¿Alternativas de Gobierno? Podemos comenzar descartando una; la que en cualquier país europeo dotado de una democracia solvente sería prácticamente imposible: la de un partido cuyo candidato ha sido recientemente rechazado en dos ocasiones en su intento de investidura por la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados. Lo normal sería dar paso a otro candidato y a otro partido que gestionase otra mayoría parlamentaria distinta, sin tratar de descalificarla y boicotearla por todos los medios posibles, empecinándose contumazmente en un obsceno propósito de retener el poder.
Pero este, con ser grande, no sería el mayor de los despropósitos debidos a los perfiles abusivos y ventajistas de la manera demostrada de hacer política para la ocupación y explotación de las instituciones y servicios del Estado por parte del partido conservador. En cualquier país “de nuestro entorno”, donde por motivos mucho menores “el que la hace la paga”, pero de verdad, el PP y el Jefe de Gobierno habrían tenido que abandonar el poder hace tiempo, como consecuencia de las grandes responsabilidades en las que han incurrido debido a la metástasis que ha alcanzado la corrupción, afectando a su estructura partidaria y al manejo de las instituciones, servicios y establecimientos públicos. Lo que ha originado un importante efecto de desmoralización y degradación de la conciencia cívica de una parte no desdeñable de la sociedad, acentuada por la ostensible sensación de impunidad tantas veces transmitida por arrogantes detentadores de poderes y privilegios. Porque hasta aquí los repetidos escándalos, por abominables que hayan sido, no han causado apenas efecto sobre la férrea voluntad de mantenerse en el poder y, si acaso, unos tímidos propósitos de enmienda, divulgados solemnemente como si fuesen auténticos arrepentimientos.
Pero lo que ya supera todo lo política y racionalmente soportable es la pretensión de considerarse los inevitables e insustituibles salvadores de la Nación y de los restos de todos los naufragios que ellos mismos han provocado. Garantes de la supervivencia de nuestra Constitución, de la unidad de la Patria, salvadores de nuestra economía, de nuestras pensiones, de nuestro empleo, promotores de la “marca España”, etc., etc., e incluso adalides en la lucha contra los corruptos, como llegó a proclamar uno de sus meritorios jóvenes dirigentes, cuando acusaba a las restantes fuerzas políticas de haberles dejado solos y abandonados en la lucha contra la corrupción. Aquí ya se hace realidad una versión castiza del cuento de Borges, “El impostor inverosímil Tom Castro”, en su Historia Universal de la Infamia, en el que un “palurdo desbordante de vasto abdomen”, procedente de los bajos fondos de Londres, consiguió hacerse pasar contra toda lógica y evidencia por un elegante y culto aristócrata inglés, “un esbelto caballero de aire envainado” que había desaparecido en un naufragio varios años antes. Una lección sobre cómo la impostura puede triunfar, siempre que alguien tenga la osadía de actuar con “insensata ingeniosidad” para urdirla e imponerla, y otros, embargados por la angustia y el deseo de salir de la incertidumbre, asuman ciegamente la aceptación de cualquier cosa que se les ofrezca, aunque en nada se parezca a la realidad objetiva de las cosas.
Aunque algunos ya no se lo crean, o lo hayan olvidado, nuestra Constitución contiene el compromiso de crear un Estado social y democrático de derecho. Un modelo de Estado que ha sido objeto de un persistente proceso de degradación durante los cuatro años de gobierno del señor Rajoy. El Estado social se ha visto dañado y ha sufrido el efecto derivado del retroceso de los derechos sociales y sus servicios públicos instrumentales, y de leyes involucionistas como la LOMCE, las privatizaciones en la Sanidad, o las de contrarreforma laboral con el consiguiente crecimiento de la desigualdad y la marginación de cerca de un tercio de la población total del país. El Estado democrático ha visto severamente afectada su estructura y equilibrio durante el Gobierno de la derecha, por su afán de control sobre el Tribunal Constitucional, mediante la designación de magistrados ultraconservadores o descaradamente afines a su partido, la politización de los órganos superiores de la justicia y del Consejo del Poder Judicial, la conversión de los medios públicos de comunicación en instrumentos de propaganda del Gobierno, eliminando el estatuto de neutralidad e independencia con el que habían sido dotados por los socialistas, la limitación de las libertades, como la realizada por la Ley Mordaza. Y, lo que es más letal para la efectividad de los poderes del Congreso de los Diputados como órgano en el que reside la soberanía nacional, y no me refiero solamente al abuso de los decretos leyes y otras prácticas nefastas, entre las que últimamente han incluido la Presidencia de las Cortes como mera delegada de La Moncloa en la Carrera de San Jerónimo. Me refiero a la negativa de un Gobierno que alega estar en funciones a comparecer, dar cuentas y ser controlado por un Congreso de los Diputados, que está, por principio, siempre en la plenitud de sus facultades supremas soberanas. Tratar este asunto capciosamente como un simple conflicto de competencias administrativas, nos da una idea de quienes son realmente los que nos gobiernan aún, y de la escasa talla que tienen como demócratas, por su limitado compromiso con los elementos más esenciales de la democracia.
