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La casi totalidad de la cúpula directiva del PP de Orihuela ha sido imputada en el caso Brugal, que investiga una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura. Un total de 39 personas han sido inculpadas, entre ellos, la actual alcaldesa, Mónica Lorente (en la foto), así como el ex alcalde José Manuel Medina, también del PP.
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La vida, a veces, nos presenta ironías de tal calibre como ésta: el presidente popular de Melilla y el activista Said Chramti, considerado en la ciudad autónoma como uno de los cabecillas del movimiento antiespañol, son amigos en la red social Facebook. Y aún más inverosímil parece esta relación, después de que, días atrás, el dirigente del PP iniciara una cruzada contra el Gobierno central en la crisis fronteriza con Rabat.
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Es difícil que mientras sea presidente de la Xunta, se repita la fotografía de un Alberto Núñez Feijóo con manguera en la mano para ayudar a apagar incendios en Galicia. Cuando era líder de la oposición no dudaba en hacerlo con objetivos puramente electoralistas. Aunque la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior advierte de que el riesgo de incendios forestales en Galicia es elevado, la ausencia de Núñez Feijóo es llamativa. Por eso, la portavoz de Medio Rural del PSdeG, Sonia Verdes, le ha preguntado este martes por qué "no está con los gallegos como estuvo hace unos días con Mario Conde, Camps o tomando unas copas en una discoteca".
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El alcalde de Vallelado (Segovia), José Luis Garrido (PP), ha anunciado su intención de devolver al Ayuntamiento que preside el importe de la factura que el municipio ha pagado por el presunto uso del teléfono móvil para realizar llamadas a líneas eróticas, que se eleva a los 5.700 euros.
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CRISTINA NARBONA - París, Francia - 17/08/2010
En el artículo Los ecologistas ultiman el salto a la política, publicado el 15 de agosto, se afirma que mi negativa a participar en la creación de un Partido Verde en España se debe a que "vivo de embajadora ante la OCDE, con coche oficial y pasaporte diplomático". El autor del artículo no ha intentado conocer mis verdaderas razones, por lo que le ruego que publique esta carta para que sus lectores las conozcan.
Considero, sin ninguna duda, que la dimensión ambiental debe formar parte, de manera mucho más potente, de la política en España, pero no quiero romper mi compromiso con el Partido Socialista y pasar a pedir el voto desde otra formación política. He trabajado y sigo trabajando para que la ecología sea plenamente incorporada en el socialismo español. Agradezco a Zapatero que me diera la oportunidad de hacerlo, como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y como ministra de su primer Gobierno. Y lo sigo haciendo, como miembro del Comité Federal del PSOE y de la Fundación IDEAS, desde mi responsabilidad en la OCDE -que incorpora un importante enfoque ambiental en su análisis de los desafíos globales- y desde hace unos días, como miembro del Panel de la ONU sobre Sostenibilidad Global, que debe preparar propuestas concretas para promover el urgente cambio del paradigma económico.
Estoy profundamente convencida de que la defensa de la igualdad y de la solidaridad, valores esenciales del socialismo, deben enriquecerse con la defensa de la preservación de los bienes naturales que garantizan la vida de todos los ciudadanos del planeta, los de hoy y los del mañana. Y nada me gustaría más que seguir contribuyendo a que quienes tienen preocupación por la ecología puedan unirse al proyecto socialista para apoyar la transición hacia un progreso más justo y sostenible.
El Supremo y el CGPJ lanzaron una ofensiva contra las duras críticas recibidas por el proceso abierto contra el juez Baltasar Garzón
A los 10 años supo que no se llamaba Gina Amanda Ruffo, sino Carla Rutilo Artés. Que su padre no era el hombre que abusaba sexualmente de ella desde que tenía tres años y que le pegaba palizas "por todo y por nada", ni su madre aquella mujer que le cambiaba constantemente de aspecto -"me cortaba y me teñía el pelo, me ponía lentillas..."- por razones que ella no podía entender. Carla descubrió hace 25 años quién era -la hija de una desaparecida y un asesinado de la dictadura argentina- y se lo debe, asegura, a dos personas: su abuela, que la buscó por todo el mundo con una sola fotografía suya, y el juez Baltasar Garzón, "el primero que nos escuchó, y provocó que Argentina abriera los ojos y empezase a levantar su historia más negra".
