El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano declaró ayer que "si hay que meter a Iñaki Urdangarin en la cárcel, pues se le mete", y se mostró partidario de que se cite a declarar a la infanta Cristina en el caso Nóos. El magistrado hizo esas afirmaciones en una entrevista en La Nueva España, en la que señala que los casos Gürtel, Brugal, Matas o Urdangarin son "escandalosos".
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El diario The New York Times defendió ayer en un editorial al juez Baltasar Garzón, procesado en el Tribunal Supremo por investigar los crímenes del franquismo, lo que considera "un eco perturbador del pensamiento totalitario de la era de Franco" y "una ofensa a la justicia y la historia". "España es ahora una vibrante democracia, pero el juicio al juez Garzón, que se abrió la semana pasada, es un eco perturbador del pensamiento totalitario de la era de Franco", señala el rotativo. Garzón, acusado de prevaricación por su supuesto desafío a la Ley de Amnistía promulgada en 1977, se enfrenta a 20 años de inhabilitación en el juicio del alto tribunal, que continuará esta semana con la declaración de más testigos y la prueba documental.
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Al candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales no lo elegirán solo los 220.000 militantes del partido, como hasta ahora —cuando hay primarias—, sino también los “simpatizantes” socialistas, una figura vaga que la dirección del PSOE redefinirá en unos meses. Esas nuevas “primarias a la francesa” fueron aprobadas ayer por el 38º congreso federal, que sin embargo frenó una iniciativa similar para que los secretarios generales sean elegidos directamente por los militantes.
Es una de las novedades que salen del cónclave de Sevilla. De madrugada, con buena parte de los delegados ya ausentes, el plenario del 38º congreso del PSOE aprobó la línea política y organizativa del partido para los próximos años: las 16.000 enmiendas recibidas a la ponencia marco se agruparon en 12.400 y, de estas, unas 10.000 (el 80%) fueron “aceptadas, transaccionadas o subsumidas” en el texto final. Ese documento, que ratifica el grueso de la ponencia original, no estaba ayer disponible, y por tanto no es posible conocer aún la literalidad de los compromisos.
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Francisco Parra Rodríguez
La política diseñada por la ortodoxia oficial para salir de la crisis como de todos es conocido pone su acento en la productividad y en la moderación de salarios para ganar competitividad en los mercados exteriores. Esta estrategia se combina con la lucha contra el déficit público, con el propósito de no expulsar a la financiación privada del mercado de capitales, y no expandir la base monetaria para no crear tensiones inflacionistas en un futuro. Es evidente que de momento esta estrategia está dando magros resultados, al menos para España, y se empieza a cuestionar, incluso desde los mismos círculos del poder, la inutilidad de la numantina lucha contra el déficit público, pero nadie cuestiona aún la otra cara de la moneda, la que pone el acento en la competitividad, que a mi juicio tampoco parece estar dando los resultados esperados.
Aún no se han elaborado los cuadros contables de la CNE que son los que nos permiten analizar estas cuestiones en rigor, pero los avances que disponemos para el año 2011, dan lugar a un análisis bastante sombrío. En primer lugar, analicemos las proyecciones que ha publicado el Banco de España que muestran claramente esta estrategia de política macroeconómica, que con el reciente pacto de competitividad y la reforma laboral que anuncia el PP se va incluso a intensificar.
Proyección de las principales macromagnitudes de la economía española:
La productividad aparente del trabajo en moneda constante ha crecido por encima del PIB: 1,1% en el 2008; 2,9% e el 2009; 2,6% en el 2010 y se espera que aumente un 2,4% en el 2011; por el contrario los costes laborales unitarios, si bien parten con un crecimiento del 4,9% en el 2008 por el efecto de los acuerdos salariales convenidos en ejercicios pasados, han moderado notablemente su crecimiento, lográndose reducciones del 2,6% en el 2010, y del 1,8% para el 2011, y todo ello en un contexto de aumento interior de los precios (deflactor de consumo privado) que las proyecciones lo cifran en el 2,4% en el 2010 y 3,3% en el 2011. El cuadro también refleja el esfuerzo realizado para disminuir el déficit público (capacidad(+) necesidad(-) de financiación de las AAPP), cuyo porcentaje sobre el PIB se ha reducido desde el 11,9 % en el 2009, hasta el 9,3% en el 2010 y el insuficiente 8,1% en el 2011, ya que se deseaba un porcentaje del 6% para ese año. Como es indudable que la economía española ha logrado ganancias de competitividad las exportaciones, que se habían reducido un 1 % en el 2008 y un 10,4% en el 2009, aumentan fuertemente en el 2010 en el que logran un crecimiento del 13,5% y se espera que para el 2011 logren un nuevo aumento del 8,9%.Como ven al barco de la economía española se le ha puesto en el rumbo correcto, aunque todavía no se haya logrado que se mueva del sitio, ya que el PIB va a crecer un escaso 0,7% en el 2011 y se espera se reduzca un 1,5% en el 2012, y si miramos el rumbo desde el punto de vista del empleo más bien parece que bogue marcha atrás: el empleo cayó un 2,6% en el 2010, se prevé que va a caer un 1,7% en el 2011 y caerá un 3% en el 2012, año en que el Banco de España pronostica que situaremos en déficit público a la cota del 4,4% del PIB.
