3.- ALGUNAS PROPUESTASDE IZQUIERDA SOCIALISTA A LA CONFERENCIA POLITICA DEL PSOE SEPTIEMBRE 2006. 3.3.- Priorizar la agenda social

 

3.3.- Priorizar la agenda social

                 

  Es preciso priorizar una agenda más social en la última parte de la legislatura. En una primera fase, la reforma laboral, recientemente acordada, debe orientarse a incrementar la estabilidad y calidad en el empleo reduciendo la precariedad, evitando el encadenamiento de contratos e incidiendo la cesión ilegal de trabajadores; atacando la siniestralidad laboral, fortaleciendo la inspección de trabajo y mejorando las políticas públicas de empleo, incluida la protección por desempleo.

 

  Además, es preciso avanzar hacia la democratización de la economía. En este sentido, se deberá incentivar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa y en el reparto de beneficios; incentivar los derechos efectivos de los pequeños accionistas y de los usuarios de servicios; ayudar a las empresas de economía social... En suma, extender los derechos democráticos al interior de las empresas haciéndolas más responsables social y medioambientalmente.

 

  Defendemos el Estado de Bienestar como el eje para la solidaridad y justicia y como "patrimonio social" acumulado por la lucha de las generaciones que nos precedieron. La defensa de unos servicios con carácter universal y público y con acceso, en condiciones de igualdad, en educación, sanidad, pensiones y servicios sociales será un objetivo prioritario. La creación del Sistema Nacional de Dependencia (SND) representa un avance fundamental en el proceso de modernización del sistema español de protección social, que responde de esta manera a una necesidad cada vez más palpable en nuestra sociedad. Resulta necesario que el diseño mantenga el equilibrio entre la cobertura universal de la prestación, la suficiencia de la atención ofrecida y la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, condiciones necesarias para garantizar el acceso efectivo al derecho que se crea.

 

  Se deberá de prestar atención para asegurar una adecuada articulación del régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, a fin de que, mediante los convenios que se suscriban al efecto, se dote de eficiencia y eficacia al desarrollo y aplicación de las prestaciones y servicios que se contemplan en el Anteproyecto.