Crónicas insumisas Bárcenas, Fabra, cultura de corrupción

Tica Font
Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y miembro del Centre Delás d’Estudis per la Pau

 

Carlos Fabra, ciudadano ejemplar según Mariano Rajoy y Carlos Corazón de León según Alberto Fabra presidente de la Comunidad Valenciana, está contento con su sentencia, solo le han caído 4 condenas de 1 año cada una y por fraude fiscal, ya que el juez no pudo demostrar otros cargos, aunque eran evidentes; también está contento porque no lo han condenado por corrupción y cohecho. A pesar de reconocer que ha sido leve la condena piensa recurrir al supremo, su intención, no ir a prisión y dejar transcurrir el tiempo; está sentencia ha tardado 10 años en dictarse. La sentencia condenatoria no ha provocado su cese como secretario de la Cámara de Comercio de Castellón, esperemos que si sirva para mantenerlo alejado de las contrataciones públicas.

 

Este es el pan de cada día, procesos judiciales que se dilatan en el tiempo, para finalmente producir sentencias socialmente insatisfactorias; políticos que se protegen colectivamente para negar que hayan sido corruptos, para poner trabas e impedir que se demuestre que han llevado a cabo acciones corruptas, aunque los hechos indiquen lo contrario y políticos que no están dispuestos a reconocer responsabilidad política alguna sobre la corrupción imperante.

 

Es evidente la poca voluntad de los políticos para hacer las reformas legislativas necesarias, para aplicar medidas internas que eliminen las actitudes corruptas en el partido, medidas para regenerar la cultura y los valores políticos, como mínimo en el ámbito que les corresponde.

 

Pero todo no acaba en la esfera política, para combatir la corrupción necesitamos regenerar la cultura imperante en ciudadanos, políticos, empresarios y en todos los estamentos públicos, privados o laborales. Es necesario favorecer los valores de la honradez, de la honestidad y de la transparencia, es necesario combatir la cultura del soborno y la picaresca popular.

 

Tenemos que ser consciente que la cultura de la corrupción se instala cuando hay consenso social, cuando mayoritariamente la población valora que aprovecharse de la posición en beneficio propio se normal, que los listos son el que se aprovechan de las situaciones en su propio beneficio y que el que no se aprovecha es porque o es tonto o un inútil. Los municipios y comunidades donde ha habido más corrupción, la gente ha votado mayoritariamente a políticos corruptos o imputados por corrupción, siempre esperando que alguna migaja les pudiera caer, esperando a que su finca pueda ser recalificada para la construcción y que con las ganancia de la venta poder vivir algo mejor. La gente sabía que eran corruptas, pero confiaban en que alguna migaja les tocaría.

 

Quién de nosotros diariamente cuando ha tenido que pagar cualquier servicio no ha hablado de qué parte de la factura iba con IVA o sin IVA, quién cuando hace la declaración de renta no intenta escabullir pagar impuestos, quienes no vive la declaración de renta como si le sacaran una muela. Quién de nosotros no intenta utilizar una amistad para avanzar en la cola de una intervención quirúrgica o quien no empadrona al niño a la casa del abuelo para poder entrar en una determinada escuela pública.

 

La diferencia entre nuestras actitudes cotidianas y las prácticas de políticos y empresarios radica en las cuantías, mientras que la gente lo hace por un centenar de euros los otros lo hacen por miles o millones de euros, pero la actitud es la misma, el beneficio propio en detrimento del beneficio común.

 

Regenerar la cultura de la corrupción implica regenerar la cultura de todo el mundo, si solamente miramos a los políticos no cambiaremos la cultura de la picaresca.

 

publico.es

¿Somos todos unos corruptos?

La tolerancia con la picardía, la complacencia con el tramposo, hacerse el tonto cuando descubrimos, o incluso convivimos, con una irregularidad… Ese es el problema que tenemos en nuestro país con la corrupción: nuestro problema es la actitud.

 

En su post de este lunes en “Público” Tica Font explica que, para que en un colectivo se instale la cultura de la corrupción, es preciso que exista consenso social, que mayoritariamente la población considere que “aprovecharse de la posición en beneficio propio es normal“. Quizás derivado de un comportamiento de siglos, elocuentemente descrito en “El Lazarillo“, “El Buscón” y otras obras maestras de la novela picaresca española, nuestro problema es la actitud.

-  ¿Cómo iba yo a decirle que no al duque de Palma? Si quien me lo proponía era el duque de Palma! explicaba hace unos meses con aire candoroso Jaume Matas en un programa de televisión para justificar que el duque se lo llevara crudo a costa de las arcas públicas de Baleares, la comunidad que Matas presidía y por cuya controvertida gestión sigue visitando juzgados y recibiendo condenas.

- ¿Cómo que lo que hacemos es ilegal? solía preguntarle Jesús Gil a sus acólitos. Capullos, que sois unos capullos: de la cárcel se sale más fácil que de la miseria. Sois unos pringaos y como no espabiléis lo vais a ser toda vuestra vida. Y claro, con ese tipo de arenga, ¿quién no se pone inmediatamente a la faena, llámese Julián, Isabel o Marisol?

- ¿Cómo, qué me pagas un sobresueldo en negro? Muchas gracias, tío… Luis

- ¿Cómo, que me piensa pagar parte del sueldo en negro y si no busca a otro que lo acepte? ¿Doce horas de trabajo pero contrato de media jornada? Bueno, vaaale.

- ¿Cómo, que me cobra el doble si me hace factura? Bueno, pues sin factura.

- ¿Cómo, que has echado del despacho a ese constructor que nos podía haber sacado de pobres? – le podría decir su pareja al concejal o concejala que llega a casa contando orgulloso que ha sido capaz de rechazar un soborno-. Pero ¿tú eres gilipollas o qué? Niños, espero que vosotros no seáis tan tontos cuando os hagáis mayores.

 

Urdangarín seguro que tenía miedo el pobre a que le regañaran en casa si no le sacaba partido al braguetazo como es debido. Y además, puede que le dijera algún amiguete, o se dijera él a sí mismo, no seas tonto, ¿no sabes lo que Peñafiel ha contado de tu suegro, del céntimo que cobraba por cada barril que entraba de Arabia Saudí tras su gestión durante la crisis del petróleo de 1973? Se lo puso Franco y se lo mantuvieron, por lo menos, Adolfo Suárez y Felipe. Pues total, tú lo que tienes que encontrar es la manera de hacer algo parecido. Y el muchacho parece que se lanzó. Sin paracaídas. El pobre.

 

Del rey abajo ninguno nos libramos. Es como si estuviera en nuestro adeene, como si no lo pudiéramos evitar. Ni escarmentamos ni queremos escarmentar. Para eso hace falta contar con una conciencia de transgresión que parece que no tenemos demasiado desarrollada. No he cubierto información en ningún juzgado de España, y he visitado muchos, donde el alcalde detenido por presunta corrupción no haya gritado a voces su inocencia antes de que lo empuraran. Y como recuerda Tica en su post, en muchos casos continúan votándolo.

 

Lo verdaderamente trágico es que no haya institución que se salve: ni empresarial, con un presidente de la patronal en la cárcel; ni sindical, con un secretario general recién dimitido, ni política, cuya relación completa más que un post necesita las páginas de un vademécum. Hasta al cura del pueblo del famoso “Ecce homo” lo han pillao con el carrito del helao.

 

La mucha porquería acumulada durante decenios va saliendo a la luz poco a poco. Pero muy poca aún. Tiene razón Tica Font cuando sostiene que “regenerar la cultura de la corrupción implica regenerar la cultura de todo el mundo“. Es algo que se dice poco y que yo creo que hay que repetir mucho. Todas las veces que lo repitamos serán pocas. Por eso me he permitido escribir este post, al hilo de sus reflexiones.

 

Los corruptos tipo Mario Conde o Javier de la Rosa que roban millones, y más si meten la mano en los dineros públicos como Munar, Fabra o Roldán, tienen que pagar por ello con muchos años de cárcel y devolviendo, por supuesto, todo el dinero trincado. Pero admitamos, si queremos plantearnos de verdad cómo acabar con esto, que “la diferencia entre nuestras actitudes cotidianas y las prácticas de políticos y empresarios, aunque eso no signifique poner ningún tipo de paño caliente, radica en las cuantías“.