Por eso, porque está convencida de que Garzón impulsó los juicios a la dictadura militar en Argentina, Carla sintió rabia cuando comenzó "el acoso y derribo" al magistrado y decidió acudir a todos los actos que hubiera en su apoyo. También al que reunió a más de mil personas en la Universidad Complutense, organizado por CC OO y UGT el pasado 13 de abril, y en el que se convirtió en la imagen del día al levantarse entre un mar de gente para lanzar un beso a Cándido Méndez, que acababa de anunciar la presencia de la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo argentinas. "Mi abuela hacía meses que no salía de casa, pero para esto no lo dudó. Cuando empezó lo de [el caso] Gürtel vimos claro que iban a por él. Y fue como si atacaran algo nuestro", cuenta Carla.
Conoció a Garzón hace 13 años, cuando en Argentina aún estaban vigentes la Ley de Punto Final y la de Obediencia Debida -similares en la práctica a la de amnistía española- que impedían revisar el pasado, y en España un juez quería sacar el horror a la luz.........
España no es un buen lugar para morirse. El acceso a cuidados paliativos, la disposición de medicamentos para afrontar el dolor o los recursos públicos destinados a atender las necesidades del final de la vida dejan mucho que desear. Un informe internacional realizado por The Economist Intelligence Unit, un grupo de estudio vinculado al semanal The Economist, sitúa al país en el puesto 26 de 40. Reino Unido -con una nota de 7,9 sobre 10- es el primero de la lista, el mejor lugar del mundo en atención al final de la vida. India (con un 1,9), el último. España suspende con un 4,2.
El informe traza el índice de calidad de la muerte. Una clasificación construida en torno a una serie de variables: la provisión de unidades específicas de paliativos, el acceso a tratamientos analgésicos, que existan políticas y fondos públicos destinados a estos cuidados y la percepción social de la muerte. Y España -el estudio analiza los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) más algunos invitados- no sale bien parada. Su nota no pasa en ningún punto del aprobado raspado. En disponibilidad de estos cuidados, por ejemplo, saca un 2,3.
El informe pone el dedo en la llaga de una de las principales carencias del sistema español: la escasez de unidades. En todo el territorio hay disponibles unos 400 dispositivos de este tipo. Un número insuficiente para atender a los más de 200.000 enfermos terminales que hay cada año. Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) se necesitarían, como mínimo, 200 más.
Y la atención domiciliaria se lleva la peor parte. "Con los servicios que hay no se llega a atender a todos los enfermos. Hay una gran carencia de recursos", insiste Fernando Marín, médico de la organización Derecho a Morir Dignamente. Precisamente el cuidado en el hogar es una de las bazas por las que apostaba la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos de 2007. Un plan que, sin embargo, apenas se cumple. Las competencias en esta materia son de las comunidades, y hay algunas, como la Comunidad Valenciana o Castilla y León, que ni siquiera tienen su propio plan.
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2 de agosto de 2010. El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha publicado en su web durante el mes de julio 70 productos notificados a través de la Red de Alerta porque pueden generar un riesgo grave a los consumidores. De ellos, treinta y tres fueron detectados en frontera y se rechazó su importación, mientras que otros veintinueve fueron retirados del mercado y prohibida su comercialización.
En los ocho restantes, fue el propio fabricante quien, como obliga la normativa, comunicó a las autoridades de consumo la existencia de posibles riesgos en sus productos y adoptó las medidas necesarias para paliarlos.
PRODUCTOS MÁS NOTIFICADOS
Los juguetes, productos eléctricos y vehículos y accesorios son los que reúnen mayor número de notificaciones (25, 21 y 7, respectivamente), dados los requisitos exigidos por la normativa que los regula y, en el caso de los juguetes, por la especial vigilancia a que están sometidos por los servicios de inspección al estar dirigidos a una población vulnerable. Los riesgos que plantean son consecuencia de las irregularidades que se les han detectado.
