Enmienda presentada por Izquierda Socialista de Valladolid a la Ponencia Marco Regional 2008-laicismo

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AL PÁRRAFO Nº ___ 21-bis____PÁGINA: __ 10__ADICIÓN _X__

 

Tanto la democracia como la ciudadanía española se configuran en un modelo de Estado laico. En este sentido, los socialistas de Castilla y León hemos de dar respuestas a quienes se interrogan por el papel de la religión en la democracia. El Estado de las Autonomías laico consiste en la neutralidad de la institución respecto a las distintas religiones, confesiones o creencias, neutralidad no es lo mismo que “neutralización” de las convicciones religiosas en la esfera pública. La laicidad de la Comunidad Autónoma con respecto al hecho religioso se sigue de la no ingerencia del poder autonómico en cuestiones de fe o de moral religiosa y en la no sujeción del Estado de las Autonomías a cualquier poder trascendente. Implica el reconocimiento de la libertad de conciencia y el compromiso de respetar por igual a creyentes, agnósticos e increyentes. La esfera de lo público autonómico ha de estar desvinculada en el uso de la razón deliberativa de injerencias o interferencias de los distintos credos. A la Comunidad Autónoma de Castilla y León  la integran los ciudadanos sean estos creyentes o no. Tenemos que resolver la cuestión de cómo debe la religión intervenir en el ámbito público no estatal, es decir, cuáles son los mínimos que han de observar los ciudadanos religiosos y no religiosos cuando comparecen en el campo social de una democracia y cuáles son las restricciones básicas las que deben ajustar el ejercicio deliberatorio. En la esfera de la sociedad civil, lo que hemos de exigirles a los ciudadanos religiosos no es que rehuyan sus verdades a la intimidad de su conciencia, sino que reduzcan el peso de las mismas, que aporten razones susceptibles de ser consideradas en el estricto margen de la racionalidad y que reconozcan la autonomía moral del ser humano, con el fin de hacer real la tolerancia.

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Este es el modelo de laicismo que defiende el Partido Socialista, un laicismo abierto e inclusive frente al excluyente. La defensa del pluralismo y la democracia no puede realizarse sobre la indiferencia o el dogmatismo antirreligioso. Es inviable plantear una Alianza de Civilizaciones si las culturas políticas viven de espaldas a las culturas religiosas. La política de laicidad exige establecer con nitidez la neutralidad religiosa e ideológica de la Comunidad Autónoma. Por tanto, el contenido de la política de laicidad de la  Comunidad Autónoma no puede estar aún condicionada a unos Acuerdos del Estado Español con el Vaticano. No parece razonable que un Estado ni las Comunidades Autónomas laico/laicas sea recaudador anual de la donación de los fieles a la Iglesia Católica, ni que el patrón laboral de un profesorado de religión sea potestad exclusiva de la Jerarquía Eclesial. Y menos aún se ajustaría al principio de laicidad de los socialistas extender las prebendas de la Iglesia Católica a otras confesiones. Defender la laicidad conlleva rechazar la implantación de la religión confesional en los centros públicos de educación y centros concertados. De lo contrario, lo que estaríamos propiciando sería la multiconfesionalidad en el sistema educativo y el comunitarismo como modelo social. En consecuencia, es el momento de proponer a Estado Español revisar los Acuerdos con la Santa Sede con el objeto de remediar un viejo quiste de la sociedad española y así emprender el camino hacia un provechoso modelo de diálogo cultural.