En mi opinión, quien dirige la economía española opera en cierto sentido como el capitán del Costa Concordia, ha llevado el buque de la economía española, una vez ha hecho aguas por la crisis inmobiliaria, a la costa, y espera pacientemente a que se hunda escorándose por un costado, el costado del empleo.
La economía no es física, o si es física hay que conocer primero el medio en el que se produce la acción para comprender la reacción, y en este símil a la economía española no se le puede aplicar una cura que su organismo rechaza como parece que es lo que está ocurriendo cuando se analizan las proyecciones del Banco de España. La economía española es dual, es dual su mercado de trabajo, pero también es dual su estructura productiva, empresas pequeñas y medianas especializadas en el mercado local y grandes empresas que han logrado hacerse un hueco en el mercado internacional, es decir se han internacionalizado y además están muy preocupadas por dinamizar la marca España, pero por lo que se ve también están muy poco interesadas por procurarse proveedores nacionales para los productos que exportan, y es normal al fin y al cabo son empresas globales, por ello, y como también se puede apreciar en el cuadro de proyecciones, los aumentos exportadores han conllevado aumentos de las importaciones del 8,9% en el 2010 y del 1,4% en el 2011, si bien para analizar estos aumentos en rigor habría que descontar el componente energético de nuestras importaciones.
La certeza de una cabecera empresarial exportando y una cola ahogada por el crédito y la depresión de la economía interior, no conlleva a otra cosa que a la caída del empleo con independencia de los excelentes resultados que cosechan las empresas en los mercados exteriores, y este es el análisis al que nos conducen los cuadros que se exponen a continuación, elaborados con datos del registro de la seguridad social y del registro de aduanas:
Tabla nº2. Empleo asalariado y exportaciones en los sectores industriales. 2011-2010.
Fuente: Seguridad Social y DataComex
Tabla nº3. Empleo asalariado y exportaciones en los sectores industriales. 2011-2010.
Recomponer el tejido empresarial español interrelacionándolo de manera que los éxitos comerciales de las empresas exportadoras impacten sobre las empresas locales, es quizás tarea mucho más prioritaria que las reformas liberales que se pretenden sobre el mercado, y precisan de una activa labor de unos gobiernos que desde hace ya varios años a perdido la noción de lo que es una política industrial, en el convencimiento de que las empresas por si solas logran eficacias y eficiencias. Por ello, de proseguir sin más la política actual de deflación de salarios y reducción de las indemnizaciones de despido, tal vez lo que logremos es que los beneficios de la competitividad vayan como siempre a parar a bonus para los directivos de las empresas globales españolas, y entre tanto la economía española, la interior, al igual que el Costa Concordia acabe irremediablemente engullido por un mar de fango y agua salada. Y así al igual que lo sucedido en la tragicomedia italiana, nuestros ejecutivos serán los primeros en abandonar el barco.
VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El número de parados inscritos en las oficinas de Empleo de Castilla y León aumentó en 11.384 personas en enero de 2012, con lo que la cifra de desempleados en la Comunidad vuelve a superar la barrera de los 200.000 y se sitúa en 219.859 (108.248 hombres y 111.611 mujeres), según los datos del Ministerio de Empleo recogidos por Europa Press.
En términos relativos, en Castilla y León el comportamiento del paro en el mes de enero registró un incremento del 5,46 por ciento respecto a diciembre (en el resto de España el paro creció un 4,01 por ciento, con lo que la cifra de parados en el conjunto del país aumentó en 177.470, hasta situarse en un total de 4.599.829).
Se trata del cuarto mayor incremento del paro a nivel nacional, tras País Vasco (7,20), Navarra (6,82), Asturias (6,70) y la ciudad autónoma de Ceuta (5,82).
En comparación con enero de 2011, el paro registrado en Castilla y León aumentó un 7,63 por ciento (15.593 desempleados más), mientras que en España subió un 8,72 por ciento, el equivalente a 368.826 parados más. En este caso, Castilla y León registra el cuarto menor incremento del desempleo a nivel nacional.
El paro aumentó en el mes de enero con respecto a diciembre en todas las provincias de Castilla y León con especial incidencia en Burgos, donde subió un 6,06 por ciento (1.697 desempleados más), seguida de Palencia, con un incremento del 5,98 por ciento (779 parados más) y León, con una subida del 5,92 por ciento (2.368 desempleados más).
