Gravísimo retroceso
En los debates sobre el programa con que se presentará el Partido Popular a las próximas elecciones generales ha sido propuesta la inclusión en el Código Penal de la cadena perpetua. No sé si finalmente la propuesta figurará en el programa, pero, sea cual sea la decisión que se adopte, creo necesario hacer una reflexión sobre lo que sería un gravísimo retroceso en nuestro ordenamiento jurídico.
Basta recordar que la cadena perpetua, aun habiendo subsistido formalmente en el Código Penal de 1870, desapareció en la práctica penitenciaria con aquel texto, puesto que se establecía que los condenados a penas perpetuas serían indultados a los 30 años de cumplimiento de la condena, a no ser que por circunstancias graves el Gobierno no los considerase dignos del indulto, facultad esta última apenas utilizada por los Gobiernos de la época. Quiere esto decir que una restauración de la prisión perpetua nos retrotraería a una fecha lejanísima del siglo XIX, anterior a la revolución liberal de 1868.
Con todo, el anunciado cambio legislativo sería algo más que un retroceso histórico y un posible olvido de un mandato constitucional. Porque del mismo parece traslucirse que no toda la sociedad española -y lo que es más inquietante, no toda su clase dirigente- sabe que la modernización del derecho penal es el resultado de la efectiva vigencia de determinados valores. Unos valores, alumbrados por la Ilustración y desarrollados por los ideales democráticos, que se han ido proyectando sobre las respuestas punitivas recibidas por el fenómeno del delito a lo largo de un proceso todavía inacabado. Entre dichos valores, sería oportuno en este momento fijar especialmente la atención en estos tres: la prioridad de la razón, el humanitarismo y la limitación del poder coactivo que el Estado puede ejercer sobre sus ciudadanos.
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