 

Nos tenemos que regenerar todos para que esto no continúe siendo la misma aburrida y vergonzosa historia otros quinientos años más. Se trata de no dejar pasar ninguna conducta irregular a tu alrededor, por nimia que sea. De lo contrario, tanta vestidura rasgada se quedará siempre en un mero ejercicio de hipocresía y como Lázaro de Tormes, seguiremos comiéndonos las uvas del ciego de tres en tres cuando él lo haga de dos en dos. Eso sí, arriesgándonos a que si nos pillan, del pedazo de tortazo que nos calcen acabemos con el ojo a la virulé y los dientes por el suelo. Pero mientras tanto…

 

publico.es

Los errores y falacias de las políticas públicas del Gobierno Rajoy

La sabiduría convencional del pensamiento económico neoliberal alcanza su máxima expresión en España en las políticas económicas del gobierno del Partido Popular, bien reflejadas en los pronunciamientos de su Presidente Rajoy. Predeciblemente, los medios de mayor difusión del país proveen las cajas de resonancia para que tales posturas se promuevan, habiendo alcanzado un nivel de aceptación generalizada, que es sumamente preocupante, pues cada una de sus posturas tiene en su contra una enorme cantidad de evidencia que las cuestiona. Veamos tales posturas expresadas en varias formas y ocasiones y la evidencia que señala su error.

 

España no puede vivir por encima de lo que uno tiene, postura de la que se deriva que hay que recortar el gasto público y bajar los salarios a fin de reducir el consumo. Vayamos por partes. En cuanto al gasto público, España tiene uno de los gastos públicos por habitante más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países europeos de desarrollo semejante al español. En realidad, dicho gasto está muy por debajo del que le correspondería por el nivel de desarrollo de riqueza que tiene. Su gasto público social por habitante es solo el 74% del promedio de la UE-15, cuando el PIB por habitante es ya el 94% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% en lugar del 74%, el Estado español se gastaría 66.000 millones de eurosmás al año de lo que se gasta ahora. España los tiene, lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Un análisis de las políticas fiscales del país muestra la enorme regresividad y fraude fiscal existente en España.

 

En cuanto al sector privado, el hecho de que las familias estén endeudadas no se debe a su derroche, como Rajoy indica, sino al hecho de que las rentas salariales han ido bajando en España, con lo cual la población (cuya mayoría deriva sus ingresos de las rentas del trabajo) ha tenido que ir endeudándose. Es más, contribuyó a este endeudamiento la bajada del precio del dinero, resultado del euro y de la altamente rentable inversión de la banca alemana en actividades especulativas, que, en maridaje con la española, fue responsable de la burbuja inmobiliaria.

 

El gobierno no puede gastar el dinero que no tiene, lo cual ignora que el Estado puede tenerlo si hay voluntad política para tenerlo. El Estado puede recoger dinero de impuestos y tasas, los cuales en el Estado español, incluyendo el central y las autonomías, lo recogían en mucha menor cantidad (equivalente al 34% del PIB) que en el promedio de la UE-15 (el 44% del PIB) en 2009, y ello se debe, en gran parte, como he indicado antes, a la enorme regresividad de las políticas fiscales del Estado y de sus CCAA. Así, mientras la mayoría de la ciudadanía que trabaja y está en nómina paga en impuestos cantidades similares (ligeramente inferiores) a las que pagan sus homólogos en la UE-15, los súper ricos que derivan sus ingresos de la propiedad de capital pagan mucho, mucho menos (un 20% nominalmente) de lo que pagan sus homólogos en la UE-15.

 

La deuda es una rémora para las generaciones futuras a las cuales se les pasa la carga de tener que pagar por esta deuda. Este argumento tergiversa la realidad, pues el gasto público en inversiones significa que las futuras generaciones podrán gozar de unas infraestructuras que no tendrían si no existieran dichas estructuras. Si se invierte, por ejemplo, en educación u otros servicios públicos del Estado del Bienestar, o en infraestructuras físicas, como transporte, ello mejora la calidad y bienestar de la sociedad presente y futura. Es más, esta mejora se está consiguiendo a un coste menor, pues los precios son más bajos ahora que en el futuro, con lo cual las generaciones futuras ahorrarán dinero en lugar de derrocharlo. En realidad, el punto clave no es el tamaño de la deuda, sino la naturaleza de esta deuda. En España el problema mayor de la deuda no es su tamaño, sino el elevado porcentaje de dicha deuda derivado de tener que pagar sus intereses hipertróficos y elevados, consecuencia del diseño del sistema financiero centrado en el Banco Central Europeo (BCE), el cual no es un Banco Central, como he mostrado en muchos artículos (ver páginas económicas de mi blog www.vnavarro.org) sino que es un lobby de la banca privada, la cual es constantemente favorecida a costa de los Estados. El gobierno Rajoy y sus políticas han favorecido enormemente a la banca, que ha aprovechado el dinero que le ha transferido el BCE no para ofrecer crédito, sino para comprar deuda pública del Estado a unos intereses desorbitados. Otras políticas alternativas podrían haber sido implementadas. Así de claro.

 

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Ver todos los artículos de Vicenç Navarro.

La oposición pierde la paciencia con Montoro tras el ‘salvavavidas’ a la infanta para eludir el delito fiscal

Parece que se disipan algunos nubarrones sobre la Casa Real por la implicación de la infanta Cristina en los presuntos fraudes cometidos en la empresa que compartía con su marido el Duque de Palma. El Mundo ha publicado este lunes que la Delegación de Hacienda de Cataluña ha enviado al juez Castro un informe en el que concluye que la empresa familiar Aizoon -propiedad de ambos cónyuges al 50%- defraudó en cuatro años 281.000 euros, pero que en ninguno de los ejercicios se sobrepasó la barrera que marca el delito fiscal, situada en 120.000 euros.

 

Cambio de criterio
El diario denuncia que Hacienda ha forzado las cantidades defraudadas presuntamente por la Infanta para dejarlas fuera del tope del delito fiscal dando por buena parte de una “facturación cruzada ficticia” como fue considerada inicialmente, en concreto tres recibos que ascienden a 69.900 euros supuestamente pagados por Aizoon a una de las sociedades instrumentales de Diego Torres, en concepto de asesoramiento. El problema es que en la investigación se alerta de que los servicios de Torres fueron inexistentes ya que los de Urdangarin también lo fueron.

 

“Todo el aparato del Estado” al servivio de la infanta
Ante esta información -que se suma a la actitud cuanto menos prudente de la Fiscalía hacia la infanta- el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha anunciado que pedirá al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que explique en el Congreso las directrices que ha dado para “blindar” a la Infanta Cristina en el ‘caso Nóos’. El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha advertido en declaraciones a Europa Press que “todo el aparato del Estado” se ha puesto “al servicio” de “blindar” a la Infanta, algo que considera una “vergüenza” y un “error” porque no sólo “debilita” a la Monarquía, sino al conjunto del Estado.

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elplural.com

España, el segundo país tras Siria donde más aumenta la corrupción

España es el segundo país del mundo en el que más ha aumentado la percepción de corrupción este año, por detrás tan sólo de Siria, según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional (TI) publicado hoy. La edición de 2013 del Índice de Percepción de la Corrupción(CPI) de TI indica que España cede seis puntos con respecto a la pasada edición, de los 65 (sobre un máximo de 100) a los 59, para descender de la posición trigésima hasta la cuadragésima, lo que le sitúa por detrás de Brunei y Polonia, y justo delante de Cabo Verde.

 

"Italia y Grecia han creado en el último año leyes y sistemas anticorrupción fuertes y modernos y eso ha mandado un mensaje positivo. En cambio, en España se ha sucedido escándalo tras escándalo", explicó Alejandro Salas, responsable para América de TI.

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publico.es

Izquierdo quiere zanjar las guerras del PSOE y pide unidad

«Los socialistas debemos ser un equipo y formar piña. Eso es lo que hay que trasladar a los vallisoletanos porque somos la única esperanza frente a un modelo de recortes y pérdida de derechos sociales.» Este mensaje ha marcado la línea de la intervención del secretario provincial del PSOE, Javier Izquierdo, ante los trescientos cargos públicos y afiliados que han asistido al comité provincial socialista en el Auditorio de Medina del Campo. La insistencia de Izquierdo en cerrar las puertas para evitar la fuga de las crisis ha sido el pilar de un mensaje que, fuera de la sala de reuniones, parecía no haber calado. El último rifirrafe entre el portavoz socialista en la Diputación, Juan José Zancada, y el presidente de la agrupación municipal, Óscar Puente, ha sido la conversación en los corrillos del café.

 

Es precisamente esto lo que no quiere el líder provincial socialista. «El partido tiene los órganos internos suficientes para que cualquier idea sea debatida, aceptada o rechazada, pero no de puertas para afuera», ha insistido.

