Parqueolid renunció al edificio de Arroyo y la Junta se lo volvió a adjudicar 20 días después
La empresa pública Gesturcal, cuyo consejero delegado es Juan Carlos Sacristán, contrató en julio de 2006 con una empresa del Grupo Parqueolid (Urban Proyecta P. M. 3) el arrendamiento del nuevo edificio de la Junta en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, al que se trasladarán en breve varias direcciones generales y servicios de la Consejería de Economía y Empleo.
Este contrato se formalizó 20 días después de que otro órgano de Economía, la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), optase por rescindir un contrato de alquiler para el mismo edificio a Urban Proyecta P. M.3 , amparándose en «las dificultades de aplicar en su totalidad las condiciones técnicas y económicas» que se habían recogido en el primer concurso.
Este alquiler de 17.615 metros cuadrados supondrá el desembolso para la Junta de 76 millones de euros (más de 12.000 millones de las antiguas pesetas) en 15 años.
Para dentro de unas semanas, la Consejería de Economía tiene intención de trasladar a unos 550 funcionarios (600, según los sindicatos), lo que ha generado fuerte malestar entre el personal.
El trámite administrativo para esta adjudicación no siguió los habituales procedimientos. Cuando se decidió llevar a cabo el traslado del personal, con el objetivo de evitar la dispersión de servicios en Valladolid capital, la idea era que fuera la Consejería de Economía la que formalizase el contrato de arrendamiento a través de la ADE. Sin embargo, la Ley de Patrimonio de octubre del 2006, otorga las competencias a la consejera de Hacienda para este tipo de procedimientos de alquileres.
Así, el 26 de diciembre del 2005 el director de la División de Gestión y Modernización de la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), Carlos Díez, convocó la licitación para el arrendamiento de un edificio, con destino administrativo, en Valladolid o municipios próximos. A este concurso sólo se presentó la empresa Urban Proyecta, según reconoció el consejero de Economía y presidente de la ADE, Tomás Villanueva, quien en respuesta parlamentaria a las Cortes informó de que la adjudicación se hizo el 19 de mayo del 2006.
Pese a ello, la empresa Urban, creada el 22 de abril del 2005, renunció el 30 de junio del 2006 al contrato por «dificultades técnicas y económicas». Veinte días después (19 de julio), el consejero delegado de Gesturcal firmó otro contrato con Urban para 10.000 metros cuadrados, un espacio que ha sido posteriormente ampliado hasta llegar a los 17.615 metros (24 euros por metro). Pese a que en diciembre del 2007 la consejera Pilar del Olmo delegó en Villanueva las competencias para este contrato ya formalizado un año antes, Hacienda no dispone de datos sobre el proceso de adjudicación.
El sistema habitual para este tipo de operaciones inmobiliarias lo lleva a cabo la Consejería de Hacienda. Un ejemplo de ello fue el concurso para otro arrendamiento, también con opción de compra, que se hizo para el edificio destinado a la Consejería de Familia. El procedimiento se resolvió el 28 de marzo del 2005 por la secretaria general de Hacienda, Georgina de la Lastra, con la adjudicación del inmueble a Inverduero (constructora Collosa), y cuya renta anual se fijó en 778.918,73 euros anuales, IVA incluido.
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