Miembros de grupos neonazis se han afiliado a sindicatos de izquierda para conseguir llegar a los trabajadores y, en tiempos de crisis económica, inculcarles su discurso en contra de la inmigración y de que son los extranjeros quienes quitan el trabajo a los nacionales. Este mensaje está también presente en sus convocatorias de manifestaciones y en sus lemas, con continuas alusiones al movimiento obrero, que pretenden hacer suyo.
A modo de ejemplo, el sindicato de izquierdas Confederación General del Trabajo (CGT) ha albergado entre sus propias filas a miembros de la extrema derecha, entre los que se encuentra Juan Antonio Aguilar, destacado dirigente ultra que, antes de pertenecer a CGT, estuvo afiliado a CCOO.
Aguilar ha sido presidente durante más de un año del comité de empresa de la compañía de informática Tecnocom, en Madrid. Recientemente fue a testificar al juicio que condenó a la red neonazi Blood and Honour y fue secretario general de Movimiento Social Republicano (MSR), partido de extrema derecha que promueve la xenofobia. ¿Por qué querría estar un ultraderechista en un sindicato de izquierdas? "Para controlar información de sus víctimas, tener poder y acceso a trabajadores a los que piensa que puede convencer con sus argumentos racistas y a favor de los españoles", señalan afiliados a CGT, que prefieren permanecer en el anonimato.
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VICENÇ NAVARRO
Existe una interpretación de la crisis económica y financiera española, muy generalizada en los establishments financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea (y también de España), que atribuye tal crisis al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social de su Estado del bienestar), financiado a través de un elevado endeudamiento público que ha alcanzado niveles insostenibles. De esta interpretación deriva la percepción de que en España estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, exigiéndose como medida de resolución de la crisis la implementación de políticas de austeridad y reducción de gasto público. Los datos, sin embargo, no apoyan tales tesis.
España tiene uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Según los últimos datos de la UE-15 (el grupo de países de nivel de riqueza más similar al nuestro), España tiene un gasto público social por habitante de 5.526,4 euros estandarizados (moneda utilizada para comparar la capacidad adquisitiva del euro en países con distinto nivel de vida), la cifra más baja de la UE-15 (cuyo promedio es 7.464,3). En realidad, España se gasta en su Estado del bienestar mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 93% del promedio de la UE-15. Pero su gasto público social per cápita es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Lo cual quiere decir que nos gastamos nada menos que 68.000 millones de euros menos de lo que debiéramos gastarnos por el nivel de riqueza que tenemos. En realidad, España tiene recursos (para mantener e incluso ampliar su subdesarrollado Estado del bienestar), pero lo que pasa es que, en contra de lo que sostiene el dogma neoliberal, vive por debajo de sus posibilidades. El problema no está en que España no tenga recursos. El problema está en que el Estado (central, autonómico o local) no los recoge. Las sucesivas reformas fiscales llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y socialistas determinaron una gran regresividad fiscal y una disminución de la capacidad de generar recursos por parte del Estado.
Un tanto semejante ocurre en cuanto al supuestamente hiperbólico endeudamiento público. La deuda pública en España bajó durante el periodo 2000-2007, pasando de ser el equivalente al 59,3% del PIB al 36,2%. El déficit del Estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Tanto la deuda como el déficit eran de los más bajos de la UE-15. De ahí que el argumento de que la crisis (que comenzó en 2007) la generó el excesivo gasto público (incluyendo el social) o la exuberante deuda pública no tenga ninguna validez.
Las causas de la crisis en España han sido la explosión de dos burbujas. Una fue la inmobiliaria (tal sector inmobiliaria-construcción creció del 7,5% del PIB en 2000 al 10,8% en 2006), que, al explotar en 2007, generó un descenso de su actividad económica de un 87%. La otra burbuja fue la bursátil, que había alcanzado un máximo del 125% del PIB en 2007 y cayó hasta un 54% del PIB. Estos estallidos de las burbujas crearon un enorme vacío de la demanda (que se había ido acentuando ya antes, consecuencia del descenso de las rentas del trabajo a costa de un exuberante crecimiento de las rentas del capital), que sólo la intervención del Estado puede resolver. De ahí que recortar el gasto público ahora que hay una muy escasa demanda es profundamente erróneo, pues agudizará la recesión.
