Caso Gürtel/Bárcenas: Será por jueces .
Si la autoridad competente no lo impide, a partir del próximo 23 de septiembre, el juez Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, de 37 años de edad y desde mayo 2010 en Comisión de Servicios en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, será sustituido por Miguel Carmona Ruano de 66 años de edad y en la actualidad vocal del CGPJ.
Con este nuevo cambio, el caso Gürtel, habrá pasado por tres instructores en la Audiencia Nacional, uno en el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad de Madrid, dos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otros tres en el Tribunal Supremo, todo ello sin computar a los numerosos miembros de las Salas que de estos mismos tribunales han intervenido para resolver recursos o por estar imputados aforados nacionales o autonómicos. Resultado: 6 jueces y 5 largos años desde que un 6 de agosto del año 2008 Garzón abrió las primeras diligencias tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
A la vista de estas estadísticas, más de uno se preguntará cómo ha sido posible que un tema de esta envergadura haya pasado por tantas manos y que casualmente a pesar de los más de 150 imputados, entre ellos 3 ex tesoreros nacionales del PP, solo haya sido condenado precisamente quien no lo era : el juez que puso en marcha la causa.
La respuesta a ésta y a otras mucha preguntas no hay que ir a buscarlas en lejanos desiertos como diría el inefable Aznar. Las podemos encontrar a pocos metros de la Audiencia Nacional. Es decir, en Génova, 13, la sede nacional del PP. Es allí donde se diseña y se ejecuta toda una estrategia encaminada a anular la instrucción, retrasar hasta donde sea posible los sumarios con el fin de que los delitos prescriban y sobre todo y ante todo, confundir a la opinión pública hasta el punto que ya nadie sepa de que se está hablando. En este empeño no está solos y no es ningún secreto que de manera sincronizada se van sumando, según necesidades, las diferentes defensas de los imputados. A las que hay que añadir, tras la llegada al gobierno de Ruiz Gallardón, Montoro, Fernández Díaz y Torres Dulce a la Fiscalía General del Estado, las confusas actuaciones de la Fiscalía y los sospechosos retrasos que se vienen produciendo en el envío y calidad de los informes solicitados a la ONIF.
Y es en esta estrategia y no en otra donde se enmarcan los sucesivos intentos de cuestionar la labor de los instructores. En el caso de Garzón, desde un primer momento, no dudaron primero en recusarle, después en querellarse y por último, a través de las defensas de algunos de los imputados, lograr que fuera condenado por el Tribunal Supremo. Con Antonio Pedreira, la estrategia estuvo más diversificada. Y solo le dejaron “ tranquilo “ cuando comprobaron que el juez archivaba sin excesivas explicaciones las imputaciones contra Bárcenas y Merino, posteriormente revocadas por la Audiencia Nacional.
Sobre Ruz han optado, a sabiendas que tiene fecha de caducidad, en favorecer que el sumario avance lo más lentamente posible. Han recurrido todo lo recurrible, especialmente en todo lo relacionado con la conexión entre las cuentas de Bárcenas y su más que presunta financiación irregular. En esta misma línea obstruccionista se explica su posición y la de sus terminales con toga de frustrar el intento del juez Gómez Bermúdez de instruir la querella de IU. La casa por la ventana. Nunca antes, en tan escaso tiempo y con una Semana Santa de por medio, han sido sincronizados tantos poderes del Estado y mediáticos para impedir que se produjera algo no previsto en la estrategia diseñada por el Partido Popular.
Y sin embargo, en Génova 13 son conscientes que la partida aún no está ganada. La reciente decisión de Ruz de no admitirles como acusación popular en la pieza separada, es decir, la doble contabilidad del PP que se deduce de los papeles de Bárcenas y probablemente, expulsarles de la causa principal, les obliga afinar sus próximos pasos.
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