 

El comité, con una alta petición de intervenciones (cerca de cuarenta), ha sido puesto de ejemplo por Izquierdo para hacer llegar su mensaje. «Se está debatiendo y hay opiniones en todos los sentidos, y eso es lo que pretendo, que esto sirva como debate, de aprender de los errores, pasar página y trabajar desde las instituciones para llevar a cabo nuestras propuestas y afrontar los próximos retos electorales, como las europeas, que son las primeras elecciones que tendremos por delante».

 

En el máximo órgano entre congresos se ha trabajado en el desarrollo de los planteamientos de la Conferencia Política de Madrid, «que ha supuesto un impulso en nuevas ideas que estamos viendo cómo bajar al terreno municipal, de la Diputación y de las Cortes». Hay propuestas que tienen que ver con medidas como recuperar la paga extraordinaria de los funcionarios y otras como el mantenimiento de los servicios públicos del estado del Bienestar y, sobre todo, en el medio rural.

 

El comité, inaugurado por la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, como municipio anfitrión del acto, ha congregado a alcaldes y concejales de la provincia de Valladolid, procuradores y parlamentarios nacionales, así como a afiliados alineados con el sector crítico, como Cecilio Vadillo, o quien también optara a la secretaría del PSOE en el congreso de hace casi año y medio, como el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato.

 

elnortedecastilla.es

 

Javier Izquierdo pide al PSOE de Valladolid ir -todos a una-

El secretario general del PSOE en Valladolid, Javier Izquierdo, pidió hoy unidad tras la crisis vivida en el partido por la trifulca entre el portavoz en el Ayuntamiento, Óscar Puente, y en la Diputación Provincial, Juan José Zancada, y ofreció trabajo en común para obtener los mejores resultados en las próximas elecciones europeas.

 

Izquierdo trasladó un mensaje de diálogo, conciliador y de consenso para la configuración del comité de campaña para la preparación de las elecciones europeas, así como para la aplicación de las medidas aprobadas por la Conferencia Política celebrada hace tres semanas en Madrid, durante la reunión del comité provincial que se desarrolló hoy en Medina del Campo.

 

En declaraciones a Ical tras el comité, en el que se produjeron 37 intervenciones, el dirigente socialista explicó que en los órganos del partido valen los debates, las iniciativas y decir lo que no se hace bien o lo que sí se hace bien por la ejecutiva, pero consideró que “todos deben estar a una cuando se sale de las cuatro paredes”.

 

“Ha sido objeto de debate en el comité, pero se ha pedido pasar página y ponernos a trabajar para las elecciones europeas”, afirmó Javier Izquierdo, sobre la crisis vivida en el partido la semana pasada después de unas decalarciones de Zancada en las que cuestionó la labor de la oposición municipal, que lidera Puente.

 

El PSOE de Valladolid cerró el incidente después de las disculpas públicas de Zancada, Puente, que había dado un ultimátum al portavoz provincial para cesar como concejal en el consistorio de Valladolid, y de Izquierdo, quien pidió perdón a los militantes, votantes y simpatizantes.

 

La dirección provincial cerró página de un incidente en el que tuvo que intervenir el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, y ese cierre carpetazo del incidente es el que ha pedido Izquierdo ante el comité. “Se ha pedido pasar página y ponerse a trabajar para las europeas”, precisó el secretario provincial.

 

Una de las propuestas de trabajo es la colaboración y la participación en el comité de campaña, cuyos nombres aprobará la comisión ejecutiva provincial. Aunque la iniciativa conforme a los estatutos corresponde a la dirección, Izquierdo destacó ese ofrecimiento en línea a sumar en el partido.

 

Entre las medidas de la Conferencia Política, que ahora bajarán “al día día”, el dirigente socialista se refirió a la defensa de una educación inclusiva y que defienda la igualdad de oportunidades frente a la recién aprobada Ley Wert, que ha recibido el rechazó del PSOE, hoy mismo con una marcha en Madrid.

 

Las propuestas se han presentado y se presentarán en todas las instituciones, como ayuntamientos o Cortes de Castilla y León, precisó Izquierdo, que también se refirió a la negativa de su partido a la reforma local y que ha concitado reuniones con alcaldes y concejales de la provincia para explicar su impacto en el medio rural de la Comunidad. En tal sentido, recordó que supone una pérdida de competencias y la privatización de los servicios públicos a favor de empresas. 

 

Sin embargo, fuentes consultadas explicaron que el comité se celebró en un ambiente tenso con una contestación importante a la gestión de la comisión ejecutiva provincial que dirige Javier Izquierdo, que recibió el rechazo de numerosos delegados al despido de una trabajadora de la sede provincial. Otros puntos de disconformidad fueron los presupuestos y el comité de campaña por llevarse a ese órgano sin pasar por la ejecutiva, de manera que ninguno de los dos asuntos salieron adelante.

eldiadevalladolid.com

 

PREMIO a los VALORES HUMANOS

EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA

 

ha concedido a la Asociación Cultural de Amigos del Pueblo Saharaui de Valladolid el PREMIO a los VALORES HUMANOS.

 

El acto de entrega del premio será el sábado día 30 a las 19:30h en la Casa de Cultura de Villanubla.

 

La Asociación Cultural de Amigos del Pueblo Saharaui de Valladolid les invita a dicho acto y les agradece su solidaridad.

Un saludo solidario.

La presidenta

El alcalde ´popular´ de Martos (Jaén) prohíbe un acto en memoria de las víctimas de la violencia de género

Diario Progresista Andalucía    27 noviembre 2013

El PSOE-A ha denunciado este martes que el Ayuntamiento de Martos ha prohibido sin causa justificada la celebración de un acto conmemorativo del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. El acto ha sido desautorizado por el bipartito de derechas PP-PA alegando que puede entorpecer una actividad programada en el Teatro Municipal, espacio que se encuentra a 150 metros del lugar para el que se ha pedido permiso. De la actividad programada, "nadie sabe nada".

 El concejal y secretario de Participación del PSOE de Martos, Francisco José Miranda, ha explicado que los socialistas han organizado un doble acto para el sábado 30 de noviembre. En primer lugar, se ofrecerá una charla-coloquio en la Casa de la Juventud y, a continuación, se realizaría un homenaje a las mujeres víctimas de la violencia de género, con la lectura de un manifiesto y el encendido de unas velas en la Avenida Pierre Cibié. El Ayuntamiento ha autorizado la charla, pero por el contrario ha denegado el acto en la calle, una decisión “lamentable” que el Grupo Municipal Socialista va a recurrir de inmediato.

Miranda subraya que “no hay motivo alguno” para prohibir este acto “y mucho menos la excusa peregrina de que a la misma hora hay una actividad en el Teatro Municipal, puesto que este espacio se encuentra a 150 metros del lugar donde el PSOE pretende realizar un acto que en cualquier caso sería íntimo y reducido”. 

A esto hay que añadir que “nadie sabe cuál es la actividad que el Ayuntamiento asegura que se va a celebrar en el Teatro”. “No hay nada anunciado en ningún sitio, no hay ninguna programación cultural prevista y no hay ningún área municipal que nos sepa dar respuesta sobre qué acto va a celebrarse en el Teatro”, señala.

Por todo ello, el concejal socialista acusa al alcalde del PP de “ser el alumno aventajado de la derecha” al querer adelantar en Martos la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Miranda denuncia que el PP “tiene alergia a la libertad” y que por ello “intenta reprimir toda manifestación que piensa que pueda comportar alguna crítica hacia la derecha”. En este caso, recuerda que se trata de un acto conmemorativo de la lucha contra la violencia de género, por lo que “no se entiende esta actitud del PP”.

“La derecha quiere a los ciudadanos amordazados, callados y encerrados en su casa, sin poder manifestarse, sin poder salir a la calle y sin poder levantar la voz frente a las injusticias”, lamenta. Además, recuerda que el Ayuntamiento de Martos es “reincidente” en estos comportamientos, puesto que en 2012 ya denegó la autorización para la celebración del acto de la memoria histórica que tradicionalmente se realiza el 1 de noviembre.

diarioprogresista.es

La banca contra España

Las declaraciones del señor Botín y después las de otros directivos de la banca abrieron la puerta a una campaña perfectamente organizada, orientada a disimular la situación real de sus entidades y también a facilitar la recuperación política del Partido Popular y la puesta en marcha de nuevas reformas que sigan privatizando servicios públicos y recortando derechos sociales.

