El exfiscal anticorrupción relata en ELPLURAL.COM la verdadera historia de Jordi Pujol y Banca Catalana
Con motivo de las noticias aparecidas en un medio sobre supuestas cuentas bancarias de Jordi Pujol y Artur Mas en Suiza han vuelto a invocar el ‘caso Banca Catalana’, afirmando, con notoria falta a la verdad, que dichas noticias han sido, como entonces lo fue aquel ‘affaire’, un “ataque innoble” del Estado español a Catalunya. Nada más lejos de la verdad.
Es evidente que una gran parte de la actual sociedad catalana desconoce la realidad y el alcance de lo que sucedió con dicho banco hace 30 años. Por ello, parece oportuno aclarar algunos datos sobre lo que en realidad fue un proceso penal contra los administradores y presuntos responsables de la crisis de aquella entidad.
Banca Catalana era una entidad de crédito en la que Jordi Pujol, como consejero y, especialmente como Consejero Ejecutivo, desempeñó un papel relevante y decisorio hasta su dimisión en 1977, formando parte siempre de su núcleo rector. Él y otros consejeros la administraron, en todo caso, de forma manifiestamente irregular provocando su quiebra.
Los fiscales que presentaron la querella criminal en mayo de 1984 contra dichos consejeros – querella que fue admitida a trámite- y dirigieron la investigación estimaron, que dicha administración era constitutiva de varios delitos, como los de apropiación indebida, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y falsedad de documentos oficiales y mercantiles.
Pero la mayoría de los magistrados de la Audiencia, en noviembre de 1986 -con el voto en contra de siete de ellos, conforme con lo solicitado por la Fiscalía- , decidieron que las conductas atribuidas a los consejeros no eran constitutivas de delito alguno.
Desde estos antecedentes, lo que no puede obviarse ni enmascararse es la realidad. En el escrito -de 400 folios- en el que los fiscales solicitaron el procesamiento de los querellados se hace constar que el empobrecimiento, ruina y quiebra de la entidad había originado unas pérdidas por valor de 19.679 millones de pesetas, cifra que expresaba “el perjuicio cierto e incuestionable” de la entidad. Perjuicio causado por las actividades, detalladamente relatadas por los fiscales, como presuntamente delictivas. Entre otras, por ejemplo, la constitución de la Caja B, la creación y utilización de las llamadas “sociedades instrumentales” o también denominadas “simuladas”, los créditos ficticios cuyo importe fue desviado hacía la Caja B en perjuicio de la entidad y otras prácticas irregulares que, en su conjunto, contribuyeron a su vaciamiento patrimonial.
Para compensar ese déficit, los administradores, en 1982, “recurrieron al Banco de España para atender perentorias necesidades de tesorería y de liquidez, facilitándoseles, a tal fin, 19.500 millones de pesetas”. Como consecuencia de ello, el Consejo de Administración fue suspendido en sus funciones y sustituido por una Administración provisional que, luego, fue asumida por el Fondo de Garantía de Depósitos, la mitad de cuyos recursos eran fondos públicos. El Fondo asumió el saneamiento del banco, sin que colaborasen económicamente los administradores, pese a que eran los accionistas mayoritarios y habían sido los causantes de la catástrofe financiera.
Por tanto, el Estado español, lejos de abandonar a su suerte a un Banco arruinado, acudió en su apoyo para salvaguardar los intereses de sus clientes. ¿Donde estuvo la operación contra Catalunya? Sólo en quienes, como accionistas y administradores, poseían y controlaban la entidad. Pero, continúa deformándose y tergiversándose la realidad para ocultar la responsabilidad de unos gestores, los de Banca Catalana, que emplearon la entidad para fines completamente ajenos al interés de los ciudadanos que, de buena fe, depositaron sus fondos allí y los salvaron, en parte, gracias a las ayudas del Estado español.
Ya mas tarde, tras diez años de mandato presidencial de Jordi Pujol, comienzan a aparecer signos de un aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un evidente abuso de poder. No puede olvidarse el titular de El Periódico de Catalunya de 18/3/1990: “Pujol atraviesa el momento mas difícil tras 10 años de mandato”. La causa fue que la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación penal contra Lluís Prenafeta, entonces secretario general de la Presidencia, por compatibilizar ese cargo con el de consejero de Iberia de Seguros S.A. Como consecuencia de ello, Prenafeta se vio obligado a dimitir. Entonces, el Fiscal General del Estado impidió que la Fiscalía formulara una querella criminal, obteniendo CiU el apoyo de una institución del Estado para preservar a sus dirigentes de acciones penales.
