EL PER y LA PAC. NOTAS AL ARTICULO “EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA AGRARIA ESPAÑOLA. EL CASO ANDALUZ Y EXTREMEÑO”.

Aunque el objetivo del mismo es estudiar el mercado de trabajo agrario en España, es evidente que el articulo está centrado en el análisis y consecuencias del PER; destaca el hecho de que entre 1976 y hasta el 2002 la población activa agraria a disminuido considerablemente, habiéndose reducido en un millón y medio de personas los ocupados agrarios, no ha ocurrido lo propio con los parados agrarios. Señalando que el PER ha provocado un enrarecimiento del mercado de trabajo en estas comunidades autónomas, retardando la modernización de la agricultura y destacando el hecho de contradictorio de que a la par que existían en el 2002, 200.000 parados agrarios percibiendo el PER, la agricultura española proporcionaba trabajo a un buen número de trabajadores extranjeros.

 

Es evidente que el análisis no se puede descontextualizar del proceso de modernización de la economía española, que en su vertiente sectorial determina una progresiva perdida de peso del empleo y valor añadido de las actividades primarias. En España ahora el sector primario aporta un 4% del empleo y en el año 85 según la Contabilidad Nacional de España (CNE) aportaba el 16% del empleo. Esta importante reducción de la importancia económica del sector agrario es evidente que nos ha acercado a los standares económicos de nuestros socios de la UE. De no haber sido así la transformación económica hubiera sido un fracaso. Como se ha operado este proceso: básicamente, a partir de la población no asalariada, es decir titulares del explotaciones agrarias que se han ido jubilando o han buscado ocupación en otras actividades, ya que la población asalariada agraria no se ha reducido en la misma proporción, 535 mil contabilizaba la CNE en 1985 y 472 en el 2008, el empleo no asalariado en la CNE ha pasado de ser 1.293 mil en 1.985 ha ser un 442 mil en el 2008. En este sentido si el ajuste no se ha hecho sobre los no asalariados es normal que la cifra de parados agrarios no acuse la reducción de los primeros, ya que se trata principalmente de titulares de pequeñas explotaciones que por regla general nunca han precisado de mano de obra asalariada.

 

Es por otro lado, conocido que la población asalariada agraria se concentra geográficamente en las regiones de Andalucía y Extremadura: 133 mil asalariados es el último dato que nos ofrece para Anadalucía la CNE y 22,3 mil en Extremadura. Los trabajadores eventuales agrarios, que cobran el PER, eran 137 mil en Andalucía (datos del 2009) y 21 mil en Extremadura. Desde el 2002 que es el último dato que recoge el artículo los beneficiarios del PER se han reducido en un 30% en Andalucía, y en un 25% en Extremadura. La dinámica del PER cuya numero de beneficiarios se viene reduciendo desde el 2003 (entonces eran 233,5 mil los beneficiarios), parece ser entonces ajena a los auges y crisis de la economía española. En todo hay una razón, y si uno mira la distribución del PER por sexos, observa que 100,5 mil de los beneficiarios del 2009 eran mujeres y 58,4 eran varones. Es evidente que el PER lo están cobrando un buen numero de mujeres del medio rural andaluz y extremeño (las mujeres paradas con experiencia en el sector primario andaluz según la EPA eran 53,5 mil), cuyos maridos probablemente se ocupen en la construcción o en los servicios, muchos estén ahora en paro, y también una parte de ellos y ellas serán sin duda trabajadores eventuales agrícolas. El PER forma por tanto parte de ese entramado de subvenciones o transferencias de rentas agrarias, que lo que hace es sostener los ingresos de las personas que viven en el medio rural. Es por tanto muy difícil presuponer que las mujeres que cobran el PER en un municipio determinado de Andulucía o Extremadura se desplacen a trabajar al otro extremo de la región, a Huelva o Almería, cuando tienen obligaciones familiares que atender, eso sí, el PER tal y como está ahora facilita el que sus maridos acudan a trabajar a otros lugares de la costa: en la construcción o en los servicios y también de temporeros en Huelva o Almería. Por ello, aventurar que el PER impide la modernización del sector es mucho suponer.

 

Es importante también considerar el coste global del PER, si se cobra un máximo de 180 jornadas, los mayores de 52 años pueden llegar a 300, a razón del 75% del salario mínimo interprofesional, que en el 2009 era de 20,8 euros/día. En consecuencia, y teniendo presente que 57,9 mil beneficiarios del PER tienen más de 55 años, pude darse una cifra máxima de gasto aproximado en este concepto de 270 millones de euros, es decir 101 mil beneficiarios cobrando 180 jornadas al 75% de 20,8 euros, y 57,9 beneficiarios cobrando 300 jornada al 75% de 20,8 euros (1.700 euros por beneficiario). Si estas son las cuentas del PER representan un 0,91% de la función del desempleo (prestaciones dinerarias) que en las SEERPROS del 2008, ultimas publicadas, asciende a 29.771.198 miles de euros, en definitiva el chocolate del loro del desempleo. Atribuirle efectos tan perniciosos para el agro andaluz o extremeño a tan modestas aportaciones presupuestarias es desconocer la realidad del sector a nivel andaluz, extremeño, español y europeo.

 

Circunscribiéndonos a la región andaluza, hay que conocer que la población ocupada en el sector estaba formada en el 2009 por 52,5 mil empresarios agrarios, 157,4mil asalariados, y 5,5 mil ocupados en otras situaciones (ayudas familiares, miembros de cooperativas, etc…), con experiencia laboral en el sector primario hay además 117,1 parados. Es evidente que a todas luces hay más beneficiarios del PER que parados, 137.5 mil frente a 117,1 mil, de los que 47,5 mil son varones cobrando el subsidio en tanto que 63,6 varones que se declaran parados en la EPA, y mientras que 90,8 mil mujeres cobran el subsidio, el paro agrario femenino es de 53,5 mujeres, mujeres que son beneficiarias del subsidio como antes he dicho más que por trabajar en el campo por ser mujeres rurales, y que cobrarían una media de 1700 euros por beneficiario según los cálculos antes expuestos. Entre tanto los empresarios agrarios andaluces, 57,9 mil según la EPA, están recibiendo subvenciones del FEGA una cuantía total de 1.862.450.4 miles de euros, (1.224.093 mil en modalidad de pago único) lo que supone un monto de subvenciones de 35.475 euros por empresa, si tenemos presente que estas subvenciones se dan para sostener la actividad agraria cada puesto de trabajo ocupado estaría subvencionado por 8.567 euros. Llegados a este punto habría que reflexionar que es lo que impide la modernización del sector las subvenciones del PER o las subvenciones de la PAC, sobre todo si se tiene en cuenta que estas se pagan a la ganadería extensiva, cereal, viñedo, olivar, algodón, etc.. y no a la agricultura intensiva de los invernaderos o a la ganadería del porcino. También cabría preguntarse si en el medio rural andaluz estas subvenciones no están impidiendo el desarrollo de otras actividades económicas al acomodar a un sector del empresariado a una actividad deficitaria, o simplemente si la UE no está indirectamente subvencionando a los consumidores europeos y sobre todo a los que alabamos las bondades de la dieta mediterránea, entre los que tu y yo nos encontramos, el adquirir el aceite de oliva a un precio que en “mercado libre” quizás debiera de ser más alto. Como ves, es todo muy complejo para que las culpables de la situación del campo andaluz y extremeños sean aquellas mujeres rurales andaluzas y extremeñas que reciben una pequeña subvención para conciliar la vida familiar en el medio rural.

 

Francisco Parra, en respuesta a un amigo.