También aumentó el desempleo en Segovia, con un 5,56 por ciento (624 desempleados más); Zamora, con un 5,55 por ciento (916 parados más); Valladolid, con un 5,38 por ciento (2.442 parados más); Ávila, con un 5,26 por ciento (857 personas sin empleo más); Salamanca, con una subida del 4,75 por ciento (1.527 parados más), y Soria, con un incremento del 2,97 por ciento (174 desempleados más).
En comparación con enero de 2011, el paro aumentó también en todas las provincias de Castilla y León con especial incidencia en Segovia (9,89 por ciento, 1.067 parados más); Burgos (9,39 por ciento, 2.550 parados más); Zamora (8,05 por ciento, 1.298 desempleados más); Valladolid (7,91 por ciento, 3.509 parados más) y Ávila (7,77 por ciento, 1.236 parados más).
Les siguen Salamanca (7,05 por ciento, 2.218 parados más); León (6,58 por ciento, 2.615 nuevas personas sin empleo); Palencia (6,02 por ciento, 784 parados más), y Soria (5,53 por ciento, 316 parados más).
El Consejo de Gobierno de la Junta ha abordado un informe del consejero de Sanidad –elaborado con datos de dos estudios del ministerio y un trabajo de CC OO– en el que pone de manifiesto el «superávit» de enfermeras, auxiliares de enfermería y especialistas que tiene la plantilla de Sacyl, en comparación con otros sistemas de salud autonómicos. El consejero portavoz y de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, resaltó que Castilla y León se encuentra por encima de la media en 33 de las 46 especialidades estudiadas, entre las que destaca Medicina Familia, Cirugía General y Digestiva, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Oftalmología. No ocurre lo mismo en especialidades como Geriatría, Cirugía Oral y Maxilofacial, Rehabilitación y Psiquiatría, reconoció el consejero.
En plena oleada de protestas entre el personal sanitario por el incremento y los cambios en la jornada laboral que pretende aplicar la Junta, el consejero portavoz aseguró que los más de 7.500 profesionales que se han incorporado a la plantilla de Sacyl desde que Castilla y León asumió las competencias –«con el mismo territorio e igual población», matizó– son la prueba palpable del «compromiso» del Gobierno de Juan Vicente Herrera por la sanidad pública y la «apuesta y defensa de un servicio básico para los ciudadanos».
El consejero afirmó que las medidas de aumento de jornada supondrán la reducción de pagos en horas extra y «no se va a echar a nadie» y resaltó que las cifras de hasta «25.000» despidos que ha leído en informaciones carecen de fundamento. «Cerraríamos Sacyl», ironizó.
RAMÓN VARGAS-MACHUCA 01/02/2012
Los partidos son instituciones básicas de la participación política. Pero en su funcionamiento interno están sometidos a un "régimen de excepción" que restringe el ejercicio de algunas libertades, desactiva controles propios de una democracia constitucional y contradice pautas de la representación política. La excusa es hacer más funcional la competición política, aunque en realidad sirve para blindar la posición de los que mandan en los partidos. Y mandan quienes imponen un tipo de intercambio clientelar: la permuta de adhesión política por puestos o gratificaciones particulares. Las consecuencias son previsibles y conocidas. Se sesgan las decisiones públicas para favorecer pretensiones privadas. Se alienta una selección negativa en la que cuenta como mérito la lealtad incondicional. De esta manera, quienes tienen que exigir cuentas son cooptados previamente por quienes tienen que darlas. Poco a poco una militancia profesionalizada suple a la voluntaria; la afluencia de ideas se sustituye por el aplauso. Al final, no queda más remedio que externalizar servicios como la producción de reflexiones y programas que se encargan a una nómina variopinta de expertos. Los partidos se convierten en instituciones zombis y despobladas.
Así las cosas, crece la disonancia entre lo que se cuenta fuera y lo que se cuece dentro, entre un relato público de legitimación y otro latente, funcional para el modus operandi que rige en el interior de los partidos. Mientras las cosas van bien, esta disparidad no escandaliza; como decía Maquiavelo, los hechos acusan y los resultados excusan. Pero cuando estos últimos no acompañan, una opinión pública inmisericorde diagnostica una triple crisis en el partido caído en desgracia. En primer lugar, una crisis de incumplimiento que evidencia la brecha entre lo que se predica y lo que en realidad se busca. Para camuflar esta inobservancia, los partidos recurren a racionalizaciones averiadas y hacen de la necesidad virtud, a lo que ayuda una clientela siempre dispuesta a decir amén. Y como el abuso de esos mecanismos distorsiona el campo de la percepción y dificulta asimilar información objetiva y externa, los partidos terminan siendo víctimas de una segunda crisis: la de insolvencia, muy notoria ante grandes cambios o fracasos sonados pues no saben qué les pasa ni por qué. Finalmente, atrapados en una dinámica de funcionamiento que invierte las prioridades institucionales y hace perder el norte, terminan padeciendo una crisis de impotencia que limita su capacidad de reaccionar para salir del punto muerto.
