El error de la austeridad
VICENÇ NAVARRO
Existe una interpretación de la crisis económica y financiera española, muy generalizada en los establishments financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea (y también de España), que atribuye tal crisis al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social de su Estado del bienestar), financiado a través de un elevado endeudamiento público que ha alcanzado niveles insostenibles. De esta interpretación deriva la percepción de que en España estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, exigiéndose como medida de resolución de la crisis la implementación de políticas de austeridad y reducción de gasto público. Los datos, sin embargo, no apoyan tales tesis.
España tiene uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Según los últimos datos de la UE-15 (el grupo de países de nivel de riqueza más similar al nuestro), España tiene un gasto público social por habitante de 5.526,4 euros estandarizados (moneda utilizada para comparar la capacidad adquisitiva del euro en países con distinto nivel de vida), la cifra más baja de la UE-15 (cuyo promedio es 7.464,3). En realidad, España se gasta en su Estado del bienestar mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 93% del promedio de la UE-15. Pero su gasto público social per cápita es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Lo cual quiere decir que nos gastamos nada menos que 68.000 millones de euros menos de lo que debiéramos gastarnos por el nivel de riqueza que tenemos. En realidad, España tiene recursos (para mantener e incluso ampliar su subdesarrollado Estado del bienestar), pero lo que pasa es que, en contra de lo que sostiene el dogma neoliberal, vive por debajo de sus posibilidades. El problema no está en que España no tenga recursos. El problema está en que el Estado (central, autonómico o local) no los recoge. Las sucesivas reformas fiscales llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y socialistas determinaron una gran regresividad fiscal y una disminución de la capacidad de generar recursos por parte del Estado.
Un tanto semejante ocurre en cuanto al supuestamente hiperbólico endeudamiento público. La deuda pública en España bajó durante el periodo 2000-2007, pasando de ser el equivalente al 59,3% del PIB al 36,2%. El déficit del Estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Tanto la deuda como el déficit eran de los más bajos de la UE-15. De ahí que el argumento de que la crisis (que comenzó en 2007) la generó el excesivo gasto público (incluyendo el social) o la exuberante deuda pública no tenga ninguna validez.
Las causas de la crisis en España han sido la explosión de dos burbujas. Una fue la inmobiliaria (tal sector inmobiliaria-construcción creció del 7,5% del PIB en 2000 al 10,8% en 2006), que, al explotar en 2007, generó un descenso de su actividad económica de un 87%. La otra burbuja fue la bursátil, que había alcanzado un máximo del 125% del PIB en 2007 y cayó hasta un 54% del PIB. Estos estallidos de las burbujas crearon un enorme vacío de la demanda (que se había ido acentuando ya antes, consecuencia del descenso de las rentas del trabajo a costa de un exuberante crecimiento de las rentas del capital), que sólo la intervención del Estado puede resolver. De ahí que recortar el gasto público ahora que hay una muy escasa demanda es profundamente erróneo, pues agudizará la recesión.
El Center for Economic and Policy Researh de Washington D.C. (en cuyo consejo director hay dos premios Nobel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz) acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública española donde sus autores, Mark Wesisbrott y Juan Montecino, además de criticar las políticas de austeridad exigidas a España por la UE y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y realizadas por el Gobierno español, presentan varias alternativas para salir de la crisis –“Alternativas a la austeridad fiscal de España” (27-07-10).
Prologan sus propuestas con la observación de que la deuda pública española no es excesiva. Pero más importante que la cifra de la deuda pública total o bruta es la deuda neta, es decir, la deuda que el Estado debe a los inversores privados y que es la que configura el valor de los intereses que el Estado debe pagar a los compradores de los bonos del Estado. En España, la deuda neta es baja (más baja, de nuevo, que el promedio de la UE-15). A pesar de ello, los intereses de la deuda son altos, debido a que los mercados financieros no se fían de que el Estado pueda pagarla como consecuencia de lo que llaman la “fragilidad de la economía española”, la manera diplomática de decir que no estamos creciendo. De ahí la enorme importancia de estimular la economía.
Pero para hacerlo se necesita un cambio en el comportamiento de las instituciones europeas incluyendo el Banco Central Europeo (BCE), el cual, por paradójico que parezca, no actúa como un banco central de la UE. Si lo fuera haría lo que un Banco Central hace, es decir, ayudaría al Estado, tal como hace el Banco Central de EEUU
–el Federal Reserve Board (FRB)–, mediante, por ejemplo, la impresión de moneda con la que comprar deuda pública del Estado. El Estado federal estadounidense ha impreso moneda equivalente al 8% del PIB, comprando con ella deuda pública, además de ayudar a las empresas productivas y también a la banca (pasándose de generosa en esta ayuda). En la UE, el Banco Central sólo ha ayudado a la banca (también en términos muy generosos) y sólo últimamente, y a regañadientes, a los estados. Weisbrott y Montecino calculan que, si el BCE comprara en dos años una cantidad de deuda pública española equivalente a un 4% del PIB (transfiriendo los intereses de la deuda al Estado español, tal como hace el FRB) permitiría la inversión de un 3,9% del PIB en creación de empleo, estimulando el crecimiento económico y, con ello, la reducción del déficit. Alternativamente, el Estado español podría aumentar la deuda neta, incrementando la inversión pública para crear empleo. No hacerlo es un suicidio económico.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
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