El corazón de Silvia Clemente palpita, como una patata frita
El jocoso ripio infantil “mi corazón palpita, como una patata frita” no tiene ninguna gracia en Castilla y León. Especialmente para los agricultores que en los últimos años han podido escuchar cómo la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, capaz de inspirar escandalosos dossieres informativos a cuenta de sus derroches, ha dispensado un “trato de favor” legal a su actual pareja sentimental, el industrial patatero Javier Meléndez, director gerente de Patatas Meléndez y Agroinnova.
Si el pasado lunes la revista Interviú dedicaba 5 páginas enteras a la polémica consejera castellano y leonesa repasando sus campañas publicitarias “multimillonarias” (que acaban sirviendo para amordazar a los medios de comunicación regionales –ver archivo adjunto-), sus “extraños” gastos de protocolo (que no son delito para la Fiscalía del TSJ) o la realización de obras “ajenas a su departamento”, ahora son los socialistas de la Comunidad los que quieren saber más y con más detalle, sobre “las subvenciones recibidas por las empresas Patatas Meléndez y Agroinnova S.L. en el periodo comprendido entre 2010 y 2013 de las distintas consejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y Economía”. Para ello ya han registrado formalmente ante la Mesa de las Cortes una solicitud de documentación.
Y es que al margen de las sorprendentes subvenciones que ya provocaron encendidos debates en el Parlamento regional por llegar a superar los 4 millones de euros y suponer, como media, el 75% del importe global de la inversión proyectada, puede que haya más que pelar.
últimoCero ha tenido acceso a un contrato que pone de manifiesto hasta qué punto el ‘corazón amarillo’, que identifica la campaña publicitaria ‘Tierra de Sabor’ que impulsa la consejera palpita como una patata frita... siempre que se apellide Meléndez.
El contrato, con vigencia hasta finales de 2011, tenía por objeto “el encargo por la empresa Patatas Meléndez S.L. al Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León) de un asesoramiento y asistencia técnica para la realización de un proyecto de ‘Innovación en el procesado de productos derivados de la patata: diseño y desarrollo de productos de IV gama, prefritos y chips, dirigidos a dar un alto valor añadido a productos de Castilla y León”.
Según el citado contrato, la empresa pública Itacyl, ponía a disposición de Patatas Meléndez un equipo técnico e investigador y, a cambio, la patatera suministraba “las materias primas necesarias para la realización del proyecto” y abonaba 623.293 euros (más IVA).
Distintas fuentes de la Consejería de Agricultura confirman que los primeros contratos suscritos por el Itacyl para personal que acabó prestando sus servicios en las instalaciones de Patatas Meléndez o Agroinnova se refieren a finales de 2008 y se cobijan bajo el paraguas de las “actividades propias del proyecto ‘Innovación en el procesado de productos de IV gama de prefritos dirigidos a dar un alto valor añadido a productos de Castilla y León”.
Lo verdaderamente rocambolesco es, según todas las fuentes del sector consultadas, que el contrato incluyera una leonina cláusula referida a los derechos en materia de propiedad industrial e intelectual para los intereses de la Administración. “Las partes convienen expresamente que la titularidad de los resultados parciales o finales del proyecto, así como de todos los derechos de propiedad industrial o derecho de patente sobre las invenciones o resultados de cualquier tipo que pudieran resultar de las investigaciones, actividades o trabajos desarrollados en el proyecto objeto del presente contrato, corresponderán en exclusiva a la empresa”, se recoge literalmente en el contrato en poder de últimoCero.
Un “cuadro financiero” con membrete de Itacyl y sello oficial de la Junta en el que estampó su visto bueno el 2 de junio de 2009 el por entonces director del Itacyl, Jesús María Gómez Sanz, es el que da la conformidad para que se apruebe la operación. Gómez Sanz ocupa actualmente el cargo de Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural en el organigrama oficial de la Junta.
Su firma abrió la puerta a un negocio, tan legal como redondo, del que puede hacerse un resumen siguiendo la estela de los anuncios del Boletín Oficial de Castilla y León, las informaciones publicadas en prensa, los dossieres anónimos, las intervenciones parlamentarias y las indignadas declaraciones que realiza cualquier agricultor del sector de la patata al que se le pregunte. “La consejera concede jugosas y desproporcionadas subvenciones a las empresas de su pareja sentimental. Éstas, contratan los servicios de una empresa pública para que les proporcione personal investigador cualificado, por un importe muy inferior al de las subvenciones recibidas y, por si esto fuera poco, en el caso de obtener alguna patente rentable en el transcurso de sus investigaciones, todo el beneficio sería para el empresario subvencionado: todo queda en casa”.
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