El Center for Economic and Policy Researh de Washington D.C. (en cuyo consejo director hay dos premios Nobel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz) acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública española donde sus autores, Mark Wesisbrott y Juan Montecino, además de criticar las políticas de austeridad exigidas a España por la UE y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y realizadas por el Gobierno español, presentan varias alternativas para salir de la crisis –“Alternativas a la austeridad fiscal de España” (27-07-10).
Prologan sus propuestas con la observación de que la deuda pública española no es excesiva. Pero más importante que la cifra de la deuda pública total o bruta es la deuda neta, es decir, la deuda que el Estado debe a los inversores privados y que es la que configura el valor de los intereses que el Estado debe pagar a los compradores de los bonos del Estado. En España, la deuda neta es baja (más baja, de nuevo, que el promedio de la UE-15). A pesar de ello, los intereses de la deuda son altos, debido a que los mercados financieros no se fían de que el Estado pueda pagarla como consecuencia de lo que llaman la “fragilidad de la economía española”, la manera diplomática de decir que no estamos creciendo. De ahí la enorme importancia de estimular la economía.
Pero para hacerlo se necesita un cambio en el comportamiento de las instituciones europeas incluyendo el Banco Central Europeo (BCE), el cual, por paradójico que parezca, no actúa como un banco central de la UE. Si lo fuera haría lo que un Banco Central hace, es decir, ayudaría al Estado, tal como hace el Banco Central de EEUU
–el Federal Reserve Board (FRB)–, mediante, por ejemplo, la impresión de moneda con la que comprar deuda pública del Estado. El Estado federal estadounidense ha impreso moneda equivalente al 8% del PIB, comprando con ella deuda pública, además de ayudar a las empresas productivas y también a la banca (pasándose de generosa en esta ayuda). En la UE, el Banco Central sólo ha ayudado a la banca (también en términos muy generosos) y sólo últimamente, y a regañadientes, a los estados. Weisbrott y Montecino calculan que, si el BCE comprara en dos años una cantidad de deuda pública española equivalente a un 4% del PIB (transfiriendo los intereses de la deuda al Estado español, tal como hace el FRB) permitiría la inversión de un 3,9% del PIB en creación de empleo, estimulando el crecimiento económico y, con ello, la reducción del déficit. Alternativamente, el Estado español podría aumentar la deuda neta, incrementando la inversión pública para crear empleo. No hacerlo es un suicidio económico.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Walter Van Steenbrugge, abogado de varias víctimas de abuso sexuales presuntamente perpetrados por sacerdotes belgas, ha iniciado un procedimiento de urgencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por violación del derecho de acceso a la justicia, según publicó ayer la prensa del país. El recurso se acordó tras la decisión el viernes de la Sala de Apelación de los juzgados de instrucción de Bruselas, que considera irregulares los registros del 24 de junio en la catedral de Malinas, sede del arzobispado de Malina-Bruselas.
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El salto a la política que prepara Juantxo López de Uralde con el apoyo de todos los grupos ecologistas es de resultado imprevisible. Los optimistas tienen motivos para pensar que tendrá éxito. Las encuestas reflejan una preocupación ciudadana por el tema similar al del resto de Europa, el PSOE ha olvidado la ecología - abandono que tendrá costes- y el desencanto con los grandes partidos les puede dar alas. Ya toca un partido verde. Ahora o nunca. Los pesimistas esgrimen que la crisis económica dificulta la opción, que la gente quiere un empleo y no cambio climático, y que los verdes no lograrán superar su atávica división. El resultado será de todo o nada, el tiempo dirá. Mientras tanto, el ecologismo español vive una excitación única.
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La agitación que está produciendo entre los socialistas madrileños la pugna por la designación de sus candidatos para las elecciones de 2011 deriva seguramente del especial interés del PSOE por hacer de esas elecciones, y especialmente de las autonómicas, el eje de su estrategia de recuperación con vistas a las generales del año siguiente: porque creen que los escándalos de corrupción pasarán factura a Esperanza Aguirre y porque piensan que derrotar a una dirigente tan señalada del PP elevará la decaída moral del electorado de centro-izquierda y detendrá el deterioro que reflejan las encuestas.
