Una casta insostenible
Por fortuna, y por muy mal que funcione, existe un sistema judicial capaz de hacer de contrapeso de las erróneas decisiones políticas. La paralización del euro por receta en Cataluña es una buena muestra de ello. El artículo 149 de la Constitución Española dice que es “competencia exclusiva” del Estado la “legislación sobre productos farmacéuticos”, razón por la cual el Gobierno central recurrió la tasa. La admisión a trámite por el Contitucional ha dejado en suspenso la medida, una vez recaudados, eso sí, casi 46 millones de euros que los ciudadanos que pagaron quizá no recuperen nunca.
Esos políticos que tanto se llenan la boca defendiendo las instituciones, la democracia y las leyes son los mismos que actúan contra principios tan nítidos de la Carta Magna a costa de hacer pagar aún un poco más a los ciudadanos (una pizca de muchos es mucho dinero). Lo más sorprendente es que el presidente de Madrid, Ignacio González, mantenga la misma medida que Cataluña a la espera de que el Tribunal Constitucional paralice el cobro de la tasa. González ya advirtió en su día que en ningún caso devolvería el dinero recaudado. ¡Estupendo!
Todo esto viene a demostrar varias cosas. La primera de ellas es que los mecanismos que rigen en el Constitucional no son de sentido común. Tarda meses en admitir a trámite un recurso y lo hace justo cuando tiene la certeza de que en breve le llegará un recurso similar por el caso madrileño. La segunda evidencia es que no solo los políticos soberanistas desprecian, como alegan algunos, la Constitución Española. ¿Con qué autoridad podrá hablar González ahora de los planes de Artur Mas? Una tercera evidencia es el escaso respeto que se tiene hacia los administrados, a los que se les imponen nuevos pagos y, encima, se les acusa de malgastar en medicamentos. Víctimas culpabilizadas de esta crisis.
Ejemplo similar de mala gestión y desprecio hacia las leyes y los ciudadanos es el de esos gobiernos autónomos que, para ahorrar, se han lanzado a cerrar servicios de urgencias sanitarias en las zonas rurales. Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Navarra, Madrid y Murcia ya lo hicieron. Ahora, Dolores de Cospedal pretendía ínfimos ahorros (entre 1 y 6 millones de euros) cerrando las urgencias de 21 pueblos; y ello a pesar de la ley orgánica 137/1984 que explicita en su artículo primero que la ubicación de un centro de salud no puede estar distante en “un tiempo superior a treinta minutos con los medios habituales de locomoción”. Por fortuna, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha paralizado el cierre. Nada se sabe a fecha de hoy si el resto de las comunidades van a tomar nota o, como Ignacio González, se van a hacer los locos con tal de seguir ahorrando unos euros a costa de aumentar la ansiedad de los ciudadanos y de poner en riesgo su salud.
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