 

La orquestación ha sido perfecta: afirmaciones rotundas de grandes banqueros, del gobierno o del Príncipe, conferencias al unísono en universidades y en todo tipo de foros por economistas y profesores a su servicio y el sempiterno coro de los medios de comunicación de su propiedad divulgando a los cuatro vientos la idea de que la economía española se recupera.

 

Lo cierto es que no hay indicadores que muestren realmente que la economía está mejorando. Una crisis es el momento en que se producen los cambios de fase y en el que se plantean con toda su crudeza los problemas que hay que resolver. En ese sentido, y estrictamente hablando, incluso se podría decir que hace meses que salimos de la crisis, pues de esta se sale en el momento en que las medidas que se ponen en marcha para hacerle frente de un modo u otro empiezan a surtir efecto, y eso ya ha sucedido en España.

 

Otra cosa es que esas medidas sean más o menos efectivas para resolver los auténticos problemas que causaron la crisis y, por tanto, para evitar que se produzca de nuevo en el futuro. Y, por supuesto, otro asunto es que de una crisis se puede salir no solo con brío y con reactivación productiva sino también con atonía y depresión, con una economía en la que solo los más fuertes y privilegiados están en condiciones de salvarse, que es lo que se ha procurado y se está a punto de conseguir en España.

 

Solo así se puede decir que en España se está saliendo de la crisis cuando el paro sigue aumentando, cuando crece el número de empresas que cierran y la inversión o la producción no se recuperan, cuando sigue aumentando la morosidad y cae el crédito sin cesar, cuando solo venden más y obtienen beneficios las grandes empresas que tienen poder oligopolista de mercado, cuando la deuda sigue disparándose, cuando las empresas, las administraciones y los servicios públicos no tienen apenas liquidez e incluso dejan de funcionar, cuando la desigualdad se desboca, cuando miles de personas siguen perdiendo sus viviendas o cuando, a pesar de las declaraciones triunfalistas de sus propietarios o directivos, hay que seguir poniendo dinero público para salvar a la banca.

 

Lo que está ocurriendo en España no es otra cosa que el desarrollo de una nueva estafa por parte de la banca, otro colosal engaño al que los partidos políticos mayoritarios (no solo el PP, sino también los nacionalistas de derechas, el PSOE o también Izquierda Unida que no termina de romper con todo esto) no le hacen frente porque son esclavos materiales de los bancos y de las grandes empresas que los financian.

 

La primera mentira se refiere a la cuantía de las ayudas que los españoles hemos dado y seguimos dando a la banca. No es verdad, como se viene diciendo, que hayan sido de unos 60.000 millones de euros y tampoco es cierto que el rescate haya acabado y que ya no se vaya a dedicar más dinero público a los bancos españoles.

 

La realidad es otra: si se suman la ayudas a la capitalización (unos 60.000 millones de euros), los avales (110.000 millones), los esquemas de protección de activos (28.000), la adquisición de activos (72.000) y otras ayudas de liquidez (unos 5.000 millones) la ayuda total sería de unos 275.000 millones de euros. Pero si a eso se le añaden, como debe ser a pesar de que la Comisión Europea diga lo contrario, los préstamos del Banco Central Europeo (360.000) y los avales implícitos del Estado al asegurar 100.000 euros por cada titular de depósitos bancarios (792.000 millones) el total de la ayuda recibida por los bancos españoles es mucho mayor, de 1,4 billones de euros (un desglose con más detalle en Carlos Sánchez Mato, Por una banca pública en http://bit.ly/1843LpS).

 

La segunda gran mentira es que la situación de la banca española esté saneada cuando lo cierto es que está quebrada prácticamente en su totalidad.

 

Los grandes banqueros impusieron a los gobiernos de Zapatero y Rajoy una estrategia inteligente para resolver su situación: “tirar de la manta” de las cajas para que quedara al descubierto su insolvencia mientras se seguía ayudando a los bancos privados. Con la excusa de la politización y mala gestión de las cajas ha sido fácil acabar con ellas para que los bancos privados terminen quedándose con el mercado que dejarían libres como forma de salir del hoyo en el que se encuentran .

 

Pero ni siquiera así, ni con las ayudas millonarias que han recibido, se puede seguir ocultando la situación real de la banca española si no es a base de las mentiras que el señor Botín y sus acólitos se empeñan en difundir mientras cubren su impresionante irresponsabilidad de años anteriores con dinero gratis de los españoles de a pie.

 

La realidad de la banca española es que su patrimonio neto disminuye y que su deuda es gigantesca a pesar, como he dicho, de las ayudas que ha recibido y de que se le está permitiendo que tome aire sin cesar dándole liquidez prácticamente gratis y sin límite desde el Banco Central Europeo para que haga el negocio del siglo comprando a buen precio deuda pública.

 

Esta realidad escandalosa se oculta y disimula con la complicidad y ayuda de las autoridades que permiten que se realicen todo tipo de trampas y manipulaciones contables. Empezaron nada más estallar la crisis cuando, en contra  de toda lógica y de la transparencia más elemental, se permitió a los bancos que valorasen sus activos a precios de adquisición y no de mercado y han seguido con un rosario de triquiñuelas para ocultar las pérdidas reales y hacer que se generen beneficios donde nos los hay. Bien por la vía de no contabilizar el riesgo de la deuda pública, bien haciendo pasar como capital unos 50.000 millones de euros de los llamados activos fiscales, una especie de “deuda” con Hacienda que se supone que puede recuperarse con los beneficios que se obtengan en el futuro y que además permite que los bancos se ahorren millones de euros en impuestos o que incluso apenas los paguen (Un análisis más detallado de la situación patrimonial de la banca en Vicente Ríos, Españoles, su banco ha muerto en http://bit.ly/18AIfNi).

 

La consecuencia de todo esto es que mientras que los beneficios de los grandes bancos ha aumentado un 80% en el primer semestre de este año, gracias a todas las ayudas anteriores, el crédito que han concedido ha disminuido en 44.800 millones de euros, y a pesar de que los depósitos han aumentado en un 9% en ese periodo.

 

Para correr un velo sobre esta situación y contribuir a dar una cierta imagen de recuperación la solución que se viene promoviendo no es otra que aumentar las facilidades para entregar España al capital especulativo de medio mundo, que hace el agosto comprando lo que queda de nuestras empresas y propiedades

 

Es, en resumen, un robo y una traición en toda regla: gracias a su enorme poder político la banca ha implantado una auténtica creditocracia que mantiene cautivos a los grandes partidos, a los medios de comunicación y a los grandes focos que generan opinión pública. Así consiguen los banqueros mentir sobre la situación patrimonial de sus bancos  y obligar a que se le sigan dando ayudas multimillonarias que no usan para dar financiación a las empresas y familias sino para aumentar beneficios a pesar de que están quebrados.

 

Es imprescindible y urgente exigir que se pongan en claro las cuentas de la banca ante toda la población, para que se sepa lo que hizo en estos últimos años y lo que nos está costando lavarle la cara y que los banqueros recuperen el beneficio a costa de todos los ciudadanos. O se salva a la banca quebrada que va a hundir cada día más a la economía española y a todos los españoles o se acaba con ella y se salva a las empresas y a las personas. Y la solución está a nuestro alcance: crear una banca de nuevo tipo, de servicio público, obligada a financiar correctamente a empresas y consumidores, completamente ajena a la inversión especulativa y bajo un férreo control técnico y social que impida lo que ha ocurrido en España con los bancos privados o con las cajas de ahorros que emularon su forma de actuar al ponerse al servicio de intereses particulares o de los partidos.

 

publico.es

La matrioska genovesa: un gobierno dentro del Gobierno

Cuando el CIS pregunta a los contribuyentes la valoración que les merece Cospedal,Cañete o Sáenz de Santamaría, un buen número de esos encuestados no tendrían dificultades para, al menos, situarles como personajes públicos con responsabilidades de gobierno dentro de los diferentes clanes genoveses que circulan a lo largo y ancho de España. Si además, ese mismo CIS preguntara por un tal, Temboury, Pérez Renovales, De la Rosa, González Echenique, Centeno, Díaz Abad, etc. es más que probable que poco o nada tendrían que decir ya que los titulares de esos apellidos son unos verdaderos desconocidos para una inmensa mayoría de los encuestados.

 

Y sin embargo, unos y otros, no solo comparten la misma nómina que se sufraga con los impuestos de los ciudadanos, sino que tienen en común que forman parte de un club de funcionarios que desde que Rajoy se pasea por los jardines de La Moncloa dirigen, vigilan, controlan, intervienen, deciden, forman su propio gobierno en la sombra y en el BOE.

