Decenas de facturas confirman el escandaloso sobreprecio que Sacyl pagaba a los hospitales privados que gestionaba Tobal

Fuente: DIARIO DE VALLADOLID, DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DE 2007

 

Los `abonos' de la suministradora de material protésico Ortomedimatec a Sanitaria de Inversiones se convirtieron en «rectificaciones de facturas» cuando el empresario médico fue cesado como gerente del grupo sanitario / En algunos casos, correspondientes al año 2003 y Paracelso, los descuentos superaban el 80% del total que pagó la Gerencia de Salud.

 

L.G.V.

VALLADOLID.- La documentación que obra en poder del juez de Instruc­ción número 2 encargado del denomi­nado caso Antona (en el que se inves­tiga la llamativa concertación con hos­pitales privados de operaciones quirúr­gicas de columna por las que Sacyl aca­baba pagando un precio significativamente superior al habitual en la sanidad pública, durante el man­dato de Pedro Luis Antona del Val como gerente provincial de Sacyl en Valladolid) pone de manifiesto que los jugosos descuentos en prótesis seguían, como en el caso de las adjudicaciones de ope­raciones de columna a centros privados, la estela del empresario médico Santia­go Tobal, primero en Paracelso, luego en el grupo Sanitaria de Inversiones (hospitales Felipe II y Campo Grande) y posteriormente, a través de su empresa Quiromedic Care And Consulting, en el hospital Sagrado Corazón.

 

Santiago Tobal desempeñó el cargo de director gerente de Sanitaria de In-versiones desde mediados de 2004 has-ta marzo de 2005, cuando desavenen­cias con el Consejo de Administración de la sociedad provocaron su cese.

 

EL MUNDO ha tenido acceso más de un centenar de facturas y abonos entre­gados al juez referidos a la gestión de este empresario médico entre abril de 2002, cuando era director gerente de Paracelso y noviembre de 2005 cuando gestionaba, más o menos en la sombra, determinados conciertos de Sacyl con los hospitales privados Sagrado Cora­zón y Virgen de la Salud. En medio, ha­bía sido gerente de Sanitaria de Inver­siones.

 

El seguimiento de esas facturas refe­ridas a la gestión de Santiago Tobal al frente de Paracelso y Sanitaria de Inver­siones resulta revelador. Especialmente las giradas por la empresa Ortomedi­matec siempre a nombre del Gabinete Médico Paracelso, a pesar de que sólo era una de cinco empresas que formaron la unión temporal de empresas (Sa­nitaria de Inversiones, Hospital Campo Grande, Recoletos, Cemin y Paracelso) creada para concurrir en los procesos de adjudicación de procedimientos qui­rúrgicos de la sanidad pública.

 

Desembarco en el hospital Sagrado Corazón

 

Tras la salida de Tobal de Sanitaria de Inversiones, en el segundo semestre de 2005, la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid que dirigía Antona, comenzó a derivar al hospital Sagrado Corazón las mismas operaciones que antes se habían adjudicado a la UTE. El nombre de Santiago Tobal volvió a apa­recer junto al de la empresa Quirome­dic Care And Consulting, con la que el Sagrado Corazón firmó un contrato de colaboración con las religiosas que ges­tionan el centro hospitalario.

 

En este caso, para llegar a determi­nar que Quiromedic facturó a Sacyl al­gunas prótesis incrementando su precio real hasta en un 694%, la Gerencia Regional hizo un completo estudio comparativo del precio unitario fac­turado por el Sagrado Corazón a la Gerencia de Salud que dirigía Pedro Luís Antona y el precio unitario fac­turado a hospitales públicos como el complejo asistencial de León o el Río Hortega de Valladolid.

 

El sobreprecio soportado por Sacyl en el caso del componente Oxíples por unidad de producto su­peró el 509%. Con el componente Healos, los sobreprecios oscilaron entre el 159% y el 177%, dependien­do de si la operación se había realiza-do en el Complejo Asistencial de Le­ón o en el Del Río Hortega. En am­bos casas, el proveedor de esos com­ponentes era el mismo para los hos­pitales públicos que para el Sagrado Corazón: Orto-Gaudí S.L.

 

 Descuentos no comunicados a la Consejería de Sanidad Sólo en un mes, diciembre de 2004, Santiago Tobal, al frente de la UTE, facturó a Sacyl en material protésico 109.774,41 euros correspondientes a 10 intervenciones. Esa cantidad, sin em­bargo, no incluía los enormes descuen­tos que le abonaba la empresa suminis­tradora de prótesis Ortomedimatec, con la que él mismo había firmado un contrato de suministro de material en exclusividad, sólo tres meses antes. 

