económico neoliberal que han impuesto. Es la misma política seguida en América Latina durante la década de los noventa. El FMI y la UE quieren un Estado débil para poder imponer sus políticas, y los gobiernos han claudicado. ¿Cuánto han dejado de pagar los ricos y se ha dejado de ingresar en la Hacienda Pública por la bajada del tramo más alto del IRPF? ¿Por qué no se restablece el Impuesto sobre Patrimonio si se acepta que fue un error suprimirlo, un 0,2% del PIB? ¿Por qué no suprimir las SICAV que permiten a Emilio Botín del Banco Santander, Francisco González del BBVA, Amancio Ortega y Rosario Mera de INDITEX, las hermanas Koplowitz, la Duquesa de Alba, Florentino Pérez, etc. pagar el IRPF al 1%? ¿Por qué no se suprime el FROB, bajando el déficit un 0,9%, y suprimimos el riesgo de un incremento del déficit futuro de hasta el 10% (99.000 millones de euros) que tan sólo sirven para regalarles más dinero a la banca privada? ¿Por qué no establecer un impuesto en toda la zona euro a los especuladores con deudas soberanas como el de Brasil o sólo en España? ¿Por qué no eliminar la Declaración Conjunta en el IRPF? Son casi 2.000 millones de euros al año. La Declaración conjunta es una desgravación para las rentas medias y altas (y es creciente con el nivel de renta). Es un gasto antieconómico, antisocial, regresivo y discriminatorio para las mujeres (desincentiva su pertenencia a la economía regular). ¿Por qué no se revisan las pensiones de viudedad para eliminar su derecho para las personas viudas con un patrimonio superior al millón de euros o con otras rentas patrimoniales superiores a los 50.000€/año? No sólo se renuncia a regular y controlar los mercados financieros y a frenar la especulación, sino también a implantar sistemas o modelos fiscales nacionales justos, progresivos, del estilo de los países del norte de Europa. Estos modelos al aumentar los ingresos nacionales contribuyen a que dependamos menos de la deuda pública internacional y refuerzan la soberanía y la democracia del país. No son medidas imprescindibles las adoptadas, son posibles otras. No pagamos todos, no son medidas equitativas.

 

En el verano de 2007 los hogares estadounidenses se vieron incapaces de devolver los préstamos inmobiliarios concedidos sin ninguna garantía por los bancos ávidos de dinero; burbuja especulativa promovida desde la propia Reserva Federal dirigida por Alan Greenspan. En septiembre de 2008 la crisis de las subprimes degeneró en una crisis bancaria. Lehman Brothers se hundió. Los bancos dejaron de conceder préstamos y la economía cayó al borde de la asfixia. En vez de nacionalizar el sector financiero en bancarrota, los gobiernos aceptaron reflotarlo dejándolo con la misma desregulación, sin condiciones de ningún tipo. Los Estados se endeudaron fuera de toda lógica para salvar a los bancos privados y reactivar la economía. Pero tras veinte años de neoliberalismo y descenso continuado de la fiscalidad directa, los ingresos públicos se desplomaron. La deuda pública se dispara y, con ella, aparece la crisis social. En los países occidentales se dispara el desempleo, y con él la deslegitimación de los gobiernos democráticos y la desafección de la ciudadanía con sus gobernantes.

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ATTAC España cree necesario que la ciudadanía sea la que se movilice y se rebele por la defensa de la democracia, porque de eso se trata, y se manifieste en contra de la “dictadura del mercado” y de los que son sus dirigentes: esta UE construida de espalda a la ciudadanía europea, el FMI y las entidades financieras. Se impone pues que la ciudadanía española, y toda la europea sea la que se levante para exigir a sus gobernantes que adopten otro tipo de medidas en defensa de la soberanía, la dignidad y la democracia de los pueblos.

 

 

 

attac.es

IZQUIERDA SOCIALISTA VE "ABSOLUTAMENTE NECESARIO" NUEVOS IMPUESTOS

La corriente interna del PSOE Izquierda Socialista (IS) pedirá al Gobierno que apruebe nuevos impuestos para las grandes empresas, los grandes bancos y las grandes fortunas para hacer "equitativas" las medidas del plan de ajuste presentado esta semana y, además, que impulse en la UE y en el G20 una regulación efectiva de los mercados financieros.
 