Aunque sea mal de muchos, no afecta a todos por igual. Perjudica más a los partidos que vinculan sus aspiraciones a razones de ética pública y a la capacidad del Estado democrático de convertirlas en realidad. Es decir, afecta más a partidos como los socialdemócratas cuando anotan fracasos como Gobierno o defraudan como partido. Y todavía más en la situación presente, en la que disponen de pocos recursos solventes a su alcance para reflotar las políticas de bienestar y están inermes frente a imperativos económicos que operan como si fuesen destino. Por eso los dirigentes del PSOE no se hacen cargo de la emergencia objetiva ni de su propia indigencia estratégica. Enfrentados a una situación tan crítica, no están en condiciones de encarar un debate franco a partir de una información apropiada que les ayude a procesar los problemas e identificar sus causas para intentar salir del atolladero. De ahí que hayan dado explicaciones tan poco verosímiles e inconsistentes sobre el descalabro electoral y que casi nadie se haya sentido responsable ni actuado en consecuencia. Al contrario, casi todos se ofrecen a pilotar nuevos proyectos, otro modelo de partido o lo que sea, con tal de seguir ahí a toda costa convencidos de que escampará.
¿Qué hacer para salir de este impassse? Desde luego, no improvisar un apaño entre jerarcas ni añadir cualquier novedad al repertorio. Y como no se puede rehacer en un fin de semana lo que se ha deshecho en años, este congreso, más que cerrar algo (en falso), debería iniciar un proceso constituyente. Lo llamo así para resaltar tanto el calado de la tarea como el sujeto llamado a protagonizarla. El quehacer es doble: recuperar lo que se había diluido y dotarse de reglas ciertas, algo inédito en todos los partidos. Para lo primero, la analogía con aquel congreso de Suresnes de 1974 puede valer. Al igual que ahora, entonces un PSOE desorientado se enfrentaba a un futuro de irrelevancia o centralidad. No estaban disponibles las recetas keynesianas de posguerra. Hubo que forjar itinerario propio, trazar un diseño ajustándose a las necesidades del país y valerse de ese criterio que suma realismo e impulso reformista. Cuando se actúa así, se suelen aprovechar las oportunidades de crear tanta justicia cuanta permiten el funcionamiento de la democracia y la economía, sin empecinarse en metas inviables o mal planteadas que empeoran los problemas. Esta manera de proceder ha distinguido a la socialdemocracia del resto de la izquierda, convirtiéndose en su apuesta más competitiva.
¡Recupérese el punto de vista genuino de la socialdemocracia¡ Y entonces no se darán bandazos, ni se rebuscará en el mercado de los principios a ver cuál agrada a la audiencia. Tampoco se caerá en el error de pretender ser más nacionalista, feminista o ecologista que cualquiera de los que han hecho de esas u otras franquicias la divisa de su propia identidad. Eso, además de avalar aquello que se corteja, es un síntoma de que uno no tiene nada propio que ofrecer. Ni habrá que resignarse al imperativo del "esto es lo que hay" ni tampoco escoltar a esa otra izquierda que con una gran niñez mental corteja la rebeldía e informalismo de quienes, muchas veces con motivo, andan soliviantados.
Hay una segunda razón para abrir un proceso constituyente en el PSOE: la necesidad de reglas. La participación política se canaliza a través de los partidos, pero influir en ellos desde fuera del núcleo dirigente resulta pretensión tan razonable como imposible. Si las oportunidades de participar están secuestradas por un poder constituido, ¿cómo no evocar un poder constituyente capaz de revertir ese poder ilimitado? Esa relación fraudulenta entre vida de partido y democracia solo se supera trasladando a su funcionamiento más garantías procesales para el ejercicio de los derechos y la intervención, porque de ello resulta un poder más controlado y repartido.