Dentro de la estructura de la Administración General del Estado están integrados en el cuerpo de los Abogados del Estado, que según el último escalafón publicado, está compuesto por poco más de 650. La estadísticas corporativas informan que de esos, unos 250, se encuentran trabajando en el sector privado, tras formarse y pasar periodos relativamente breves en el sector publico. Otros 350, generalmente los más jóvenes, están en activo y ejercen con eficacia y rigor sus trabajos en diferentes ministerios y organismos públicos. Y por último, el resto , unos 70, se encuentran dentro de una figura administrativa que bien conoce Rajoy, el Registrador y que no es otra que estar en  “ servicios especiales “. Es decir, ocupando “transitoriamente“ puestos reservados a Altos Cargos nombrados por el Consejo de Ministros, parlamentarios nacionales, miembros de Consejos de Gobierno de las CCAA y otros asimilados. Sobre este selecto grupo trata nuestra crónica.

 

Pero, como en todos los colectivos, conviven de todo un poco : Condenados en firme por los tribunales de justicia, caso por ejemplo de Mario Conde, imputados de postín, como Lamela y Lapuerta; ex altos responsables orgánicos del Partido Popular. Hernández Mancha o Calero; parlamentarios nacionales, Bravo de Laguna, Fernández de Troconiz, García Tizón, Calero etc. y como no, Altos Cargos en los gobiernos de Aznar y Rajoy, véase Eduardo Serra, Arias Cañete o la actual Vicepresidenta, Sáenz de Santamaría. Por estar, está también Jaime Alfonsín, actual Jefe de la Secretaría de la Casa del Príncipe.

 

En el sector privado también tienen su cuota de presencia : Grandes Bancos, como el Santander o en un selecto número empresas del IVEX, por ejemplo, Telefónica.

 

Pero sin duda es con el actual Gobierno donde brillan con luz propia, disponen de despacho y coche oficial y forman una tupida red de poder y control que no se recuerda desde aquellos plomizos tiempos en los que tecnócratas de los Planes de Desarrollo se habían hecho los dueños de la Administración franquista.

 

En realidad su poder se concentra en poco más de 30 de los 70 que están en servicios especiales. Con el BOE bajo el brazo, dirigen la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, son los propietarios de la mayoría de las Secretarias Generales Técnicas y tienen presencia en centros estratégicos de la Administración : CNMV, CNMC, RTVE, SEPI, etc. Por último, si se confirman el acuerdo alcanzado para renovar el CGPJ, también tendrán su cuota a través de Nuria Díaz Abab, vocal a propuesta del Partido Popular.

 

Se autodefinen como firmes partidarios de lo público pero como bien señala el Gran Wyoming no tienen complejos en privatizar todo aquello que se les pone a tiro de Real Decreto. Se ponen de ejemplo de sufridos servidores públicos que sacrifican su calidad de vida a favor de la cosa pública pero son los mismos que tampoco tienen complejo alguno en entrar y salir de la Administración como Pedro por su casa bordeando el conflicto de interés que en el caso de que hubiera alguna duda razonable de lo perpetren, son los mismos que se encargan de interpretar sus difusos límites practicando el tan recurrido y recurrible refranero hispano : “ Yo me lo guiso y yo me lo como “   

En esta escasa treintena en los que se centraliza el poder corporativo se dan casos dignos de señalar y que en alguna ocasión hemos comentado. Por un lado, están los que comparten su corporativismo con su propia pareja y/o cónyuge. Valgan dos ejemplos. El actual Presidente de la Corporación Radio Televisión Española y la Secretaria del Consejo de Administración de Banesto o la Vicepresidenta del Gobierno y el asesor del Área internacional de Telefónica. Los hay igualmente que generación tras generación se van dando el relevo en el escalafón y acaban teniendo el suyo propio ( Díaz Ambrona o los Lapuerta ).

 

Y por último, están aquellos que sin compartir pareja ni escalafón, se reparten durante años y años en rigurosa exclusiva determinados puestos bien retribuidos y situados atendiendo a criterios de jerarquía corporativa aliñada con una antigüedad bien entendida.

 

Como hemos dicho son unos auténticos desconocidos para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Algunos son socios de selectos clubs de golf, viven en distinguidas urbanizaciones alejadas del mundanal ruido y ajenas a cualquier escrache potencial que pudiera suceder , no ocultan sus profundas convicciones religiosas, compatibles como es el caso de María Dolores Cospedal García, con practicas penalizadas por la misma Iglesia a la que adoran y genuflectan y en más de un caso y de dos, pertenecen a las más rancias familias de la dictadura franquista. Hijas de ex ministros y procuradores por los tercios correspondientes se dan la mano y comparten promoción con nietos de cofundadores de grupos para fascistas de los años treinta y siguientes.

 

Como diría el capo entre los capos Mariano Rajoy en sus inigualables artículos publicados en el Faro de Vigo son los genes familiares los que determinan el futuro de las personas: Un hijo de juez está llamado a ser Registrador de la Propiedad, mientras que el hijo de un albañil, dándose muy bien la cosa, como mucho puede llegar a Aparejador.

 

Y mire por donde ser mire, de eso estamos hablando y no de otra cosa.

Blog Los Genoveses

 

elplural.com

El todopoderoso Carlos Fabra, a quien Rajoy tildó de “político ejemplar”, condenado a cuatro años de cárcel

El expresidente del PP de Castellón, el todopoderoso Carlos Fabra, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por la Audiencia provincial por delitos contra la Hacienda pública. El expresidente de la Diputación de Castellón se sentó en el banquillo acusado de delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía Anticorrupción pedía 13 años de prisión, pero el tribunal le ha absuelto de los dos primeros delitos. Según el fallo judicial,  al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, Fabra deberá pagar una multa de 693.00 euros e indemnizar a Hacienda con la misma cantidad. Su exmujer, María Amparo Fernández, condenada a dos años de cárcel por dos delitos fiscales, tendrá que asumir una multa de 274.000 euros y el pago de la misma cantidad a la Agencia Tributaria.

 

El PP respeta las decisiones judiciales
La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, al ser preguntada por la condena a Fabra, ha respondido con el argumento que el PP suele tener listo para estos casos: máximo respeto a las decisiones judiciales. ¿Por qué el partido defendió al expresidente del PP en Castellón hasta ahora? Ya se sabe: presunción de inocencia. Eso sí, ha advertido de que no está todo dicho en este proceso. De hecho, Fabra ha anunciado ya que recurrirá la sentencia.

 

Un político ejemplar, para Aznar y Rajoy
Carlos Fabra acumuló gran poder durante sus gobiernos, tanto que José María Aznar acostumbraba a veranear allí, junto a su familia, en su etapa en la oposición. El expresidente tenía a su disposición el chalet de José Soriano, presidente de Porcelanosa, en Les Playetes.

 

En 2008, cuando Fabra ya estaba imputado por varios delitos contra la Administración y la Hacienda pública, Mariano Rajoy, de visita en esa provincia, respondió a los periodistas que le preguntaron si debía dimitir por ello,  que Fabra era “un ciudadano y un político ejemplar” para el PP y “también para los ciudadanos de Castellón”, que le han apoyado en todas las últimas elecciones que se han celebrado”.

 

En 2010, el entonces líder de la oposición insistió en alabarle, al afirmar que Fabra es “una persona de gran experiencia política”, que “siempre ha contado con el apoyo de su partido, de los ciudadanos y seguro que no defraudará ni a uno ni a otros”.

 

Camps le elogió como un gran político
Fabra también recibió los elogios de otro árbol caído del PP, Francisco Camps, a quien también, por cierto, Rajoy defendió después de estar metido hasta el cuello en el caso Gürtel. El expresidente de la Generalitat valenciana afirmó en una cena homenaje a Fabra en el verano de 2010 que “en 200 años de historia, nunca un líder político ha hecho tanto por la provincia de Castellón”. Y, a continuación: “Se dejó la vida por su tierra” a pesar de que sufría “ataques absurdos y bárbaros” y “seis años de linchamiento mediático”.

 

Para Alberto Fabra era el “rey”
El sucesor de Camps en la Generalitat, Alberto Fabra, por aquellas fechas alcalde de Castellón le describió como “un rey muy querido y muy temido por sus adversarios…un monarca, que “no ha tenido a un Juan sin Tierra” que “lo mueva del trono”.

 

Una investigación de 10 años
El juicio contra Carlos Fabra se inició en octubre tras casi 10 años de investigación, por la que pasaron nueve jueces y cuatro fiscales. El proceso se inició en 2003 por la denuncia del empresario Vicente Vilar, que acusó al político popular de cobrarle comisiones a cambio de favores políticos ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para conseguir permisos de fabricación de productos sanitarios.

