Que Zapatero sea malo no les hace a ustedes buenos
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¿Ha estado a la altura de las circunstancias en esa lucha contra la crisis la Junta de Castilla y León? Cada cual tendrá su opinión, la mía es que su actuación ha dejado y sigue dejando bastante que desear. Si bien es cierto que presentó muy pronto (mayo 2008) un primer paquete de medidas que nunca se han llegado a evaluar, la sensación transmitida es que el gobierno de Herrera ha venido contemplando la crisis como un problema ajeno, cuya responsabilidad concernía exclusivamente al gobierno central. Una actitud contemporizadora sin asumir nunca un compromiso decidido para afrontar sus consecuencias en la Comunidad.
Se han acompañado las medidas de estímulo a la economía impulsadas desde Madrid y se han ido asumiendo otras a iniciativa del Consejo del Dialogo Social. Pero en ningún momento se ha planteado desde la Junta una verdadera Estrategia regional contra la crisis que implicara, no solo a los agentes económicos y sociales, sino también a los Ayuntamientos y Diputaciones, como se ha hecho en Castilla-La Mancha. Aquí, en lo único que se ha volcado la Junta ha sido en el asunto de las Cajas de Ahorro y con unos resultados que a la vista están.
La Junta no se ha preocupado de verdad por la crisis hasta que no le ha afectado directamente a ella misma, es decir, a sus propias arcas, y eso ha ocurrido a comienzos de este año, al comprobar la imposibilidad manifiesta de allegar todos los ingresos presupuestados. Muchas semanas antes de que sobreviniera el “tijeretazo” de Zapatero la Junta había comenzado a aplicar un particular plan de ajuste cuyo contenido en ningún momento se ha dado a conocer.
Ese recorte generalizado de las subvenciones en un 10 por ciento -anunciado el pasado lunes tras un insólito Consejo de Gobierno extraordinario que no tomó ninguna otra decisión- se estaba aplicando hace tiempo de forma discrecional. También se había metido la tijera en el ya reducido capitulo de inversiones y en algunas partidas de gasto corriente, entre las que no se incluye ni el organigrama de altos cargos ni la estructura de empresas publicas, entes, fundaciones y demás organismos cuyas funciones se solapan en muchos casos con las de las correspondientes Consejerías.
Mientras la oferta pública de empleo se ha reducido de 2.799 a 1.462 plazas, el centenar de altos cargos con que la Junta comenzó esta Legislatura permanece intacto, sin que el presidente Herrera se dé por aludido ante ejemplos como el de Castilla y La Mancha, donde el número de Consejerías ha pasado de 14 a 7. Un presidente que se hacia la foto hace poco rodeado de decenas de alcaldes en la firma de un plan de empleo dotado con la “friolera” de 18 millones a repartir entre 271 municipios, cuando termina mayo sin haber puesto en marcha el Plan de Convergencia Interior (150 millones) a que obliga el Estatuto de Autonomía.
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