¿Y quiénes pueden protagonizar este proceso? Los que mueven los hilos para determinar los resultados del congreso están en otra cosa: el reparto de los remanentes del poder interno. No parecen estar en la disposición kantiana de "atreverse a saber", poner las luces largas y fijar un horizonte de objetivos propios y precisos. No cabe esperar de ellos que tomen decisiones contrarias a sus intereses inmediatos. Ese es hoy el drama del PSOE: quienes deciden no tienen nada que decir y quienes tienen algo que decir no deciden. Así que para un cambio extraordinario hay que convocar a sujetos extraordinarios. Y estos son aquellos que, parafraseando al abate Sieyès en su memorable ¿Qué es el tercer Estado?, hasta ahora no han sido nada y desean ser algo, aquellos que quieren ser representados sin alienar sus derechos. Es la hora de los ciudadanos, de ese demos socialista alejado del trajín político interno, la hora de tantos socialdemócratas de convicción defraudados por una práctica política decepcionante. Si hubiera posibilidades de participar en serio, retomarían el compromiso sin convertirse por ello en "políticos de jornada completa". A ellos afecta el porvenir de un partido que desde la Transición ha venido representando la posición en la que convergen una mayoría de españoles. También son PSOE; y sin su concurso, no se conforma una completa "voluntad general" de ese partido.
En manos de los delegados está que se inicie ese proceso. Una iniciativa razonable sería elegir una dirección de transición con el mandato de organizar en un año un congreso extraordinario que culmine dicho proceso y en el que participarían, en condición de compromisarios, una amplia representación de los afiliados (digamos, unos 2.000). En su elección y en las deliberaciones previas a ese congreso tomarían parte quienes se inscribieran en un censo habilitado a tal fin que fueran suficientemente representativos de los votantes. El objetivo es implicar a los electores en este camino de reforma e innovación. Que se abra esa puerta a la esperanza depende de la inteligencia política y el coraje cívico de los convocados al congreso de Sevilla.
Ramón Vargas-Machuca Ortega, catedrático de Filosofía Política, fue diputado del PSOE (1977-1993).
Medio millar de trabajadores de enfermería se ha concentrado frente a la sede de la Consejería de Sanidad, en Valladolid, procedentes en autocares de toda la comunidad. La reclamación, la de negociar y ajustar de otra manera la ampliación a 37,5 horas la jornada laboral para un colectivo que asegura cumplir en algunos turnos de sobra con dicha jornada. 'La enfermería no tiene la culpa' ; 'recortes enfermería=recortes salud' o 'no he engordado mis bolsillos con peonadas ni productividad' son algunas de las frases que recogen la cartelería de la protesta convocada por Satse. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, bajo desde su despacho a encontrarse con estos trabajadores y delegados sindicales. En el horizontes, nuevas protestas de este y otros colectivos sanitarios.
En la homilía del domingo, los curas norteamericanos llamaron a la insurrección. Una semana después de que el Gobierno de Barack Obama ratificara una norma según la cual exigirá a organizaciones caritativas, hospitales y universidades de afiliación religiosa que cubran los gastos de anticonceptivos a sus empleados, numerosos obispos y párrocos católicos emplearon sus púlpitos para criticar duramente la medida. Pidieron además a los fieles norteamericanos que se unan a una campaña de presión sobre el Capitolio, para que éste detenga los planes de la Casa Blanca.
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Las mujeres tendrán que volver a dar explicaciones para interrumpir su embarazo en España. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, confirmó ayer que se reformará la actual ley de plazos —que permite abortar libremente hasta la semana 14 de gestación— para volver a un sistema de supuestos similar a la regulación de 1985, en el que las mujeres tendrán que alegar motivos para su decisión. Gallardón, sin embargo, no aclaró cuáles serán esos supuestos en los que estará permitido hacerlo. Tampoco cuál será el tiempo para ello. Hasta julio de 2010, el aborto era un delito. Las mujeres solo podían recurrir a él en casos de violación (hasta la semana 12 de gestación), malformaciones (hasta la semana 22) y riesgo para la salud física y psicológica de la mujer (sin plazo).
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El PSOE y las organizaciones de mujeres criticaron ayer duramente la decisión del Gobierno, que ven como una vuelta atrás y una pérdida de derechos. Recuerdan, además, como ese sistema de supuestos provocaba que la gran mayoría de las mujeres (casi el 90%) se viera obligada a alegar riesgo para su salud psicológica para recurrir a esta intervención, una rendija que, sin embargo, las dejaba desprotegidas a ellas y a los médicos.
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“Reformar la ley del aborto es lo más progresista que he hecho en mi vida”, aseguró ayer Gallardón en una entrevista en TVE. El ministro de Justicia reiteró que la ley actual “desprotege los derechos del no nacido”, y que no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, en la que se definía que ese nasciturus era un bien jurídicamente protegido pero cuya defensa podía entrar en conflicto con los derechos de la madre, doctrina ante la que se sustentó el sistema de supuestos.
