Al terminar las campanadas de las 24 horas del 13 de diciembre de 1988, un joven que estaba viendo la televisión le dijo a su padre, ante el apagón televisivo que se acaba de producir: «Se ha averiado la televisión». Él le contestó que no y le explicó a continuación, de la mejor manera que supo, y no sin dificultades, que era el primer síntoma de que había comenzado la huelga general. Los dos, padre e hijo, estaban asistiendo por primera vez a una huelga general convocada legalmente por los sindicatos en un contexto democrático.
Efectivamente, había comenzado la huelga del 14-D de 1988, posiblemente la de mayor participación e impacto entre los trabajadores y la opinión pública de las llevadas a cabo por el movimiento obrero en España -además, sin ningún tipo de incidentes- a lo largo de toda su historia.
Si nos remontamos al siglo XIX, son dignas de mención las movilizaciones obreras en respuesta a los llamamientos tanto de la I y II Internacional como de las centrales sindicales, en contra de la explotación de los trabajadores y en defensa de sus reivindicaciones relativas, principalmente, al derecho de sindicación y de negociación colectiva y, por supuesto, a los salarios y a la jornada de trabajo, sobre todo en torno al Primero de Mayo. De la misma manera son de destacar, a comienzos del siglo XX, las movilizaciones obreras en torno a la guerra de Marruecos y a la carestía de la vida y al aumento del precio del pan, como consecuencia de la I Guerra Mundial.
Más tarde se produjo la huelga general de 1917 -una fecha también emblemática del movimiento obrero-, convocada contra el poder despótico del Gobierno y a favor de un cambio de régimen. En la II República, la historia del movimiento obrero se hizo eco sobre todo de la huelga general de 1934 -con amplia repercusión en Asturias-, ante el avance del fascismo internacional.
Ya en plena dictadura franquista, fueron destacables la huelga general del País Vasco en mayo de 1947, y las repetidas movilizaciones llevadas a cabo a lo largo de las décadas de los 60 y de los 70 reivindicando, además de las demandas laborales, la recuperación de la libertad, la democracia, y la disolución del sindicato franquista. Movilizaciones que fueron fuertemente reprimidas -significando la cárcel y el destierro para muchos militantes obreros-, produciendo incluso víctimas mortales entre los trabajadores en El Ferrol, Granada y Vitoria en la etapa final de la dictadura. En cuanto a las movilizaciones obreras que se llevaron a cabo al comienzo de la Transición, es de reseñar la huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS ), en noviembre de 1976, secundada por más de dos millones de trabajadores en toda España.
También, después del 14-D, se celebraron importantes huelgas generales ante las reformas laborales impuestas: la del 28 de mayo de 1992; la del 27 de enero de 1994; y, finalmente, la huelga general del 20 de junio de 2002 -en este caso, en contra del Gobierno del Partido Popular-, que fueron seguidas mayoritariamente por los trabajadores.
Esta breve reseña histórica demuestra la fuerte capacidad de movilización del movimiento obrero, destacando en esas convocatorias hechos verdaderamente relevantes, como lo fue la huelga que estamos comentando. Efectivamente, la huelga del 14-D fue tan importante como singular; no estamos hablando por lo tanto de una huelga más de las convocadas por el movimiento obrero en nuestro país. Desde luego fue distinta; tuvo algo de especial, destacando sobre todo la unanimidad con que la ciudadanía secundó las reivindicaciones de los sindicatos, lo que conmocionó al Gobierno y creó estupor y sorpresa en la opinión pública europea. Se trataba, además, de la primera huelga general en democracia después de la dictadura franquista, y de la primera huelga general convocada por los sindicatos con el PSOE en el poder.
El paro fue secundado masivamente por los trabajadores en los centros de trabajo; el comercio y los servicios cerraron en su gran mayoría; el transporte también secundó la huelga, e incluso el paro se secundó en los medios de comunicación audiovisuales y escritos.
