La hora de racionalizar la España autonómica
Es como si el motor del Estado autonómico se hubiera gripado repentinamente tras 30 años de andadura y los mecánicos manejaran un diagnóstico dividido entre “preocupante”, “grave” y “crítico”. De la noche a la mañana, la crisis económica ha venido a suspender la marchosa competición entre los 17, de forma que donde antes se reclamaban alegremente competencias, ahora agradecerían mucho que, por favor, les liberaran de las que pesan como una losa en las depauperadas haciendas autonómicas. Se acabaron los fastos, los gastos suntuosos, los aeropuertos sin aviones para despegar y tantos proyectos magníficos y costosos, al tiempo que se tambalean las televisiones autonómicas, las empresas semipúblicas y las que proveen a las Administraciones. “No nos llega”, es el grito que surge de los cuatro puntos cardinales autonómicos del Estado, aunque se oyen pocos golpes de pecho y se tiende a pensar que la responsabilidad recae fuera del territorio propio.
El miedo al colapso financiero está poniendo en circulación un término en desuso, exhumado para el momento. Es el vocablo “recentralizar”, y puesto que esa es la palabra de moda, habría que saber si la gestión centralizada resulta más económica y eficaz, como suponen quienes creen que el Estado de las autonomías es un dispendio que este país ya no pueda permitirse. Ante el estupor general, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado su propósito de devolver las competencias de Justicia a la Administración central, al tiempo que adelantaba que tampoco le importaría prescindir de otras, como Cultura, Infraestructuras, Medio Ambiente o Economía. Los catedráticos constitucionalistas con más predicamento que acaban de clausurar el congreso internacional sobre federalismo y autonomías celebrado en Bilbao se echan las manos a la cabeza. ¿Devolver competencias? La Constitución y los estatutos no contemplan semejante posibilidad. Si lo que se da no se quita, lo que se acepta no se devuelve, así como así. Haría falta un acuerdo con el Estado, una reforma estatutaria… pero ¿no es un contrasentido que desnaturaliza la esencia de la autonomía?
La presidenta de Madrid no está sola en esta iniciativa, es la abanderada de un planteamiento revisionista que comparten Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha, comunidades gobernadas por el PP y actualmente irritadas porque, en aras de la proclamada austeridad, el Gobierno central les exige cumplir la regla de gasto y el Instituto de Crédito Oficial solo se presta a cubrirles la mitad de la deuda. ¿Hay que tomarse en serio estos aires de revuelta autonómica desatados contra el Ejecutivo central o pensar que, por desengrasado que se halle el sistema, esos aires amainarán en cuanto Mariano Rajoy se asiente en La Moncloa? Lo que sí sopla desde hace tiempo es un viento creciente de descrédito y desafecto hacia el Estado de las autonomías que parece haber hecho olvidar que, con los desajustes, duplicidades e ineficiencias que se quieran, la descentralización ha sido un invento sumamente beneficioso para este país.
Constitución y estatutos no prevén que se puedan retornar potestades
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Descentralizar ha sido un invento sumamente beneficioso
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El despilfarro no ha sido cuestión solo de las autonomías
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