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El PP ha reavivado una polémica que parecía muerta. El rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que encabezaron en un principio los obispos españoles, volvió ayer al hemiciclo de la mano del ministro de Educación, José Ignacio Wert. El nuevo titular de la cartera asumió los argumentos de los sectores conservadores contrarios a la asignatura al decir que Ciudadanía ha creado una polémica y una “seria división social” porque “iba más allá de lo que es la educación cívica”. Y anunció que la sustituirá por Educación Cívica y Constitucional. La vuelta a esta controversia hizo sombra a otros anuncios de calado, como la profunda reforma del sistema educativo que se ha fijado y que quitará un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, que ahora tiene cuatro), para sumárselo al bachillerato y también a la Formación Profesional de grado medio (ahora tienen dos).
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Jon O'Brien cree que la mayoría de los católicos no comparte las opiniones de la jerarquía del Vaticano sobre cuestiones como el aborto, la sexualidad o los anticonceptivos. “La gran mayoría de los católicos usan preservativo, tienen abortos, creen en la educación sexual de los niños...”, dice. Y ese mensaje, el de la diversidad de opiniones y de la libertad de elección según la conciencia de cada cual, es el que trata de enviar como presidente de la organización estadounidense Catholics for Choice (Católicos por el derecho a decidir). O'Brien, que se define como “catolico e irlandés”, se muestra muy preocupado por los anuncios del cambio legislativo en España. “Las restricciones no terminan con los abortos; solo los hacen más injustos”.
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COMPROMISO SOCIALISTA CON LA LAICIDAD DEL ESTADO
IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE
Enmienda de ADICIÓN a la Ponencia Marco al 38 Congreso Federal
1. DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL Y LAICIDAD
La coherencia de una democracia constitucional exige un compromiso firme con la laicidad del Estado. El respeto a los derechos fundamentales demanda una democracia consecuente con el principio de laicidad. Los derechos de cada cual han de verse garantizados por igual sean cuales sean sus creencias y prácticas en materia de religión y de conciencia.
La laicidad, por razones de dignidad, de libertad y de igualdad, es una de las características que no deben faltar en un Estado social y democrático de derecho, al cual es exigible la independencia e imparcialidad de gobiernos y administraciones públicas en su trato con las diferentes comunidades religiosas y sus miembros. Es así como debe plasmarse la neutralidad del Estado en relación a las religiones, llevando a término lo que va implícito en la aconfesionalidad del mismo. Laicidad y pluralismo van juntos y el respeto de ambos forma parte de lo que entraña una democracia constitucional.
2. EL PSOE Y LOS AVANCES EN LAICIDAD
La tradición socialista ha dado constantemente muestras de su compromiso con la laicidad del Estado. La voluntad de emancipación que el socialismo democrático lleva históricamente consigo ha impulsado reconocibles logros en cuanto a laicidad, libertad religiosa y de conciencia en los más diversos países, enmarcándose siempre dichos logros en la lucha por los derechos civiles, políticos y socioeconómicos de la ciudadanía.
EL PSOE, desde el consenso que dio paso a la Constitución de 1978, ha dado inequívocas muestras de lealtad a dicho pacto constitucional también en lo relativo a todo lo que implica la aconfesionalidad del Estado español tal como se declara en el artículo 16 de nuestra Constitución.
Lealtad constitucional no es inmovilismo. Por ello, desde dicha lealtad, el PSOE ha fomentado, dentro del más estricto respeto a nuestro ordenamiento legal, avances en laicidad en tanto que ha promovido leyes y pautas sociales acordes con lo que aquella significa. Desde el partido socialista se ha trabajado por consolidar la neutralidad del Estado en materia religiosa, y se han propuesto y aprobado leyes en el parlamento que efectivamente responden a esa neutralidad, buscando desde ella profundizar en los derechos cívicos y las libertades ciudadanas. Todo ello se ha hecho sin aceptar pretensiones ilegítimas en cuanto a imponer principios morales cuyo sesgo confesionalista los aleja de lo que debe ser la ética cívica compartida por todos que inspire lo que se plasme en leyes democráticamente establecidas.
Los avances con espíritu laico promovidos por el PSOE no han supuesto merma alguna en la relación entre gobiernos socialistas y confesiones religiosas. Con la Iglesia católica, a tenor de lo que la misma Constitución señala, se ha dado una relación de cooperación en todo aquello a lo obligan nuestras leyes y el buen sentido en aras de la convivencia democrática.
3.- NUEVAS PROPUESTAS SOCIALISTAS EN CLAVE DE “LAICIDAD POSITIVA”
Los valores democráticos que impulsamos y defendemos desde el PSOE, la madurez democrática de la sociedad española y la realidad plural de la misma conducen a que hoy haya que plantearse avanzar hacia una laicidad del Estado español más consecuente con los principios democráticos y más atenta a su realidad sociopolítica.
En el PSOE somos conscientes de que los planteamientos en torno a la laicidad del Estado también han ido evolucionando al hilo de los acontecimientos, de la maduración de la conciencia democrática, de la evolución de las mismas confesiones religiosas y de los cambios habidos en sociedades que actualmente son más plurales, albergando en su seno una gran diversidad cultural y, por ende, también religiosa.