La historia volvió a repetirse: la Fiscalía, en mayo de 1990, abría una investigación por hechos que tuvieron lugar en la década de los ochenta. El Gobierno de la Generalitat había creado la Comisión de ayuda para la reconversión industrial de Catalunya (Caric) con el fin de apoyar, con fondos públicos, a empresas en crisis. La realidad fue que parte de dichos fondos – los llamados avales- se destinó, en condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos de la Generalitat, fondos que posteriormente no fueron reintegrados, causando un grave perjuicio al erario público autonómico.
Entre las empresas beneficiadas figuran Industrias Reunidas de Sallent S.A. y Comercial de Cubiertos y Platería S. A., ambas del grupo familiar de los fueron consejeros Joan Vallvé i Ribera y Joan Hortalá i Arau; Iberhospitalia S. A. vinculada al proyecto del Hospital General de Catalunya; Subirá i Cia,S.A. y Puntextil S.A. de la familia del Consejero Antoni Subirá i Claus; Egasa S. A., propiedad de Josep Garrell i Pubill, diputado de CDC y de sus familiares.
Posteriormente, las deudas de dichas empresas fueron reclamadas judicialmente por la Generalitat cuando estaban prescritas, consumándose así el perjuicio causado. Por otra parte, se acreditó que el Consejero Maciá Alavedra i Moner estuvo simultaneando cargos públicos con cargos ejecutivos en varias empresas privadas, conducta que era penalmente perseguible. Ante los resultados de esta investigación, la Fiscalía planteó formular una querella criminal por delito de malversación de caudales públicos contra los consejeros Cullell, Oller, Hortalá, Pujol i Figa, Vela, Garrell, Vallvé, Subirá, Basáñez y Alavedra.
El Fiscal General del Estado apoyó nuevamente a CiU y prohibió a la Fiscalía el ejercicio de acciones penales por entender que los delitos estaban prescritos; eso sí, en un ejercicio de cinismo, se permitió afirmar que de los hechos descritos se desprendía “un aroma de corrupción”.
Luego, ya en los años noventa, llegaron nuevos casos de corrupción que fueron investigados por los Juzgados de Instrucción y recayeron condenas judiciales contra altos cargos de la Generalitat, generalmente vinculados a Unió Democrática según reconocían las propias sentencias. Solo el caso Adigsa, empresa pública dedicada a la promoción de viviendas sociales, sobre graves irregularidades en el proceso de adquisición de viviendas de segunda mano para rehabilitarlas y ponerlas de nuevo en el mercado, está aún pendiente de juicio.
Citaré el llamado caso Turisme de Catalunya, en el que se utilizó el Consorci de Promoció Turística para detraer fraudulentamente fondos públicos por importe de 467.453 euros. Los condenados, mayoritariamente empresarios, fueron diez, que repararon antes del juicio el perjuicio causado, por lo que el Tribunal Supremo rebajó las penas eludiendo así su ingreso en prisión. O el caso Departament de Treball, en el que los dos condenados, que ”compartían militancia en el partido Unió Democrática de Catalunya”, contrataron subvenciones y cursos de formación y ocupación través de las sociedades, constituidas por uno de ellos, Gestumer S.L. y Socesca S.L., que no tenían otra finalidad que su enriquecimiento o el de terceros. Así perjudicaron a la Generalitat en 46.157 euros. O el caso Ferrocarrils de la Generalitat, empresa pública, en el que resultaron condenados dos presidentes de la entidad por haber “suscrito un plan oculto y complementario de retribuciones” con la aseguradora Winterthur, por el que causaron a la Generalitat un perjuicio de 2.718.035 euros.
Todos ellos fueron penados por delitos, según los casos, de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Mas recientemente, han estallado otras formas de corrupción, como el caso Pretoria y el saqueo del Palau de la Música, que están en trámite.
Eso sí, cuando son perseguidos o condenados acuden presurosos al supuesto enemigo, al Estado español, para que paralice a los fiscales o se concedan generosos indultos a sus dirigentes o militantes condenados penalmente.
Carlos Jiménez Villarejo es jurista y exfiscal Anticorrupción. Él y José María Mena fueron los dos fiscales que presentaron la petición de procesamiento de los 18 exconsejeros de Banca Catalana, entre ellos Pujol