La corriente ve "absolutamente necesario" aumentar los ingresos del Estado a través de "impuestos a grandes fortunas y al patrimonio, de aumento de la fiscalidad de los bonos financieros y sobre los beneficios de bancos y grandes empresas". Además, reclama fortalecer las "vías públicas de financiación, fundamentales para la activación económica" y de esta forma garantizar "que sea verdad que el coste de la crisis no lo pagan sólo trabajadores y pensionistas".
 
Además, manifestó su solidaridad con las trabajadoras y trabajadores "afectados por las duras medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno" y dijo comprender la respuesta anunciada por UGT y CC.OO. Eso sí, confió en que los sindicatos sigan siendo responsables y que esas movilizaciones "no impidan la continuidad del diálogo social".
 
El portavoz de la corriente, Juan Antonio Barrio de Penagos, explicó que su objetivo es abrir un "amplio debate" sobre las medidas en el seno del partido y del grupo parlamentario y lograr que lo anunciado por el Gobierno se complemente con otras medidas. No obstante, no quiso precisar qué harán los diputados de Izquierda Socialista si no es así.
 
También José Antonio Pérez Tapias, igualmente diputado de IS, opinó que es necesario "reequilibrar" el plan de ajuste del Gobierno y confió en que las movilizaciones de los sindicatos sirvan también como llamamiento en este sentido. Los diputados plantearán este debate en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista del próximo martes.
 
En su comunicado, la corriente dijo ser "consciente" de que el Gobierno ha tomado una decisión "difícil" en un momento en que la economía española vive "graves momentos" y que el euro está sufriendo ataques especulativos, pero insistió en que las medidas deben ser "efectivamente equitativas".
 
En este sentido, reclamó al Gobierno que siga trabajando "con empeño creíble" por la regulación del sistema financiero internacional, por el control de los hedge funds o fondos de alto riesgo, por una tasa a las transacciones financieras en el mercado global y por la erradicación de los paraísos fiscales, y que plantee estos asuntos en la UE y en la próxima cumbre del G20 en Toronto.

COPE. 14-05-10

Hay venganzas, luchas de poder que al final se lo llevan todo por delante

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 16/05/2010

 

Llegó a la Audiencia Nacional cuatro años después que Baltasar Garzón, en 1990, desde un juzgado de instrucción de Bilbao. José Ricardo de Prada (Madrid, 1957) estuvo en los plenos de 1998 de Argentina y Chile y en el caso Pinochet. Llevó la ponencia del caso Scilingo. Y entre 2005 y 2007 fue magistrado para los crímenes de guerra de la Corte de Bosnia Herzegovina. Ahora participa en un proyecto de la UE para asesorar a jueces y fiscales en Colombia como experto en Derecho Penal Internacional.

 

El viernes salió a despedir a Baltasar Garzón a las escalerillas de la Audiencia y mañana, asegura, será el lunes más cuesta arriba de su carrera profesional. Votó a favor de la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo, la causa por la que su colega ha sido acusado de prevaricación. Acepta esta entrevista porque está preocupado "como juez y como ciudadano" por lo que resume como "la profunda capacidad de causar injusticia que tiene la justicia".

 

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P. ¿Qué pierde la Audiencia Nacional sin Baltasar Garzón?

 

R. Sin duda a un buen juez, y los que estamos allí, a un magnífico compañero. Baltasar Garzón es una buena persona. La justicia española, en general, probablemente pierda mucho más. Se puede discrepar con él, pero también se le deben reconocer todos sus méritos, que son muchísimos. Ha protagonizado episodios únicos en la historia, no solo de la jurisdicción española, sino del mundo, en los que otros jueces y fiscales hemos tenido la suerte de acompañarle. Tuve la fortuna profesional de participar en el Tribunal que juzgó el caso Scilingo, referido a la dictadura Argentina, y de redactar la sentencia. Sin la instrucción llevada por este juez no hubiera sido posible. Espero sinceramente que el Tribunal Supremo termine sabiendo calibrar la situación y volver las cosas a su sitio.