La gran mayoría de la ciudadanía secundó la huelga como no se recordaba en España, a pesar de las sucesivas campañas del Gobierno para evitarla, tratando para ello de desprestigiar a los sindicatos, descalificando sus reivindicaciones, estableciendo servicios mínimos abusivos y desestabilizando en concreto a UGT a pesar de que los 11 miembros de su comisión ejecutiva eran afiliados del PSOE.
Los sindicatos asumieron un gran protagonismo social en esta etapa -ante la ausencia de una verdadera oposición política- y demandaron una serie de medidas en relación con los trabajadores más desfavorecidos, oponiéndose particularmente al Plan de Empleo Juvenil como banderín de enganche de la huelga, además de exigir el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva, la mejora de la prestación por desempleo y el aumento de las pensiones. Sin embargo, además de estas reivindicaciones, existían problemas más profundos que justificaban una movilización de estas características contra un Gobierno socialista, como podemos observar a continuación.
Debemos dar por hecho que el único objetivo de la política sindical seguida por UGT y CCOO en la década de los 80 seguía siendo la defensa de los intereses de los trabajadores, que es lo único que justifica su propia existencia. Algunas de las referencias que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo esa política son conocidas: la centralidad del trabajo en una sociedad democrática, el movimiento sindical europeo, las ideas socialdemócratas que se intentaban aplicar con el mayor rigor posible, además de la memoria histórica que seguía siendo una referencia constante para UGT.
Precisamente, en la defensa de los trabajadores, los sindicatos se sintieron incomprendidos al no ser correspondido por el Gobierno el esfuerzo de corresponsabilidad realizado por los trabajadores y los sindicatos, en un contexto económico particularmente difícil. Se equivocaban, pues, quienes manifestaron que la única razón de la huelga se debía a razones de enemistad personal entre Nicolás Redondo y Felipe González o a las ansias de poder de UGT dentro de la llamada familia socialista.
Debemos recordar que UGT aceptó en los primeros años de la década de los 80, con lealtad, un duro ajuste industrial y de salarios justificado por la crítica situación de la economía española, esperando recuperar más tarde una parte de los beneficios que se generarían por un mayor crecimiento de la economía.
Sin embargo, eso no ocurrió y además se comprobó que en el Gobierno predominaba un enfoque neoliberal que mantenía una permanente demanda de contención salarial y planteaba duras propuestas que chocaban con las reivindicaciones sindicales. La reforma de la Seguridad Social (en el año 1985) y el referéndum de la OTAN (en 1986) son dos motivos de grave confrontación que antecedieron a la huelga.
Además de las medidas impopulares, lo que preocupaba a los responsables de los sindicatos era el tono con el que éstos eran tratados en las altas esferas del Gobierno, dando una imagen de ellos como organizaciones opuestas al progreso social, como grupos de presión en defensa de intereses corporativos a los que había que limitar su capacidad de acción. Se postuló, en definitiva, una política calificada de socialdemócrata sin sindicatos… Como si eso fuera posible.
Todo ello unido a un discurso sobre el fin de la clase trabajadora en un mundo postindustrial, defendiendo que las clases medias profesionales abandonaran la alianza con la clase obrera. Esta pasó de ser vanguardia de la transformación social a un grupo en declive, retardatario, y conservador al que había que frenar en su creciente influencia en la sociedad. Fundamentalmente, esto justificó que el conjunto del movimiento sindical encabezara la contestación obrera donde se reivindicó principalmente el reparto de una parte de los beneficios que se estaban generando por un mayor crecimiento de la economía: exigencia del «giro social», como compensación de la «deuda social» contraída con los trabajadores desde años atrás.
La consecuencia más negativa de todo ello fue el enfrentamiento con el Gobierno socialista de Felipe González, y con su política económica en concreto, en coherencia con la defensa que hicieron los sindicatos de una política de solidaridad y, por lo tanto, de los trabajadores más débiles: jóvenes sin empleo, pensionistas, trabajadores con un contrato precario, dependientes del SMI o con salarios bajos y desempleados sin prestación por desempleo.
