El exgerente de Gesturcal asegura al juez que hubo 'pelotazo' en Portillo
«En 25 años de gestión intachable de Gesturcal no hubo ningún problema, y fíjate que trabajábamos con material sensible, el suelo, el urbanismo, la especulación... pero con la fusión con Parque Tecnológico, en tan solo tres años quiebra Ade Parques, se hace un ERE y se crea un agujero de 400 millones de euros. ¡Más que el de Telemadrid!». Así de tajante se mostró el exgerente de Gesturcal y principal testigo de cargo de la Fiscalía, Jesús Carlón, después de ratificar ante el juez que, a su juicio, hubo ‘pelotazo’ urbanístico en el polígono de Portillo y en la compra del edificio que es la actual sede de la Consejería de Economía, en Arroyo de la Encomienda.
Funcionario de la administración, Carlón era el más veterano de la empresa. Fue promotor de la gestión de suelo de la Junta desde 1983 y luego delegado de Gesturcal en las provincias de Zamora, León, Palencia y Burgos. Ya jubilado, se decidió a denunciar –primero su escrito, a través de un compañero, llegó al Tribunal de Cuentas y después realizó la denuncia en la Policía el 13 de febrero de 2013–, las supuestas irregularidades dentro de ADE Parques a raíz del ERE «que dejó en la calle a mis compañeros de Gesturcal, personas muy competentes y expertos en urbanismo». El resto del personal, procedente de Parques Tecnológicos (la sociedad que únicamente gestionaba el parque tecnológico de Boecillo) «y sin pasar oposición alguna» fue rescatado por la Junta y finalmente asumido como personal de la Consejería de Economía, tras la quiebra de ADE Parques y la decisión del Ejecutivo autonómico de reducir el número de sociedades públicas.
Casi dos horas duró su comparecencia ante el instructor del procedimiento, el magistrado César Gil Margareto, una declaración a la que asistieron la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, los abogados de Parque Empresarial de Portillo SL, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, y el representante legal de uno de los actuales cargos de la Junta que serán llamados a declarar en junio en calidad de investigados, Pablo Trillo, delegado territorial de la Administración autonómica en Valladolid, quien había formado parte del consejo de administración de la extinta Gesturcal en el que se autorizó la adquisición del edificio.
Esta sociedad pública, explicó el declarante, «creó 150 polígonos industriales en Castilla y León antes de la fusión», pero después «la gestión fue un despropósito», subrayó el principal denunciante de estas operaciones urbanísticas supuestamente irregulares que están siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción número 2. Por el suelo del polígono de Portillo, puntualizó según consta en su declaración ante el juez, «pagar veintitantos euros por metro cuadrado por suelo rústico me parece un disparate, una injusticia y una desvergüenza». Por mucho que el planeamiento urbanístico de las parcelas estuviera en trámite y sobre el papel, cuando se recompró por la Junta seguía siendo un campo, insistió.
Empresas intermedias
Puso como ejemplo que en los años 2000 intervino en la compra de terrenos en Dueñas, Magaz, Frómista o Aguilar y todos ellos, a tres euros el metro cuadrado. Entonces, aseguró, la operación «se hacía directamente por empleados de Gesturcal, sin empresas intermedias». También cuestionó que se pretendiera hacer un polígono de esas dimensiones en Portillo, «ya que desde el punto de vista de la ordenación del territorio no tenía sentido, al haber ya un polígono en Cuéllar, medio vacío, que no estaba agotado» y que se trataba de polígonos de 10 hectáreas, no de 150 hectáreas. Según declararon posteriormente los cuatro primitivos propietarios de los terrenos rústicos, la sociedad promotora del polígono les pagó 3, 9 y hasta 10 euros el metro cuadrado. Una importante diferencia del precio que pagó la empresa pública de gestión de suelo. Por eso será clave que un perito realice una comparativa del valor del suelo y de los precios de mercado en esa época.
La otra parte del interrogatorio se centró en la compra venta del edificio de Arroyo de la Encomienda. Al respecto, el testigo principal manifestó que Gesturcal, tras la compra del inmueble, que costó 60 millones de euros, se hizo cargo además de todos los gastos «incluido el del transporte de todos los funcionarios, y ello provocó, junto con las otras compras y urbanizaciones salvajes, que una sociedad saneada tuviera unas deudas de 400 millones de euros».
La pregunta del millón al testigo de la Fiscalía la hizo el juez: «¿Quién decidía los asuntos que se iban a tratar en el consejo de administración de Gesturcal para su aprobación?». El exgerente de la extinta empresa pública contestó que, en el caso de la compra del edificio de Arroyo, lo decidieron la presidenta del consejo y viceconsejera de Economía, Begoña Hernández y el consejero delegado, Rafael Delgado.