 

elplural.com

El secretario de Organización del PSCyL recuerda a Puente que no puede actuar como 'juez y parte'

rtvcyl.es - jueves, 21 de noviembre de 2013

El secretario de Organización del PSCyL-PSOE, Julián Simón de la Torre, expresó este jueves el respaldode la Comisión Ejecutiva Autonómica al secretario de Política Municipal y portavoz en la Diputación de Valladolid, Juan José Zancada, después de que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de la capital pidiera este miércoles que dejara su acta de concejal por cuestionar la labor de oposición. También, recordó al presidente del Grupo, Óscar Puente, que no puede ser "juez y parte y amenazar y exigir" su salida.

 

En ese sentido, Simón de la Torre afirmó durante su visita a la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) que las discrepancias entre los militantes se resuelven en los órganos internos del partido. Insistió en que corresponde al partido la solución de las diferencias y añadió que ningún compañero -en referencia a Puente- puede "exigir a otros que se marchen" por sentirse agraviado.

 

Asimismo, el responsable de Organización expresó que el Grupo Municipal no ha elegido al concejal, sino que fue el partido el que elaboró las listas y los ciudadanos los que lo eligieron. Por ello, Julián Simón de la Torre aseguró que ningún dirigente puede "saltarse" y "vulnerar" los órganos del partido, ya que aseguró que la resolución de conflictos es una competencia de la formación. Por tanto, concluyó que ningún compañero puede "exigir a otros que se marchen".

También, Simón de la Torre recordó que el PSOE defiende la libertad de expresión de los militantes siempre que estén dentro de las líneas del partido. "Si alguien no está de acuerdo con expresiones y comentarios públicos, me remito a los órganos del partido, que garantizan derechos de unos y otros", dijo, "Toda enfrentación tiene un camino para que se solucione", añadió.

 

También, Simón de la Torre pidió "prudencia", "calma", "diálogo" y "tranquilidad" para resolver el enfrentamiento. Finalmente, manifestó el apoyo y reconocimiento de la Ejecutiva a la trayectoria de Zancada y respaldó su labor como portavoz en la Diputación. El secretario de Organización afirmó que desarrolla un "buen trabajo" que "avala" su trayectoria socialista desde hace muchos años, que añadió es "clara" y está "fuera de dudas".

 

rtvcyl.es

Reforma de las pensiones: gana la banca

Adoración Guamán

Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Héctor Illueca

Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

 

 

El Partido Popular ha aprobado esta semana en el Congreso reforma del sistema de pensiones que está provocando una creciente inseguridad en los trabajadores de nuestro país. La reforma, escrita por el Gobierno e impulsada ahora por los 185 diputados del Partido Popular, afecta al núcleo duro del sistema de pensiones y alienta una conciencia de precariedad actual y futura respecto la protección dispensada por el poder público a través de la pensión de jubilación. Como vamos a ver enseguida, bajo las nociones aparentemente neutras de “equilibrio”, “sostenibilidad” o “adaptación”, se esconden intereses muy concretos en favor de una reforma neoconservadora que acaso constituya el mayor retroceso en la protección de los trabajadores desde el advenimiento de la democracia.

 

Hace décadas que las pensiones vienen siendo objeto de una aproximación “técnica”, efectuada por “expertos” y blindada por la “objetividad” de la ciencia económica. Inasequibles al fracaso de sus propios pronósticos catastrofistas, estos especialistas consideran que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad repercutirán negativamente sobre los ingresos públicos y determinarán la insostenibilidad del sistema de pensiones, que se estima inevitable. En consecuencia, se viene introduciendo desde hace años la necesidad de acometer una dura reducción de gastos mediante un ajuste, inmediato y a la baja, de la cuantía de las pensiones, tanto presentes como futuras. A esta finalidad apunta, una vez más, el Informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones sobre el que se ha construido la reforma que se está tramitando en el Parlamento y que propicia claramente un incremento de la suscripción de planes privados. Un informe elaborado por doce “especialistas” de los cuales ocho han estado o están a sueldo de las entidades financieras y aseguradoras que se disponen a repartirse nuestro sistema público de pensiones.

 

En efecto, el planteamiento del Gobierno se inscribe en un ciclo amplio que tuvo su eje inicial en la reforma aprobada por el PSOE en el año 2011, fruto de un pacto social en el que participaron CCOO y UGT. Esta reforma estableció importantes restricciones subjetivas y objetivas en el régimen de acceso o de disfrute de la prestación económica por causa de jubilación. En primer lugar, incrementó la edad de jubilación legalmente establecida desde los 65 hasta los 67 años, a través de un proceso gradual y progresivo que se prolongará  hasta 2027, afectando de manera más intensa a los trabajadores que se jubilen al finalizar dicho período. En segundo término, y también con una aplicación paulatina, preveía la ampliación de 15 a 25 años del período de cotización que se toma en consideración para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, provocando una sensible disminución de la cuantía de la pensión para una mayoría de trabajadores que obtienen mejores salarios en el último período de su carrera profesional. La reforma, sin embargo, no afectaba a quienes hubieran consolidado sus derechos como beneficiarios, garantizando el percibo de la prestación a las personas que tuvieran reconocida la condición de pensionista en el momento de su entrada en vigor.

 

Partiendo de esta base, de la introducción en aquella reforma del “factor de sostenibilidad”, el Partido Popular se apresta a clausurar el ciclo reformista iniciado en 2011 con una nueva una reforma de corte radical y antigarantista, cuya intención es reducir inmediatamente la cuantía de la prestación (el “ahorro” que publicita el Gobierno viene indudablemente de ahí). En entre otros aspectos, se pretende eliminar inmediatamente la revalorización de las pensiones a partir del IPC, algo que ya lleva años haciéndose de manera excepcional y que ahora se pretende convertir en regla, e introducir un nuevo índice para reducir continuamente su poder adquisitivo. Este segundo índice penaliza a los propios pensionistas por el aumento general de la esperanza de vida, que en lugar de considerarse como una conquista social ha pasado a calificarse como un “riesgo” para nuestra sociedad.

 

La aplicación de estos criterios se traducirá en un drástico recorte de las pensiones, superior a un punto anual de poder adquisitivo cada año de las mismas, que evidentemente afectará, como la reforma anterior, con mayor dureza a las mujeres. Esta rebaja se pretende operar en un sistema donde en torno al 50 por 100 de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650 euros mensuales; el 27,7 por 100 de las pensiones tienen complementos por mínimo, al no alcanzar la cuantía mínima del sistema; 4,6 millones de hogares en España tiene como fuente principal de ingresos una pensión. Así las cosas, no cabe duda de que la consecuencia directa va a ser conducir a la pobreza a amplias capas de la población, a esas grandes mayorías sociales que no pueden permitirse un plan de pensiones privado.

 

En definitiva, esta reforma es una muestra de vasallaje del Gobierno a la política neoliberal impuesta por la Troika contra los intereses de la mayoría de la población, con un claro propósito: abrir al mercado el sistema español de protección social, acreciendo y extendiendo la importancia de la previsión social complementaria que se desarrolla en el ámbito privado. O, por expresar la idea con otras palabras, se trata de alimentar la desconfianza en el sistema público de pensiones y fomentar su sustitución por planes de ahorro privados, ocultando los riesgos financieros que suponen e ignorando que la inmensa mayoría de los ciudadanos carece de capacidad de ahorro para asegurarse una pensión de jubilación digna.

 

Frente a la opción sostenida en este informe se elevan críticas y propuestas de reformas alternativas. Cabe destacar por un lado la crítica al informe realizada por el Comité Económico y Social, que además de cuestiones de fondo se pregunta por qué el Gobierno le pide un Dictamen cuando todavía estaba negociando el anteproyecto con los agentes sociales ¿acaso sabía ya el Partido del Gobierno que no iba a modificar una coma?; también son imprescindibles los comentarios realizados por diversos catedráticos de Derecho del Trabajo, tanto en la Comisión del Pacto de Toledo como en medios de comunicación y diversos blogs, afirmando la más que posible inconstitucionalidad de la medida y lo erróneo de sus diagnósticos.

 

Entre las distintas propuestas y críticas que se han formulado, destaca la presentación en barrios y asociaciones del documento “En defensa del sistema público de pensiones”, elaborado por un grupo de 24 profesores de Derecho, Sociología y Economía, así como por profesionales y expertos en materia de Seguridad Social. Se trata de una propuesta centrada en la defensa las pensiones públicas, que propone incidir sobre los ingresos del sistema y sufragar las pensiones con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, que podrían incrementarse si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal.