 

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P. El principal argumento esgrimido contra la decisión de Garzón de abrir una causa contra el franquismo ha sido la Ley de Amnistía. ¿Cuál es su opinión sobre el alcance de esta ley?

 

R. Desde luego, mi opinión a este respecto es que la Ley de Amnistía tuvo su valor y su importancia en su momento. He tenido ocasión de analizar recientemente algunos casos y su aplicación o no aplicación entonces a ciertas situaciones causa cierta perplejidad en el momento actual. Su aplicabilidad en este momento a ciertas situaciones requiere un análisis muy cuidadoso. De todos modos, de ninguna manera se le puede dar el valor que algunos pretenden, de ley de punto final que blindaría e impediría cualquier investigación sobre los crímenes del pasado. Eso sería cuando menos inconstitucional. Mi opinión es que de ninguna manera es aplicable a determinados delitos. Me refiero especialmente al delito de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, que van mucho más allá de los meros delitos políticos que eran los previstos en la Ley de Amnistía. Pronunciarse jurisdiccionalmente en ese sentido creo que es perfectamente defendible y, de verdad, no creo que tenga nada que ver con prevaricar.

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Jueces bajo sospecha

MILAGROS PÉREZ OLIVA 16/05/2010

 

Las páginas de la sección de España aparecen repletas de crónicas sobre asuntos políticos que se dirimen en sede judicial y de informaciones judiciales de claro componente político. En esas informaciones aparece a veces como elemento destacado la adscripción ideológica de jueces y magistrados. Hasta hace poco, este tipo de etiqueta solía aparecer en las noticias relacionadas con los órganos de gobierno de la Administración de justicia, que no dejan de ser instancias políticas sometidas, como todas las demás, al escrutinio público. Ahora, sin embargo, el etiquetaje ideológico no se aplica ya únicamente a las asociaciones, sino a los propios jueces, y no sólo en relación a su actividad corporativa, sino en noticias relacionadas con su función jurisdiccional, es decir, las decisiones que toman al impartir justicia. Este etiquetaje incomoda sobremanera a muchos jueces y algunos de ellos se han dirigido a la Defensora para expresar su malestar por ello.

 

La problemática es compleja y, lamentablemente, de rabiosa actualidad. Comenzaré por responder a una pregunta muy concreta que me dirige José Antonio Beobide Aizpuru, de Bilbao: "En relación con las etiquetas progresista/conservador que se aplican a los jueces del Tribunal Constitucional o a los vocales del Consejo General del Poder Judicial en su diario, ¿cuáles son los criterios que les sirven para calificarlos de una u otra manera?".

 

Traslado la cuestión a dos de los periodistas más veteranos de EL PAÍS, José Yoldi y Julio Martínez Lázaro, especializados en información de tribunales. "La Constitución prohíbe que los jueces militen en partidos políticos, pero obviamente entre ellos existen diferentes maneras de entender la justicia. Una parte de los jueces se ha agrupado en asociaciones profesionales que se comportan casi como partidos políticos. Su influencia ha llegado a ser tal que, a pesar de que la mitad de los jueces en ejercicio no están afiliados a ninguna asociación, tres de ellas copan casi la totalidad de los puestos, no sólo del órgano de gobierno del Poder Judicial, sino de los órganos jurisdiccionales que dependen del mismo. El hecho de estar afiliado a alguna de esas asociaciones es en estos momentos determinante para la carrera profesional de cualquier juez", afirman.

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El que los jueces puedan estar bajo sospecha de parcialidad es demoledor no sólo para la justicia, sino para el sistema democrático. No hemos llegado a esta situación por culpa de los medios, pero los periodistas tenemos nuestra propia responsabilidad: la de atenernos estrictamente a los hechos, centrarnos en lo que es, más que en lo que puede ser, y evitar cualquier anticipación especulativa.

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