La ministra de Sanidad ha protagonizado una complicada rueda de prensa en la que, nerviosa, ha dicho entre otras cosas que el Gobierno "ha universalizado la sanidad", que "no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades" o que "hemos aprobado una medida aprobada"
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MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP calcula que el ahorro en Sanidad a través de medidas para lograr una mayor racionalización del gasto, la eliminación de duplicidades y una mejor eficiencia en la gestión de los servicios públicos estará en torno a los 7.000 millones de euros, correspondiendo el resto a Educación, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.
El Ejecutivo ha anunciado esta tarde a través de un comunicado que se prevé un nuevo paquete de reformas en educación y sanidad con las que se prevé ahorrar 10.000 millones de euros en ambas materias, si bien no ha concretado medidas ni qué ahorro corresponderá a cada departamento.
Fuentes 'populares' estiman que el recorte en Sanidad será de un 60 o 70 por ciento, que se conseguirá con la puesta en marcha de propuestas como una cartera básica de servicios, una tarjeta sanitaria única en toda España, la receta electrónica o una central de compras centralizada. De hecho, esta última medida podría suponer un ahorro de hasta el 10 por ciento de esos 7.000 millones, indican las mismas fuentes.
Sin embargo, las medidas y el ahorro que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende conseguir en materia de Sanidad con su nuevo Programa Nacional de Reformas no se concretarán hasta que la ministra del ramo, Ana Mato, se reúna con las comunidades en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud, inicialmente prevista para finales de abril.
De momento, el Gobierno ha descartado que los ciudadanos vayan a pagar por la asistencia sanitaria y ha precisado que la posible progresividad en función de la renta apuntada este lunes por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se está estudiando únicamente para los medicamentos.
En este sentido, fuentes gubernamentales han explicado este lunes a Europa Press que el gasto farmacéutico en Europa supone el 15 por ciento del total del gasto sanitario, mientras en España se eleva al 25 por ciento.
Por ello, el objetivo de las nuevas medidas que plantea el Gobierno sería acercar el porcentaje del gasto en farmacia en España al que tienen los vecinos europeos, para lo que confían en contar con el máximo acuerdo de las comunidades en la sectorial de finales de abril.
"La vida es más cara, el empleo es más precario, el despido es más barato y los impuestos son más altos". El balance que hace el PSOE de los cien días de Mariano Rajoy al frente del Gobierno no puede ser más negativo. Han transcurrido los primeros meses de un Ejecutivo conservador que, a juicio de los socialistas, han puesto de manifiesto que "Rajoy no era el milagro". Porque desde su llegada ni se ha creado empleo, ni se prevé una mejora de la situación económica, como prometió el actual presidente durante la campaña electoral que le llevó a la Moncloa.
Han sido cien días "fructíferos", según ha asegurado la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en rueda de prensa en la sede federal del partido. Aunque sólo para "recortar derechos, para los defraudadores, para el sector más integrista de la Conferencia Episcopal, y para el sector más ultraliberal de la CEOE". "No para el conjunto de los ciudadanos".
La primera etapa de Rajoy en el Gobierno se ha caracterizado, a su juicio, por las "contrarreformas", y por tres elementos comunes: "La mentira, la injusticia y la ineficacia". Para llegar a esa conclusión los socialistas tan sólo han tenido en cuenta las dos principales iniciativas que han puesto en marcha los conservadores: la reforma laboral y los Presupuestos.
El Gobierno ha mentido, afirmó Valenciano, porque "se comprometió a no abaratar el despido" y la nueva legislación laboral lo abarata. Y porque las cuentas que ha presentado para este año "suben los impuestos" cuando el propio Rajoy dijo que no los iba a incrementar. Se ha pasado "del engaño" del presidente del Ejecutivo, al "desengaño" que según ella ha supuesto para los ciudadanos conocer los verdaderos propósitos del PP.
Los cien días han instaurado una "profunda injusticia" en España porque, según la número dos del PSOE, la reforma laboral "está completamente desequilibrada en favor del empleador, limita y recorta los derechos de los trabajadores y precariza el empleo". Y han sido "ineficaces", porque ni el nuevo marco legislativo laboral va a crear empleo, ni los Presupuestos van a servir para crear empleo.