 

Este informe rechaza la pretendida objetividad de la propuesta gubernamental, reivindicando que tras todo análisis económico de una actuación pública que afecte al bienestar de la ciudadanía existe un planteamiento político de partida. Decidir que el sistema de ingresos es inamovible y que en cambio es posible disminuir la cuantía de las pensiones conlleva en sí una clara opción política, aun cuando la propuesta se concrete posteriormente en fórmulas matemáticas. El recorte de las pensiones no puede ampararse en una exigencia “técnica”, sino que obedece a una intencionalidad política que ignora abiertamente el bienestar de la población. La posición del Gobierno representa un claro alineamiento con las tendencias más radicales que defienden la ruptura del modelo público de protección social vigente en nuestro país, aproximándonos a un escenario que aparece caracterizado por dos rasgos significativos: una seguridad social pública muy debilitada, de naturaleza crecientemente asistencial, y una protección complementaria que se encomienda a la iniciativa privada y al esfuerzo individual de los trabajadores.

 

Por todo lo anterior, elaborar y conocer otras propuestas así como la apertura de un amplio debate sobre el contenido de las medidas que contiene el Proyecto de Ley del Gobierno no solo es pertinente, sino imprescindible. Reformas como la que se pretende deberían ser objeto de decisión conjunta de toda la ciudadanía y no quedar secuestradas por argumentos supuestamente “técnicos” o por mayorías absolutas parlamentarias que han dejado de representar los intereses de las mayorías sociales. Se trata, posiblemente, de la reforma que mayor impacto va a tener sobre el bienestar de la población de las muchas realizadas en los últimos años. A los 185 diputados del Partido Popular que ahora tienen este proyecto de ley en sus manos debemos lanzarles esta pregunta: ¿creen ustedes que sin pensiones dignas, sin seguridad social, sin asunción colectiva de los riesgos sociales, sin bienestar, hay democracia? De eso estamos hablando.

publico.es

Denuncian que la mano derecha de Juan Vicente Herrera usa indebidamente un coche oficial que hace 500 kilómetros al día

• Durante el debate de investidura, Herrera aseguró que sólo tendríán "asignado coche oficial los miembros del Consejo de Gobierno" y se redujeron a 10 los vehículos
• Virginia Arnaiz no forma parte del Consejo de Gobierno, por lo que como cualquier empleado público no tiene derecho a coche oficial, denuncia el colectivo de funcionarios Viernes Negro
• Estiman que hace 120.000 kilómetros al año, que suponen 70.000 euros, cargado "a los ciudadanos", entre gasolina, dietas y sueldos para sus conductores

 

Un coche oficial sale de Valladolid a las 6.00 horas para hacer 125 kilómetros hasta las inmediaciones de la catedral de Burgos. Allí le espera Virginia Arnaiz, jefa de Gabinete de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, para desplazarse hasta Valladolid. Otros 125 kilómetros. A las 17.00 horas, Arnaiz, que ocupa cargo de libre designación, se monta en el mismo coche para hacer el recorrido inverso. Cuando la deja en Burgos, el chófer regresa a Valladolid. Un total de 500 kilómetros al día y 120.000 al año.

 

Así lo denuncia el movimiento Viernes Negro, un colectivo que integra a trabajadores públicos de la Junta de Castilla y León y que se manifiesta cada viernes frente a la Junta para protestar contra los recortes en servicios públicos. "Existe una excepción con esta señora con respecto a otros empleados públicos al gozar de privilegios como chófer y coche particular. Desde 2011 goza de un privilegio que cuesta a los ciudadanos alrededor de 70.000 euros anuales, entre gasolina, sueldos a los conductores, mantenimiento del vehículo y dietas ", ha explicado a infoLibre Miguel Álvarez, empleado público de la Junta de Castilla y León e integrante de este colectivo. 

 

"Lo que es grave es que el presidente de la Junta de Castilla y León es consciente de ello después de haber asegurado que no se pasaría de 10 coches oficiales", asegura Álvarez. El colectivo se remite al Código de austeridad al que se refirió el presidente en su debate de investidura del 23 de junio de 2011. Este código ético partió de la propuesta de los empleados públicos de la Delegación Territorial de Burgos, que se reunieron en torno a asambleas para proponer a la Junta de Castilla y León una serie de  medidas que propiciaran la reducción del déficit de la comunidad y así equilibrar los sacrificios que sólo habían recaído en los trabajadores. Los tres pilares básicos eran: medidas de ahorro, aumento de recaudación de ingresos y dignificación de la imagen de los empleados públicos.

infolibre.es

La crisis del PSOE de Valladolid da un giro inesperado

La crisis abierta en el PSOE con las declaraciones de Juan José Zancada respecto a la actuación del grupo municipal socialista en esta legislatura ha dado un giro inesperado. Juan José Zancada, portavoz socialista en la Diputación, ha pedido disculpas en una rueda de prensa de urgenciaconvocada en la Diputación. Ha pedido perdón "por si algún compañero se ha sentido molesto" por sus declaraciones. "El objetivo no era molestar a nadie, y lo importante es centrarse en los problemas de la sociedad", ha dicho.

 

Óscar Puente le había lanzado un ultimátum a Zancada. Pidió su dimisión inmediata, en un plazo que expiraba a mediodía de hoy. Ninguno de los dos se planteó llegar a dimitir de su puesto.

 

El portavoz del grupo municipal socialista se enteró sobre la marcha de las disculpas de Juan José Zancada. Había convocado una rueda de prensa a las 17:45 horas, y el paso atrás de su compañero le cogió casi por sorpresa. "Desconocía que hubiera convocado una rueda de prensa", explicó, y añadió que "el partido actuará" y calificó sus declaraciones como "una deslealtad muy grave". A pesar de ello, y quizá alentado por las disculpas de Zancada, dejó claro que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a rectificar".

 

En todo caso, Puente no quiso ahondar demasiado en las consecuencias de esta crisis y su ultimátum frustrado. Prefirió remitirse a lo que pueda decidir mañana la ejecutiva municipal. "Mañana por la mañana se valorarán las declaraciones de disculpa de Zancada. Por la tarde se convocará una ejecutiva municipal del PSOE y se actuará en consecuencia", aseguró.

 

Todo hace pensar que este primer paso es consecuencia de un acuerdo al que han llegado las partes en conflicto para zanjar una polémica que dañaba la imagen del PSOE, y que tenía repercusión regional, ya que la salida de Zancada habría supuesto además su marcha de la Diputación, y eso debilitaría la posición de Julio Villarrubia, secretario general del PSOE en Castilla y León, del que es uno de sus hombres de confianza.

 

A las 17:45 ha convocado una rueda de prensa el presidente del grupo municipal, Óscar Puente, y a las seis y cuarto hará lo propio el secretario provincial, Javier Izquierdo, en un acto en Laguna de Duero.

 

elnortedecastilla.es

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

IZQUIERDA SOCIALISTA EN VALLADOLID

MANIFIESTA:

 

Ante las últimas declaraciones, aparecidas en los medios de comunicación, de Oscar Puente Santiago

 

• Expresamos nuestro más profundo rechazo por coartar la libertad de expresión de un compañero del partido, exigiéndole la dimisión y amenazándole con la expulsión del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valladolid.

 

•  Entendemos que dichas declaraciones son más de otros tiempos.

 

 

•  Muchos ciudadanos de izquierdas dieron su vida por defender las libertades para que ahora determinados representantes políticos de nuestro partido nos las prohíban.

 

•   Defendemos la libertad de expresión para todos los ciudadanos.

 

 

•  Por eso, solicitamos a la Comisión Ejecutiva Autonómica que se ponga en movimiento y abra un expediente informativo en relación con dichas declaraciones y actúe en consecuencia.

 

•  Por una cuestión de ética y principios socialistas pedimos a Oscar Puente Santiago que dimita de todos sus cargos, institucionales y orgánicos, por no respetar dichos principios. La libertad de expresión es un principio irrenunciable para todos los hombres y mujeres de izquierdas.

 

•  Pensábamos que con el caso “Ponferrada” ya teníamos bastante.

 

  ¿Qué les pasa a los “Oscar” del PSOE en Castilla y León?

