Injusticia Tributaria

Zenón Jiménez-Ridruejo

Catedrático de Análisis Económico

 

Incluso a riesgo de simplificar podemos decir que un sistema tributario debe tener cuatro grandes objetivos: “Equidad”, que trate a todas las fuentes de renta de un modo análogo evitando privilegios fiscales; “progresividad”, que permita garantizar un pago proporcionado con los niveles de renta y riqueza de los ciudadanos; “suficiencia”, que sea capaz de obtener un ahorro público susceptible de financiar la inversión pública, compatible con la estabilidad presupuestaria ; y, finalmente, “eficiencia” en el sentido de contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos de la política económica del país.

 

En épocas de crisis los gobiernos, cualquiera que sea su procedencia ideológica, tienden a sacrificar los dos primeros objetivos bajo el pretexto de la importancia y urgencia de los dos últimos. Y  así, so capa de la defensa de los intereses superiores del ahorro, la inversión y la balanza de pagos o el riesgo de la fuga de capitales, violentan o permiten que se lesionen las condiciones de equidad y progresividad, o se comprometen en políticas de gasto que vulneran las exigencias de la estabilidad presupuestaria.

 

La crisis afecta a todos, familias y empresas, con contundencia, reduciendo inevitablemente los ingresos de las administraciones públicas y condicionando su actividad. Los efectos impositivos del paro y la caída de la producción no han tenido entre 2007 y 2010 un reparto  equilibrado. Mientras los ingresos asociados al impuesto de sociedades caían un 30,1% los vinculados a las renta de las personas físicas (IRPF) sólo lo hacían en un 5,9%, en el mismo período los ingresos fiscales procedentes del IVA se reducían en un 7,2% y los del impuesto sobre el patrimonio disminuían en un 1,9%. Se puede argumentar que tal evolución no es sino el resultado del curso de las bases imponibles de cada impuesto, pero  los datos de 2008 son palmarios. En dicho ejercicio mientras los beneficios empresariales crecieron un 15%, el impuesto de sociedades se redujo en un  18%. Una parte de la explicación necesariamente descansa en la actuación defraudadora de algunos empresarios.

 

A este problema se le añaden las circunstancias de un sistema fiscal que distribuye las cargas del impuesto sobre la renta de las personas físicas de forma notablemente desigual. En 2009 los datos de la distribución de la renta consignaron que las rentas del trabajo (incluidas rentas de autónomos) alcanzaron el 55% de la renta española, mientras que las rentas del capital se cifraron en el 45% de la misma. Con dicha distribución, sin embargo, los ingresos procedentes de  impuestos que grabaron al trabajo se situaron en el 80,5% del IRPF, mientras los que afectaron a las rentas del capital no llegaron al 15% (siendo el resto, 5%, ingresos  asociados a las ganancias patrimoniales y a las rentas imputadas). No parece que el sistema sea equitativo sino profundamente injusto donde, por añadidura, la progresividad sólo alcanza a las rentas de sueldos y salarios pero apenas se aprecia en las rentas del capital.

 

Problemas similares pueden observarse en los impuestos sobre la producción y las importaciones, y especialmente en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que suponía en 2009 el 20,6% de la tributación (neta de las cotizaciones sociales).  Primero, porque la repercusión del IVA entre consumidores y productores y su traslado al precio final depende de las elasticidades de demanda y oferta en cada caso. Cuanto más necesario es un bien (ejm.: Productos Alimenticios) y menor el número de sustitutivos próximos (ejm.: Energía o Vivienda), entre otros factores, más rígida su demanda y mayor la repercusión del IVA sobre el consumidor. Pero, en segundo lugar, porque como la proporción de la renta consumida respecto a la renta disponible es mayor cuanto más bajo el nivel de renta, la repercusión del  impuesto es notablemente más sensible para las clases populares que sobre las familias con elevados niveles de renta.

 

En efecto, el cálculo de la distribución de la carga del IVA en el año de referencia por decilas o grupos de renta es tan evidente que no acepta discusión alguna.  En un extremo el grupo de ciudadanos más pobres (la decila 1), que disponen del 1,70% de la renta disponible del país, soportan el 6,33% de la recaudación. Por su parte, en el otro, el colectivo de ciudadanos con mayores niveles de ingresos (la decila 10), cuya renta es el 23,1% de la renta disponible total, solo aporta el 15,7% de la recaudación. Y todo ello pese a que los bienes y servicios sometidos al IVA super-reducido del 4% tienen un peso significativamente mayor en la cesta de consumo de las clases más bajas. El IVA, por lo tanto, no afecta por igual a todas las rentas y su repercusión sobre el gasto de los ciudadanos no es equitativo, y está siendo soportado en mayor medida, en términos relativos, por las familias de rentas bajas que por las familias de ingresos elevados. Es verdad que se trata de un impuesto que busca esencialmente la recaudación, pero también es cierto que en su configuración actual, y más tras las últimas variaciones, es regresivo e injusto.

 

Siempre puede argumentarse que la defensa del ahorro, imprescindible para el ajuste de los desequilibrios macroeconómicos y la recuperación de la inversión, hace inevitable la injusticia y la falta de equidad. El deterioro de la tasa de ahorro en los dos últimos años parece contradecir a quienes vinculan la redistribución fiscal negativa con la recuperación del ahorro. De confirmarse la evidencia presentada en los datos tributarios más recientes, lo que es absolutamente probable, la social-democracia tendría aquí, más allá de la retórica hueca al uso, una tarea esencial: La de diseñar y presentar una  propuesta de reforma tributaria, que proporcione sentido a los criterios de solidaridad personal y espacial de los que presume. Esta es una tarea más fácil en épocas de expansión que en recesión. Algunas medidas, sin embargo, deberían ser propuestas con carácter inmediato. La corrección de tanta injusticia no permite demoras ni dilaciones. Los costes del ajuste de la crisis, también en el ámbito fiscal, están lejos de repartirse de un modo equitativo.