Desigualdad creciente
España se ha convertido en el país de la eurozona con mayor nivel de desigualdad social. Tras varias décadas de mejora gracias sobre todo a una política social activa y a la extensión de servicios públicos gratuitos y universales, la brecha entre los hogares que más ingresan y los que menos no para de crecer desde hace cinco años, al tiempo que aumenta la pobreza. La crisis está afectando gravemente a la cohesión social.
El último informe de Eurostat confirma que las diferencias sociales aumentan gravemente. La brecha entre los que más ingresan y los que menos ha crecido hasta el punto de situar a España en el primer lugar entre los 27 países miembros de la UE con mayor desigualdad social. A ello ha contribuido el desempleo desbocado, pero también los recortes en los servicios sociales de carácter universal y un aumento de la fiscalidad indirecta que penaliza más a los que menos tienen. Uno de los indicadores de la desigualdad es la relación que hay entre el 20% de la población que más ingresa y el 20% que ingresa menos. Antes de la crisis, los más ricos ingresaban en España 5,3 veces más que los más pobres. En 2011 esa proporción ha crecido hasta 7,5, cuando la media de la Unión Europea es de 5,7. Lejos estamos ya de Alemania, donde la relación es de 4,6.
Las estadísticas confirman algo que se percibe a diario y cuyas consecuencias perdurarán: una parte importante de la población que menos ingresa son jóvenes que no pueden acceder al mercado de trabajo y que sufrirán el lastre de la crisis durante mucho tiempo en forma de menor cotización a la Seguridad Social, pérdida de oportunidades profesionales y dificultades en la formación de un patrimonio.
En un año se ha elevado dos puntos el porcentaje de hogares que viven bajo el umbral de la pobreza. Ahora, el 22% de la población se encuentra en esa situación, con consecuencias de todo tipo, incluso para la salud. La esperanza de vida en el barrio de Barcelona con mayor renta, Sant Gervasi, es de 81 años, mientras que la del más pobre, El Raval, es de 73, según el proyecto Sophie, un programa de la UE que mide estas diferencias.
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