La pugna fue iniciada por Zapatero al proponer a Trinidad Jiménez. Cabe preguntarse si calculó las consecuencias de una implicación tan directa. Porque la resistencia de Tomás Gómez a retirarse en favor de la ministra ha conducido a la necesidad de elecciones primarias; los dirigentes socialistas se han felicitado porque vayan a celebrarse y han resaltado su carácter democrático por oposición al método digital seguido por el PP en casos como la sucesión de Aznar por Rajoy.
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"Somos el Gobierno más transparente de España y de toda Europa" Esa fue la respuesta que ayer dio el presidente Francisco Camps a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que condena a las Cortes Valencianas por la "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo de Compromís, cuyas iniciativas sobre el caso Gürtel fueron rechazadas por la Mesa de la Cámara. Camps no aclaró si el grupo del PP que él preside, que ha mantenido una actitud obstruccionista a cualquier iniciativa de la oposición parlamentaria autonómica para conocer, entre otras cosas, las contrataciones del Gobierno Camps con las empresas de la trama Gürtel, iba a ser distina en el próximo curso político.
El alto tribunal ordena en su fallo "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa. Camps, que se reunió en el Centro de Protección y Estudio del Medio Natural en L’Albufera de Valencia con sus tres vicepresidentes, no expresó la opinión que le merece el varapalo judicial firmado por el Tribunal Constitucional.
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El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado contra las Cortes Valencianas por "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo parlamentario de Compromís, como consecuencia de la decisión de la Mesa de la Cámara, en la que el PP tiene mayoría absoluta, de vetar sin dar una explicación adecuada 30 iniciativas parlamentarias, algunas relativas al ’caso Gürtel’. La sentencia, dictada el pasado 26 de julio sin ningún voto particular, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Aragón Reyes. La sala estaba compuesta, además, por la presidenta del Constitucional, Emilia Casas, y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata y Pablo Pérez Tremps. El fallo ordena "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa.
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ELPLURAL.COM
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francico Camps, está volviendo a salir en la foto del PP. En pocos días, a los ojos de todos, ha pasado de villano a héroe. Incluso, el pasado domingo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo confirmó como candidato para las autonómicas en la Comunidad Valenciana. Ante esto, un editorial de El Mundo advierte de que "el caso de Camps es una bomba de relojería".
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Se aproxima tormenta, y lo que es peor: una tormenta innecesaria. Trinidad Jiménez, la candidata del presidente del Gobierno, ha decidido competir frente a Tomás Gómez, y muchos madrileños de izquierdas lamentamos la decisión. La democracia siempre es un ejercicio saludable, es necesario practicarla con habitualidad para no olvidar en qué consiste, pero que nadie se lleve a error, las anunciadas elecciones primarias no son un ejercicio democrático, o al menos no en su origen.
Durante estos años, Tomás Gómez ha trabajado arduamente por Madrid, enfrentándose con valentía a los obstáculos del Gobierno de Aguirre y esquivando los incesantes jaques lanzados desde su propio partido. Sin embargo, ninguna de las diferentes estrategias de acoso y derribo le han hecho sucumbir en sus propósitos. Es un hombre valiente y luchador, de fuertes convicciones, y que, como ha demostrado, jamás tira la toalla.
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Sólo faltaba su confirmación. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha anunciado hoy su decisión de competir con Tomás Gómez para ser la candidata de los socialistas a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Jiménez considera que "parte con desventaja" respecto a la candidatura del secretario general, pero tratará de compensarla con "un proyecto ilusionante", que en primer lugar tiene que convencer a los militantes del PSM. Jiménez adelantó a Gómez su decisión de "dar el paso", antes de realizar el anuncio a los periodistas. La conversación concluyó con un "que gane el mejor".
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ELPLURAL.COM / EFE
El Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependiente en la legislatura pasada del Govern de Jaume Matas (PP), pagó en ese periodo unos 22 millones de euros a empresas y asociaciones ligadas a la trama corrupta de Gürtel.
Según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso Ibatur de supuesta corrupción en el pasado mandato, este instituto, que dependía de la Conselleria de Turismo, realizó pagos por 22 millones de euros entre los años 2004 y 2008 a una fundación, dos asociaciones y varias empresas relacionadas con Gürtel.
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