Debacle demográfica y fracaso social tras 25 años de Gobierno del PP en Castilla y León
Castilla y León regresa con sus 2,5 millones de habitantes a la población que tenía en 2005-2006, pero mas desarticulada, menos cohesionada, más envejecida y más dependiente.
La fijación de la población es un lamentable fracaso, cuya explicación recae básicamente en las políticas erráticas y sin verdadero compromiso con el territorio y sus gentes de la Junta de Castilla y León.
Los diarios de la región han presentado esa reducción de población de manera estadística, sin interrogantes, y a veces con una frialdad hiriente para los ciudadanos comprometidos con el devenir de sus pueblos y con el mantenimiento del tejido humano y socioeconómico.
Castilla y León se desangran y el Gobierno regional ni se inmuta. La provincia de Zamora ha entrado en una fase irreversible de despoblación y el presidente de la Diputación, el señor Martínez Maillo, y vicepresidente a su vez de la FEMP, sigue “como el que oye llover”. Lo mismo podría decirse de los representantes del resto de las ocho provincias de la región que figuran entre las doce que más han perdido en la última actualización del padrón municipal del país. Aquí nadie se hace responsable del fracaso demográfico, de la despoblación, o de la frustración de los jóvenes que siguen engrosando la emigración regional. Una frustración colectiva que se ha hecho palpable en la soledad dramática y en el silencio profundo de nuestros pueblos en las pasadas fiestas navideñas.
Los datos son contundentes y dolorosos. No solo descienden los municipios rurales por debajo de los 1.000 habitantes, ya exangües la mayoría, sino las ciudades que ejercen de bisagras en la cohesión territorial, y también muchas de las capitales de provincia que ven como se anquilosan sus estructuras vitales y como sus alfoces han frenado el ritmo de atracción y crecimiento. Ni siquiera la provincia de Valladolid y su capital se libran de esta debacle, después de años de euforia concentradora y especulación inmobiliaria. Castilla y León es la comunidad autónoma que más ha perdido de toda España: 26.203 habitantes (- 1 %) de los 135.538 en que ha descendido el padrón del país a 1 de enero de 2013 (- 0,3 %).
La región regresa con sus 2.519.875 de habitantes a la población de 2005-2006, pero mas desarticulada, menos cohesionada, más envejecida y más dependiente. Los datos a escala provincial y local son aún más elocuentes, al enseñarnos los graves desequilibrios que padece la región, pues son las provincias del oeste, las del viejo Reino de León y fronterizas con Portugal, Zamora (- 1,74 %) y Salamanca (- 1,43 %), las más perjudicadas por la despoblación.
La trágica combinación de un saldo vegetativo muy negativo (- 9.417 personas) y una salida emigratoria hacia el resto del país y hacia el extranjero de muchos jóvenes, explican esta caída tan grave en un solo año, que convierte a Castilla y León en la región más castigada por la regresión demográfica. También los inmigrantes se van. La fijación de la población se ha convertido en un lamentable fracaso, cuya explicación recae básicamente en las políticas erráticas y sin verdadero compromiso con el territorio y sus gentes de la Junta de Castilla y León, gobernada desde 1987 por el Partido Popular, y no en un fatalismo determinista. Un madrileño centralista, José Mª Aznar, utilizó la región como trampolín político; dos sorianos, Jesús Posada y Juan José Lucas, sin entusiasmo alguno por la región y sus comarcas, siguieron los mismos pasos de su mentor; y Juan Vicente Herrera, un burgalés que lleva 12 años en la presidencia de la Junta, ha fracasado una y otra vez en sus propuestas retóricas de vertebración regional y recuperación demográfica. Los otros ni lo intentaron. Sólo el poder, en su concepción más caciquil y patrimonial, les ha preocupado. La mayoría absoluta les permite reírse cínicamente de la despoblación y despreciar cuánto ignoran.
Los diarios de la región han presentado estos hechos de una manera exclusivamente estadística, sin apenas interrogantes, y a veces con una frialdad hiriente para los ciudadanos comprometidos con el devenir de sus pueblos y con el mantenimiento del tejido humano y socioeconómico. La dimensión social, económica y territorial de los problemas derivados de la despoblación merece un análisis crítico y político más hondo por su repercusión en el conjunto de la sociedad y en la vida regional. Recordemos que en febrero de 2010 se presentó con gran alarde propagandístico en el “mausoleo” de Valladolid, es decir, en las Cortes de Castilla y León, la Agenda para la Población de Castilla y León 2010–2020 por el presidente Juan Vicente Herrera.
Calificando entonces la despoblación como un tópico injustificado, la relectura de las 122 páginas del documento aprobado por las Cortes Regionales y de las 72 medidas propuestas, sistemáticamente incumplidas en estos años con los recortes sucesivos, nos produce sonrojo ajeno y vergüenza política ante la situación demográfica que nos presenta oficialmente el INE.
¡Qué paradojas!, a estas alturas buena parte del futuro de la región está en manos de los que se van hoy y de los que se fueron ayer, y no precisamente en la Junta que ha manejado irresponsablemente los presupuestos y ayudas europeas en proyectos insolentes, insolventes e inútiles como el de las Cúpulas del Duero. Depositamos, así, una parte de nuestras esperanzas en esa población vinculada con sentimientos arraigados en sus pueblos, comprometida con su cultura y con el buen manejo de sus recursos naturales. Suman cerca del millón de habitantes desperdigados por todo el territorio peninsular y puntualmente retornan por algún tiempo a sus casas y a sus pueblos, incorporando a nuestra región alguna dosis de vitalidad y su sensibilidad en defensa del patrimonio común.
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Valentín Cabero- Catedrático jubilado de Universidad de Salamanca
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