España suspende en paliativos
España no es un buen lugar para morirse. El acceso a cuidados paliativos, la disposición de medicamentos para afrontar el dolor o los recursos públicos destinados a atender las necesidades del final de la vida dejan mucho que desear. Un informe internacional realizado por The Economist Intelligence Unit, un grupo de estudio vinculado al semanal The Economist, sitúa al país en el puesto 26 de 40. Reino Unido -con una nota de 7,9 sobre 10- es el primero de la lista, el mejor lugar del mundo en atención al final de la vida. India (con un 1,9), el último. España suspende con un 4,2.
El informe traza el índice de calidad de la muerte. Una clasificación construida en torno a una serie de variables: la provisión de unidades específicas de paliativos, el acceso a tratamientos analgésicos, que existan políticas y fondos públicos destinados a estos cuidados y la percepción social de la muerte. Y España -el estudio analiza los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) más algunos invitados- no sale bien parada. Su nota no pasa en ningún punto del aprobado raspado. En disponibilidad de estos cuidados, por ejemplo, saca un 2,3.
El informe pone el dedo en la llaga de una de las principales carencias del sistema español: la escasez de unidades. En todo el territorio hay disponibles unos 400 dispositivos de este tipo. Un número insuficiente para atender a los más de 200.000 enfermos terminales que hay cada año. Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) se necesitarían, como mínimo, 200 más.
Y la atención domiciliaria se lleva la peor parte. "Con los servicios que hay no se llega a atender a todos los enfermos. Hay una gran carencia de recursos", insiste Fernando Marín, médico de la organización Derecho a Morir Dignamente. Precisamente el cuidado en el hogar es una de las bazas por las que apostaba la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos de 2007. Un plan que, sin embargo, apenas se cumple. Las competencias en esta materia son de las comunidades, y hay algunas, como la Comunidad Valenciana o Castilla y León, que ni siquiera tienen su propio plan.
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