Tenemos un sistema educativo vulnerable e inestable, escasamente democrático y que tiende a la privatización. También se puede considerar como confesional, ya que mantiene la Religión en el horario lectivo (segregando al alumnado por sus convicciones), se permiten actos simbólicos y orientaciones curriculares de marcado acento religioso e incluye como parte del “servicio público de enseñanza” (artículo 108.4 de la actual Ley Orgñanica de Educación) a los centros privados concertados de ideario católico. También es selectivo, ya que expulsa del sistema a un porcentaje alto del alumnado, situándonos a la cola de los países de la OCDE, incidiendo en carencias en el desarrollo intelectual y cultural de una parte importante de la juventud, produciendo diversas brechas sociales.
Con este complejo panorama, aparece el Partido Popular, de la mano de los obispos, de la patronal más conservadora y de los sectores más casposos de la enseñanza, con una propuesta de modificación parcial de la LOE (la LOMCE), que trata de profundizar, aún más, en la privatización, en la exclusión y en la “segregación del alumnado” por motivos de conciencia, de situación social, de capacidad intelectual o de territorio (rural-urbano). Y por si ello era poco:
1. Elimina, totalmente, la democracia en los centros de la que se disfrutaba todavía.
2. Trata de afianzar, aun más, la religión en la escuela.
3. Acentúa la competitividad, frente a la cooperación
4. Rebaja, según las previsiones del Gobierno ante la UE, la inversión y gasto en enseñanza, nada más y nada menos, que un punto del PIB (unos 10.000 millones de euros menos que en 2010), durante los próximos años, castigando duramente a los sectores más desfavorecidos y al territorio rural; en suma, empobreciendo gravemente a la “escuela de titularidad pública”, hecho que no tiene parangón en ningún país de la OCDE.
Y con ello, haciendo una dejación suicida de la obligación que todo Estado debería de tener de garantizar prioritariamente plazas de titularidad pública de calidad. Afianzado, abiertamente, el desarrollo del sector privado (mayoritariamente católico) a costa del público. Además las patronales de la Enseñanza, no se conforman sólo con ello, y exigen prolongar y ampliar los conciertos con más recursos públicos, eliminar cualquier condición para recibir subvención pública, tener acceso gratis al suelo público y establecer, sin límites, un currículo de acuerdo con el ideario de cada centro.
Los países con mejores sistemas educativos, desde el punto de vista de los resultados cualitativos y cuantitativos, son aquellos que han optado, independiente del color político de los Gobiernos, por la estabilidad, por una gran inversión para una potente escuela de titularidad pública, con un fuerte asentamiento de los principios laicos, es decir: democracia participativa, religiones fuera del tiempo lectivo y un fuerte impulso, en el currículo, a una educación en valores solidarios, de pensamiento crítico y de ciudadanía, además de tomar medidas eficaces para evitar la expulsión del alumnado del sistema obligatorio de enseñanza y potenciar fuertemente la escuela pública y gratuita en las edades más tempranas, es decir de 0 a los 6 / 7 años, con una red amplia y suficiente de escuelas infantiles específicas. Pues aquí todo lo contrario: ¿Quién da más?
Además habría otros factores que mejoran el sistema, en los que en España no ha entrado todavía, como, por ejemplo, el papel relevante que los municipios deberían de tener en las etapas infantil y primaria y la formación del profesorado altamente cualificado con una acceso a la profesión docente, totalmente opuesta a como se hace en la actualidad, aunque para ello se habría de implicar fuertemente la administración educativa y, por supuesto, la Universidad, evitando corporativismos y malas prácticas.
Pues no. Aquí se apuesta por aminorar el papel el Estado, eliminando servicios públicos básicos que garanticen la compensación de desigualdades, como la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, para entregarlos al mercado y/o al clero, tratando de eliminar los principios de solidaridad y de justicia social, para afianzar la caridad y la beneficencia, tratando de confundir a la ciudadanía.
Este traslado, en la máquina del tiempo, a los años más oscuros de nuestra historia, se hace con engaños y coartadas, como, por ejemplo, para mejorar la “eficacia en la gestión” (falseando datos) o la necesidad “del ahorro” para pagar una deuda externa imposible, que los ciudadanos y ciudadanas no hemos generado.
Organizaciones sociales, políticas y sindicales y millones de ciudadanas y ciudadanos, desde hace más de 30 años vienen haciendo, con escaso éxito hasta hoy (y así nos va), una apuesta decidida por un modelo de enseñanza pública, gratuita, universal, democrática y laica, como garantía para construir un modelo educativo integral, compensador de desigualdades, inclusivo y que eduque para una convivencia ciudadana en libertad.
En este momento y desde hace varios meses, más de 70 organizaciones del Estado, para tratar de ganar el futuro una vez más, propician una campaña específica, algunos de cuyos mensajes y reivindicaciones son: retirada inmediata de la Ley Wert; una escuela pública y laica; religión fuera de la escuela; derogación de los acuerdos con la Santa Sede; que no se financie con dinero público el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar; que no se segregue al alumnado por razón de conciencia, de sexo o de otra naturaleza ideológica, territorial o social; mayor inversión en educación; más democracia participativa; más escuela de titularidad pública.
Francisco Delgado es presidente de Europa Laica
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