La Junta abre expediente a Lasarte y cifra en 13 los implicados en el caso de los huertos solares
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ofreció ayer la primera versión oficial sobre el caso de los huertos solares desde que el pasado 1 de agosto se conociese la implicación personal del entonces secretario de la Delegación de la Junta en León, Javier Lasarte, en intereses empresariales en torno al sector de la energía fotovoltáica y la concesión de licencias para abrir huertos solares. Desde entonces, y una vez abierta la investigación de la Junta, De Santiago-Juárez confirmó que se ha comprobado que un total de 13 funcionarios están implicados en el caso de los huertos solares, de los que seis son de libre designación, todos ellos de León, Zamora y Valladolid. Por el momento ayer se abrió un expediente disciplinario a Javier Lasarte por considerarse que hay indicios de irregularidades.
.
Sin embargo, el portavoz aseguró que se ha comprobado «que ninguna de las licencias tramitadas han tenido trato preferente ni gestión privilegiada frente a otros expedientes», aseguró en rueda de prensa. De Santiago-Juárez, además, remarcó que en todo caso en la concesión de licencias para instalaciones fotovoltáicas no es competitiva «pues todas las solicitudes que cumplan la normativa consigue la licencia de actividad, por lo que nunca hay daños a terceros».
.
Información reservada
A pesar de que no hay irregularidades administrativas en la tramitación de las licencias, José Antonio de Santiago-Juárez reconoció que los funcionarios implicados han perdido la confianza depositada en su día por el Gobierno castellano y leonés. «Sabían que están obligados a comunicar y solicitar la compatibilizar con una actividad empresarial y no lo han hecho», extremo que ha llevado a que se les haya invitado a cesar de sus puestos, además de abrir a doce una información reservada para comprobar sí han incurrido en ilegalidades.
.
Los cargos más relevantes implicados en este caso son los del jefe de Industria y la jefa del Servicio Territorial de Fomento de la delegación de la Junta en León, Emilio Fernández y Ana Isabel Suárez; el jefe de Servicio de Caja de la Tesorería General de la Junta, Manuel Ballesteros; el secretario de la Delegación Territorial en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe de la Oficina Territorial deTrabajo de la Delegación de la Junta en Zamora, José Bahamonde.
.
Entre los funcionarios a los que se ha abierto información reservada está el el jefe del Servicio Territorial de Industria de Palencia, Francisco Jambrina, ex consejero de Medio Ambiente, que se ha negado a dejar el cargo por entender que accedió a él por concurso.
.
Fallo de los controladores
El portavoz de la Junta aseguró que toda la Administración pública cuenta con sistemas de control para evitar la incompatibilidad de los funcionarios, que por ley deben solicitar permiso para realizar actividades privadas relacionadas con su función como servidor público. En el caso de los huertos solares, el consejero de la Presidencia afirmó que los implicados no comunicaron en ningún momento sus vinculaciones en las empresas fotovoltáicas que han concursado. Además, respecto a los funcionarios de libre designación, Santiago-Juárez indicó que «los que tenían que contralar han sido los que han fallado». A pesar de ello, la Junta no variará el actual sistema de control, máxime cuando ayer reiteró «el respeto y reconocimiento al trabajo diligente y de calidad de los más de 87.000 funcionarios que hay en Castilla y León», subrayó vehementemente el consejero de la Presidencia.
.
Fiscalía
José Antonio de Santiago-Juárez tuvo palabras de reproche al PSOE por «extender la sospecha al funcionariado» a la vez que calificó como «irresponsabilidad», de «bajeza política» y de «falta de sensibilidad» las declaraciones de los dirigentes socialistas en relación con este caso, que según el portavoz también han puesto en duda al empresariado de este sector energético. Frente a esta actuación, la Junta «ha actuado con diligencia, rigor, prudencia y coherencia» aseguró el portavoz del Gobierno autonómico.
De Santiago-Juárez aseguró, para despejar cualquier duda, que «si en el transcurso de la investigación el servicio jurídico de la Junta advierte algún indicio racional de algún tipo de delito se enviaría directamente a la Fiscalía».
0 comentarios