Desde el PSOE nos hacemos cargo de lo que supone una idea de laicidad más elaborada cual es la de “laicidad positiva”, entendiendo por tal la que apuesta claramente por la laicidad del Estado desde la conciencia de lo que exige el respeto a las tradiciones religiosas presentes en la sociedad, así como, por supuesto, a los individuos y grupos no adscritos a ninguna de ellas y que también insisten en la libertad de conciencia. La “laicidad positiva” se plantea como laicidad inclusiva, que justamente por respeto al pluralismo y haciendo valer un principio fuerte de igualdad y no discriminación, asume el compromiso de fomentar desde las instituciones políticas los marcos convivenciales en los que nadie se vea excluido por motivos ideológicos o de creencias.
Al asumir la dirección que señala una laicidad positiva desde el PSOE afirmamos con énfasis el carácter radicalmente democrático de la laicidad que defendemos, y que por ello mismo no se trata en ningún caso de laicismo antirreligioso, sino de laicidad respetuosa con las confesiones religiosas. Eso exige, como legítima contrapartida, que esas mismas confesiones acepten el principio de laicidad y se comprometan con el respeto a la legalidad que lo recoge.
4.- CONVIVENCIA SIN PRIVILEGIOS: REVISIÓN DE LOS ACUERDOS ENTRE ESTADO ESPAÑOL Y SANTA SEDE
Profundizar en la aconfesionalidad del Estado, para avanzar por razones radicalmente democráticas hacia un Estado consecuentemente laico, es lo que obliga, por el mismo respeto a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, a superar todas las situaciones en las que se siga dando por parte de los poderes públicos un trato privilegiado a alguna comunidad religiosa. En democracia no se justifica privilegio alguno.
En consonancia con lo dicho, el avance hacia la laicidad del Estado, pretendiendo su mejor consolidación democrática y su mayor valor como arquitectura institucional para la convivencia social, el PSOE plantea para el futuro la revisión de los actuales Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979. Las relaciones de cooperación con la Iglesia católica, que tienen que seguir dándose, han de producirse sin privilegios antidemocráticos y en consonancia lo que exige un tratamiento que en cuestiones de derechos ha de ser igualitario en relación a todas las confesiones religiosas.
5.- LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA, ESTATUTO DE LAICIDAD Y SISTEMA EDUCATIVO
La laicidad del Estado también ha de promoverse de manera activa a través de una reforma de la Ley orgánica de libertad religiosa que, tras más de treinta años de vigencia de la actual, es absolutamente necesaria, para acomodarla a las exigencias democráticas de la sociedad española de hoy y para responder adecuadamente a la necesidad de una regulación de la libertad religiosa y de conciencia más acorde con el legítimo pluralismo que en ella se da.
Un planteamiento coherente en cuanto a laicidad conlleva establecer un “Estatuto de laicidad” que clarifique criterios, normas y pautas de actuación de las instituciones políticas y de los cargos públicos en el desempeño de sus funciones, en relación a símbolos en espacios públicos, a cómo proceder en actos políticos, a cómo actuar en lo que tiene que ver con las confesiones religiosas y sus actividades y presencia social, para que en todo caso la independencia e imparcialidad de las administraciones y poderes públicos no se vea menoscabada.
El principio de laicidad, respondiendo a lo exigible por derechos humanos y por calidad de nuestra democracia, debe inspirar, sin dogmatismo de ningún tipo, el sistema educativo en su conjunto, promoviendo un tratamiento académico de lo relativo a las religiones, a la vez que invitando a que cada comunidad atienda desde sí misma a la formación religiosa de sus miembros sin improcedentes apoyaturas en recursos públicos. Eso no obsta para buscar vías de cooperación compatibles con la neutralidad
IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE
Enmienda de ADICIÓN a la Ponencia Marco del 38 Congreso Federal
La crisis está castigando intensamente a la sociedad española y también electoralmente al PSOE, por ello, como militantes socialistas nos sentimos obligados a volcar nuestras fuerzas en la búsqueda y elaboración de propuestas que ofrezcan, tanto alternativas progresistas que den soluciones a los graves problemas de la ciudadanía como líneas de acción que revitalicen el proyecto socialista y a nuestro partido.
Por eso, es necesario afrontar el reto de interpretar globalmente esta crisis, sus causas y sus consecuencias, para a partir de ahí, ser capaces de generar la energía suficiente, que haga posible el cambio y fortalecimiento del PSOE, como instrumento de transformación social con capacidad para contribuir de forma eficiente a mejorar el bienestar social y la calidad de vida del conjunto de la sociedad.
