El Servicio de Control Financiero de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León ha emitido un informe que pone en entredicho el funcionamiento contable de la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca, al constatar la realización continuada de prácticas contrarias a la normativa, tales como no imputar determinados gastos al presupuesto correspondiente o modificar gastos contraviniendo los principios establecidos con el fin de encontrar un encaje contable.
El informe, remitido antes del verano a la Consejería, señala textualmente que «la documentación facilitada por la Gerencia de Atención Especializada referente a los gastos realizados en el ejercicio no se considera fiable».
Los auditores han llevado a cabo una comparación entre los distintos registros a través de los que debe tramitarse el gasto hospitalario (HPHIS y SICCAL), constatando que «en el primero no se encuentran todas las facturas incluidas en el segundo y a su vez no coinciden con el gasto real de ejercicio».
De hecho, uno de los aspectos más alarmantes del informe es la consideración de que el gasto real en el ejercicio 2011 ascendió a 303,7 millones de euros frente a lo registrado oficialmente por la gerente, por lo que existen a final de ejercicio «obligaciones pendientes de imputar al presupuesto» por un importe de 188,2 millones de euros.
Los auditores insisten en criticar el oscurantismo y mala praxis contable de la Gerencia, lamentando que se hayan tenido que determinar los gastos reales del 2011 a través de un cálculo que constató «que durante el ejercicio 2011 se imputaron al presupuesto obligaciones de ejercicios anteriores».
La Gerencia de Atención Especializada de Salamanca, dependiente de la Gerencia Regional de Salud, incluye en Salamanca la gestión del Hospital Clínico Universitario, el Hospital Virgen de la Vega y el Hospital de los Montalvos, así como el Hospital Virgen del Castañar de Béjar y el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo. En total, 4.476 trabajadores.
Precisamente, el área de personal es según el informe al que ha tenido acceso El Norte de Castilla, otro de los puntos centrales de mala gestión por parte de la Gerencia, ya que, además de constatar «deficiencias en el control interno por la falta de manuales que describan los procedimientos», se señala que no existe «supervisión de tareas» y que de hecho, «sigue sin implantarse ningún mecanismo de control horario y de asistencia».
También resulta sorprendente en el apartado de gastos de personal el hecho de que, al compararse la lista de efectivos a 31 de diciembre del 2011 con la lista de perceptores de la nómina del mes de diciembre, se detectó que «195 efectivos no están en el listado de nóminas y 112 personas están en el de nóminas y no forman parte del listado de efectivos».
En el primer caso, la mayoría de personas fueron contratadas después del cierre de nómina, además de los trabajadores que se encuentran en situación de excedencia por distintos motivos. En cuanto a los 112 trabajadores no incluidos en la plantilla pero que sí cobraron nómina, se señala que 66 causaron baja en el mismo mes de diciembre, mientras que el resto lo habían hecho en meses anteriores, aunque dos de ellas causaron baja en octubre del 2009 y noviembre del 2010, respectivamente.
Retribuciones arbitrarias
En este capítulo, el informe insiste en que se acuerdan retribuciones «con carácter arbitrario» y que en la Gerencia «no existe una resolución estableciendo los equipos de guardia necesarios en cada servicio o unidad asistencial». También lamenta otras malas prácticas como el hecho de que la gerente fije retribuciones para las que «no tiene capacidad». En particular, la auditoría subraya el caso de acuerdos verbales entre los propios trabajadores para fijar importes, caso de los equipos del área de Trasplantes.
«En algunas ocasiones, caso de médicos intensivistas, cuando se produce un proceso de extracción de órganos, el importe que le correspondería cobrar al facultativo participante se reparte entre todos los facultativos intensivistas, según acuerdo alcanzado entre los mismos».
También se señala la retribución de productividades variables por encima de «los máximos establecidos» o la situación de ilegalidad de nombramientos de personal directivo, que no se ajusta al Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud, «al no existir convocatoria para la ocupación de las plazas, eludiendo los principios de publicidad y concurrencia».
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