 

Un ejemplo. El paciente T.V.S. fue operado en diciembre de 2004. En la in­tervención le colocaron 12 componentes protésicos (6 antibarreras mesofol y 6 collapat). La factura (0832/2004) de ese material, incluido el IVA del 7%, as­cendió a 11.940,04 euros y quedó con­tabilizada el día 30 de diciembre. El Sacyl pagó esa cantidad religiosamente sin imaginar que Ortomedimatec había girado una factura de abono (0117/2004) a Paracelso por importe de 5.020,08 euros, más de un 40% de des-cuento. Paracelso facturó a Sacyl 11.940,04 euros por un material que en realidad le había costado poco más de 6.900 euros. Un negocio redondo.

 

Algo parecido ocurre en los otros 9 casos de pacientes operados ese mismo mes de diciembre de 2004. Un total de 5.846,47 euros de descuento sobre una factura de 13.592,83 euros en el caso de la paciente J.P.S.; un abono dé 4.025,07 euros sobre una factura de 9.950,04 co­rrespondiente al paciente O.V.M.

 

Pero estos casos no son ni mucho menos los más llamativos. A lo largo del año 2003, cuando ni siquiera estaba constituida la UTE y Paracelso actuaba por su cuenta bajo la dirección de To­bal, los descuentos son más desorbita-dos aún: de hasta 13.104,15 euros sobre una factura de 13.906,60 euros o de 7.534,96 euros sobre una factura de 8.872,45 euros. Unas rebajas que prác­ticamente convertían en regalos para la empresa de Tobal las prótesis por las que la administración sanitaria pagaba miles de euros. En marzo de 2005, el mes en el que Santiago Tobal fue cesado en Sanitaria de Inversiones, la empresa Ortomedi­matec siguió facturando las prótesis al Gabinete Médico Paracelso, pero en lu­gar de abonos, emitió «facturas rectifi­cativas». En lugar del «abono sobre fac­tura», aparecieron «facturas rectificati­vas correspondientes a una determina-da factura «por descuento no aplicado en esa factura», según se hace constar en las facturas que obran en poder del juez desde hace ya más de un año.

 

Un procedimiento absolutamente irregular puesto que las condiciones fijadas en el acuerdo entre Sacyl y las empresas sanitarias privadas con las que firmaba conciertos para derivar operaciones de pacientes en lista de espera se especifica que las prótesis siem­pre se deben facturar a parte y a precio de coste. En el caso de la UTE que ges­tionó Tobal hasta el 3 de marzo de 2005, el importe total a devolver calcu­lado por los por entonces responsables de la sanidad pública ascendió a 163.424,79 euros en el caso de la UTE y 647.046,46 euros en el caso de Paracel­so. Ambas cantidades finalmente han sido devueltas a la administración.

 

Facturas con decimales, cifras redondas

 

Las facturas emitidas por Orto Gaudí sobre material protésico im­plantado en operaciones derivadas de los hospitales públicos al Sagra­do Corazón son diferentes a las gi­radas a la sanidad pública directamente. Las diferencias no son ino­centes y revelan una llamativa for­ma de proceder. Mientras que factu­ras de Orto Gaudí enviadas al Sagrado Corazón el material im­plantado, curiosamente, suma una cifra redonda, en las giradas al hos­pital Clínico de Valladolid directamente, sin embargo, se especifica el valor de cada componente y el im­porte total incluye los lógicos deci­males. Algo parecido ocurre con factu­ras emitidas por Quiromedic Care and Consultig cuando operaba en el Sagrado Corazón: tampoco se espe­cifica el importe unitario de cada componente del implante, pero la suma total, con el 7% de IVA inclui­do, sumaba una cantidad redonda, sin decimales. Pese a que los servicios de la Ge­rencia determinaron en su día que el sobreprecio soportado por Sacyl en las prótesis implantadas en ope­raciones del Sagrado Corazón as­cendía a un total de 249.777 euros (se incoaron dos expedientes de reintegro, uno por las cantidades pa­gadas por la Gerencia de Salud de 133.411,32 euros y otro por las can­tidades pagadas a través del hospi­tal Clínico de 116.365,68 euros), fi­nalmente ha sido atendido un recur­so de las religiosas del Sagrado Co­razón que, en la práctica, significa el perdón de la deuda en vía admi­nistrativa.

 

Los servicios jurídicos de la Ge­rencia de Salud que ahora dirige el que era director del Clínico cuando la Gerencia de Valladolid de Antona autorizó, a través del hospital públi­co, el pago de esos supuestos exce­sos de facturación, José Manuel Fontsaré, aseguran que no está acreditado que el Sagrado Corazón cobrara al Sacyl por las prótesis cantidades distintas a las que pagó a su proveedor (Ortomedimatec). Lo que sí que está claro es que Sacyl pagaba cantidades escandalosamente superiores por las mismas prótesis cuando se practicaban en el Sagrado Corazón que cuando se llevaban a cabo en hospitales públi­cos, pese a que algunos de los proveedores eran los mismos. No en valde, en el primer informe solicitado por Fontsaré se apuntó la exis­tencia de «indicios» del sobreprecio denunciado.