Los socialistas han elaborado un extenso documento [descargar aquí] en el que, en cien puntos, advierten de la "huella" que en su opinión están dejando los últimos cien días para el futuro de la economía y la sociedad española. Consideran que se ha "destruido" el modelo de relaciones entre empresarios y trabajadores. O que se ha proclamado "una regresión social sin precedentes" en el país.
El PSOE denuncia, entre otras cuestiones, que el PP está "abriendo el camino" para la "generalización del copago" en la sanidad pública, y
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Suspenso, suspensísimo al Gobierno de Mariano Rajoy por parte de IU. "Nunca en 100 días se ha hecho tanto daño y se ha creado tanto sufrimiento", resumió expresivamente Cayo Lara, preguntado hoy en rueda de prensa en el Congreso. El Ejecutivo, dijo, "ha sobrepasado todas las previsiones" habidas y por haber, ha dado varias vueltas de tuerca a las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha hecho con la reforma laboral "más dura" de toda la democracia, con unos Presupuestos del Estado que son una pura "declaración de guerra a la mayoría social" y que perdona a los defraudadores, con la vía libre al "repago en sanidad", a la subida de impuestos en la Justicia, la apuesta a la larga por la "privatización de los servicios públicos".
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El Sindicato Unificado de Policía denuncia públicamente, en su página, "los gastos superfluos y corruptos" de altos cargos y ministros
Hasta cinco coches a su disposición. Son los vehículos con los que, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuentan algunos ministros y altos cargos. La justificación: tener siempre uno disponible frente a posibles incidentes, reparaciones o limpiezas.
El SUP hace esta denuncia en la edición de abril de su boletín Carné X Puntos (consulta aquí el informe), en el que la Comisión Ejecutiva Nacional de este sindicato policial evalúa el comportamiento de políticos, fuerzas de seguridad y periodistas, entre otros, quitándoles puntos de manera similar a las infracciones del código de circulación.
Para el SUP el Gobierno no está predicando con la austeridad que dicta en sus recortes. "¿Cuántos vehículos tienen el presidente del Gobierno, los ministros, los secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, jefes de gabinete, etc. "gratis total", con suscorrespondientes chóferes y escoltas?", preguntan en el texto que denuncia que cada uno de estos cargos tiene asignado del orden de 3 a 5 coches idénticos.
Entre los más flagrantes participantes de esos gastos "superfluos y corruptos", de los que a juicio del sindicato sobran el 95%, destacan al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, del que dicen que "no esperó ni a tomar posesión del cargo para exigir escoltas y vehículos para cargos políticos y familias, haciendo lo contrario de lo que predica para los demás en cuanto a austeridad en el gasto público se refiere".
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PIERDE SEIS PUNTOS (http://www.sup.es/04/2012/004.pdf)
El jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, y todos los que como él, en puestos similares en todos los ministerios, sean responsables del doble rasero corrupto que se aplica en la gestión de medios materiales, derrochando como jeques árabes con el dinero de todos mientras recortan y exigen sacrificios a los más débiles, a los que nada tienen. Y esto porque Jorge Moragas no esperó ni a tomar posesión del cargo para exigir escoltas y vehículos para cargos políticos y familias, haciendo lo contrario de lo que predica para los demás en cuanto a austeridad en el gasto público se refiere. ¿Cuántos vehículos tienen el presidente del Gobierno, los ministros, los secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, jefes de gabinete, etc. “gratis total”, con sus correspondientes chóferes y escoltas?
No solo es que sobren el 95% de esos gastos superfluos y corruptos sino que además, cada persona de estas tiene entre 3 y 5 coches idénticos asignados, para poder sustituirlos mientras los limpian, por averías, trasladar por carretera a localidades a las que viajan en avión los usuarios etc. No se están apretando el cinturón los primeros que deberían hacerlo. Por eso, cuando se produce la noticia y el escándalo por los 82.600 euros que costará pintar una cara del cara de Bono, que sin duda es una vergüenza, decimos que se sigue derrochando el dinero de todos en beneficio de unos pocos, y que no es coherente lo que exigen a los demás con lo que hacen ellos.
Los Presupuestos presentados por Rajoy no convencen. Tanto el Financial Times como The Wall Street Journal han mostrado sus dudas sobre las cuentas que el Gobierno presentó el pasado viernes y que tratará de concretar este martes en el Congreso de los Diputados.