No existe nada más contrario al Estado de Derecho que la corrupción, cuya esencia consiste en hurtar fraudulentamente bienes públicos utilizando al mismo poder público, en burlar y violentar las leyes, abolirlas singular y arbitrariamente, con la complicidad, autoría o encubrimiento de autoridades o funcionarios, y lograr ilegítimos lucros y privilegios de carácter partidista o individual. La corrupción es la derogación del Estado de derecho. Es una práctica generalizada en las sociedades con Estados débiles o fallidos. Y, en este punto, debido al lamentable estado que hoy ofrece la imagen de nuestro país, todos podríamos compartir el lamento de Quevedo en una época también de desmoralización pública y de generalizada corrupción, “Señor excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes, ni orillas”. Hasta aquí hemos llegado. Un paso más y nos convierten en república bananera señoreada por bandas y organizaciones para delinquir. Y, para rematar, no podemos olvidar otra faceta de la frívola farsa a la que hemos asistido: quienes farisaicamente aún se atreven a proponerse como adalides de la regeneración democrática han sido los mismos que suprimieron la educación ética para la ciudadanía democrática como materia común y obligatoria, para sustituirla por la religión y la educación financiera elemental.
Sobre una posible expectativa de rectificación y cambio del PP, para abrirse lealmente a pactar y garantizar un programa concertado de reformas, revisando las más dañosas que ellos mismos han introducido y moralizando la vida pública, podemos decir, como en el Dante !Perded toda esperanza! Vista su insincera negociación con Ciudadanos, carente de ilusión, y su actuación en el último debate de investidura realizado en el Congreso, más los arraigados vicios adquiridos que singularizan el comportamiento tortuoso de esta fuerza política, más bien podría esperarse lo contrario, que una vez reinstalados en el poder sería de temer, no solamente su tendencia natural al sofisma patriotero para justificar sus intereses e incumplimientos, sino lo que todavía sería peor, ufanos por su triunfo sobre todos los demás, acentuarían sus tendencias autoritarias, centralistas, egolátricas y antisociales. Por eso queremos creer que es ingenua -pues no es posible que sea indocumentada- la opinión de aquellos que por principio plantean que el lugar del PSOE es la oposición, dejando por tanto la puerta abierta a una posible abstención, ya que alguien tiene que gobernar y ahora el “turno” corresponde al PP. E igualmente infundada parece, si tenemos en cuenta lo anteriormente dicho, aquella opinión que empareja a PSOE y al PP como defensores de la Constitución de 1978, considerándolos a la par como los únicos valedores reales del actual “régimen” democrático. No es verdad. No todos han actuado de igual manera. El comportamiento de unos y otros para cumplir y hacer cumplir la Constitución no ha sido el mismo. Lo que para los socialistas ha sido letra viva, valores y compromisos básicos a cumplir, para esta actual versión castiza del viejo conservadurismo hispánico ha sido código cerrado, letra rígida y compromisos olvidados, salvo en la utilización de la Carta suprema como arma de combate contra los nacionalistas.
Desde la oposición, y contando con un Congreso mayoritariamente contrario al partido conservador, dicen algunos, se podría conseguir la derogación de leyes y reformas perpetradas por este y efectivamente controlar su acción de Gobierno. Sería algo así como una coalición negativa que también habría que montar y pactar con “podemitas e independentistas”, paradójicamente dedicada a no dejar gobernar a quien se afirma y se cree que debe gobernar, que naturalmente querrá por principio hacerlo, hasta donde pueda, a su manera y conforme a sus intereses. Algunos avezados políticos no reparan en la irrealidad de este planteamiento. Porque omiten el juicio que es preciso realizar sobre el funcionamiento de una Cámara de composición e intereses plurales, no concertados sino para dar algún golpe de mano ocasional, en la que ocupa un papel central un experto tahúr en el juego del mercadeo parlamentario, capaz de nadar cual tiburón entre las turbulentas aguas en las que flotan rivalidades y celos de tantos aislados sujetos partícipes en la partida.