 

La rentable vuelta a los hospitales públicos

 

El cese de Antona y los posterio­res de Carlos Fernández como director general de Asistencia Sanitaria, Eduardo Ibáñez Fraile como director gerente del Río Hortega, además de los del jefe de Concertación, José Miguel Hernández, el de Víctor Manuel Vázquez García como Gerente de Salud del Área de Segovia, y el del director General de Desa­rrollo Sanitario, Fernando Uribe, desataron una crisis política so­bre la que los juzgados tratan de poner luz, pero también forzaron unos cambios cuyos resultados prácticos, tan sólo un año después del primer cese, ya se cuantificaron en casi dos millo­nes de euros. Según información facilitada por fuentes oficiales de la Conse­jería de Sanidad, Sacyl consiguió reducir en un año el gasto por derivación de paciente a la sani­dad privada un 43,21% (de 4,5 millones de euros en 2005 a 2,59 millones de euros en 2006), sin que eso supusiera una amplia­ción de listas de espera, ya que el rendimiento de los hospitales públicos se ha incrementado más de un 10%.

Buena parte de ese ahorro proviene del fin de las derivacio­nes de determinadas operacio­nes a la sanidad privada. En con­creto, las de artrodesis vertebral y descompresión de conducto ra­quídeo, cuya práctica en centros privados ha dado lugar a los ex­cesos de facturación en prótesis que fueron denunciados por la propia Gerencia de Salud y que ahora investiga Instrucción 2.

 

Ortomedimatec de Madrid a Valladolid

 

La mayoría de las facturas por prótesis y sus abonos (descuen­tos) no comunicados correspon­den a la empresa Ortomedima­tec con la que Tobal suscribió un compromiso de suministro en exclusividad como director de Sanitaria de Inversiones.

 

El acuerdo, fechado el 20 de septiembre de 2004, establecía el compromiso por parte de Sanita­ria «del uso de las prótesis de co­lumna citadas en exclusividad a partir de 20 de septiembre de 2004 durante 2 años prorroga­bles de común acuerdo».

 

El origen de Ortomedimatec se sitúa en Madrid. La empresa comenzó a funcionar el 30 de abril de 1997, pero tan solo un año después, sus dos únicos so­cios, (José María César López Díaz y Arturo Ignacio Aguado Sarmiento) decidieron trasladar a Valladolid su domicilio social.

 

Tras aumentar el capital so­cial de la sociedad hasta los 360.607,26 euros en 2004, se pro­dujo un cambio en la administra­ción de la empresa. Aguado Sar­miento dejó paso a Ana Belén Valverde Gutiérrez, en enero de 2006.

 

Tobal declaró ante el juez que no había nada que fiscalizar

 

L G. V.

VALLADOLID.- «Los descuen­tos de los proveedores de pró­tesis estaban contemplados en la contabilidad de las empresas y formaban parte de las decla­raciones tributarias, nunca hu­bo intención de ocultar nada al respecto ni intención de obte­ner beneficio personal». Esta fue la explicación que dio To­bal al juez que investiga el denominado caso Antona cuando el pasado 11 de julio le tomó declaración en calidad de im­putado.

 

Tobal asegura que Sanitaria conocía los descuentos que se conseguían con los proveedo­res de prótesis. «Durante mi permanencia en Sanitaria la adquisición de prótesis e im­plantes era una función realizada por los responsables finan­cieros de la sociedad, que eran quienes supervisaban las factu­ras correspondientes», dijo an­te el juez. Además, afirmó que tras su marcha de Sanitaria, se facturaron 24 procedimientos al precio de 34 y que no se co­municaron los 'abonos' «con descuentos de aproximadamente el 35%».

 

El empresario medico entiende que «la media total de operaciones realizadas coinci­de con el precio contratado, que nada tiene que ver con el importe negociado entre la em­presa y su proveedor, en el que rigen los descuentos corres­pondientes, sin que la Adminis­tración tenga nada que fiscali­zar sobre tales descuentos, pues son operaciones que se mueven en un ámbito estricta-mente mercantil o privado».No han opinado lo mismo los servicios de Intervención de la Consejería de Hacienda, que ya a mediados de 2006 y tras ana­lizar el periodo comprendido entre enero de 2002 y diciem­bre de 2005 determinó en un contundente informe que «el importe de las facturas de las prótesis implantadas, pagadas por la Gerencia de Salud de Va­lladolid a las entidades concer­tadas, es superior al real sopor­tado por estas últimas, ya que no aplicaban a la Gerencia los descuentos realizados por sus proveedores, lo que es contra­rio a los contratos suscritos, que establecen que el precio de las citadas prótesis debe ser el mismo que soporte la entidad».

 

En cualquier caso, Tobal siempre se ha mostrado tajante, incluso, a preguntas del juez: «Absolutamente no. No obtenía ningún beneficio o con­trapartida personal, cualquier descuento que se ha realizado se ha hecho a las empresas. Los descuentos de los proveedores de prótesis estaban contemplados en la contabilidad de las empresas y formaban parte de las declaraciones tributarias, nunca hubo intención de ocul­tar nada al respecto ni inten­ción de obtener beneficio per­sonal», explicó claramente al juez.