LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y MODELO TERRORIAL -La financiación

5. La financiación, ¿Nudo gordiano del debate territorial?

En los recientes debates sobre la reforma de los Estados de Autonomía, a pesar de que no estar en la "agenda", ha emergido uno de los temas más complejo y, a veces, escabroso del Estado de las Autonomías, como resultado del "improvisado modelo" en el proceso de transferencias: la financiación. Tema, por otra parte inevitable, dado que la propia CE (Art. 156, 157 y 158) habla de la Autonomía financiera, de los recursos de las CC.AA. y del Fondo de Compensación Territorial.

Ante esta cuestión clave, algunos piensan que "es la hora de la verdad del proceso autonómico". En efecto, el tema competencial (CE. Capítulo 3°) lleva inevitablemente al tema de la financiación de los servicios que se prestan a los ciudadanos, así como del mantenimiento de las diferentes estructuras del Estado. Pero, sin obviar las diferentes opciones que se presentan, en coherencia con los valores y principios socialistas, cualquier cambio de modelo de financiación autonómica debería inspirarse en los siguientes criterios:

a) Definición clara de los derechos "atinentes a las personas" (derechos subjetivos) en el marco de los servicios que son responsabilidad del Estado (Sanidad, Educación, Dependencia... a modo de "Catálogo de prestaciones básicas" pactadas a nivel Estatal, cuya evaluación económica "estructural y actualizada periódicamente" preserve el mismo tipo de servicios, calidad... para todos, independientemente de donde se viva y trabaje.

b) Considerar como "finalista" a financiación estatal de estos "servicios de interés general", basados en la igualdad de estos derechos universales y básicos para todos los ciudadanos y ciudadanas, a través de los mecanismos de control y, participación que sean precisos en cada caso.

c) Incluir el referente municipal en el principio de subsidiariedad, como mejor modelo de gestionar determinados servicios esenciales (Escuelas Infantiles, Dependencia...) por su proximidad a los ciudadanos, a través de un proceso de competencias y recursos desde las CC.AA. a los Ayuntamientos.

d) Preservar el actual modelo de "caja única" de la Seguridad Social, compatible con una gestión descentralizada en el reconocimiento de derechos (Prestaciones por Desempleo, LT...).

e) Contemplar la "corresponsabilidad fiscal" de la Autonomías como complemento de determinados servicios, siempre que no suponga discriminación de derechos entre ciudadanos de diferentes territorios (libre circulación de personas), ni suponga una "disparidad fiscal" que rompa la unidad de mercado.

f) Establecer el Fondo o Fondos de Compensación Ínter territorial como garantía de la solidaridad de manera que, desde la Hacienda del Estado, se garantice la cohesión social y territorial a través de la redistribución.

g) Cualquier modificación del sistema de financiación estatal, actual o futuro, deberá de realizarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Con todo, llegados a este punto, los déficits sociales respecto a otros países de la UE, acrecentados en el período de Gobierno del PP, y los compromisos y expectativas que los socialistas tenemos contraídos con nuestros ciudadanos plantean un problema previo: la fiscalidad. Sin mayor recaudación a través de los impuestos directos no puede haber redistribución, ni sustanciosos avances sociales, verdaderas señas de identidad de las propuestas socialistas.

Y no se trata sólo de una "corresponsabilidad fiscal" para determinados servicios a los ciudadanos, como hemos señalado, sino de garantizar desde el Estado un modelo fiscal suficiente, progresivo y universal para la financiación de los cuatro pilares del Estado del Bienestar, evitando que la "competencia fiscal" entre territorios pusiera en riesgo la igualdad de derechos y servicios esenciales entre ciudadanos y comprometiera la necesaria modernización económica por las incertidumbres o complejidad de gestión que para muchas empresas conllevara este modelo.

Por tanto, uno de los principales debates pendientes entre los socialistas, es definir qué fiscalidad queremos para qué modelo social, explicando con claridad que pagar impuestos es garantizar la modernización económica de nuestro país (Educación, I+D+i, Infraestructuras...), así como el progreso para todos y la cohesión social y territorial.

Madrid, 13 de Mayo de 2005