La parte positiva del enfrentamiento fue que los sindicatos se hicieron mayores de edad; rearmaron a sus cuadros en la defensa de sus siglas; reafirmaron su autonomía; y consiguieron con su actuación fortalecer, más si cabe, el carácter constitucional de los sindicatos en defensa de los trabajadores en una sociedad democrática. Los sindicatos hicieron músculo, fundamentalmente con sus afiliados en los centros de trabajo, y ello les hizo más fuertes y seguros de sí mismos, demostrando que la lógica política no tiene nada que ver con la lógica sindical y que el papel de los sindicatos y de los partidos políticos es distinto en un sistema democrático, sobre todo cuando los partidos son interclasistas, como ocurre en la actualidad.
Además de todo ello, y a pesar de las críticas que se hicieron a los sindicatos de no saber gestionar el éxito de la huelga -por no saber «negociar de manera realista»-, las reivindicaciones obtenidas, eso sí, un año después del 14-D, se pueden considerar muy positivas, siendo valoradas por encima de los 250.000 millones de las antiguas pesetas como pago de la deuda social contraída. Además, los sindicatos consiguieron retirar el Plan de Empleo Juvenil, y que se aprobaran la Ley de pensiones no contributivas, el derecho a la negociación en el
ámbito de la función pública y la cláusula de garantía de la retribución de los funcionarios, la cláusula de garantía para los pensionistas, el incremento de la ayuda familiar para las rentas más bajas, y el salario social a través de las comunidades autónomas, entre otras medidas.
Sin embargo, todo hay que decirlo, los sindicatos no consiguieron cambiar ni la política económica del Gobierno ni la extensión de los contratos temporales hasta límites insospechados en el resto de los países europeos. Tampoco significó la debacle electoral del PSOE, aunque los sindicatos volvieron a demostrar con la huelga su capacidad para deslegitimar la política del Ejecutivo socialista entre los trabajadores.
Desde entonces han pasado 20 años y la situación ha mejorado mucho en España. Destacan los avances relacionados con las libertades, la consolidación de la democracia, el crecimiento económico, la plena integración en la UE, el control de la inflación, el avance en políticas sociales, y, por supuesto, en políticas de igualdad. Pero, sobre todo, cabe destacar en estos años el protagonismo de los sindicatos a través del diálogo social y de la negociación colectiva, reafirmando con ello el pleno reconocimiento de la representatividad de los sindicatos en la defensa de los trabajadores, que hoy nadie discute.
Sin embargo, y a pesar de los avances que se han producido, los sindicatos siguen teniendo en la actualidad nuevos retos y nuevos compromisos con los más desfavorecidos. A mi entender, estos son los más significativos:
- La globalización de la economía y de las comunicaciones, en un contexto de crisis financiera y recesión.
- El aumento de las desigualdades y de la pobreza en el mundo.
- El dumping social y la deslocalización de empresas.
- La presencia del capitalismo financiero en las empresas.
- El cambio climático.
- El fenómeno de las migraciones.
- El déficit en protección social, por debajo en nuestro caso de la media europea.
- El desarme fiscal.
- La pérdida de los salarios en la renta nacional.
- El desempleo y la precariedad alarmante de nuestro mercado de trabajo.
- El preocupante número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Y, finalmente, el estado de nuestros servicios públicos -sobre todo los relativos a la enseñanza y la sanidad- y las políticas encaminadas a su privatización en algunas comunidades autónomas.
Estos son algunos de los retos que tenemos que recordar al cumplirse el 20º aniversario de una fecha memorable para los trabajadores como el 14-D, que, según pasan los años, es mejor comprendida por muchos de sus antiguos detractores al considerar ahora normal que los sindicatos utilicen un recurso como el derecho de huelga, que reafirma su autonomía y sus competencias constitucionales en la defensa de los intereses de los trabajadores, incluso en contra, si es necesario, de un Gobierno con la etiqueta de progresista… y desde luego de los empresarios.
Eso es lo que viene sucediendo desde hace ya muchos años en la UE y esa es la normalidad que queremos que se consolide, también en nuestro país, a partir de la experiencia que estamos viviendo en la actualidad y de la madurez adquirida aquel14-D.
*Antón Saracíbar es ex dirigente de UGT y miembro del Patronato de la Fundación Francisco Largo Caballero.
El Mundo, 12-12-2008
