Deshaciendo comunidad...

Entre los ecos derivados de la marcha atrás sobre la supresión de la ESO rural y la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de esa especie de “parto de los montes” denominada Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, ha quedado en un segundo plano la reforma legislativa que socava la independencia y autonomía de las instituciones de consulta, participación y fiscalización de la comunidad autónoma. La Ley que reforma el funcionamiento de los Consejos Económico y Social, Consultivo, de Cuentas y el Procurador del Común seguirá su tramitación parlamentaria, una vez que el Pleno de las Cortes ha rechazado la enmienda de totalidad presentada por el grupo mixto a instancias del único procurador de IU.

 

Con la coartada de la crisis algunos gobiernos autonómicos -con el de Castilla-La Mancha y Cospedal a la cabeza- han aprovechado la coyuntura para cargarse todas o algunas de estas instituciones autonómicas, zafándose así del contrapeso social, jurídico y económico que ejercían. En Castilla y León no se planteó suprimir ninguna de ellas, entre otras cosas porque su existencia tiene carta de naturaleza en el Estatuto de Autonomía desde 1999. Sin embargo, la Junta, acostumbrada a gobernar a sus anchas y bordeando muy frecuentemente la legalidad, llevaba años muy escocida con el control ejercido por dos de esas instituciones, el CES y el Consejo de Cuentas,  cuyos rigurosos e independientes informes han venido dejando en evidencia la tendencia al abuso de poder del gobierno que preside Juan Vicente Herrera.

 

En ausencia de una oposición solvente, ambos Consejos y, en su caso los Tribunales de Justicia, han sido los únicos contrapesos reales a los que se ha enfrentado la Junta. Los informes de fiscalización del Consejo de Cuentas han dejado en infinidad de ocasiones con las vergüenzas al aire a la Junta, especialmente a la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien nunca ha disimulado los sarpullidos originados por ese control. La jubilación del anterior presidente del Consejo, Pedro Martín, un técnico de probada independencia y rectitud, supuso todo un alivio para Del Olmo y sus ingenios y artificios contables. En su lugar, sin cortarse un pelo, el PP promovió como nuevo presidente a Jesús Encabo, justo el procurador popular que se ocupaba de rebatir en las Cortes los informes de fiscalización del Consejo de Cuentas.

 

 

Faltaba cobrarse la otra cabeza a la que la mano que mece el diván presidencial había puesto precio: José Luis Díez Hoces, el presidente del Consejo Económico y Social. Desde el sentido patrimonial que tiene de las instituciones, la Junta no podía tolerar la osadía de que el CES discrepara y cuestionara su política social y económica. Para el faro joseantoniano de la Junta (ni pintado lo de calificar de “revolución pendiente” el engendro de la ordenación del territorio) eso era una insolencia que no se podía consentir por mas tiempo.

 

 

Y a tal extremo ha llegado la obsesión por desalojar a Díez-Hoces que el Proyecto de Ley perpetrado por la Consejería de Presidencia ha introducido una limitación de mandatos con efectos retroactivos con el único y expreso de fin de impedir la reelección del actual presidente del CES.

 

 

Como bien ha señalado el procurador de IU, José María González, dicha reforma atenta contra la independencia y autonomía de dichas instituciones, desnaturaliza las funciones de control, fiscalización y participación que han cumplido y supone en definitiva una clara involución  democrática. Legislativamente, el proyecto es además bastante chapucero. “¿Respeta el articulado de la norma este equilibrio entre la eficiencia y la autonomía de las instituciones?”, se pregunta en su dictamen el Consejo Consultivo. Y a continuación se responde: “Este dictamen se pronuncia en sentido negativo en relación con no pocos aspectos (…) y el punto de partida todavía mas discutible es regular las cuatro instituciones en una sola norma y del modo en que se hace”. Sobran comentarios.

 

 

Se preguntará el lector como es posible que el PSOE no se haya opuesto frontalmente a una torticera Ley que no tiene otro objetivo que reforzar todavía más el poder de la Junta. La excusa es que, al figurar dicha reforma en el infame pacto firmado el pasado 10 de octubre entre Julio Villarrubia y Juan Vicente Herrera, oponerse a ella seria desautorizar a su secretario autonómico. Basándose en ese peculiar argumento los socialistas han tragado con tan indigesto Proyecto de Ley, con la humillación añadida de que el PP se ha permitido presentar una enmienda parcial contraria a uno de los pocos aspectos positivos contemplados en ese pacto, cual era que dos de los seis expertos del CES que hasta ahora designaba la Junta pasen a ser elegidos por las Cortes (se supone que uno a propuesta de cada grupo mayoritario).

 

 

Este retroceso democrático en el entramado institucional de la comunidad ha coincidido con la noticia de que este año no habrá Manifiesto conjunto de las fuerzas políticas y sociales convocando a la concentración de Villalar de los Comuneros. Ante la imposibilidad de consensuar con el PP un texto reivindicativo, se renuncia al Manifiesto que daba contenido político a la cita del 23 de abríl. El PP consigue así el objetivo que se propuso desde que se incorporó al colectivo convocante: Neutralizar la fuerza reivindicativa de Villalar y convertir la celebración en una romería festiva. El reciente derrumbe parcial sufrido por el edificio que hace años que espera ser sede de la Fundación Villalar supone toda una alegoría del derrumbe político que se cierne sobre el proyecto común de esta Autonomía. 

 

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