Caja Duero pagó sobreprecios de 24 millones en la compra de tres edificios
Caja Duero pagó un sobreprecio de 23,1 millones de euros en la compra de tres edificios en 2007 en Madrid, Valencia y Salamanca. La decisión derivaría en posibles delitos de estafa y administración desleal, según informes solicitados para aclarar operaciones sospechosas a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de análisis jurídicos encargados a instancias del Banco de España por el Banco Ceiss, la entidad en la que se transformó Caja Duero en 2011 tras recibir más de 1.100 millones de euros de dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El exdirector de Desarrollo Corporativo de Caja Duero José María de la Vega participó en los negocios bajo sospecha. De la Vega ya fue imputado en el caso Nózar, como se denomina el presunto pago de sobreprecios millonarios en la compra de un edificio en Madrid en 2008. Este periódico no ha podido contactar con De la Vega, que hasta hace dos meses era director general de Banco Ceiss (hoy integrado en Unicaja Banco). De la Vega ahora es responsable de Medios e Integración, un cargo de confianza, según fuentes de la entidad.
La primera de las operaciones cuestionadas apunta a la sede principal de la entidad en la calle del Marqués de Villamagna de Madrid. Caja Duero adquirió este acristalado inmueble de 8.000 metros cuadrados y ocho plantas en mayo de 2007 por 84 millones. La compra, sin embargo, nunca debió superar los 63,5, según uno de los informes encargados por Banco Ceiss a la empresa de tasaciones UVE Valoraciones.
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Estafa y administración desleal
La compra de tres sedes de la extinta Caja Duero en Madrid, Valencia y Salamanca en 2007 por un precio que supera en 24 millones las tarifas de mercado podría sentar en el banquillo a los directivos de la antigua entidad y salpicar a los actuales administradores de Banco Ceiss. Un informe jurídico encargado por el banco al que ha tenido acceso este periódico cuestiona a los responsables de Caja Duero que participaron y aprobaron la compraventa del edificio de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Los letrados sugieren que estos directivos podrían haber cometido un delito de estafa agravada (artículo 250.1 del Código Penal). Se enfrentarían a penas de uno a seis años de prisión. Aprecian también indicios de un delito de administración desleal. El documento anima a reclamar el dinero derivado de las “negligencias”.
Un segundo estudio, elaborado también a petición de Banco Ceiss, recoge irregularidades en la operación de Valencia. “Existen indicios de que, tanto Tinsa como los responsables de Desarrollo Corporativo de Caja Duero, actuaron de forma negligente, procurando un importante prejuicio económico a la entidad”.
Respecto a la compra de la sede de Madrid, donde la extinta Caja Duero pagó un sobreprecio de más de 20 millones de euros, un análisis jurídico del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid Julio Banacloche aprecia conducta negligente en el entonces presidente de Caja Duero Julio Fermoso, la comisión ejecutiva y el consejo de administración. El letrado critica que una compra de 84 millones se aprobara sin tasación. Ve, además, indicios de administración desleal aunque este delito ya habría prescrito. Y anima a Banco Ceiss a reclamar al consejo de administración de la extinta Caja Duero los millones que se perdieron con la compra del inmueble de Salamanca. Los informes jurídicos encargados por Banco Ceiss por recomendación del Banco de España para aclarar irregularidades en los tres edificios advierten a los actuales administradores del banco que podrían verse envueltos en problemas legales de no denunciar las transacciones de la extinta caja.
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Micheal Benson -
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