En sendos artículos, se preguntan si con los ajustes planteados se logrará la ansiada confianza de los mercados. "Aunque su Gobierno ha tenido un inicio enérgico (...), Madrid lucha para mantener la confianza de los mercados", apunta Simon Nixon para The Wall Street Journal. "Rajoy quizás tenga el trabajo menos envidiado del mundo", añade en su artículo, en el que critica las decisiones tomadas por el Banco de España durante la crisis del sector inmobiliario.
Desde el Financial Times son más críticos con la labor del presidente del Gobierno y, en especial, con la falta de nitidez en los Presupuestos. "Hay dudas acerca de dónde saldrán los pretendidos ahorros. La composición de los recortes también resulta desconcertante", indica en un editorial.
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Mariano Rajoy se revolvió como gato panza arriba. Resistió las incesantes y fuertes presiones de Bruselas, se amuralló frente a las demandas de la oposición. Se negó a mostrar sus primeros Presupuestos hasta atravesar el Rubicón de las elecciones andaluzas y asturianas, el 25-M. Y ganó la partida. Aguantó el chaparrón de las críticas por no mostrar las cartas de las cuentas más austeras de la democracia hasta el final. Hasta hoy, la fecha límite comprometida, a las 24 horas de la primera huelga general de Rajoy, a los cien días de su llegada al poder.
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El Ministerio de Medio Ambiente encara pesimista la batalla ambiental ante la Comisión Europea. Al menos la que se refiere a la mala depuración de aguas residuales. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha enviado al Consejo Asesor de Medio Ambiente un documento en el que admite que España incumple la norma de depuración y parece dar por hecho que España recibirá una sanción económica de entre 20 y 50 millones al año a contar desde abril de 2011.
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Bruselas tiene a España en su punto de mira por la depuración desde hace años. Aunque el país trata correctamente el 83% de sus aguas residuales, la dispersión de poblaciones obliga a construir miles de estaciones de tratamiento (la cifra es menor en países con la población más concentrada). Bruselas ha abierto dos procedimientos sancionadores contra España y prepara un tercero. En 2011, el Tribunal de Luxemburgo condenó a España porque 38 ciudades de más de 15.000 habitantes no depuraban correctamente.
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Si no fuera porque están sentados en la bancada azul del Congreso, la del Gobierno, esta mañana los ministros del PP parecían diputados de la oposición. En todas las respuestas de los ministros del PP a las preguntas de la sesión de control al Ejecutivo figuraba una crítica a la gestión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso pese a que Rajoy aseguró en el debate de investidura que no existía “la herencia a beneficio de inventario”.
Pero en la práctica la estrategia es otra. En el rifirrafe entre el presidente, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha habido dos críticas. Rajoy ha asegurado que su Gobierno “está tomando decisiones”, en claro reproche a que el anterior no lo hacía, pero también ha defendido su reforma laboral argumentando que la anterior no ha servido para nada por falta de precisión.
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El centro de Madrid quedó hoy inundado por una protesta multicolor. La marea verde del sector educativo se mezcló con la blanca de los profesionales sanitarios y con la de tantas tonalidades como servicios públicos, desde bomberos a funcionarios de Justicia, trabajadores del metro o agentes forestales. Decenas de miles de personas llenaron las calles del centro de la capital para reivindicar el fin de los recortes sociales, tanto los efectuados por el Gobierno de Esperanza Aguirre como los del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Decenas de miles de personas (la organización elevó la cifra hasta 150.000) secundaron una protesta convocada por los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT, CSIT y CSI-F, que fue seguida masivamente bajo el lema: "Lo público es de todos ¡No a los recortes!".
La marcha empezó a las 18.30 horas en la Plaza de Neptuno, pero antes de echar a andar, el Paseo del Prado ya estaba repleto de gente porque era imposible acceder al inicio de la concentración. Minutos después, la cabecera ya había llegado a Cibeles. Entre gritos como "que la crisis la paguen los especuladores, no los trabajadores" o "¡manos arriba, esto es un atraco!" y con música de vuvuzelas, tambores y bocinas, las pancartas avanzaron lentamente hasta la Puerta del Sol.