Es el tiempo de afrontar el futuro más que de enzarzarnos en cuestiones del pasado; de trabajar en ofrecer soluciones, porque los responsables de los errores cometidos ya han sido señalados con el voto de los españoles.
Nuestros valores y objetivos siguen siendo los mismos que los que se marcaron los primeros socialistas en 1879, conseguir una sociedad más solidaria, más igualitaria, más libre, con más justicia social y en paz.
Valores y objetivos de siempre que es preciso integrar en el contexto político, económico y social de la sociedad del siglo XXI, ya que, como está demostrado, a medida que avanza la globalización económica, se pone más en cuestión la democracia participativa, se acelera la desigualdad entre los territorios y la ciudadanía y se concentra la riqueza en unas pocas manos.
Siendo conscientes de que, sobre todo en Europa, el proyecto del socialismo democrático ha ido cediendo terreno ante el poder de los mercados sin ningún control político ni democrático, es preciso, desde la identidad socialista, formular un proyecto a dicha escala europea que frene ese proceso de destrucción de nuestros valores y objetivos, definiendo y activando nuevas políticas desde el ámbito global al local y fijando en ellas como referente el desarrollo local.
Tenemos que integrar plenamente al PSOE en la realidad cotidiana de la sociedad del siglo XXI; ese es el primer eslabón en la cadena de nuestras obligaciones. Esa es la primera y la más importante de nuestras responsabilidades y tareas como socialistas, a la que es necesario incorporar a millones de ciudadanos y ciudadanas que comparten con nosotros valores, objetivos y desencantos. El PSOE que queremos es patrimonio de toda la sociedad a la que más que nunca nos debemos pese, a los errores de nuestros dirigentes en la acción de gobierno, alejada de nuestras señas de identidad, y por omisión o tolerancia de los propios militantes.
MÁS SOCIEDAD
La débil conexión con la sociedad española, derivada de la perdida de credibilidad y confianza en el proyecto político, tiene también mucho que ver con la estructura y funcionamiento interno de la organización.
Por ello, tenemos que recuperar y fortalecer el contacto con los movimientos sociales, ecologistas, vecinales, sindicales, etc., en definitiva con la ciudadanía progresista, la España de la cultura, el talento y la creatividad, para que vuelvan a considerar al PSOE como el mejor instrumento para que sus sueños se hagan realidad.
La sociedad es el objetivo final de los socialistas, para hacerla mas solidaria, mas igual, mas libre y con mas justicia social. Por ello debemos establecer cauces de comunicación permanentes con ella, abiertos a escuchar día a día sus propuestas con el propósito que sean parte activa de nuestros planteamientos e ideas.
El PSOE, como fuerza tradicionalmente más sensible a los intereses de la ciudadanía, no debe claudicar en su defensa de los servicios públicos y en atender las necesidades cambiantes de la sociedad que deben ser satisfechas con las fórmulas prestacionales características del Estado de bienestar; porque desear más sociedad, más imbricación entre partido y personas y colectivos no significa renunciar al Estado ni permitir que la sociedad sea devorada por los sectores económicamente más poderosos de la propia sociedad.
El PSOE se compromete a:
MÁS DEMOCRACIA
El PSOE necesita poner al día su estructura y organización piramidal, transformándola en otra donde los afiliados seamos mas iguales. Ello requiere una organización más horizontal, haciendo un PSOE en red, donde el militante adquiera un relevante protagonismo, participando directamente en las decisiones.
El PSOE se compromete a:
MÁS SOCIALISMO
Como PSOE estamos obligados en primer lugar a ser un referente del socialismo, un espejo en el cual la sociedad pueda mirarse y donde los objetivos que perseguimos para la sociedad, se cumplan en primer lugar en nuestro propio partido.
El PSOE se compromete a:
VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha explicado este jueves en las Cortes que el Gobierno regional ha prorrogado un 98 por ciento del Presupuesto General de la Comunidad para 2012, es decir, un total de 9,8 millones de euros, al tiempo que ha informado de que el primer avance de las entregas a cuenta previstas por el Gobierno para 2012 sufre ya una minoración de 432 millones de euros.
Del Olmo ha comparecido ente la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León a petición propia para explicar las características de la prórroga, una situación que, como ha detallado, concluirá cuando se apruebe la Ley de Presupuestos de la Junta de Castilla y León que tendrá lugar en torno al mes de abril tras conocer con detalle las previsiones del Gobierno central.
El número de parados en Castilla y León creció en el último año un 7,91 por ciento y la cifra de desempleados en la región supera ya las 201.000 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa relativa al cuarto trimestre del pasado año.
La Gerencia Regional de Salud argumenta la suspensión del proyecto por el agravamiento de la situación económica actual derivada de la reducción de recursos económicos, de la obligación de contener el gasto y de cumplir con el objetivo de déficit fijado a la comunidad autónoma.
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