Amnistía Internacional denuncia el desinterés de las autoridades frente al racismo y la xenofobia
Madrid.- El pleno disfrute de los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación es un principio fundamental. Sin embargo las autoridades españolas abordan con desinterés el fenómeno del racismo y la xenofobia, en un país con una importante comunidad gitana, que tradicionalmente ha sido marginada, y ante el aumento de la inmigración en la última década. Esta es la principal conclusión del Informe “Entre la desgana y la invisibilidad” elaborado por Amnistía Internacional sobre Políticas del Estado español en la lucha contra el racismo.
España está entre los únicos 10 Estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que entró en vigor el 1 de febrero de 2008. Según Naciones Unidas, España es uno de los diez países europeos con una mayor incidencia de casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. La mayoría de sus víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania.
Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional: “Esta desgana aleja a España de sus obligaciones internacionales y se refleja en la no ratificación de al menos diez tratados internacionales contra la discriminación de inmigrantes y personas gitanas; la inadecuada trasposición de directivas comunitarias obligatorias sobre racismo; la existencia de leyes, como la de Extranjería, con artículos declarados inconstitucionales al considerarse discriminatorios por el Alto Tribunal; la creación tardía con competencias insuficientes de organismos especializados de lucha contra el racismo y la discriminación y la falta de voluntad política motivada por la ausencia de un Plan integral de lucha contra el racismo”.
El racismo existe, aunque no haya datos oficiales
España está a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la xenofobia. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), España es uno de los cinco estados miembros que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas. “La invisibilidad debe subsanarse como primera medida para abordar esta situación”, sugiere Beltrán.
Persisten los incidentes racistas a manos de particulares y los casos de malos tratos o torturas con componente racista por parte de las distintas fuerzas de seguridad. En lo que se refiere a agresiones protagonizadas por grupos racistas dirigidas contra personas inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas, según el informe RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) Especial 2006, la cifra superaría las 4.000 agresiones anuales.
Los datos sobre la percepción que tiene la población española sobre la comunidad gitana y sobre el fenómeno de la inmigración dibujan un escenario de prejuicios y rechazo. Cuatro de cada diez entrevistados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2005 reconocían que les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a una familia gitana. En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) de 2006, seis de cada diez asociaban de algún modo la delincuencia con la inmigración.
Amnistía Internacional denuncia la invisibilidad de este problema en España ya que no existen datos oficiales que permitan conocer la magnitud del problema. Es alarmante la falta de registro y análisis de datos sobre el racismo y la xenofobia y sobre incidentes racistas o delitos racistas. La ausencia de órganos independientes de investigación muestran la falta de voluntad política para conocer su dimensión.
El primer informe sobre racismo y xenofobia de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2007, revelaba que no había encontrado ningún dato que permitiese afirmar que, durante el año 2006, se hubiese impuesto una sola sanción o compensación por casos de discriminación étnica en catorce países de la Unión, incluida España.
La comunidad gitana está olvidada
La Fundación Secretariado Gitano cifra en 700.000 el número de personas gitanas de nacionalidad española residentes en el país. La discriminación racial que padece esta comunidad es el legado de siglos de persecución que, a pesar de la teórica igualdad alcanzada en el plano legislativo, pervive en situaciones como el desempleo, el analfabetismo o el acceso a los servicios públicos de salud, vivienda y educación, entre otros.
España no ha puesto en marcha las medidas específicas que los gobiernos pueden usar para elaborar una estrategia de amplio alcance que mejore la situación de la comunidad gitana propuestas tanto por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa.
La administración de justicia también muestra desgana
A pesar de las disposiciones penales contra el racismo y la discriminación racial que están en vigor, el desinterés también se aprecia en las actuaciones de las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado.
Apenas hay denuncias en los tribunales sobre ataques o discriminación con un componente racista debido a la dificultad probatoria de estos delitos, el temor a ser objeto ser objeto de represalias, a que se inicie un expediente de expulsión, y a la desinformación generalizada sobre los derechos y mecanismos disponibles, así como a la desconfianza en el sistema. Es más, cuando se dan denuncias alegando este componente racista, en raras ocasiones es tenido en cuenta por los tribunales. Atajar esta situación también debe ser una tarea prioritaria de las autoridades.
El proyecto Acción contra la Discriminación, que analiza 612 casos de discriminación en territorio español, detectó que en el 80% de los casos documentados no se presentó ninguna denuncia y en los que sí hubo, en ninguno se expidió sentencia favorable a la víctima. Además, una investigación de la Universidad de Valencia analizó el número de casos en los que, entre el año 1996 a 2005, se había aplicado la agravante por motivos racistas por parte de Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo. El resultado indicó que únicamente en 14 casos se alegó discriminación racial
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