No se trata de una simple metáfora. Porque, una vez lograda la investidura y teniendo a su disposición todos los recursos y resortes del poder que posee el Gobierno del Estado, que no son pocos ni simples, el partido que gobierna, si sabe manejarlos (y estos han demostrado ser consumados “viejos zorros”, para hacerlo), tiene importantes ventajas de partida que no tienen los demás para tomar iniciativas y amañar con dádivas, contraprestaciones y pactos coyunturales, y enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, o leyes de contenido económico, y un sinfín de oportunidades que conocemos en la práctica parlamentaria, para jugar con ventaja y salvar lo sustancial de sus políticas y sus intereses como partido, manteniendo prioritariamente su situación de preeminencia y aislando a los adversarios que estorben. Hasta que la coyuntura le sea propicia para dar por finalizada la legislatura y acabar el juego. Si con algún pretexto genérico e indemostrable, como el de garantizar la -se entiende buena- gobernabilidad del Estado, el PSOE entrase en este jardín enmarañado, entregando la llave al PP (el zorro guardando las gallinas) tras una “abstención técnica” (¡vaya concepto!), podría sufrir seguramente un desgaste acelerado y generalizado, superior al que experimentaría participando en una conjunción política que intentase y fuese capaz de poner en pie una alternativa de Gobierno para la regeneración democrática y la restauración del malparado Estado social y de derecho. Entre elegir el camino de facilitar la permanencia en el poder de un partido lastrado por el descrédito y las políticas antisociales, o el de asumir el riesgo de liderar una alternativa novedosa, juntamente con fuerzas políticas plurales y críticas, en este momento la tendencia del electorado socialista y de las bases militantes es mayoritariamente favorable a asumir la senda del riesgo y no la de facilitar la continuidad de la indignidad.
Una vez que el pueblo español ha decidido, al menos por ahora y no se sabe por cuánto tiempo, rebajar el valor del viejo bipartidismo, se ha abierto un escenario político diferente en el que han entrado nuevos actores, a los que se han repartido más papeles. La cuestión es saber si los nuevos actores de izquierda y los viejos partidos nacionalistas forman o no parte de la obra, si están o no están excluidos de cualquier combinación parlamentaria para participar, ellos también y en la parte que sea atribuible a su responsabilidad, en la solución de problemas que nos afectan a todos, embarcados en el mismo Estado. Porque si algunos han de estar marginados del diálogo para la búsqueda de soluciones compartibles de gobernabilidad, como pretenden PP y Ciudadanos y algunos veteranos y nuevos “barones” socialistas, resultaría que de los 350 diputados que tiene la Cámara, solamente 250 tienen un papel activo para decidir y pueden ser actores en la representación de la obra en el escenario. Pero el resto, hasta 100, quedan como actores pasivos, fuera de las tablas y excluidos de la obra. ¿Es este el camino para evitar que la representación final acabe en drama? ¿Se trata de otra versión renovada de la tragedia de las dos Españas y del auto de fe sobre la anti España? ¿Es sostenible, razonable y posible forzar al ostracismo a casi un tercio del Congreso, en un país en el que es preciso encontrar con urgencia una solución de gobernabilidad para todos y de todos, sin líneas rojas, ni tabúes irracionales e interesados por parte de nadie?
Solamente el PSOE, si está unido y legitimado en sus decisiones por sus máximos órganos de participación democrática, y no condicionado por malos usos oligárquicos, es entre todas las fuerzas políticas en presencia, quien tiene la capacidad y la experiencia necesaria, históricamente demostrable, para proponer e impulsar una conjunción política novedosa, capaz de lograr compromisos básicos para tratar las cuestiones fundamentales relativas a la regeneración y revitalización del constitucional Estado Social y Democrático de Derecho, y a la distensión del más grave conflicto territorial heredado, con la consiguiente ulterior apertura de un serio diálogo con los nacionalistas, cuya deriva independentista tanto ha crecido en Cataluña, como ha ocurrido otras veces cuando ha gobernado la derecha conservadora, seguramente debido a la reacción de desordenada rebeldía de los “separatistas” frente a las viejas y viscerales pulsiones centralistas y autoritarias de los “separadores”. El PSOE no ha sido, ni es, como ha demostrado en sus más de cien años de historia, ”separador”, ni “separatista”, pero sí decidido continuador de la tradición federalista republicana. Por eso está llamado a actuar, con los diputados que tenga, como impulsor y eje articulador en la actual encrucijada española. Se trata de un servicio que los socialistas deben prestar, seguramente con algún sacrificio, al pueblo español y a las nacionalidades que lo integran.
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