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Las mujeres tendrán que volver a dar explicaciones para interrumpir su embarazo en España. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, confirmó ayer que se reformará la actual ley de plazos —que permite abortar libremente hasta la semana 14 de gestación— para volver a un sistema de supuestos similar a la regulación de 1985, en el que las mujeres tendrán que alegar motivos para su decisión. Gallardón, sin embargo, no aclaró cuáles serán esos supuestos en los que estará permitido hacerlo. Tampoco cuál será el tiempo para ello. Hasta julio de 2010, el aborto era un delito. Las mujeres solo podían recurrir a él en casos de violación (hasta la semana 12 de gestación), malformaciones (hasta la semana 22) y riesgo para la salud física y psicológica de la mujer (sin plazo).
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El PSOE y las organizaciones de mujeres criticaron ayer duramente la decisión del Gobierno, que ven como una vuelta atrás y una pérdida de derechos. Recuerdan, además, como ese sistema de supuestos provocaba que la gran mayoría de las mujeres (casi el 90%) se viera obligada a alegar riesgo para su salud psicológica para recurrir a esta intervención, una rendija que, sin embargo, las dejaba desprotegidas a ellas y a los médicos.
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“Reformar la ley del aborto es lo más progresista que he hecho en mi vida”, aseguró ayer Gallardón en una entrevista en TVE. El ministro de Justicia reiteró que la ley actual “desprotege los derechos del no nacido”, y que no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, en la que se definía que ese nasciturus era un bien jurídicamente protegido pero cuya defensa podía entrar en conflicto con los derechos de la madre, doctrina ante la que se sustentó el sistema de supuestos.
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El PP ha reavivado una polémica que parecía muerta. El rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que encabezaron en un principio los obispos españoles, volvió ayer al hemiciclo de la mano del ministro de Educación, José Ignacio Wert. El nuevo titular de la cartera asumió los argumentos de los sectores conservadores contrarios a la asignatura al decir que Ciudadanía ha creado una polémica y una “seria división social” porque “iba más allá de lo que es la educación cívica”. Y anunció que la sustituirá por Educación Cívica y Constitucional. La vuelta a esta controversia hizo sombra a otros anuncios de calado, como la profunda reforma del sistema educativo que se ha fijado y que quitará un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, que ahora tiene cuatro), para sumárselo al bachillerato y también a la Formación Profesional de grado medio (ahora tienen dos).
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El Estado ha salido por primera vez al rescate de una comunidad autónoma para evitar su asfixia financiera. En sus primeros días de Gobierno, el equipo económico de Mariano Rajoy ha tenido que ayudar a la Comunidad Valenciana, la más endeudada de España, para que pudiera hacer frente a un vencimiento de deuda que no podía atender por falta de recursos. Fuentes de la Consejería de Economía lo confirmaron ayer y aseguraron que la deuda —123 millones contraídos con el Deutsche Bank— ya estaba solventada: “Pagada está”. ¿Pero la ha avalado el Tesoro Público? “En este caso, sí”, respondieron estas fuentes.
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Todo el mundo lo sabía. Sobre todo Mariano Rajoy, que ya había apuntado a su entorno hace meses que el déficit se iría al 8%. No se contaba en público, pero en privado el PP no hablaba de otra cosa. Y, sin embargo, durante toda la campaña electoral, y en el debate de investidura, aseguró que el Gobierno del PP no subiría los impuestos.
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Rajoy decidió desmentirse a sí mismo e incumplir su promesa de no subir impuestos al comprobar que no hacerlo podría provocar graves problemas a la deuda española, según fuentes del Ejecutivo.
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En declaraciones recogidas por Europa Press, Bedera ha recordado que "cuando el resto de Europa estaba sin analfabetismo, Andalucía tenía porcentajes del 50 por ciento", pero desde la llegada de la Democracia y de las competencias educativas a las autonomías en el año 2000, ésta ha experimentado una evolución "meteórica".
El secretario de Estado, que ha reconocido que desconocía "el caso concreto" al que se refirió Mato, ha insistido en que "si Andalucía fuera un país, ocuparía el lugar 16 entre los 27" en materia de Educación, y ha subrayado que la Comunidad posee "la cuarta parte de la población educativa de España".
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Por último, Leire Pajín ha avanzado que su Departamento trabaja también en el estudio de otras patologías como el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple que, al igual que la fibromialgia, requiere de una atención específica.