 

 

La coordinadora

Cisma en el PSOE: Puente exige a Zancada que entregue el acta de concejal o se pase al Grupo Mixto

Incompatibilidad absoluta entre Óscar Puente, presidente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, y Juan José  Zancada, concejal y portavoz del Grupo en la Diputación. Sus ya conocidas desavenencias se convirtieron ayer en ruptura y una petición formal de la mayoría de ediles socialistas, que en una reunión celebrada a las 9.00 horas pidieron a Zancada que entregue «inmediatamente» su acta o se pase al grupo de concejales no adscritos.

 

Esta decisión sin precedentes, que agudiza el cisma en el PSOE de Valladolid, podría tener consecuencias «muy graves» para Zancada, que si renunciara el acta de concejal también perdería su puesto de diputado provincial y, por tanto, la portavocía del Grupo Provincial. De momento, el socialista no tiene intención de dimitir salvo que se lo «pidan los órganos pertinentes del partido».

 

Pero qué ha pasado para llegar a esta situación. La gota que ha colmado el vaso han sido unas declaraciones de Zancada en una entrevista realizada el martes en la La 8 de Valladolid, donde afirmaba que «a un alcalde no se le gana en los juzgados, sino en las urnas convenciendo a la ciudadanía de un proyecto». Esta valoración cayó como una bomba en el seno del Grupo Municipal, que entiende que «tiene un comportamiento desleal de manera continua» y que, con afirmaciones como estas, se hace totalmente «incompatible» la presencia de Zancada y Puente en el mismo grupo. Tanto que ayer se llegó a poner encima de la mesa que si no renuncia a su acta sus compañeros pondrían las suyas a disposición del partido.

 

¿Y qué piensa el partido? De momento, Javier Izquierdo, secretario general del PSOE de Valladolid, asegura que no hay nada que comentar, aunque hay que recordar que él es también portavoz del Grupo Municipal, donde apoyó la petición formulada a Zancada.

 

En el programa ‘La quinta esquina’, Zancada también aseguró que se siente «más a gusto» en su trabajo en la Diputación, otro de los motivos de queja de sus compañeros en el Consistorio, que ayer le dijeron que si no «cuida su acta de concejal tendrá que irse».

 

En el entorno de Zancada, este enfrentamiento se vive de manera muy diferente. No entienden por qué se ha generado todo este enfado por unas declaraciones en las «que primó la prudencia a la hora de responder» y advierten que Puente se ha «enfadado porque no se hizo una afirmación de su persona como líder absoluto». Y van aún más lejos al reconocer que «la distancia y desconfianza» que existía entre los dos dirigentes socialistas ha llegado a un punto de no retorno.

 

Tanto que parece que ya no es viable el entendimiento. «Que inicien los trámites que consideren oportunos. Esa es una decisión que no compete sólo al Grupo Municipal», aseguran fuentes cercanas a Zancada, que recuerdan que el PSOE tiene mecanismos para resolver estas situaciones, como el Comité de Garantías dependiente de la Ejecutiva regional, donde Zancada ocupa el puesto de secretario de Política Municipal. También advierten que el acta de concejal pertenece a la persona y no al grupo, que «no tiene facultad de echar a nadie».

 

Y esa es ahora mismo la gran cuestión: cómo finalizará este duelo. De momento, en el Grupo Socialista están estudiando todas las fórmulas legales para conseguir «separar» a Zancada. Además, se ha convocado una reunión de la Agrupación de Gran Ciudad, que preside también Óscar Puente. Por su parte, el entorno de Zancada transmite «serenidad» porque entienden que «Puente ha perdido el norte y pretende extralimitarse en sus funciones», a la vez que le sugieren que «revise» en la hemeroteca «declaraciones que hizo él en otros momentos».

 

De momento, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones públicamente, aunque hoy parece inevitable que se pronuncien e incluso profundicen en su distanciamiento con nuevos reproches.

 

eldiadevalladolid.com

Puente pide a Zancada que dimita como concejal del PSOE en Valladolid

El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha exigido a Juan José Zancada que entregue su acta de concejal o que, por el contrario, abandone las filas del PSOE para pasar a formar parte del grupo mixto. Las discrepancias entre este último, también portavoz del partido en la Diputación Provincial de Valladolid, y los líderes municipal y provincial del PSOE traspasaron así las puertas de la formación y de los corrillos políticos provinciales, y desembocaron en una airada solicitud pública de dimisión que, por lo menos a corto plazo, parece que no llegará a buen puerto. La gota que parece haber colmado la paciencia de Óscar Puente ha sido unas declaraciones de Zancada en una emisora de televisión, en las que repasaba con espíritu crítico la actuación del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valladolid.

Puente, al parecer, ha hablado en representación del resto de los concejales de su grupo y del secretario provincial de los socialistas, Javier Izquierdo, y de algunos de los principales alcaldes del PSOE en la provincia ya que, junto a su acta de concejal, Zancada perdería también su credencial de diputado provincial y la portavocía en la Diputación. La inesperada decisión es para algunos un mero reflejo en Valladolid de la bicefalia Julio Villarrubia-Óscar López que vive el partido en Castilla y León. «Cuando esas discrepancias se dan en las altas esferas –ha apuntado un regidor del PSOE que prefiere mantener el anonimato– siempre tienen consecuencias en las bajas»

elnortedecastilla.es

La Consejería de Economía de Castilla y León investigada por un juzgado de Valladolid

Quiere aclarar si hubo prevaricación y tráfico de influencias en la compraventa de los terrenos del Parque Empresarial de Portillo

CADENA SER   16-11-2013 - 12:47 CET

El juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid investiga las operaciones de compraventa de terrenos realizadas en el Parque Empresarial de Portillo por parte de la empresa pública ADE Parques, dependiente de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León y algunos empresarios de la Comunidad.

El juzgado trata de averiguar si se pudo cometer prevaricación y tráfico de influencias, en estas operaciones. Los terrenos fueron adquiridos, desde 2006 por una sociedad denominada "Parque Empresarial de Portillo SL", formada por un grupo de empresarios. Las empresas, que finalmente vendieron los terrenos a ADE Parques para este polígono, que de momento no se ha construido, compraron las tierras a los propietarios, algunos de ellos agricultores, al precio de unos cuatro euros el metro cuadrado, para terminar vendiéndoselas a ADE Parques a un precio de entre 15 y 26 euros metro cuadrado.


Es decir, en estas operaciones de compra-venta las empresas intermediarias habrían pagado la hectárea a unos 40.000 euros, para luego venderla a la sociedad pública, en una cantidad que oscila entre los 150.000 y los 260.000 euros. Así consta en el convenio firmado en el mes de marzo de 2010 entre ADE Parques y una empresa cementera con sede en Valladolid, al que ha tenido acceso la Cadena SER. Uno de los agricultores que participaron en estas operaciones en 2006, José Antonio Ortega, ha desvelado que vendió diez hectáreas de sus tierras a una de las empresas implicadas en la compraventa de estos terrenos.


Terrenos sin uso

Este agricultor lamenta que lo que vendió, y luego compró la Junta, se encuentre en la actualidad sin ningún tipo de uso, ni industrial ni agrario. Recordemos que estos terrenos son eso, unos simples terrenos sobre los que no se ha practicado ninguna actuación para convertirlos en el polígono industrial que se proyectó inicialmente y que, en teoría, fue el motivo por el que se adquirieron.


Según los precios fijados en estos convenios del año 2010, la empresa ADE Parques, podría haber desembolsado por la compra un importe que supera los 55 millones de euros. Precisamente, al juzgado de Instrucción número 2 le llama la atención la diferencia de precio pagada a los agricultores, (unos 40.000 euros la hectárea) y la de la venta de esos mismos terrenos a ADE Parques, (entre 150.000 euros y 260.000 euros por hectárea).

El tiempo transcurrido entre la compra de terrenos a los agricultores y la posterior venta de estos a ADE Parques es de unos cuatro años, pudiendo haberse llegado, en ese período, a quintuplicar el precio por el que vendieron los agricultores y lo que terminó pagando la Consejería de Economía a las empresas que constituyeron "Parque Empresarial de Portillo SL".


Expertos consultados por la Cadena SER, inciden en el hecho de que ADE Parques no promoviera en su momento una expropiación de los terrenos si es que pretendía construir un polígono industrial. De haber sido así, el precio que habría tenido que desembolsar esta empresa pública por los terrenos, hubiera sido el de mercado, muy inferior al que se ha terminado pagando.


ADE Parques tiene una deuda acumulada de mas de 350 millones de euros y ha iniciado el proceso de integración en la Agencia de Innovación, Financiación e internacionalización Empresarial. La deuda generada pasará a ser integrada dentro de la deuda de la Administración de Castilla y León.

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